La derecha española no tiene ni ofrece ningún tipo de solución para la crisis política del pacto territorial ni para la crisis de confianza en el Estado español y sus instituciones que muestra la ciudadanía catalana favorable al derecho a votar y decidir
Galicia, parte de Asturias y León y el norte de Portugal siguen sufriendo en el momento que escribo estas líneas un auténtico desastre. Una oleada de incendios que siguen aún vivos, como consecuencia de la desidia de las autoridades gallegas, la codicia de los especuladores y la acción criminal de los descerebrados que han provocado esta catástrofe. Los recortes en las tareas de prevención, el desprecio por los bienes públicos y regulaciones erróneas, posiblemente interesadas, han propiciado este desastre. Hay responsables, no es sólo una catástrofe natural. Y deberían pagar por ello. Costará años y, posiblemente, décadas restañar los daños y heridas producidos. Y pagarán miles de personas que han perdido patrimonios, paisajes, recuerdos y vidas de familiares, amistades y convecinos. En este caso, la catástrofe ya se ha producido. Sólo queda exigir las responsabilidades políticas y penales, solidarizarse con las personas y los pueblos afectados y conseguir que las pérdidas y daños que han sufrido sean compensados de forma adecuada.
En el caso de la crisis que enfrenta a las instituciones catalanas con el Gobierno de Rajoy y con su interpretación restrictiva de la Constitución aún puede evitarse el desastre. Aún hay tiempo para evitar lo peor y las consiguientes lamentaciones por no haber sabido solucionar los problemas. Hemos pasado otro día rozando la catástrofe y se ha conseguido una nueva prórroga de unos días, hasta el próximo jueves, 19 de octubre, a las 10 de la mañana. Hay que aprovechar el tiempo para intentar aportar el sentido común que les falta a muchos de los dirigentes políticos que siguen alimentando la tensión política de forma completamente irresponsable, porque saben el punto de partida pero no tienen ni idea de la estación a la que nos conducen. Estas notas van encaminadas a exigirles que desescalen el conflicto, piensen más de tres veces sus próximos pasos y comiencen a dialogar para, en el tiempo que necesiten, llegar a acuerdos que permitan una solución democrática, sin vencidos ni humillados, al conflicto existente.
Rajoy sigue empeñado en lograr una derrota sin paliativos del independentismo catalán. Parece dispuesto a ejercer la presión y la represión judicial y policial que hagan falta. Cualquier coste le parece asumible, más aún después del pacto con Sánchez para la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de observar la ola de españolismo ramplón y desacomplejado que han propiciado en el resto del Estado. Espera el momento adecuado y calibra los pros y contras de una versión dura o blanda en la aplicación de un artículo del que aún deben concretarse los límites y los plazos para su aplicación. O de una versión dura revestida de contención para no espantar a los socios que, de entrada, le han dado un cheque en blanco para que lo aplique. O lo contrario, una versión blanda revestida de dureza para contentar a los que, impasible el ademán, se plantean aplastar a un enemigo al que denominan ellos, sin sospechar siquiera que ese ellos somos todos.
Rajoy no es florentino, forma parte de una derecha bastante tosca pero tiene cachaza y muchas capas. Su método para clasificar los problemas políticos (se resuelven solos o no tienen solución) le ha servido de guía en una carrera política que le ha conducido a lo más alto. Mantener esa guía en el caso de Cataluña, con su potente y muy diverso bloque independentista y una innegable mayoría social que reclama una solución democrática que implica la exigencia de una solución votada por la ciudadanía catalana, es un error que nos lleva al desastre. La aplicación del artículo 155, por mucho que intenten revestirlo de seda, supondría un golpe irreversible a la convivencia (en el interior de la sociedad catalana y entre las mayorías sociales de Cataluña y el resto del Estado español), un traspié de envergadura para la economía española (que también incluye, claro está,a la catalana) y una amenaza real de deriva autoritaria del régimen democrático surgido del pacto constitucional del 78.
