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jueves. 09.02.2023

El Plan Juncker: Europa intenta olvidar el lado más salvaje de la austeridad

Europa está llevando a cabo una rectificación parcial y muy medida de la estrategia de austeridad y devaluación salarial impuesta hasta ahora. 

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Jean-Claude Juncker en el Parlamento Europeo. (Foto: Flickr)

Las instituciones europeas están llevando a cabo una rectificación parcial y muy medida de la estrategia de austeridad y devaluación salarial impuesta hasta ahora

Europa empieza a dar los primeros pasos para dejar atrás el lado más bestia de la austeridad. O, al menos, parece intentarlo. Las instituciones europeas están llevando a cabo una rectificación parcial y muy medida de la estrategia de austeridad y devaluación salarial impuesta hasta ahora. Rectificación todavía titubeante y no exenta de fuertes resistencias que está tomando cuerpo en una política monetaria más expansiva por parte del BCE y en un plan de inversión comunitaria para los próximos tres años, 2015-2017.

Diseñado por la Comisión Europea (CE), el nuevo Plan Juncker de inversión debería alentar cierto crecimiento de la actividad económica y la inflación a partir de 2016, cuando comiencen a notarse los primeros efectos. Si funciona, el plan se repetiría en el siguiente trienio 2018-2020.

Resulta frustrante comprobar que las instituciones europeas tienen capacidad para actuar pero, como siempre, lo hacen muy tímidamente y a última hora, cuando la eurozona está al borde de la recesión o, en el peor de los escenarios, puede despeñarse en el abismo de la deflación.

Se evidencia, una vez más, que existen márgenes de actuación y diferentes alternativas. El BCE, en los últimos meses, y la Comisión Europea, en los últimos días, han vuelto a poner en evidencia que, cuando las cosas se ponen mal, tienen capacidad para sacar de la chistera nuevas medidas y salvar la situación. ¿Por qué, entonces, no han aplicado antes esos instrumentos? ¿Por qué se plantean medidas tan rácanas? ¿Por qué pudiendo evitar los terribles daños económicos y sociales ocasionados en los países del sur de la eurozona no lo hacen? Alguien, en el Parlamento español y en el Parlamento Europeo, debería hacer esas preguntas y pedir cuentas a Merkel, Trichet, Barroso y tantos otros responsables políticos comunitarios y nacionales (Zapatero y Rajoy, sin ir más lejos) que han declarado una y otra vez que no había otras soluciones, que la austeridad contribuiría a relanzar el crecimiento y que no podían tomar otras medidas que las que estaban tomando.      

El BCE demuestra que tiene a su disposición un amplio y variado arsenal de políticas monetarias expansivas que no ha utilizado antes porque no lo ha considerado conveniente. Y que dispone de más balas en la recamara que serán utilizadas cuando Draghi decida y siempre que Merkel no disponga otra cosa. El BCE acaba de poner en marcha nuevas medidas de flexibilización cuantitativa (quantitative easing) que suponen la compra de activos privados de menor riesgo (cédulas hipotecarias o covered bonds y ABS o valores respaldados por titulaciones) y conducen a un aumento de un billón de euros en el tamaño de su balance. Draghi ha afirmado con contundencia que, si las nuevas medidas no funcionan, está dispuesto a comprar directamente activos privados más arriesgados y a traspasar, si es necesario, la línea roja de la compra directa de deuda soberana. Lo que haga falta con tal de dar más oxígeno y tiempo a la economía europea, alejar el peligro de deflación y conseguir que la inflación aumente y se acerque al objetivo del 2%.

Y del mismo modo, la CE muestra con el Plan Juncker que dispone de mecanismos para incentivar el crecimiento. Y no solo eso, tras una fachada muy exigente en el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal, también admite flexibilizar el ritmo de los recortes del gasto público, con tal de no ahogar la frágil y precaria recuperación de gran parte de las economías de la eurozona y a cambio de que los Estados miembros más reticentes en el cumplimiento de sus objetivos presupuestarios (Francia e Italia, pero también Bélgica) se comprometan a aplicar con más diligencia las reformas estructurales que se les exigen.  

