La última y reciente cumbre europea de 10 y 11 de diciembre nos ha permitido observar una extraña y muy favorable conjunción planetaria en el horizonte comunitario.
Por un lado, el Consejo Europeo logró deshacer el veto de Hungría y Polonia a los presupuestos comunitarios (el marco financiero plurianual de 1,09 billones de euros para el periodo 2021-2027)y a los fondos extraordinarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (672.500 millones de euros de un total de 750.000 millones del instrumento “Next Generation EU”), la mitad aproximadamente en forma de préstamos y la otra mitad, de subvenciones (no reembolsables)que se comprometerán en el periodo 2021-2023.
Además, la cumbre europea aprobó en la madrugada del 11 de diciembre el objetivo de reducir antes de 2030 las emisiones de gases con efecto invernadero en un 55%(el objetivo actual era del 40%) respecto al nivel alcanzado en 1999,como etapa intermedia para conseguir en 2050 la neutralidad climática. Para lograr dicho acuerdo, concedió compensaciones regulatorias y financieras a los países más dependientes del carbón (Polonia y República Checa, especialmente) en su tarea de reemplazar las energías más contaminantes en emisiones de CO2.
A una maquinaria institucional tan densa en su reglamentación y tan pesada en su funcionamiento y toma de decisiones como la Unión Europea, de la que forman parte 27 países con gobiernos muy dispares en su orientación, prioridades y políticas, se le puede pedir más, pero no sería justo decir que no se mueve o no es capaz de rectificar componentes centrales de sus viejas ideas y políticas dominantes para adaptarse con nuevas ideas y políticas a las tareas que exige la nueva situación creada por el estallido de la crisis multidimensional desatada por una pandemia mundial. A la letra pequeña de los acuerdos logrados en este reciente Consejo Europeo y a la trayectoria negociadora seguida para alcanzarlos se le pueden hacer muchas críticas, pero la UE va.
En esta crisis del coronavirus, pese a todas las insuficiencias y críticas que se le pueden hacer, la UE va en la dirección adecuada de aprobar nuevas políticas solidarias con los Estados miembros más golpeados por la crisis, que incluyen nuevas fórmulas de mutualización de deuda, la suspensión de las reglas presupuestarias vigentes hasta ahora y el lanzamiento de un proyecto común de modernización económica sustentado en una transición verde y digital que muchos de los socios no podrían ni siquiera iniciar sin contar con la financiación comunitaria (que en España alcanzará los 140.000 millones de euros en los próximos años).
Por otro lado, el Banco Central Europeo aprobó una segunda ampliación de 500.000 millones de euros en su plan de emergencia de compra de deuda pública y privada europea en los mercados secundarios y amplió los plazos de vigencia de ese plan en otros 9 meses. La argumentación del BCE para justificar esta nueva ampliación en la cuantía (hasta alcanzar un total de 1,85 billones de euros) y en el tiempo (hasta marzo de 2022 al menos) incluye la previsión de una recuperación económica más lenta de lo que había estimado como consecuencia de la nueva ola de contagios y la necesidad de reforzar la política monetaria expansiva para estar en condiciones de ofrecer liquidez y solvencia a los gobiernos y los sistemas bancarios de los Estados miembros hasta que la superación de los impactos destructivos de la recesión sea más sólida y los riesgos de nuevas crisis financieras y bancarias hayan disminuido.
Esa política monetaria expansiva del BCE, de igual modo que el resto de los Bancos Centrales de todos los países de la OCDE, es la que ha permitido en 2020 la financiación de unos niveles de déficit y endeudamientos públicos desconocidos desde la II Guerra Mundial, es la que ha permitido reforzar los sistemas públicos de salud, minimizar la destrucción de empleos y tejido empresarial, compensar en gran parte las rentas perdidas por los hogares y, en definitiva, evitar que la recesión se haya convertido en una depresión económica con mucho mayor poder destructivo. Ahora, la política monetaria expansiva se refuerza y se prolonga para acompañar a una política presupuestaria también expansiva al servicio de un proyecto modernizador de superación de la crisis económica.
Gracias a esa política monetaria expansiva del BCE, el pasado 10 de diciembre, por primera vez en la historia, España consiguió colocar en el mercado deuda pública, a unas tasas de interés negativas del 0,016%,bonos a 10 años por un total de 921 millones de euros. Es decir que, en medio del hundimiento más brutal del PIB del que se tienen noticias y de unos niveles de deuda pública nunca vistos, España no solo no tiene dificultades de financiación, sino que la nueva deuda pública que emite, en lugar de generar una mayor carga financiera, supone un mínimo alivio de enorme valor simbólico, porque indica que los inversores confían en las políticas de expansión presupuestaria y monetaria de la UE y en esa confianza incluyen a una economía como la española, pese a su evidente fragilidad y al desafío que supone el lanzamiento de un gran, complejo y muy difícil (tanto en el terreno económico como en el político y capacidades de gestión) proyecto de inversiones modernizadoras de estructuras y especializaciones productivas.
