Se ha escrito y hablado tanto del programa económico de Podemos que resulta extraña la idea de que tal programa pudiera no existir. Dicho de forma más precisa, si se entiende por programa económico una declaración previa de las acciones que en materia económica se compromete a llevar a cabo un partido político no hay discusión posible: Podemos ya dispone de programa económico. Sus propuestas económicas son muchas; incluso, más de la cuenta. De hecho, El Programa Del Cambio, dado a conocer para servir de sustento a sus candidaturas en las recientes elecciones autonómicas, contiene un total de 215 medidas, de las que 71 corresponden al segundo apartado, el más extenso, “Empleo, innovación y nuevo modelo productivo”.
Sin embargo, si consideramos el concepto de programa en un sentido fuerte la cosa cambia. Por eso, el título de este artículo quiere decir lo que dice y no intenta ser una boutade o, mucho menos, un reclamo de dudoso objetivo. Ya advirtieron Navarro y Torres que su trabajo de noviembre de 2014, Un proyecto económico para la gente, no era un programa. En las primeras líneas de la Presentación se puede leer: “El presente texto es un documento realizado a petición de Podemos para que sirva como punto de partida para la discusión y elaboración de un Programa Económico de gobierno con el que concurra a unas próximas elecciones generales.”. El escrito de Navarro y Torres cuenta con 68 páginas y un sinfín de medidas concretas que planean o se adentran de forma muy desigual en muchas o casi todas las cuestiones económicas relevantes. Pese a ello, Podemos no dispone aún de un Programa Económico con mayúsculas. Por eso estamos a la espera.
Programa en evolución
Ningún otro partido ha visto sometidas sus propuestas económicas a un escrutinio tan virulento y poco objetivo. Se han escrito cientos de artículos y vertido mil opiniones cuyo único afán es afirmar que las propuestas económicas de Podemos no son serias, son inaplicables o, más sencillamente, se consideran indeseables. En la medida que las perspectivas de un cambio institucional se han reforzado en las últimas elecciones municipales y autonómicas y seguirán afirmándose en los próximos meses, el examen pasará a ser más riguroso y se multiplicará la participación en el tiro al blanco sobre las medidas económicas que proponga Podemos. Dejo aparte los eructos de algunos economistas, grandes empresarios y demás, que merecerían análisis clínicos o sicoanalíticos para los que no estoy capacitado.
Evolución no supone vacío o terreno inerte. En lo poco que yo sé, Podemos ha seguido elaborando y concretando ideas y propuestas, debatiendo con economistas, expertos y técnicos más o menos cercanos a sus propuestas y definiendo los contenidos de su programa económico. De vez en cuando, artículos, entrevistas o declaraciones de sus responsables en temas económicos y de economistas organizados en sus círculos o afines a su proyecto de cambio significativo dejan constancia de los avances que se han realizado en los últimos meses, desde las primeras, poco maduras y bastante improvisadas medidas económicas elaboradas de cara a las elecciones al Parlamento Europeo hasta las últimas ideas, más sopesadas y ya insertas en una reflexión de fondo sobre las tareas de gobierno a las que aspira a corto plazo.
El pensamiento económico y las propuestas de Podemos cambian y esa evolución es la primera y más clara constatación de que su autores no son idealistas o doctrinarios despreocupados por los impactos y viabilidad de sus medidas. No debe ser fácil, no obstante, convertir la infinidad de propuestas, reflexiones y emociones que surgen en los círculos y aledaños de la organización, fruto de la enorme heterogeneidad que articula en su seno, en un programa económico capaz de orientar o condicionar la acción política de un Gobierno que intente representar a la mayoría y mejorar la vida de la gente.
En los artículos, entrevistas y declaraciones que realizan responsables e integrantes del área de economía de Podemos se puede observar un tratamiento más equilibrado que antes de los diferentes objetivos económicos que se plantea: creación de empleo, modernización de estructuras y especializaciones productivas y reducción del desequilibrio presupuestario. Se establecen nuevas y más precisas condiciones y prioridades para lograrlos: el avance en la reducción del déficit público se condiciona a la reducción del desempleo. Se difumina, sin desaparecer, el voluntarioso keynesianismo que es común al que predomina en la mayoría de las propuestas económicas de las fuerzas de izquierdas. Y se resalta la importancia del incremento de los ingresos tributarios para proteger de forma efectiva a la población empobrecida y en riesgo de exclusión, crear empleos dignos y cambiar el modelo productivo que, al cabo, es la única vía eficaz para lograr empleos de calidad sostenibles.
