lunes. 27.05.2024

La delgada línea roja que separa la presidencia del Gobierno del batacazo político

Sánchez pretende escenificar una ruptura nítida con la gestión de los recortes llevada a cabo por Rajoy sin llegar a romper con la austeridad impuesta por Europa.

La información disponible sobre las negociaciones políticas en curso destinadas a investir como Presidente del Gobierno a Sánchez es fragmentada e interesada. Se multiplican previsiones y apuestas sobre su resultado, pero ninguna base racional permite hacer el menor cálculo de probabilidades sobre los distintos escenarios posibles. Sencillamente, a estas alturas ni se sabe ni se puede saber qué ocurrirá. Rajoy parece amortizado, pero se niega a tirar la toalla y, con mayor empeño, a ser enterrado antes de tiempo. Ni siquiera la reciente dimisión de Aguirre como presidenta del PP de Madrid va a cambiar la opinión del Presidente del Gobierno en funciones. Por su parte, Sánchez se ha mostrado más astuto, resistente y ambicioso de lo que se esperaba y sigue intentando recabar, frente a los vientos en contra levantados por barones y exdirigentes de su partido, los apoyos necesarios para ser investido Presidente. Si lo consigue, se apuntará una fantástica carambola política. No hay que descartarla, pero es altamente improbable.

Por el momento, Sánchez sigue explorando los límites y las posibilidades que ofrece el terreno de actuación definido por el resultado electoral e intenta valorar, como el resto de actores políticos, si pesan más las pérdidas que acarrearía cualquiera de los pactos posibles o los costes de una nueva convocatoria electoral a la que todos temen y de la que nadie quiere aparecer como instigador o responsable.

Basta con leer la reciente propuesta del PSOE de 8 de febrero de 2016 (el “Programa para un Gobierno reformista y progresista” que intenta precisar las bases  de la negociación con las diferentes fuerzas parlamentarias) para confirmar que las medidas económicas que plantea son perfectamente asumibles por Podemos, las confluencias por el cambio e Izquierda Unida. Los problemas que obstaculizan el posible acuerdo progresista no están en los contenidos económicos de un posible programa común; tampoco, en el escabroso tema del referéndum y el derecho a decidir, que sería fácil deslindar creando, por ejemplo, una comisión parlamentaria encargada de analizar y precisar las posibles bases de acuerdo con la diligencia y el cuidado que el asunto merece.

El mencionado documento del PSOE pretende también tranquilizar a la patronal española y a Bruselas, recoge propuestas destinadas a conseguir el apoyo de Ciudadanos y partidos nacionalistas o regionalistas periféricos y marca los contenidos y los límites de la confrontación con las propuestas económicas que sirven de soporte a las políticas de austeridad que defienden el PP y, con menos ataduras y sin responsabilidades de gestión, Ciudadanos.

Sánchez pretende escenificar una ruptura nítida con la gestión de los recortes llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy sin llegar a romper con la estrategia de austeridad impuesta por las instituciones europeas. Ese difícil equilibrio entre continuidad y ruptura le permite a Sánchez ocupar una posición central en un juego negociador destinado a redefinir las políticas de austeridad y a interesar en esa tarea de revisión y reversión de los recortes a un amplio espectro del electorado y las fuerzas políticas parlamentarias. Veremos si lo consigue. La línea que separa la presidencia del Gobierno del batacazo no puede ser más delgada.       

Por ahora, nadie parece prestar demasiada atención al endiablado conjunto de problemas que aparecen en un horizonte más amplio y en un intrincado marco institucional conformado por los 28 socios de un mercado único y por una unión monetaria de 19 países que condicionan buena parte de los problemas económicos y las posibles soluciones.

Desde el PSOE hasta IU, pasando por Podemos y otras fuerzas favorables al cambio, todas las izquierdas parecen contentarse en el terreno económico con plantear un mayor protagonismo del Estado (común, federal o independiente, según los casos) en el impulso de la demanda doméstica. Existen en sus respectivos planteamientos económicos, claro está, múltiples matices y medidas complementarias, pero las propuestas encaminadas a incentivar la demanda (de hogares y empresas, a través del consumo y la inversión de agentes económicos privados o públicos) son uno de los pilares centrales que comparten frente a las políticas de austeridad y devaluación salarial que caracterizan la estrategia conservadora de salida de la crisis.

Más allá del imprescindible programa de rescate de la ciudadanía y de la erradicación de la corrupción política, una estrategia progresista de salida de la crisis económica no puede afirmarse simplemente como el reverso de las políticas conservadoras de austeridad y devaluación salarial aplicadas en los últimos años. No hay respuestas fáciles o simples para los problemas específicos de la economía española. Cualquier medida o reforma económica supone contraindicaciones y daños económicos colaterales. Por ello es tan importante que se informe a la ciudadanía de los riesgos y costes asociados a cada medida, que se expresen de forma democrática las preferencias de la mayoría social sobre las políticas a aplicar y los costes que está dispuesta a asumir y que los programas económicos que ofrecen los partidos de izquierdas supongan un contrato de obligado cumplimiento del que no puedan desligarse impunemente cuando acceden a posiciones gubernamentales.  

