domingo 27/9/20

El asunto Cayetana

Cayetana Álvarez de Toledo en una imagen de archivo.
Cayetana Álvarez de Toledo en una imagen de archivo.

El cese de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP certifica el fracaso de la estrategia de ingobernabilidad seguida por las derechas para intentar romper al PSOE, desgastar a Sánchez e impedir la continuidad del Gobierno de coalición progresista. ¿Supone también el inicio de un giro al centro de la dirección del PP encabezada por Casado? Nada autoriza a sostener tal sospecha. 

Se trata de un hecho más simple y, a la vez, más decisivo políticamente. Es la constatación del fracaso de una orientación política que en lugar de erosionar a Sánchez acabó desgastando a Casado; en lugar de romper la coalición gubernamental progresista reforzó su voluntad de cooperación y de gestión de sus diferencias, sin ocultarlas ni poner en riesgo la continuidad de la coalición y las políticas progresistas; en lugar de dividir al PSOE aglutinó a una gran mayoría del aparato y el electorado socialista en torno al liderazgo y las posiciones políticas de Sánchez; y en lugar de reforzar a la nueva dirección del PP acentuó las diferencias entre realistas y fundamentalistas, redujo el campo de la acción política del PP y convirtió a Casado y a su partido en comparsas de una extrema derecha vociferante, capaz de promover la crispación y fragmentación social, pero absolutamente inane en su pretensión de influir en el curso de los acontecimientos. 

Sacrificar una figura tan antipática e histriónica como Cayetana tiene un bajo coste político y un alto valor simbólico.

Casado tampoco podía permitirse un distanciamiento creciente con una gran patronal dispuesta a defender sus intereses a través del diálogo social y los pactos con los sindicatos y el Gobierno; y la patronal no estaba dispuesta a dejar que Casado actuara por su cuenta, sin sintonizar sus esfuerzos y posiciones políticas con los de la patronal. Tras el fracaso, el PP se dispone a realizar un cambio en su acción política que le permitan ganar márgenes para un diálogo y una negociación que faciliten que el PP pueda ejercer la influencia política que su peso electoral, parlamentario y social le permiten. Y para conseguir que esos mayores márgenes se conviertan en logros prácticos, sacrificar una figura tan antipática e histriónica como Cayetana tiene un bajo coste político y un alto valor simbólico.

Paradójicamente, la catastrófica situación de la economía española y el preocupante rebrote de los contagios por Covid-19 en las dos últimas semanas a los que inevitablemente acompañan el aumento de la incertidumbre y los miedos sobre sus previsibles impactos negativos acentúan la conciencia social sobre la necesidad del diálogo, la negociación y las cesiones para lograr acuerdos que, por lo menos, no agraven los problemas y permitan gobernar. En el mismo sentido, la ruptura de hecho con las políticas de austeridad y ajuste presupuestario llevada a cabo por las instituciones comunitarias en los últimos meses y el plan de reactivación de la economía comunitaria aprobado el pasado 21 de julio por el Consejo Europeo han legitimado y ampliado la capacidad de acción política y presupuestaria del Gobierno al tiempo que deslegitimaba y dejaba sin ningún tipo de justificación la política de tierra quemada practicada por el PP y Vox.   

¿Cómo explicar ese fracaso de la confrontación agónica encabezada en comandita por Casado y Abascal contra un Gobierno progresista al que negaban toda legitimidad? Conviene empezar por reconocer que ese fracaso no estaba cantado, hace cinco meses, cuando comenzó el confinamiento, las derechas tenían opciones de conseguir sus objetivos. Ha sido la capacidad de gobernar a favor de la mayoría social, de hacer efectivo el programa de la coalición progresista y de plantear un diálogo sin restricciones y una negociación abierta sobre propuestas concretas los factores que han desbaratado la estrategia de ingobernabilidad y acoso y derribo del Gobierno de coalición progresista. 

Ahora, el PP se ve obligado a rectificar. Ahora, el Gobierno que forman PSOE y UP debe afrontar, en una situación mucho más compleja, las tareas más difíciles: reforzar la coalición progresista, seguir concretando su compromiso con la mayoría social y mantener el rumbo del diálogo y la negociación para conseguir un sistema sanitario público capaz de mantener bajo control la pandemia y afrontar la recesión haciendo hincapié en un plan de inversiones que modernice estructuras y especializaciones productivas, impulse la transición digital y verde y consiga un aumento paulatino de los empleos decentes, los salarios dignos y los bienes púbicos. Y todos esos objetivos dependen fundamentalmente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Hay mimbres y muchas posibilidades de lograrlo, pero a nadie se le escapa la enorme dificultad de la tarea. 

El verano comienza su lenta retirada y apunta en el horizonte un nuevo curso político sembrado de minas con un alto poder destructivo, maniobras de distracción y guerrillas varias a las que conviene prestar la atención que merecen y atender con sumo cuidado, pero sin permitirse ninguna distracción respecto al eslabón central que está en disputa: unos PGE-2021 que permitan compaginar el reforzamiento del sistema sanitario público, la ampliación del escudo de protección social para no abandonar a su suerte a los sectores sociales más vulnerables y una modernización productiva que permita descarbonizar la actividad económica, impulsar la transición digital y compaginar la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras con el aumento de la solidez económica y financiera de las empresas a través de la negociación colectiva y el diálogo social. 

Para afrontar las tareas que corresponden al nuevo curso político, el Gobierno de coalición progresista está obligado a realizar una acción política transparente y lo más compartida posible con otros actores políticos, instituciones públicas y agentes sociales. Pero no se trata sólo de un problema de buena gestión o de defender con firmeza el diálogo, la negociación y las cesiones como herramientas que permiten lograr acuerdos que mejoren la calidad democrática, la convivencia y la vida, los empleos y las condiciones de vida de la mayoría, se trata también de reforzar el protagonismo y la movilización de la ciudadanía y las organizaciones sociales para contrarrestar y superar las resistencias al cambio y a las reformas.

Con todas las cautelas e incertidumbres que rodean la evolución de la pandemia y los muchos obstáculos pendientes de remover, el Gobierno de coalición progresista tiene futuro. Y en ese futuro nos jugamos mucho. No hay alternativas viables a esta cooperación gubernamental progresista que no estén marcadas por las derechas y los intereses materiales y referencias ideológicas y culturales que las derechas defienden. 

El asunto Cayetana