También se observa que pierden presencia y prestancia temas que tienen mucho más que ver con la agitación política o los imperativos morales que con un programa económico que pretenda recoger qué se puede y se debe hacer en el corto plazo de una legislatura para responder a los intereses y necesidades de la mayoría que ha confiado su voto en la capacidad de gestión y las propuestas de las fuerzas progresistas y de izquierdas para salir de la crisis sin que la sociedad se vea obligada o abocada a perder derechos, bienestar, empleos o cohesión social y territorial. De esta forma, propuestas como el impago de la deuda o la implantación de una renta básica universal, entre otras, pasan a ocupar un lugar más idóneo, el del debate, la controversia, el análisis y la búsqueda de una intersección entre principios éticos y acción política transformadora.
A propósito del contenido: ausencias, insuficiencias y matices
En las diferentes entregas parciales y medidas que han ido dando a conocer a la opinión pública hay varias ausencias e insuficiencias que conviene destacar, entre otras cosas para contribuir a subsanarlas.
Un programa económico es hijo de una situación dada y del entramado concreto de problemas particulares que pretende resolver. Por eso, el análisis de la actual fase de recuperación del crecimiento económico resulta imprescindible a la hora de plantearse las tareas inmediatas. Durante los próximos dos años (2015 y 2016) el crecimiento de la eurozona va a situarse por encima de su crecimiento potencial como consecuencia de diversos estímulos externos de carácter coyuntural que en el caso particular de la economía española van a llevar su crecimiento efectivo cerca del 3%. No hacen falta más estímulos. El problema central de los próximos meses no va a ser la falta de crecimiento, sino la fragilidad e insostenibilidad de ese crecimiento y su impacto en la consolidación del actual modelo de crecimiento y las frágiles estructuras productivas en las que se sostiene. En tal situación, el contenido del programa no debería girar sobre cómo crecer más, sino qué se hace con el crecimiento que se logre (como se reparten y se redistribuyen las ganancias obtenidas) y cómo se orienta hacia la creación de empleo decente y la modernización de las estructuras y especializaciones productivas. Hay que rechazar el viejo crecimiento basado en burbujas, endeudamiento y recortes de salarios, bienes públicos y derechos. Y hay que lograr un nuevo crecimiento menos espasmódico y con un ritmo más estable que sirva a los derechos e intereses de la mayoría social, respete la naturaleza y aprecie en lo que valen los recursos naturales y los equilibrios ecológicos básicos.
Ni el aumento del gasto público ni, mucho menos, el incremento del déficit público son objetivos o soluciones que permitan salir de la crisis. En determinadas condiciones pueden ser herramientas para evitar males mayores o impedir el reforzamiento de nuevas fases recesivas. De hecho, en las actuales condiciones de la economía española, hay margen para que el incremento del gasto y la inversión públicos sea compatible con una reducción del peso porcentual del déficit público respecto al PIB y la disminución del peso de la deuda pública. Basta con acordar un aumento razonable de la presión contra el fraude y los defraudadores y aplicar una reforma fiscal mínimamente progresista que asegure que los que más renta y más patrimonio poseen contribuyan en mayor medida que hasta ahora en la obtención de los ingresos tributarios y descarguen parte del esfuerzo fiscal que realizan las personas y hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Pero no debe haber en el programa ni traslucirse ninguna preferencia o pulsión por un incremento indiscriminado del gasto público.
Parece necesario diferenciar con la mayor claridad posible el gasto y la inversión que realizan las Administraciones Públicas. El gasto público de protección social debe crecer. El rescate social es, al tiempo, un imperativo ético y un compromiso electoral que forma parte de la identidad de las izquierdas. Existen también numerosos argumentos económicos a favor del rescate y la protección social de los sectores sociales más golpeados por la crisis que no está de más seguir recordando: es el gasto más efectivo para impulsar la actividad económica, dado su alto multiplicador fiscal, y promueve una reducción de las desigualdades económicas que actúa como un innegable factor de crecimiento económico.
De igual modo, la inversión pública generadora de mayor productividad global de los factores debe aumentar; más aún mientras se mantengan las actuales condiciones de bajos tipos de interés de la deuda pública. Y sería más que conveniente que ese incremento de la inversión pública productiva sirva también como catalizador y señalizador de objetivos de la inversión privada modernizadora. La inversión pública nacional y comunitaria es imprescindible para lograr mayores niveles de productividad y mejorar la gama de los productos y servicios que conforman la oferta productiva de la economía española.