Puigdemont ha contestado, apurando los plazos, al surrealista requerimiento de Rajoy para que aclarase si se había declarado o no la independencia. La fórmula medida de Puigdemont en su declaración parlamentaria del pasado 10 de octubre -mantener el compromiso del Govern con los votantes del 1-O y con las fuerzas independentistas que le dan respaldo y, al tiempo, reconocer que no puede asumir los efectos políticos y jurídicos de una declaración explícita de independencia- no podía ser del agrado de Rajoy, que reclamaba un sí o un no en los que no cabían la ambigüedad ni los matices. Puigdemont ha respondido en la misma línea que en su declaración del 10 de octubre, explicando la posición de su Govern, razonando su respuesta y reiterando el ofrecimiento de 2 meses de plazo para explorar, a través de un diálogo directo o de una mediación, las posibilidades de alcanzar algún tipo de acuerdo. Un movimiento inteligente si no fuera porque evita lo más simple y útil, una simple frase que reiterara lo que ya dijo en su declaración en el Parlament el pasado día 10 de octubre: ni se votó la independencia ni nada. Puigdemont utilizó una fórmula muy medida para mantener el compromiso del Govern con los dos millones de personas que consiguieron votar el 1-O y asumir el mandato de las urnas; y reconocer a continuación que no podía asumir los efectos políticos y jurídicos de una declaración unilateral, inmediata y explícita de independencia.
Rajoy necesita pruebas y argumentos para justificar una mayor intervención contra la autonomía de Cataluña y dar un castigo ejemplar al independentismo que le permita restablecer la hegemonía política de su partido en España, asegurándose de que el PSOE no tenga ninguna capacidad de maniobra o diferenciación. Se ha abierto una nueva prórroga hasta el próximo jueves.
Rajoy, sus aliados políticos y los poderes económicos y mediáticos que lo respaldan, pueden vencer al independentismo y humillar a Cataluña. Tienen fuerza bastante. Y han acreditado, también de sobra, su voluntad de hacerlo llegado el caso. Pero no van a poder solucionar con medidas represivas, por muy constitucionales que sean, la grave crisis política ocasionada por la ruptura del pacto territorial que contenía la Constitución de 1978. Y sin un nuevo pacto territorial que reconozca el derecho a votar y decidir que reclama la mayoría de la sociedad catalana y que no excluya la posibilidad de independencia en condiciones democráticas y con garantías pactadas de antemano no hay solución democrática posible.
La derecha española no tiene ni ofrece ningún tipo de solución para la crisis política del pacto territorial ni para la crisis de confianza en el Estado español y sus instituciones que muestra la ciudadanía catalana favorable al derecho a votar y decidir. Fue la decisión cívica, democrática, pacífica y firme de una parte muy importante de la ciudadanía catalana en defensa de su derecho a votar la que desbarató la propuesta represiva del Gobierno de Rajoy el pasado 1-O y la que está en condiciones de resistir la derrota coyuntural que supondría la aplicación del 155 y una nueva escalada intervencionista del Gobierno de España en la autonomía de Cataluña. Está por ver que el PP pueda afrontar con suficiente mesura una resistencia pacífica prolongada. Y más aún que el pacto entre el PP y el PSOE para aplicar, en última instancia, el 155 soporte la tensión política, la crispación social y los impactos negativos que tal aplicación ocasionará en las instituciones catalanas y en los derechos de la ciudadanía catalana.
Puigdemont y la mayoría del Parlament de Cataluña se juegan mucho. Han comprobado que no pueden salirse de la Constitución y la legalidad, pero tampoco pueden situarse al margen de la corriente social independentista que los respalda y de sus aspiraciones. Van a seguir moviéndose en la ambigüedad, tratando de ganar tiempo para abrir espacios de mediación y diálogo. Llegados a este punto, tan difícil es que claudiquen como que se hagan el harakiri mediante una declaración explícita y unilateral de independencia. Todas las personas que no estén por aventurerismos de máximo riesgo deberían comprender esa situación a la hora de propiciar la búsqueda de soluciones que, necesariamente, tendrán que basarse en el respeto mutuo y en el diálogo y el acuerdo con los que piensan de otra manera.
