jueves. 28.03.2024

Elecciones en Alemania (III). Nueva fase en la crisis de la eurozona

Tras el estallido de la crisis global, Alemania inició un cambio de su modelo de crecimiento que no ha recibido demasiada atención por parte de analistas...

Todo parece indicar, en todas las combinaciones posibles de coalición electoral tras las elecciones del próximo 22 de septiembre, que van a proseguir y a consolidarse los cambios ya iniciados por el actual Gobierno en el modelo de crecimiento de la economía alemana

Tras el estallido de la crisis global, Alemania inició un cambio de su modelo de crecimiento que no ha recibido demasiada atención por parte de analistas o medios de comunicación de nuestro país. En las páginas que siguen se expondrán los rasgos esenciales de ese nuevo modelo de crecimiento que se afirma a partir de 2010 y las tendencias que actúan a favor de su previsible consolidación en los próximos años. Y en un segundo epígrafe se abordará la cuestión clave de si el probable escenario de reelección de Merkel como canciller significará la simple prolongación de la estrategia de salida de la crisis impuesta hasta ahora o es compatible con una inflexión en las políticas de austeridad.

Nuevo modelo de crecimiento en Alemania

Las principales bazas electorales de Merkel han sido la saneada situación financiera y la fortaleza económica y política que muestra Alemania. Así lo percibe, según las encuestas de opinión pública, una mayoría significativa de la ciudadanía alemana.

El liderazgo político incontestable que Merkel exhibe en cada reunión del Consejo Europeo se plasma en las decisiones que adoptan las instituciones comunitarias, la capacidad de exigir duros sacrificios a los países del sur de la eurozona y, no menos importante, la concesión de algunas briznas de relajación en las estrictas políticas de ajuste que han permitido más tiempo, pero no menos sacrificios, para dar mayor credibilidad a la consecución de los objetivos de consolidación fiscal planteados.

La buena situación financiera y macroeconómica alemana se expresaba en 2012 en unas cuentas públicas en equilibrio, con un ligero superávit del 0,2% del PIB, una deuda pública del 81,9% del PIB con una clara tendencia a disminuir y un fuerte desequilibrio exterior que se concretaba en un superávit por cuenta corriente del 7% del PIB.

Su fortaleza productiva ha permitido que Alemania evite la nueva recesión experimentada por la eurozona en 2012 (logrando un crecimiento anual del 0,9% del PIB frente al decrecimiento del -0,5% de la eurozona) y, previsiblemente, en 2013 (año en el que se espera una nueva caída del -0,7% del producto en la eurozona y un ligero crecimiento en Alemania de alrededor del 0,3%). Y lo que es más importante, mantiene una baja tasa de paro (situada actualmente en el 5,4%) a pesar del mínimo crecimiento económico y del aumento de la inmigración. Piénsese que en los últimos tres años, en un contexto de crisis global y desaceleración del crecimiento en los países emergentes, la economía alemana ha logrado generar un millón y medio de nuevos empleos. Hazaña que debe matizarse con los datos que indican que muchos de esos nuevos empleos son a tiempo parcial (alrededor de una cuarta parte en 2012) y están muy mal pagados.  

Tras el mismo nombre de austeridad, poco tienen que ver las medidas aplicadas a partir de mayo de 2010 por los gobiernos de Zapatero y Rajoy con las políticas seguidas en Alemania por el Gobierno de Merkel tras el estallido de la crisis global. La austeridad en Alemania no es la misma ni significa lo mismo que la austeridad impuesta a España sin que nuestros gobernantes de turno mostraran apuros por esa imposición o emitieran alguna señal de distanciamiento crítico o descreimiento sobre su eficacia.

Zapatero inició en mayo de 2010 y Rajoy prosiguió a finales de 2011 y amplificó después una política de recortes a troche y moche del gasto, la inversión y los bienes públicos que ha fracasado en su objetivo básico de reducción rápida y suficientemente intensa de los graves desequilibrios de las cuentas públicas. La austeridad, lejos de contribuir a superar la crisis, bloquea en la crisis a las economías del sur de la eurozona porque sólo mediante una insostenible y extrema presión sobre la demanda interna (recortando salarios y gasto público) se logra una precaria e insuficiente reducción de los desequilibrios de las cuentas públicas y exteriores.