Por el contrario, parte del gasto público puede disminuir o acomodarse al ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios. No estaría mal darle la oportunidad a la sociedad para que decida qué gastos públicos son perfectamente prescindibles.
En todo caso, no es conveniente ni hay necesidad de sacralizar ese dígito del 3% del PIB que se ha impuesto como límite a corto plazo del déficit público y como peldaño desde el que avanzar hacia el equilibrio fiscal que se pretende después. Es un porcentaje arbitrario, sin ningún tipo de fundamento económico, que apunta en dirección contraria a la lógica de convergencia económica y pretende un tratamiento único para una realidad muy diversa. Las economías que conforman la UE y la eurozona se caracterizan por una extrema desigualdad en sus desequilibrios macroeconómicos, una disparidad de rentas en aumento y una notable fragmentación económica y financiera. Y no hay fórmula simplista o dígito que permita arreglar esos problemas o esconderlos. A necesidades y situaciones diferentes hay que responder con políticas económicas diferenciadas. Ese límite del 3% es una referencia colectiva a tener en cuenta, pero nada obliga a cumplirla a rajatabla, al margen de cuál sea la situación económica y sus consecuencias, ni puede estar blindada frente a la crítica o la pretensión reformista de sustituirlo por una batería más adecuada de indicadores y objetivos.
Y ya metidos en el tema de la UE, es necesario que el proyecto de unidad europea que existe y la deriva conservadora e insolidaria en la que se encuentra incurso no sigan casi ausentes en el programa económico. Explicitar qué reformas de la UE y la eurozona se defienden es una tarea ineludible. Se pueden hacer muchas cosas desde el Gobierno de España, pero sin cambios en la estrategia de salida que defienden y aplican las instituciones europeas y sin una transformación de calado en el propio diseño institucional de la eurozona todo se hace más cuesta arriba. Sin dotar a Europa de una perspectiva federalista y solidaria, en lugar de la pugna competitiva que prima ahora, los intereses mutuos se desvanecen.
La reforma institucional de la eurozona y de la propia UE es imprescindible para llenar de contenido el proyecto de unidad europea y evitar que retroceda hasta una expresión puramente mercantil, monetaria y financiera. Para ello hay que avanzar en diferentes terrenos que, en mayor o menor medida, ya se han puesto en la mesa de debate: modificar, ampliándolos, los objetivos del BCE; seleccionar alguna de las modalidades de mutualización de la deuda que se han presentado; avanzar en la unidad fiscal; revitalizar y concretar el principio de cohesión económica, social y territorial; incrementar el presupuesto comunitario y definir las fórmulas de financiación de ese incremento; abusar menos de las políticas monetarias expansivas y reforzar los proyectos de inversión pública comunitaria; etcétera.
¿Es necesario contar con un programa económico?
Un programa económico que pretenda ser la alternativa a la estrategia de salida de la crisis basada en más austeridad, más devaluación salarial y más recortes no puede limitarse a ser la contraimagen de los mandamientos o reglas de oro que impone el delirio religioso de la austeridad. No puede ser tampoco una retahíla de medidas que permita reconocerse a la gente de izquierdas y no levante excesivas ronchas y reacciones en los poderes económicos, académicos o mediáticos.
Requiere de un diagnóstico de los principales problemas que afectan a la economía española y una consideración de su importancia y calidad, es decir de su carácter estructural o coyuntural. También es clave la distinción entre los problemas específicos que tienen su origen en la propia configuración del modelo de crecimiento de la economía española (que en buena parte ha sido desbaratado por la crisis de 2008) y los problemas que compartimos con otras economías del sur de la eurozona y que han sido multiplicados por las debilidades e incoherencias institucionales de la eurozona y por la estrategia de salida de la crisis impuesta por el bloque de poder conservador que impera en la UE.
El diagnóstico debe ir acompañado de una definición de las líneas estratégicas de actuación que se proponen para solucionar los problemas, clarificando prioridades, condiciones que serán necesarias para su aplicación y posibles efectos indeseados o contraproducentes que deben ser considerados de antemano y expuestos al conocimiento de la ciudadanía para facilitar su gestión cuando se hagan presentes. Por último, tales líneas estratégicas requieren de concreción, de planes de actuación tan detallados como sea posible en su secuenciación, encadenamiento con otras medidas y reformas, fuentes de financiación, procesos de maduración de los resultados que se prevean y señalización de los indicadores objetivos que permitan evaluarlos y valorar sus impactos para, en su caso, rectificar .