Aunque parecen ignorarlo, también Rajoy y la mayoría del Parlamento español que respalda la intervención de la autonomía de Cataluña se juegan mucho. No pueden salirse de la Constitución, mantener congelada o recortada la autonomía de Cataluña durante un tiempo prolongado ni volver a dar el espectáculo de brutalidad policial y falta de escrúpulos democráticos que brindaron al mundo el 1-O.
Con represión y recortes de la autonomía de Cataluña no van a solucionar los problemas existentes. Suspender la autonomía implica, lo quieran o no, suspender una parte sustancial de la democracia en Cataluña. Si suspenden parte de la autonomía de Cataluña no podrán dar ni un paso en la tarea de construir un sistema de autonomía territorial más sólido y saludable que el actual. Con represión no van a debilitar, como sueñan algunos, el apoyo social del que hoy goza el independentismo ni podrán resquebrajar el campo independentista. Lo importante no es que haya una promesa de reforma constitucional que complemente las amenazas y compense los golpes que puedan propinar a las instituciones y autoridades catalanas. Lo importante para buscar soluciones es que no haya amenazas contra los potenciales interlocutores ni se barajen la intervención de la autonomía, la cárcel y la represión como instrumentos para forzar voluntades.
El PSOE de Sánchez podría haber intentado ofrecer una alternativa, muy difícil de implementar pero con alguna pequeña posibilidad de éxito, para solucionar la crisis. Podría haber intentado conseguir una mejora de la autonomía de Cataluña a través del diálogo y la negociación con vistas a debilitar progresivamente el apoyo social al independentismo, conforme a su visión y creencias, y atraerse a los sectores más templados o conscientes de los enormes riesgos de una estrategia de ruptura unilateral con España. Ha despreciado esa opción al echarse en brazos del PP y de su estrategia represiva. Junto al PP, cualquier iniciativa socialista parcialmente negociadora se habrá quedado obsoleta antes de nacer y resultará tan inviable como increíble.
El PSOE se ha quedado sin tiempo y sin espacio en la crisis catalana y pasa a depender por completo de las decisiones que tome Rajoy en los próximos días y semanas o meses. Ahora sólo le queda a Sánchez rezar para que Rajoy no aplique en los próximos días el 155 o para que Puigdemont convoque elecciones autonómicas anticipadas.
Mientras el panorama se despeja, Europa puede hacerse consciente de que la vía Rajoy, lejos de ser una solución, enconará y prolongará un gravísimo problema político que acabará impactando en España y en la Unión Europea. Entonces, las instituciones europeas no tendrían más remedio que actuar en consecuencia. En esas nuevas condiciones, Sánchez podría desembarazarse de las presiones que lo han vuelto a aprisionar. Por segunda vez, volvería a resucitar. Hazaña harto difícil.
No obstante, hay alguna posibilidad de que las instituciones europeas o algunos de sus líderes terminen tomando cartas en el asunto catalán a poco que el conflicto existente se agrave y sigan sin atisbar algún tipo de solución. En primer lugar, el clima extremo de nacionalismo excluyente y antieuropeísta que viven muchos países de la UE puede verse reforzado por la prolongación de la crisis catalana, pese a que el independentismo catalán sea esencial y mayoritariamente democrático y europeísta, o por una no descartable pulsión represiva del Estado español frente a la resistencia pacífica y masiva de la ciudadanía independentista. En segundo lugar, una parte importante del precario crecimiento europeo se apoya en la economía española y Europa no puede prescindir de esa contribución ni, mucho menos, que la economía española se convierta en una rémora o un nuevo factor de crisis financiera. Y en tercer lugar, la desestabilización política y el aumento de la crispación social en Cataluña y, en menor medida, en España no favorecen una gestión adecuada de las imprescindibles negociaciones para resolver al tiempo las negociaciones con Reino Unido a propósito de su salida de la UE y entre Alemania y Francia para acordar una reforma institucional de la eurozona que es imprescindible diseñar y comenzar en los próximos meses. Demasiadas razones para que Europa pueda mantenerse al margen del conflicto durante mucho tiempo.