La permanente presión que en España se sigue ejerciendo sobre los costes laborales empobrece a buena parte de la sociedad, prolonga la recesión y destruye de modo irreversible a corto y medio plazo factores de crecimiento potencial sin contribuir en nada a resolver los graves problemas de paro, estructura y especialización productiva que caracterizan al conjunto de las economías periféricas de la UE y que hasta la fecha han sido completamente ignorados. La austeridad no ha contribuido en nada a resolver de forma duradera los ingobernables desequilibrios exteriores que siguen amenazando a la economía española; simplemente, esos desequilibrios comerciales y por cuenta corriente se han amortiguado o tienden a desaparecer como consecuencia del retroceso de la demanda interna y las importaciones. Ni ha servido tampoco para aplacar la crisis financiera, cuya evidente tendencia al apaciguamiento desde el verano de 2012 hasta la actualidad debe ser atribuida fundamentalmente a las medidas aprobadas por el Consejo Europeo, aún pendientes de hacerse realidad, a las intervenciones y la política monetaria expansiva desarrolladas por el Banco Central Europeo y a las declaraciones de su Presidente destinadas a convencer a los mercados de su compromiso de intervenir, con todos los medios a su alcance, en defensa de la supervivencia del euro.

Al tiempo que se diseñaban las políticas de extrema austeridad y se extendía su aplicación al conjunto de economías del sur de la eurozona, Merkel iniciaba una revisión práctica del paquete de política económica aplicado en Alemania desde los primeros años del nuevo siglo. La intención era modificar de forma progresiva el modelo de crecimiento que había funcionado hasta ese momento y que, conviene recordarlo, no había sido fruto del diseño de un gobierno cristiano-demócrata sino de gobiernos presididos por el entonces líder del partido socialdemócrata Schröder.

El modelo de crecimiento que se consolidó a lo largo de los dos mandatos del canciller Schröder entre 1998 y 2005 (con gobiernos de coalición entre socialdemócratas y verdes) y que, posteriormente, hasta el estallido de la crisis financiera global, mantuvo el primer gobierno presidido por Merkel (de coalición entre cristiano-demócratas y socialdemócratas), estaba basado en dos pilares fundamentales: una fuerte presión sobre los costes laborales que impidió el crecimiento de los salarios reales durante años y una batería de reformas encaminadas a mejorar la calidad de la oferta productiva que logró fortalecer la base industrial, mejorar el ya alto nivel de gama de su producción y mantener la cuota exportadora en el comercio mundial (gracias, entre otros factores, a un contexto exterior caracterizado por el fuerte crecimiento que experimentaban, además de los países emergentes, España y otros países periféricos de la UE). Las empresas alemanas lograron de esta forma incrementar la inversión productiva, conservar sus tasas de rentabilidad y mejorar una competitividad sostenida antes en la calidad y el alto valor añadido de su oferta productiva que en el precio.

Tal éxito económico no estaba exento de contrapartidas que impulsaron la desigualdad social e impactaron negativamente contra los sectores más vulnerables. De hecho, Alemania (tanto en la antigua República Federal de Alemania como en la extinta República Democrática Alemana) se había distinguido durante décadas por el mantenimiento de una gran estabilidad en la distribución de la renta y bajos niveles de desigualdad social que sólo tenían parangón con los de los países escandinavos. La reunificación alemana supuso un primer e inevitable salto de la desigualdad por la incorporación de una población y unos territorios, los de la desaparecida RDA, caracterizados por niveles de renta y desarrollo muy inferiores; pero es durante los dos mandatos del canciller Schröder cuando las diferencias sociales y territoriales se dispararon. Así, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad en la distribución de la renta aumentó en un 16%, pasando del 0,25 del año 2000 al 0,289 del año 2005; y la tasa de pobreza (medida por el porcentaje de hogares cuyos ingresos no llegan al 60% de la mediana del conjunto de los hogares) también creció con fuerza en esos mismo años, pasando del 10,4% al 14,6%. 

Bajo el liderazgo de Schröder se diseñó y aplicó un programa de reformas socioeconómicas denominado “Agenda 2010” que logró fortalecer la economía alemana a cambio de producir tan malas consecuencias sociales como, a la postre, debilidad y desorientación en el SDP. Curiosamente, en torno a ese año 2010 que daba nombre al paquete de reformas que ejemplificaba el giro hacia el reformismo liberal de la socialdemocracia alemana comenzó una doble transformación: por un lado, Alemania vira hacia un modelo de crecimiento con más peso de la demanda de los hogares, gracias al crecimiento de los salarios reales; por otro lado, a los países del sur de la eurozona se les exige aplicar duros programas de ajuste fiscal y devaluación interna encaminados a recortar el gasto público y reducir los salarios y otros costes laborales. 