El Plan Juncker pretende estimular la demanda y el crecimiento mediante la creación de un nuevo fondo de inversión constituido con aportaciones públicas y privadas destinado a impulsar la reactivación económica y generar empleo. Eso es, al menos, lo que parece. Veamos cuáles son las cifras y los rasgos principales del Plan Juncker.

La CE aportará un total de 21.000 millones de euros, 16.000 millones del presupuesto comunitario y otros 5.000 del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El objetivo es que el BEI utilice esos 21.000 millones como garantía y palanca para obtener 63.000 millones suplementarios que financiarían los proyectos de inversión con mayor nivel de riesgo. Según los planes de la CE, esos 63.000 millones serían suficientes para atraer otros 252.000 millones de fondos privados destinados a cofinanciar proyectos concretos y alcanzar un monto total de 315.000 millones de euros. Se alentará también la cofinanciación pública y la participación directa de los Estados miembros a través de sus arcas nacionales; aportaciones nacionales que no se contabilizarían como déficit público para no dañar aún más la imagen de relativo fracaso y escasa firmeza en la zigzagueante senda de consolidación fiscal que mantiene la mayoría de los socios, especialmente los del sur de la eurozona.  

Los objetivos a financiar en los próximos tres años, 2015-2017, son muy amplios. La parte menor (75.000 millones de euros) se destinaría a financiar a las Pymes, proyectos de Investigación y Desarrollo o reforzar el capital riesgo. El grueso de la financiación (240.000 millones de euros) impulsaría la inversión en infraestructuras de energía, transporte o alta velocidad  digital, la promoción de las energías renovables y la profundización del mercado único a través de reformas estructurales y cambios regulatorios.

El nuevo Fondo (denominado Fondo Europeo para la Inversión Estratégica) será gestionado por el BEI, que aportará su experiencia en la financiación de proyectos europeos de infraestructuras a largo plazo y una metodología exigente y puntillosa en el examen, aprobación y rendición de cuentas de cada proyecto. No habrá cuotas de inversiones por Estados porque se considera que tal distribución ahuyentaría a los inversores privados. Un comité independiente de expertos, sin participación de políticos o tecnócratas, escogerá los proyectos a financiar.

Tras resumir los datos esenciales conviene examinar los límites, incertidumbres y posibilidades del nuevo plan de estímulo de la economía europea:    

En primer lugar, la falta de inversión productiva y el retroceso de la inversión pública y privada en la UE durante los últimos años pueden ser paliados, pero no compensados por ese monto total de 315.000 millones de euros que se esperan obtener en los próximos tres años. De hecho, el impacto sobre el crecimiento de la economía de la eurozona sería positivo, pero limitado: estimaciones independientes consideran que podría aportar un 0,5% anual de crecimiento suplementario, sin contar con el efecto multiplicador de la inversión en infraestructuras y su impacto positivo sobre el crecimiento potencial. No supondría un vuelco en la situación de estancamiento que caracteriza a la eurozona, pero si ese suplemento de actividad económica cuaja,  supondría un alivio.  

En segundo lugar, la cifra de apalancamiento parece demasiado optimista ya que pretende movilizar 315.000 millones de inversión con una aportación inicial de 21.000 millones de euros de dinero comunitario (por cada euro público de aportación inicial pretende conseguir 15 euros de inversión privada). Menos creíble aún si se considera que una experiencia anterior con rasgos parecidos (Compact for Grow and Jobs, aprobado en junio de 2012 por el Consejo Europeo), puesto en marcha también por el BEI, solo consiguió movilizar 20.000 millones de euros con una aportación inicial del propio BEI de 10.000 millones.   

En tercer lugar, su efecto no puede ser inmediato. Y es ahora, ante el riesgo de recesión y la realidad de práctico estancamiento, cuando es más necesario. Si, como está previsto, el lanzamiento del Fondo ocurriera efectivamente en el segundo semestre de 2015, sus primeros impactos sobre el crecimiento de la actividad económica y el empleo se sentirían en 2016.   

En cuarto lugar, existe un alto riesgo de que los criterios de elegibilidad de los planes de inversión y los objetivos que se valoren como prioritarios para su selección se sitúen en un amplio espectro de imprecisión. Y que, en buena parte, los proyectos financiados acaben apoyando reformas estructurales que profundicen la desregulación del mercado único. Desgraciadamente, en la actual Europa casi todos los planes y medidas se ven acompañados por los inevitables mantras que alaban las virtudes de la desregulación. 