Puestas así las cosas en Europa y despejado el camino para la aprobación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE-2021), que concluirá muy probablemente antes de que acabe el año o en la primera mitad del próximo mes de enero, el Gobierno de coalición progresista y todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales que respaldan estos Presupuestos están en condiciones de felicitarse por lo conseguido hasta ahora y por lo resistido frente a la ofensiva desestabilizadora de las derechas.
Ahora viene la parte más difícil de la recuperación, la de mostrar la capacidad de gestión del acuerdo político alcanzado para sacar adelante los PGE-2021 por tantos partidos y tan dispares y la de demostrar las capacidades políticas y administrativas del Gobierno de coalición progresista en el desarrollo del plan de modernización económica de mayor envergadura, trascendencia y duración emprendidos desde la recuperación de la democracia (su impulso y consolidación llevará una década como mínimo). Pero esas dificultades no deben impedir a la ciudadanía progresista y de izquierdas disfrutar del momento y de las nuevas posibilidades que se abren para ampliar el diálogo y los acuerdos en las tareas colectivas pendientes.
Ni los fondos comunitarios que estarán disponibles a partir de la primavera o el verano de 2021 ni los PGE-2021 serán bastantes para llevar adelante el necesario plan de modernización de estructuras y especializaciones productivas de la economía española. En los próximos años, habrá que ir completando y reemplazando la financiación comunitaria con los Presupuestos españoles, para lo que será necesario acordar una reforma fiscal que responsabilice al conjunto de la ciudadanía española de la financiación para llevar a cabo los cambios estructurales modernizadores. Lo que exigirá un intenso debate público y amplios acuerdos políticos y sociales sobre los niveles de gasto e inversión públicos necesarios para asegurar mayores niveles de bienestar al conjunto de la sociedad y sobre su procedencia, es decir, sobre las figuras tributarias y los tipos impositivos que distribuirán la carga fiscal de forma más equitativa que hasta ahora, para que las rentas del capital y los grandes patrimonios paguen lo que ahora no pagan y las rentas de las personas físicas sean gravadas de forma progresiva, con mayores tipos impositivos a medida que son mayores las rentas. Lo que permitirá aproximarnos a los niveles medios de presión fiscal de la eurozona.
La modernización provocará también importantes costes que se distribuirán muy desigualmente entre sectores económicos y sociales, lo que obliga a diseñar sistemas de compensación que permitan proteger a los sectores sociales que sufran especialmente sus impactos más dañinos y a facilitar el trasvase de factores productivos desde las actividades en declive hacia los sectores con mayor futuro, densidad tecnológica y productividad global de los factores. El diálogo político y social, los acuerdos políticos y territoriales y la negociación colectiva deberán estar mucho mejor engrasados que ahora.
No todo son cielos despejados en el panorama europeo. Las últimas bocanadas de la negociación con el Reino Unido (RU) para concretar las condiciones del brexit están a punto de terminar. La voluntad de acuerdo del gobierno conservador del RU parece cada vez más débil o más condicionada al objetivo de obtener alguna nueva ventaja en los últimos minutos de una negociación. Aunque cada día que pasa parece más improbable alcanzar un acuerdo, todavía existe una pequeña posibilidad de lograrlo, por dos razones principales: primera, la economía del RU perdería mucho más que la de la UE con una salida sin acuerdo (porque depende en mayor cuantía del mercado único, como cliente y como proveedor, y porque la desorganización de las cadenas de valor europeas ocasionaría mayores problemas a las empresas del RU),lo que no significa que los costes fueran desdeñables para la UE y, especialmente, para los Estados miembros con una relaciones económicas más intensas con el RU; y segunda, porque la derrota de Trump en EEUU deja al primer ministro del RU y su gobierno conservador en una posición más expuesta, tanto de cara al papel que pretenden de aliado europeo preferente de la nueva Administración estadounidense como ante el propio electorado conservador que creyó que con la salida de la UE todo serían ventajas y beneficios.
Pese a las dificultades para alcanzar un acuerdo de salida, todo indica que podrá evitarse que dicha salida sea caótica o desordenada en exceso, ya que ambas partes están interesadas en seguir negociando en los próximos meses, tras la salida formal que ocurrirá el 1 de enero de 2021, acuerdos que sostengan y regulen las futuras relaciones.
El gran problema que impide el acuerdo es que lo que para el RU es un problema de soberanía, para la UE es un problema de preservación del mercado único. Por eso debe prevenir que el RU practique una competencia desleal si no asume las reglas que aprueben los socios comunitarios. Lo que supondría un nuevo y grave peligro para la subsistencia del mercado único, ya sometido a grandes tensiones por el crecimiento de las divergencias productivas y de renta entre los socios y por las presiones políticas de la extrema derecha neosoberanista y de sectores de las derechas conservadoras que claman por la recuperación de competencias cedidas a instancias comunitarias y se oponen a cualquier avance en materia de mutualización de deuda o coordinación fiscal.
El proyecto de unidad europea sigue su curso, pese a que las insuficiencias y los problemas por resolver siguen siendo muchos. La situación no es magnífica ni reina el caos. Los cielos de la UE están más despejados y ofrecen nuevas oportunidades de superar las muchas crisis que atenazan la convivencia, la salud, el bienestar y la cohesión de la ciudadanía. Ahora toca aprovecharlas.