jueves 22.08.2019

¡Respeten a la ciudadanía catalana!

Foto: Twitter CUP
Foto: Twitter CUP

El 1-O habrá una gran movilización que sobrepasará el espacio del frente independentista y abarcará a sectores soberanistas, federalistas y democráticos que rechazan la actuación del Gobierno de Rajoy

¿Qué va a pasar el 1-O? No lo sabemos del todo. No se puede saber. Hay un amplio terreno de incertidumbre y mucho temor a que las instrucciones de la Fiscalía para dar la puntilla al referéndum (impedir que se abran u obligar a que se cierren los colegios electorales, requisar todo el material relacionado con la votación o identificar a las personas que participen en las mesas electorales) sean llevadas a cabo por algunas de las fuerzas policiales sobre el terreno con un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, sin medir adecuadamente las consecuencias o sin ser especialmente cuidadosos con “los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia” que deben regir cualquier actuación policial, tal y como se encargó de señalar el mayor de los Mossos, Sr. Trapero, al fiscal.

Hay riesgos evidentes de que la actuación de una parte de la policía, por pequeña que esa parte pueda ser, en lugar de contribuir a la seguridad ciudadana acabe convirtiéndose en un desencadenante de desórdenes públicos de graves consecuencias. No hay ninguna excusa para un uso abusivo de la fuerza ni para que, con el pretexto de hacer cumplir la ley y abortar el referéndum, se vulneren los derechos democráticos de reunión, manifestación y expresión. La ciudadanía catalana que desee expresar en la calle, de forma cívica y pacífica, como lleva haciéndolo desde hace años, sus ideas, convicciones o sueños está en su derecho de hacerlo. Son derechos democráticos básicos que están amparados por la Constitución Española, el Estatut de Catalunya y la legislación internacional de Derechos Humanos. Esos derechos democráticos no pueden ser vulnerados ni las personas que deseen ejercerlos pueden ser objeto de represión o violencia policial.

¿Qué va a pasar el 1-O? Algo sabemos. Habrá una gran movilización de una parte muy importante de la ciudadanía catalana reafirmando sus derechos democráticos y denunciando las medidas de coerción que lleva a cabo el Gobierno de Rajoy y la ausencia de propuestas de solución a la ruptura del pacto territorial que se plasmó en la Constitución de 1978 y que saltó por los aires con la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales 14 artículos del Estatuto de Autonomía aprobado por los parlamentos de Cataluña y España y que contó con un amplio apoyo de la ciudadanía catalana en un referéndum legal  y con todas las garantías. El 1-O habrá una gran movilización que sobrepasará el espacio del frente independentista y abarcará a sectores soberanistas, federalistas y democráticos que rechazan la actuación del Gobierno de Rajoy, por su sordera, por sus amenazas, por la humillación que impone a las instituciones catalanas y por la deriva autoritaria en la que se ha embarcado.

Sin embargo, tal movilización no tendrá la consistencia de un referéndum previamente acordado,  no contará con las garantías mínimas (ni antes, durante la campaña previa, ni en el día de la votación, ni posteriormente, en el recuento de los votos y la proclamación de los resultados), no estará sustentado en unas condiciones mínimas de legalidad sobre su propósito y sus consecuencias políticas. Ni siquiera las instituciones y organizaciones convocantes están en condiciones de garantizar la colocación de las urnas y el acceso de las personas que deseen votar o un recuento con garantías de las papeletas que puedan finalmente depositarse en las urnas.

En definitiva, de la gran movilización ciudadana que se producirá el próximo domingo no podrá derivarse ninguna declaración legítima de independencia por parte de las instituciones catalanas. Y es muy poco probable que se realice una declaración institucional en ese sentido. Puede que alguna fuerza minoritaria independentista haga esa lectura y concluya que está legitimada para hacer esa declaración. Sería papel mojado. Si el Parlament acordara una declaración unilateral de independencia no sólo sería papel mojado, sino también una muestra de irresponsabilidad política de tal calibre que descalificaría por completo a sus autores y a la institución; por eso es tan improbable que tal declaración se produzca, por mucho que a estas alturas los promotores del referéndum no puedan desdecirse del itinerario trazado. Pero que tal declaración no se produzca no significa que no vaya a continuar el forcejeo político en una perspectiva electoral a corto plazo que vuelva a resituar a los distintos actores políticos en función del apoyo electoral recibido. Es decir, el día 2 de octubre nada habrá terminado y el problema de desatascar el conflicto político en torno al pacto territorial entre Cataluña y el Estado español seguirá tan vivo como el día 1 de octubre, aunque, probablemente, con mayor complejidad, un nivel superior de confrontación social y más agravios. 