Efectivamente, el ambicioso programa de reformas llevado a cabo o respaldado por la socialdemocracia alemana durante la primera década de este siglo (hasta el estallido de la crisis) se plasma en numerosos terrenos: reducción de las cargas sociales del Estado que favoreció al tiempo el control del gasto público y la disminución de la presión fiscal (en el caso del impuesto sobre las rentas de las personas físicas, el tipo máximo bajó del 48,5% al 42% y el mínimo del 19,9% al 15%); recortes en las prestaciones por desempleo y pensiones; retraso en la edad de jubilación; reducción de las prestaciones del sistema sanitario e introducción de modalidades de copago; desregulación del mercado laboral que introdujo los minijobs, alumbró diversas medidas de desregulación del mercado laboral y multiplicó el número de afectados por el deterioro de sus empleos, derechos laborales y rentas. Reformas que, como se ve por su simple enunciado, avanzan las medidas que a partir de 2010, en un contexto internacional muy negativo, fueron exigidas a unas economías del sur de la eurozona que habían experimentado una fuerte desindustrialización y una indebida especialización orientada (gracias a la financiación alemana, entre otras) hacia sectores y actividades insostenibles e inconvenientes, pero que ofrecían una rentabilidad más alta e inmediata.  

Muchas de las medidas que en los tres últimos años han ido imponiéndose a los países del sur de la eurozona comenzaron a aplicarse una década antes en Alemania por gobiernos presididos por Schröder, primero, y por Merkel, después. Eso sí, se trataba de la primera potencia industrial europea que desarrollaba una austeridad muy medida, en un contexto exterior muy favorable, de fuerte expansión del comercio mundial, y con el claro objetivo de favorecer los márgenes y la inversión productiva de las empresas para reforzar y modernizar su oferta industrial.

La aplicación de la “Agenda 2010” supuso la consolidación de un giro del SDP hacia el reformismo liberal de cuyos impactos sociopolíticos negativos aún no se ha recuperado. Las consecuencias sociales de la agenda de reformas se concretaron en una extensión del empleo indecente en los segmentos con menor cualificación del mercado laboral y, en un primer momento, desaparición de actividades y empleos menos intensivos en capital, tecnología o conocimiento. Y al tiempo, la vulnerabilidad se convirtió en una amenaza cierta para nuevos sectores sociales, aumentó la fragmentación social, se consolidó la desigualdad territorial que ya había supuesto la incorporación de los länder de la antigua RDA y se debilitó la demanda de los hogares debido al nulo crecimiento de los salarios reales, la escasez de crédito y el estancamiento del precio relativo de sus activos financieros y reales. Problemas socioeconómicos cuya importancia relativa debe situarse en el contexto alemán; es decir, son problemas de entidad, pero que se producen en el seno de una gran potencia industrial que se encuentra entre las más desarrolladas del mundo, es capaz de ofrecer altos salarios y buenas condiciones de vida a gran parte de las clases trabajadoras y sigue manteniendo un potente Estado de bienestar sustentado en unos presupuestos que siguen siendo importantes (el 45% del PIB, tanto desde el lado de los gastos como de los ingresos públicos, en 2012), pese al retroceso experimentado durante la pasada década, y siguen estando muy por encima de los ingresos públicos recaudados por España (el 36,4% del PIB) en 2012.

A partir de 2010, el crecimiento económico alemán se basó cada vez más en el consumo de los hogares, fenómeno posible gracias al aumento de los salarios nominales por encima de la inflación y con una intensidad más cercana al ritmo de mejora de la productividad del trabajo. Un aumento de los salarios reales que, además, estuvo acompañado del incremento en el precio de los activos y una disminución sustancial de las tasas de interés que disminuía la carga financiera de agentes económicos públicos y privados.   

Curiosamente, Alemania no marcha en los últimos años en el mismo sentido que recomienda y exige, a través de las instituciones comunitarias, a los países del sur de la eurozona. Así, las previsiones para 2013 y 2014 mantienen la tendencia observada en los 3 años anteriores: las exportaciones netas reducen su contribución al crecimiento de la economía alemana (ya que las importaciones crecen algo más que las exportaciones y se reducen los superávits comerciales) y la demanda interna pasa a ser el motor principal de la expansión del producto.  

No obstante, la recesión de la eurozona y las incertidumbres que afectan a la reactivación del conjunto de la economía europea actúan como plomo que dificulta el vuelo de la economía alemana; por ello, tanto su saneada situación financiera como su envidiable estructura productiva sólo le han permitido en el último año y medio resistir a la recesión que padecen muchos de sus socios del euro.

