lunes 26.08.2019

De la disputa al diálogo y el pacto

En Cataluña hay un amplio sector social, lo dicen los resultados electorales y todas las encuestas, que no quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente (43,6%) frente a otro amplio sector (48,7%) que se muestra partidario de la independencia

Las próximas elecciones catalanas del 21 de diciembre marcan ya los ritmos y el tono de la acción política en Cataluña y en España. Prevalece la disputa, como en cualquier cita electoral, pero agravada por una crispación extrema que, en el último de una larga retahíla de desatinos, se ha visto alentada por el elefante judicial que ha entrado en los prolegómenos de la campaña electoral causando múltiples e irreparables destrozos.

Junqueras y buena parte del Govern encarcelados, al igual que los presidentes de ANC y Òmnium. Sendas órdenes, internacional y europea, de busca y captura contra Puigdemont y cuatro consellers que desde Bruselas atraen los focos de la atención pública europea y tratan de internacionalizar el conflicto. La desmesura y el protagonismo judicial embrollan y empeoran las cosas, además de intensificar la tensión política. No podría ser de otra forma, teniendo en cuenta que la institucionalidad catalana ha sido suspendida y se ha privado de libertad, mediante argumentos jurídicos que la mayoría de los expertos consideran poco consistentes, a representantes destacados del bloque independentista. Y lo más grave, una parte importante de la sociedad catalana vive lo ocurrido como un castigo y una venganza gratuitos que pretenden humillar a Cataluña.

Vivimos una situación bloqueada, sin vías de diálogo entre las partes enfrentadas y con numerosos terrenos de desencuentro y disputa de muy diferente naturaleza. No es el tiempo electoral, más propicio a la confrontación y a destacar las diferencias, favorable al pacto político. Pero el diálogo y el pacto entre las partes enfrentadas serán imprescindibles después de las elecciones para encontrar una solución democrática. Hasta ahora, los agentes polarizadores han creído que podrían imponer sus ideas particulares al conjunto de la ciudadanía, saltándose la realidad de sociedades, la catalana y la española, plurales y mestizas. El 21-D, los resultados electorales pondrán de nuevo ante los ojos de los partidos la realidad completa: una sociedad plural que deberá seguir conviviendo y que exigirá que sus representantes políticos asuman las diferencias que existen y busquen soluciones políticas que permitan, al menos, conllevar el conflicto, garantizando el mayor grado posible de convivencia y autogobierno en paz y prosperidad.  

Tanto los integrantes del bloque independentista en Cataluña como la alianza contra el independentismo promovida por el PP y C’s han pretendido imponer ideas e identidades de parte a toda la ciudadanía catalana. No han sido, no son todavía, suficientemente respetuosos con la pluralidad de la sociedad a la que pretenden representar y servir desde las instituciones.

En Cataluña hay un amplio sector social, lo dicen los resultados electorales y todas las encuestas, que no quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente (43,6%) frente a otro amplio sector (48,7%) que se muestra partidario de la independencia (ver el reciente Barómetro del CEO).

En el conjunto del Estado español, una parte significativa de la ciudadanía defiende una España plurinacional que se muestre más acogedora con Cataluña y una reforma constitucional con un mayor contenido federalista que respete la voluntad democrática de los diferentes componentes que históricamente han confluido en la constitución del actual Estado español. La encuesta de Sigma Dos para El Mundo del pasado mes de octubre señalaba que el 57,4% de las personas encuestadas se manifestaba a favor de que los catalanes pudieran hacer un referéndum legal en Cataluña, pactado previamente con el gobierno de España, frente al 37,9% que se manifestaba en contra. No se trata de dar por buena esa encuesta, quizás interesada o, puede, con deficiencias técnicas; se trata de reconocer una heterogeneidad y pluralidad sociales que casan mal con pretensiones simplificadoras sobre lo que piensa o deja de pensar la ciudadanía, tanto en Cataluña como en España.