Y en quinto lugar, aunque es cierto que la enorme liquidez existente en el mercado y las bajas tasas de interés permiten acoger con cierto optimismo la previsión de la CE de una participación importante de inversores privados, ¿no sería mejor que fueran directamente las instituciones europeas las que aprovecharan esa buena situación de dinero abundante y barato para lograr el dinero (mediante la emisión de eurobonos, por ejemplo) y destinarlo a proyectos de inversión que promovieran la productividad global de los factores, el crecimiento potencial y un desarrollo sostenible? Sin duda, pero otra vez la hegemonía conservadora, sus prejuicios en contra de cualquier tipo de mutualización e incremento de la deuda pública y sus estrechas conexiones con los intereses de los grandes grupos empresariales impiden que la eurozona aproveche una situación muy propicia para impulsar la inversión pública productiva.

En los próximos días se negociarán y concretarán los detalles del nuevo Fondo Juncker, que se aprobarían, si hay acuerdo, en la próxima cumbre europea de 18-19 de diciembre. Después, la Comisión propondría un Reglamento Comunitario al Ecofin (Consejo de los 28 ministros de Economía y  Finanzas de la UE) y al Parlamento Europeo para su aprobación definitiva, que debería producirse antes de junio de 2015. Y a partir de esta última fecha, la utilización del Fondo comenzaría a ser efectiva. Hay, todavía, tela que cortar y pueden producirse modificaciones importantes. 

Si se compara con lo que necesita Europa para abandonar definitivamente la crisis y relanzar la actividad económica y el empleo, el Plan Juncker resulta demasiado limitado. Si se considera que los Estados miembros que más necesitan ese plan comunitario de inversiones no van a poder, en razón de la debilidad de sus economías y la intensidad de sus desequilibrios macroeconómicos, contribuir apenas a su financiación, que Alemania no quiere ni oír hablar de planes keynesianos de relanzamiento y que Francia e Italia defienden intereses muy diferentes y enfrentados a los de Alemania, el Plan Juncker podría considerarse, incluso, demasiado ambicioso.

Quizá solo se trate, una vez más, de ganar tiempo y de proporcionar un poco más de oxígeno a la economía europea para que los minoritarios intereses que tienen la fuerza suficiente para mantener a Europa al filo de la depresión no acaben arruinando el negocio y el propio proyecto de unidad europea. Si así fuera, si los objetivos del Plan fueran ganar tiempo e impedir una nueva recesión, puede que los alcance.

Las tareas de romper con las políticas de austeridad y sustituir la hegemonía conservadora por una nueva estrategia progresista de salida de la crisis y una nueva hegemonía progresista y de izquierdas en Europa siguen siendo necesarias para salir de la crisis y mantener el proyecto de unidad europea. No se trata solo de esquivar el lado más salvaje y destructivo de la austeridad. Se trata de romper con la austeridad para hacer más y mejor.

Europa puede ser parte de la solución, pero mientras siga siendo el origen de una parte fundamental de los problemas que afrontan los países del sur de la eurozona no cabe pensar en una salida de la crisis que favorezca al conjunto de los socios comunitarios y a la mayoría social. Por eso es tan importante que los programas económicos de las fuerzas progresistas y de izquierdas precisen qué cambios institucionales propugnan en la UE y qué herramientas y políticas comunitarias son más útiles para superar la crisis, mejorar las condiciones de vida y trabajo de la mayoría y asegurar suficiente cohesión económica, social y territorial.

Europa no es la solución, pero sin una Europa que promueva la búsqueda de soluciones, en lugar de ser fuente de problemas, no hay posibilidades de que las economías del sur de la eurozona y, concretamente, la economía española encuentren y financien nuevos motores de crecimiento sostenible y construyan nuevos modelos de crecimiento sustentados en una modernización estructural que implique la puesta en pie de nuevas y mejores estructuras y especializaciones productivas. Hace falta más visión y planes de trabajo a largo plazo, no es suficiente ni conveniente salir del paso como sea, aún a costa de mantener los problemas y generar otros nuevos de mayor envergadura. 

El Plan Juncker: Europa intenta olvidar el lado más salvaje de la austeridad