Frente a la posibilidad de un enfrentamiento total del nacionalismo español con el nacionalismo catalán en el que todas las partes y, especialmente, la ciudadanía, toda la ciudadanía, tanto la catalana como la del resto del Estado español, tienen tanto que perder, hay espacio para la Política. El conflicto continúa y se mantendrá durante meses o años. Toca ahora que las fuerzas políticas y sociales partidarias del diálogo y el acuerdo redoblen el trabajo a favor de desescalar el conflicto y en contra de la aplicación del artículo 155 o de cualquier otra medida represiva que serían contraproducentes y completamente innecesarias para mantener la situación actual, inestable pero pacífica y abierta a la búsqueda de soluciones.
Hay que ganar tiempo para evitar lo peor y concretar una propuesta viable de unidad de las fuerzas progresistas que defina una vía democrática de resolución del conflicto existente. Una salida democrática, la única que podría suponer una solución y resolver el conflicto, que integrara el derecho a votar y decidir de la ciudadanía catalana, reconociera la pluralidad de la sociedad catalana y respetara las garantías y procedimientos democráticos en un pacto acordado por una mayoría cualificada de las fuerzas políticas y las instituciones catalanas y españolas que representan esa pluralidad.
Mientras tanto, nos toca a la ciudadanía más consciente de los problemas y de los valores que están en juego aportar serenidad, exigir responsabilidad a los dirigentes políticos y a los partidos, ofrecer argumentos y razones para abordar el diálogo con nuestros próximos que han asumido la propaganda anticatalanista (que contiene una alta carga antidemocrática) y frenar las irresponsables pulsiones represivas que han extendido el PP y C’s en la sociedad española.
Hay que hacer el trabajo modesto pero imprescindible de tender puentes con la ciudadanía catalana y disolver el odio contra Cataluña y la sociedad catalana que no por ser todavía poco profundo, coyuntural o escasamente reflexionado resulta menos peligroso, ya que demasiados irresponsables y descerebrados parecen empeñados en extender y profundizar. Y hay que esperar, no cansarse de esperar que el sentido común, que en este caso es un sentido democrático de la convivencia y de respeto por los derechos de los que piensan de otra manera, acabe imperando. Nos hace falta más diálogo, más debate y un poquito de suerte. Nos sobran políticos irresponsables que necesitan que Puigdemont les proporcione la coartada que permitiría a los dirigentes más duros de la derecha españolista exigir y lograr de Rajoy la aplicación del artículo 155.
Post scríptum: La petición de prisión incondicional para el ‘major’ de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por un presunto delito de sedición, es una señal inequívoca del escaso criterio democrático con el que el Gobierno de Rajoy está abordando la crisis política abierta por las instituciones catalanas y por una parte importante de la ciudadanía catalana. Afortunadamente, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha rechazado la prisión incondicional y ha decidido su libertad sin fianza con algunas medidas cautelares. De este modo, el poder judicial no aborta de nuevo el debate político ni debilita aún más las escasas posibilidades de resolución política y pacífica de un conflicto que sólo podrá solucionarse a través del debate democrático de propuestas políticas y la construcción de amplios acuerdos políticos y sociales. Una de cal y otra de arena. La prórroga se mantiene.
En sentido contrario, Vana esperanza. La juez Lamela acaba de decretar prisión sin fianza para los presidentes de Ómnium y ANC por supuesto delito de sedición, tal y como había solicitado la fiscalía. Muy malas noticias que dejan muy poco margen de maniobra para Puigdemont, crisparán a la sociedad catalana independentista o, simplemente, contraria a la represión del Estado para acallar la libertad de expresión y alentarán la profundización de las fracturas que han comenzado a hacerse presentes en la sociedad catalana.la juez Lamela acaba de decretar prisión sin fianza para los presidentes de Ómnium y ANC, Cuixart y Sánchez, por supuesto delito de sedición, tal y como había solicitado la Fiscalía. Muy malas noticias que dejan muy poco margen de maniobra para Puigdemont, crisparán a la sociedad catalana independentista o, simplemente, contraria a la represión como medio para acallar la libertad de expresión y profundizarán las fracturas que han comenzado a hacerse presentes en la sociedad catalana.