Junto al voto, la democracia implica también la oferta de programas y propuestas que permitan reflexionar, debatir y elegir a la ciudadanía las mejores soluciones políticas, porque expresan y aúnan los intereses, prioridades y reivindicaciones de la mayoría social, sin que se vulneren los derechos de las minorías. Se echan en falta proyectos políticos que concreten en un horizonte político definido propuestas viables de solución. Y sobran discursos ilusorios, agitación y amenazas que intentan imponer las ideas e identidades de una parte a través del miedo, la presión o la coacción.      

Las fuerzas que pretenden una Cataluña independiente o una España uniforme deben convencer a la ciudadanía que sus propuestas son viables, que no intentan limitar la expresión de la pluralidad y las diferencias existentes y que su aplicación facilitará la convivencia entre los que piensan de forma diferente. No es democrático intentar imponer ideas e identidades de una parte  al conjunto. La democracia no consiste en hacer suposiciones sobre mayorías y minorías, sino en contar votos, con garantías y tras una campaña electoral desarrollada en condiciones democráticas, legales, pactadas y de relativa igualdad entre los partidos que aspiran a conseguir respaldo electoral, para conseguir la cristalización de una mayoría política que sea  respetuosa con los derechos y libertades del conjunto y con sus diferentes identidades. Y eso vale tanto para todas las fuerzas políticas, tanto las polarizadoras como las que pretenden un pacto transversal favorable a un mayor autogobierno en el que se sientan cómodos también sectores sociales que no desean perder raíces y complicidades con sus orígenes o con otras referencias culturales y sentimentales fuera de Cataluña ni correr los riesgos asociados a una independencia conflictiva. Riesgos que podrían suponer menoscabo en su bienestar, desestabilización social y política o una cuarentena en sus relaciones con la UE que valoran arriesgada.

No hay ninguna solución política democrática que no pase por el diálogo entre las diferentes partes, ideas y sensibilidades de la sociedad catalana y un pacto entre las fuerzas políticas catalanas que las representan. Diálogo y pacto que exigirán respeto para los que piensan y sienten de otra manera y concesiones mutuas.

¿Será posible una solución democrática?

En Cataluña, crecen desde hace unos años los partidarios de una mayor autonomía y, en mayor medida, los que se muestran favorables a que se reconozca la posibilidad de independencia

Dicho de otra manera, ¿será posible pasar de las actuales disputas al pacto? Pregunta pertinente porque puede suceder que el conflicto se estanque y acabe agudizando una destructiva confrontación que provocará, sin duda, más problemas sociopolíticos y, finalmente, deterioro de la actividad económica, debilitándola, y merma en el bienestar de la mayoría y la cohesión social, en Cataluña y en el conjunto de España. Mucho de lo que pueda ser dependerá de cómo transcurra y de lo que ocurra en esta campaña electoral que ya ha empezado. De los votos en Cataluña, pero también de las ideas y tendencias que al calor de lo que ocurra en la campaña electoral y sus aledaños acaben predominando en la opinión pública del conjunto del Estado.

En Cataluña, crecen desde hace unos años los partidarios de una mayor autonomía y, en mayor medida, los que se muestran favorables a que se reconozca la posibilidad de independencia (en el último Barómetro del CIS de septiembre sumaban el 100% entre los votantes de ERC y el 94,3% entre los del PDeCAT). Mientras en el conjunto de España crecen los partidarios de un Estado sin autonomías o de restar competencias a las comunidades autónomas (sumaban el 25,4% de la muestra encuestada en junio de 2017 y han subido hasta el 29,4% en septiembre de 2017). Medias que velan que esos porcentajes a favor de suprimir o recortar las autonomías se doblan entre las personas que en toda España votan al PP (46,7%) y a C’s (47,6%).

La lógica de la confrontación se ha fortalecido y domina el panorama político actual, pero la lógica de la confrontación no puede alumbrar soluciones políticas ni representa la lógica democrática que predomina en la ciudadanía española y en la catalana. Además, ni Europa ni la sociedad española ni buena parte de las fuerzas políticas, sindicales y sociales que se definen como democráticas y progresistas avalarían una estrategia contra la ciudadanía independentista catalana sustentada en la represión ejercida por el Estado o en la ocupación de la Generalitat por autoridades no elegidas democráticamente.