Todo parece indicar, en todas las combinaciones posibles de coalición electoral tras las elecciones del próximo 22 de septiembre, que van a proseguir y a consolidarse los cambios ya iniciados por el actual Gobierno en el modelo de crecimiento de la economía alemana. Y que el correspondiente impulso de la actividad en la economía alemana seguirá aliviando a la economía europea, sin que por ello pueda hablarse de fin de la crisis de la eurozona ni, siquiera, del final de la recesión en el conjunto de los países del sur de la eurozona.

¿Nuevos matices o nueva estrategia de austeridad en la eurozona?

La probable continuidad de Merkel al frente del Gobierno alemán no debe interpretarse como prolongación de las medidas de austeridad impuestas hasta ahora a los países del sur de la eurozona. Merkel va a seguir, muy probablemente, marcando el paso y los límites de la UE, pero tal hecho no implica, necesariamente, simple mantenimiento de la estrategia de salida de la crisis que ha imperado en los últimos años.

Alemania y la eurozona requieren un giro que facilite la compatibilidad de esas políticas con la consecución de cierto nivel de crecimiento, consolide el fin de la segunda fase recesiva de la crisis en la eurozona y promueva una mayor implicación de las instituciones europeas, no sólo del BCE, en la gestión de los problemas y en el diseño de medidas que no estén orientadas exclusivamente, como hasta ahora, a evitar la implosión del euro o cuidar los intereses de los acreedores. Y Merkel, en sus declaraciones y por lo que señala el “Programa gubernamental para 2013-2017” de su partido, parece dispuesta a realizar esa inflexión.

Algunos pequeños pasos dados en los últimos meses en la eurozona (anuncios de medidas de apoyo a jóvenes parados, préstamos baratos a pequeñas y medianas empresas o emisión de bonos para financiar la mejora de infraestructuras europeas) podrían indicar que la idea de una unión presupuestaria que conduzca a un presupuesto común de mayor entidad que el actual no debe descartarse por completo y hay alguna opción de que pueda acabar abriéndose paso lentamente; siempre, claro está, que las exigencias de control, equilibrio en las cuentas públicas, saneamiento del sistema bancario y cuadro eficaz de sanciones se pongan en acción y sean efectivas en todos los Estados miembros.

La continuidad de Merkel tampoco presupone repetición de la coalición con los liberales del FDP que hasta ahora le servía de soporte parlamentario. No hay que excluir y Merkel no excluye ninguna opción; tampoco la de una gran coalición con la socialdemocracia para la que en realidad, como se ha visto en el artículo anterior, no hay grandes obstáculos programáticos. Incluso no sería descabellado pensar que la coalición con el SDP no sólo es factible, también podría ser conveniente para gestionar la austeridad y facilitar la acción programática que plantea el programa cristiano-demócrata, tanto en el ámbito doméstico alemán como en el de la UE, en una nueva fase de consolidación del nuevo modelo de crecimiento de la economía alemana y matizada rectificación de prioridades en la acción comunitaria. Además de lo que esa gran coalición pudiera aportar en la aplicación, con formas y consecuencias menos traumáticas que hasta ahora, de los nuevos programas de rescate y asistencia financiera que tras las elecciones alemanas se llevarán a cabo. En primer lugar a Grecia, cuya situación de insolvencia ya es reconocida, pero no sólo a Grecia, ya que en los próximos meses habrá más crisis soberanas y bancarias en otros Estados miembros y nuevas reestructuraciones de deudas públicas y bancarias. 

De todo lo anterior puede extraerse una conclusión: las próximas elecciones alemanas van a suponer un parteaguas en la eurozona. Podría tratarse del principio del fin de las políticas de austeridad, si el conjunto de las fuerzas progresistas y de izquierdas con representación parlamentaria se avinieran a formar o apoyar la constitución de una nueva coalición gubernamental de progreso. Pero lo más probable sigue siendo que Merkel mantenga la cancillería con una u otra coalición, ponga fin a la etapa de austeridad extrema y promueva una nueva fase que sin suponer una ruptura con la estrategia conservadora de salida de la crisis impuesta hasta ahora ensaye fórmulas de relajación que hagan compatibles pequeñas dosis de crecimiento con la consecución de menores desequilibrios macroeconómicos y supongan un respiro para las economías del sur de la eurozona. Alivio que difícilmente permitirá que los países del sur de la eurozona puedan plantearse el inicio de las reformas estructurales que de verdad son imprescindibles y de las que apenas se habla: modernización de unas estructuras y especializaciones productivas que apunten a una solución duradera y sostenible de los problemas de falta de empleos decentes y menores posibilidades de acceder a unas condiciones de vida y trabajo dignas. Tareas y objetivos que deben estar en el corazón de la agenda de prioridades de la UE si se pretende recuperar un proyecto integrador y solidario de unidad europea.