Por otro lado, el ámbito de la acción política nacional no es suficiente. Es necesario combinar una estrategia nacional de impulso medido de la demanda interna y modernización de las estructuras y especializaciones productivas con una propuesta explícita de cambio institucional de la eurozona y renovación del proyecto de unidad europea. La ruptura con la estrategia conservadora de salida de la crisis requiere un cambio institucional en la UE que implique más federalismo, más coordinación de las políticas económicas entre los Estados miembros de la eurozona, progresiva mutualización de las deudas soberanas y, en definitiva, más solidaridad y cohesión.

Mientras tanto, las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales pueden y deben utilizar las diferentes medidas de estímulo de la demanda doméstica que están en sus manos, pero hay evidentes desequilibrios macroeconómicos objetivos que hacen que su aplicación deba ser medida si no quiere resultar contraproducente. Y junto a la lógica económica que impone, también a las izquierdas que pugnan por poner las instituciones y el poder político del Estado al servicio de la mayoría social, una utilización prudente de los déficits públicos como sostén de la demanda agregada, hay que considerar las restricciones políticas. En primer lugar, cuál es la opinión de la mayoría social y que preferencias manifiesta la ciudadanía a propósito de un potencial aumento de la presión fiscal, cómo se reparte entre los diferentes sectores sociales esa mayor contribución a las arcas públicas y qué medidas se aplicarán para conseguir un control eficaz en la utilización del gasto público que impida una reedición de episodios de despilfarro en los que el dinero público acaba en los bolsillos de los corruptos o se desvía hacia las arcas de los partidos. Y en segundo lugar, parece obligado socavar el muro que representa la hegemonía de la estrategia conservadora de salida de la crisis basada en la austeridad y la devaluación salarial para poder aplicar políticas coordinadas de estímulo de la demanda doméstica.

El débil crecimiento que experimenta la eurozona (0,9% en 2014 y 1,5% en 2015), las nulas expectativas de una mayor reactivación en los próximos dos años, la aún baja utilización de las capacidades productivas instaladas, la extrema inestabilidad de los mercados financieros y la gran incertidumbre que acompaña a la situación económica y geopolítica mundial siguen desincentivando la inversión de las empresas, que condicionan sus planes de inversión al bajo crecimiento de la demanda agregada. La debilidad de la inversión privada y, más aún, de la pública están ocasionando una insuficiente acumulación de capital, escasa modernización tecnológica del aparato productivo y, en definitiva, limitadas y lentas mejoras de la productividad.

Dado que la innovación y las ganancias de productividad determinan o limitan las posibilidades de conseguir mejoras salariales, no puede darse un aumento sostenible del nivel general de los salarios sin que se consiga en paralelo un incremento de la productividad global de los factores productivos y del crecimiento potencial. En idéntica dirección empuja la robusta tendencia a una distribución de la renta nacional demasiado favorable a los beneficios empresariales y demás rentas del capital. Distribución desigual en contra de los salarios que no es un fenómeno nuevo, pero que las políticas de desregulación del mercado laboral han reforzado, añadiendo mayores dificultades a que el aumento de la renta disponible de los hogares pueda ser un factor sólido que impulse la demanda interna. 

La pregunta adecuada no es, por tanto, si es necesario estimular la demanda. Los grandes interrogantes que debe resolver un programa de izquierdas para conseguir una salida de la crisis que permita solucionar los problemas de la mayoría social son otros: qué tipo de estímulos hay que aprobar; cómo llevar a cabo esas medidas de estímulo salvando las restricciones económicas y políticas que dificultan su aplicación; a qué ritmo deben aplicarse para que no resulten contraproducentes ni amplifiquen los desequilibrios de las cuentas públicas y exteriores; qué reformas estructurales de modernización de la oferta productiva de las economías periféricas deben iniciarse, aunque sus efectos no puedan ser inmediatos; y qué cambios institucionales sustanciales en la eurozona son imprescindibles para que esos estímulos funcionen.

Para salir de la crisis, las medidas destinadas a incentivar la demanda interna no son suficientes. Hay que volver a los fundamentos que determinan las ganancias de productividad global de los factores, al impulso de una estructura de especializaciones productivas que suponga un alza en la gama de los bienes y servicios que se ofrecen y a un modelo de crecimiento que no descanse en exclusiva en un tirón de las exportaciones que, al basarse en la reducción de los costes salariales y los precios de exportación, reclama la perpetuación de empleos precarios, bajos salarios e indeseables especializaciones productivas que sean compatibles con ese tipo de empleos y salarios.

Para salir de la crisis hay que poner el centro de atención de la política económica en el impulso de la innovación, la mejora del sistema educativo, la cualificación de la fuerza de trabajo, el alza de gama de la oferta y el cambio de especializaciones productivas a favor de bienes y servicios de mayor valor añadido que incorporen más conocimiento y contenidos tecnológicos. Y en esa labor, efectivamente, la acción pública y una política económica alternativa a la sufrida desde mayo de 2010 son tan imprescindibles como el debilitamiento de la estrategia de austeridad impuesta por las instituciones europeas y de la hegemonía conservadora en la que se sustenta. 

La delgada línea roja que separa la presidencia del Gobierno del batacazo político