¿Qué va a pasar después del 1-O? En el mejor de los casos, si no ocurre algún hecho lamentable o una desgracia que cambien sustancialmente los parámetros de la crisis, continuará la movilización ciudadana en Cataluña y la disputa entre las instituciones catalanas y estatales. Un forcejeo político e institucional que se inscribe en la ruta de unas nuevas elecciones autonómicas que mantendrán la polarización en el seno de la sociedad catalana y entre independentistas catalanes y un bloque de poder español que hasta ahora ha desconsiderado los riesgos de permanecer en el callejón sin salida en el que estamos inmersos. Una confrontación que podría desembocar, en función de la valoración de su conveniencia por parte de los estrategas del PP y el propio Rajoy, en unas elecciones generales anticipadas que con el propósito de intentar cerrar la crisis a las bravas consiga agravarla y eternizarla. 

En todo caso, tras la movilización ciudadana del 1-O será el momento para que las fuerzas políticas que quieran solucionar el conflicto comiencen a dialogar y hagan propuestas de alcance si no quieren que la situación se pudra y acabe deteriorando a las instituciones catalanas y a los derechos democráticos de la ciudadanía catalana y de toda la ciudadanía española.

El PSOE tendrá que dilucidar de una vez el alcance de su distanciamiento del PP (que implica el distanciamiento de muchos de sus barones territoriales) y hasta qué punto sus intentos de afirmarse como una opción de izquierdas que sea alternativa al PP tienen recorrido. Porque no se trata de obligar a sentarse a Rajoy para que dialogue y negocie con los representantes políticos y las instituciones de Cataluña, se trata de ofrecer un amplio acuerdo para desplazar del poder a Rajoy que posibilite la regeneración democrática de su partido y propicie un diálogo y una negociación entre parlamentos que Rajoy y el PP han boicoteado por activa y por pasiva.  

Y, en el mismo sentido, Podemos tendrá que elegir de una vez entre seguir con movimientos tácticos que pretenden conseguir pequeñas ventajas partidistas o sustentar la cooperación de todas las fuerzas progresistas y de izquierdas en la búsqueda de una salida popular y democrática a la crisis territorial e institucional que sufre especialmente la ciudadanía catalana y a la crisis social que sigue soportando una parte importante de la ciudadanía española.

Mientras llega ese momento, las izquierdas  y las fuerzas democráticas deben atender un asunto de máxima importancia. El Gobierno de Rajoy es el responsable político de la actuación policial en estos días y, especialmente, el 1 de octubre. Y no podrá esconderse detrás de jueces, fiscales y policías para eludir sus responsabilidades. Los mandos policiales tampoco podrán parapetarse en las órdenes recibidas de jueces y fiscales. El principio de legalidad no es el único criterio a considerar en su actuación. No hay orden o principio que puedan amparar el abuso de autoridad o el uso descontrolado de la fuerza. Millones de demócratas, dentro y fuera de Cataluña, vigilarán su actuación y pedirán las responsabilidades políticas y penales que correspondan.

¡Respeten a la ciudadanía catalana! Protejan sus derechos democráticos. Y cumplan con las órdenes recibidas atendiendo a los criterios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia que deben regir su actuación. No se dejen llevar por los cánticos de fanáticos y descerebrados que han entonado el “a por ellos” en la despedida de sus cuarteles y cuartelillos de origen. En la crisis catalana no hay ningún “ellos”, sólo hay un “nosotros y nosotras”, el pueblo o la ciudadanía. Su obligación es proteger la convivencia, los derechos humanos y la democracia.

Respeten a toda la ciudadanía catalana, tanto a la que no vaya a votar el 1-O por cualquiera de las legítimas razones que pueden alegarse como a la que opte por votar y quiera expresar en las calles y en las urnas sus opciones, mostrar su indignación contra el Gobierno del PP y defender unos derechos democráticos que son también nuestros.  

Habrá tiempo de hablar sobre las posibles soluciones y de sus componentes y prioridades. Y de un Rajoy que ni escucha a una parte importante de la ciudadanía catalana ni ofrece salidas para superar la crisis del pacto territorial que consagró la Constitución de 1978. Debatiremos y discreparemos sobre independencia, autodeterminación, federalismo, derecho a decidir, nacionalismo o internacionalismo. Buscaremos posibles soluciones democráticas y de cómo impulsar el diálogo y las alianzas que las hagan posibles. Habrá oportunidad de sopesar y rectificar los errores y falta de criterios democráticos de todas las partes o de cualquier otra cosa. Ahora es necesario exigir responsabilidad y respeto. Es nuestra obligación, la de todas las personas demócratas, independientemente de donde vivamos y de las ideas que defendamos a propósito del 1 de octubre o de cualquier otro tema.

¡Respeten a la ciudadanía catalana!