Mantener las fracasadas políticas de austeridad supondría perseverar en el tremendo error de creer que basta con los recortes para equilibrar las cuentas públicas y sobra con la reducción de los costes laborales para que el aumento de las exportaciones compense el hundimiento de la demanda interna y equilibre la balanza por cuenta corriente de los países del sur de la eurozona. Creencia que choca con todos los datos y evidencias que muestran la necesidad de aprobar un tercer rescate para Grecia, la frágil situación de las economías periféricas de la UE y la pobre y precaria reactivación de las economías más potentes y saneadas.

Europa tiene otra necesidad imperiosa: reducir la inestabilidad sociopolítica provocada por la dureza de las políticas de ajuste y devaluación interna impuestas a los países del sur de la eurozona y por una creciente opinión que identifica el euro con una ratonera destinada a perpetuar el paro y la pobreza y ha dejado de considerar el proyecto europeo como un instrumento de cooperación y solidaridad destinado a aumentar el bienestar colectivo, mejorar las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía, sin excepciones ni exclusiones, e impulsar la cohesión económica, social y territorial.

Un último comentario aclaratorio. El objetivo de esta serie de artículos sobre las próximas elecciones en Alemania no es adelantar un vacío y poco útil ejercicio de previsión sobre la probable victoria electoral de Ángela Merkel, sino contribuir al análisis de los importantes cambios que producirán las próximas y transcendentales elecciones alemanas y los posibles escenarios que pueden fraguarse en Alemania y en Europa tras la constitución del Gobierno que cuente con mayor respaldo parlamentario. La izquierda social, sindical y política debería valorar con sumo cuidado lo sucedido en la campaña electoral alemana y la nueva situación que surja de sus resultados y de la gestión que hagan de los votos los principales partidos políticos.

Ojalá que estas reflexiones también pudieran ayudar en algo a desprenderse de algunas telarañas mentales que corresponden a la etapa anterior y a poner a punto nuevos argumentos y formas de presión y crítica ciudadana que se acomoden con más realismo y mordiente crítica a la inflexión de la estrategia de salida de la crisis que prepara la derecha (con el apoyo y los matices que pudiera aportar, en su caso, la participación de la socialdemocracia alemana en la nueva coalición gubernamental) y al inminente final de la segunda fase recesiva de la eurozona.

Aunque esa inflexión en la estrategia de austeridad y la probable reactivación económica de baja intensidad no supondrán el final de la crisis económica e institucional que padece el conjunto de la eurozona y a pesar de que llegarán más tarde y con menor incidencia a la economía española, la derecha gobernante del PP va a tener tiempo y herramientas suficientes para aprovechar y atribuirse la nueva coyuntura económica que puede afirmarse en los próximos meses.

Poco importa que esa coyuntura económica, algo más positiva que la de los últimos años, cierta relajación en la prioridad del ajuste fiscal o un mayor espacio para las políticas comunitarias de impulso del crecimiento y lucha contra el paro juvenil no puedan ofrecer soluciones para los graves problemas de desempleo, escasa capitalización del sistema bancario y aumento de la morosidad en sus balances, altos niveles de endeudamiento (externo e interno, público y privado), desindustrialización o inadecuada especialización productiva que debe afrontar y superar la economía española.

La derecha española parece pensar que una ligera y precaria mejora de algunos indicadores económicos puede transformarse, con una buena campaña publicitaria, en una señal que anunciaría el principio de la reactivación y el fin de la crisis. Y lo peor es que tal creencia pudiera ser cierta si las izquierdas, los sindicatos de clase y los movimientos ciudadanos que resisten los recortes y defienden los derechos y las condiciones de vida de la mayoría no ajustan sus críticas y mejoran la argumentación en defensa de una estrategia alternativa de salida de la crisis capaz de afrontar los graves problemas estructurales que presenta la economía española y las deficiencias de su sistema político con el fin de restablecer las prioridades de generar empleos decentes, mejorar las condiciones de vida de la mayoría, proteger de modo efectivo a los sectores vulnerables y en riesgo de exclusión, sanear las instituciones políticas y alcanzar unos niveles suficientes de calidad en el funcionamiento del sistema democrático.            

Elecciones en Alemania (III). Nueva fase en la crisis de la eurozona