¿Es pedir demasiado a los partidos que elaboren un programa así, en el sentido fuerte de esa palabra? Es probable. Por eso resulta tan común que los partidos, todos, oculten sus limitaciones en el terreno programático y se refugien tras una extensa batería de propuestas económicas o una limitada oferta de cuatro o cinco medidas estrellas que definan con favorecedoras luces y bastantes sombras su oferta programática y la relación que buscan con sus pretendidos votantes.
Es curioso que, pese a no tener un programa acabado, haya habido tanta literatura y opiniones interesadas en sostener al tiempo la inviabilidad de las propuestas económicas de Podemos y jurar tan en vano que su aplicación será un desastre. Como si el desastre no se hubiera producido ya, en medio de un silencio atronador por parte de tantos economistas, como consecuencia de las políticas de austeridad y devaluación salarial impuestas a partir de mayo de 2010.
Los gobiernos del PP en esta legislatura y del PSOE en la anterior no tuvieron el problema que ahora intenta resolver Podemos. El programa de salida de la crisis les vino dado a Zapatero y Rajoy por unas instituciones europeas que en comandita con inversores, mercados y grandes empresas europeas impusieron sus intereses y las correspondientes propuestas económicas. Viables, sí; técnicamente bien elaboradas, también; pero profundamente injustas y antisociales. Aceptaron e hicieron suyo el programa económico conservador que se les proponía y se comprometieron a fondo en su gestión. Ahora deben apechugar con las consecuencias políticas que han generado sus desastrosos resultados económicos y sociales.
¿Se pueden ganar las próximas elecciones generales sin un programa económico? Es posible. De hecho, la contribución de los programas económicos en la victoria de cualquiera de los partidos que han logrado el Gobierno, desde las primeras elecciones democráticas de 1979, ha sido poco o nada relevante. Tampoco las que tuvieron mayor trascendencia económica y que en 1982 dieron la victoria absoluta al PSOE. A los socialistas les bastaron un par de objetivos precisos (entrar en la que por entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, con el consiguiente peaje de incorporar a España en la OTAN, y acabar la reestructuración industrial a hachazos), cuatro ideas generales modernizadoras (privatización, desregulación, más posibilidades de negocio y construcción de un Estado de bienestar no demasiado alejado de los que en nuestro entorno habían empezado a perder sustancia) y una predisposición a no hacer enemigos y cultivar las buenas relaciones con la banca, la Iglesia y el Ejército para llegar al poder y mantenerse en él durante casi tres lustros.
La pregunta no es, por tanto, si se pueden ganar unas elecciones generales sin contar con un programa económico viable, concreto y lo más completo posible. Se puede. Hay numerosos ejemplos y el PP y el PSOE saben cómo hacerlo. El problema es otro y se sitúa en otro terreno: ¿Pueden gobernar las izquierdas y las fuerzas progresistas que pretenden un cambio significativo sin un verdadero programa económico que defina, precise y oriente ese cambio? ¿Se pueden acumular fuerzas y recursos suficientes para gestionar ese complejo cambio económico estructural que se necesita sin el guión unificador de esfuerzos e ideas que es un programa capaz de aterrizar sobre los problemas y engarzar medidas y reformas de forma coherente en una perspectiva de cambio estructural? Creo que la respuesta a ambos interrogantes es negativa y por eso es tan necesario ese programa económico de Podemos que aún está por hacer o presentar a la opinión pública.
Hay al menos cuatro motivos para desarrollar ese programa económico tanto como sea posible y darlo a conocer cuánto antes: primero, para impulsar el debate ciudadano y que tal debate influya en las propuestas y programas del conjunto de fuerzas progresistas y de izquierdas; segundo, para acumular recursos humanos y técnicos que contribuyan a perfeccionar las medidas que se proponen; tercero, como herramienta esencial que se ofrece a la ciudadanía como contrato y forma de control sobre futuras actuaciones gubernamentales o posible modificación de sus contenidos; y cuarto, para facilitar el acuerdo con otras fuerzas de izquierdas que logren la representación de la ciudadanía en las próximas elecciones generales y estén dispuestas a formar un Gobierno de cambio o, en su caso, facilitarle su apoyo externo. Por eso estoy a la espera del programa económico de Podemos y confío en que esté a la altura de las circunstancias para marcar o condicionar la acción política del Gobierno en la próxima legislatura.