Para encontrar una salida democrática al conflicto haría falta limpiar el camino del diálogo de los obstáculos que ahora lo impiden en temas tan cruciales para iniciarlo como la libertad de los independentistas encarcelados o la reincidencia en la defensa de la declaración unilateral de independencia o en un mantenimiento de la intervención de las instituciones catalanas buscando el amparo constitucional del artículo 155. Hacen falta fuerzas políticas que hagan propuestas creíbles de reforma de la Constitución y del Estatut de Catalunya que garanticen las competencias de la Generalitat y defiendan la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda votar y decidir su futuro sin coacciones, amenazas políticas o injerencias indebidas del poder judicial.

Hace falta también el desarrollo y fortalecimiento de fuerzas políticas y sociales, en Cataluña y en el resto de España, que no se dediquen a polarizar el sentir de la ciudadanía, que tiendan puentes y respeten la pluralidad, que tengan capacidad de diálogo y negociación para intentar un nuevo pacto territorial y que sea la ciudadanía catalana la que decida en referéndum, previamente negociado, si lo acepta o lo rechaza. Porque sin respetar el derecho a votar y a decidir de la sociedad catalana no hay solución política.

Sin embargo, las tendencias que observamos van en otra dirección. Las principales fuerzas políticas, responsables de la actual polarización política y de las fracturas sociales que se han producido, se mantienen encastilladas en las mismas posiciones que nos han traído hasta aquí. Defendiendo que la declaración de la República catalana es un hecho irreversible y que las elecciones del 21-D servirán para defender la declaración unilateral de independencia, aunque sea por una mayoría ajustada de diputados que siga sin sumar la mayoría de votos. O, desde el otro extremo, que la aplicación del artículo 155 solucionará un conflicto que no puede afectar a la unidad de España, porque es indiscutible, sea cual sea el porcentaje de la ciudadanía catalana que la cuestione, ni al principio de una soberanía nacional que reside y residirá siempre en el pueblo español, al margen de lo que considere la mayoría social catalana y sea cual sea esa mayoría (el 51 o el 90%).

Se plantean a menudo por personas y fuerzas políticas contrarias a la independencia los desgarros y fracturas que podría causar en la sociedad catalana un referéndum simplista y precipitado, en un ambiente de desasosiego y crispación poco o nada propicio al acuerdo. Más aún si se tiene en cuenta que se trata, como ponen de manifiesto todos los estudios y encuestas, de una sociedad tan plural y mestiza como la catalana, en la que existe un amplio sector social contrario a la independencia y muy diferentes opiniones y sentimientos sobre las relaciones a mantener con España. Me parecen razonables esas prevenciones y más que probables los efectos indeseables de un referéndum que no haya sido precedido de un diálogo encaminado a explorar las posibilidades de un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas y en la sociedad catalanas que permita aglutinar a una amplia mayoría de la ciudadanía sin producir destrozos excesivos y, sobre todo, innecesarios. Sin embargo hay que considerar también los problemas que plantea a la consecución de un pacto nacional en Cataluña que se descarte de antemano cualquier posibilidad de realizar un referéndum en el que la ciudadanía catalana exprese su opinión, sin restricciones. Porque sin la posibilidad de organizar un referéndum legal y pactado, en el que la ciudadanía catalana pueda expresar sus preferencias, no hay solución al conflicto.

Los partidos políticos deben entender lo antes posible, incluso en una muy complicada coyuntura electoral en la que la tensión política y social es de alta intensidad, que su obligación es respetar la pluralidad de las sociedades a las que pretenden representar y la expresión democrática de la voluntad ampliamente mayoritaria de la ciudadanía, sea la que sea. Deben elegir entre polarizar para imponer sus ideas y propuestas a toda la sociedad o, en sentido contrario, ofrecer soluciones que garanticen la convivencia y permitan superar las fracturas ocasionadas en gran medida por su irresponsable actuación. Deben optar por encastillarse en posiciones pasadas o abrirse al diálogo y la negociación. Alimentar la lógica de dos bloques irreconciliables o promover una competencia democrática entre diferentes opciones políticas que aceptan el diálogo y la negociación como elementos claves de la acción política democrática y que pretenden representar a la mayoría social sin socavar derechos y libertades de las minorías.     

De la disputa al diálogo y el pacto