Los intereses comunes de RU y UE presionan a favor de no prolongar en demasía la incertidumbre, mantener el mayor grado de apertura entre el mercado único y el británico y encontrar una posición de consenso que minimice el impacto del Brexit
El próximo 16 de septiembre se celebrará en Bratislava una reunión clave del Consejo Europeo. Los líderes de la Unión Europea (UE) intentarán esbozar una aproximación pragmática a las aún no iniciadas negociaciones formales entre la UE y el Reino Unido (RU) para definir las nuevas conexiones entre ambas partes. Superadas algunas tentaciones iniciales de búsqueda de fórmulas de bloqueo del resultado del referéndum británico del pasado 23 de junio o propuestas para la realización de una nueva consulta, el Brexit puede considerarse irreversible. Sólo queda negociar la desvinculación y concretar los pormenores de la nueva relación.
¿Qué cabe esperar de esa próxima reunión del Consejo Europeo? Poco más que una declaración coincidente con la ya realizada por la nueva primera ministra británica, Theresa May, que exprese la voluntad de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE-27 de lograr un divorcio de mutuo acuerdo que mantenga una parte esencial de los lazos previos. En cualquier caso, no se va a producir todavía ningún compromiso público que haga precisiones sobre el futuro marco de relaciones. No habrá ninguna hasta que el Gobierno británico active el Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y comunique al Consejo Europeo su intención de abandonar la UE.
La cumbre de Bratislava va a estar precedida de múltiples contactos públicos y discretos entre los principales líderes. De hecho, el pasado 22 de agosto se produjo uno de los más relevantes, entre los primeros espadas de los tres grandes países de la eurozona, Merkel, Hollande y Renzi. ¿Rajoy? Ni estaba ni se le esperaba. En esa reunión se abordaron la agenda y las líneas maestras sobre el futuro de la UE y las negociaciones con RU que se debatirán en la cumbre de Bratislava. Seguramente, también darían un repaso a los próximos y cruciales procesos electorales en los que están involucrados y convendrían en la necesidad de impulsar la UE y tomar medidas comunitarias que debiliten los argumentos de las fuerzas derechistas y eurofóbicas que socavan su liderazgo.
Con otras pretensiones, el 9 de septiembre se celebrará en Atenas la reunión convocada por Tsipras para intentar aunar la voz de los países del sur de la eurozona (ya ha confirmado su asistencia Hollande) en el interés común de ganar presencia en el debate sobre el futuro de la UE y dar prioridad a sus problemas de crecimiento, empleo o flexibilidad del ajuste presupuestario. Habrá que prestar mucha atención al desarrollo de estos movimientos y reuniones.
Al Gobierno del RU le gustaría arrancar de la UE, antes de realizar la comunicación que prescribe el artículo 50 del TUE y comenzar las negociaciones, algunas promesas sobre el contenido del futuro acuerdo. Por ejemplo, que se estableciera como punto de partida las concesiones realizadas a Cameron el pasado mes de febrero para ayudarle a ganar el referéndum. Concesiones que expresaban muchas de las reivindicaciones de los conservadores británicos (sobre inmigración, subsidiariedad o relación entre la eurozona y el resto de los socios) e intentaban debilitar las razones que cimentaban la campaña a favor de la salida de la UE a propósito de la libre circulación de trabajadores, la contribución del Reino Unido al presupuesto de la UE o el control (o la capacidad de decisión última) sobre las normas y reglamentos que afecten a la economía británica. Pero aquellos compromisos de febrero estaban encaminados a lograr la permanencia del RU y sería incomprensible su mantenimiento, tal cual, en las nuevas condiciones de abandono de la UE. Más probablemente, la nueva vinculación con la UE acabará pareciéndose al modelo noruego o al suizo y mantendrá bastantes de las obligaciones que deben cumplir los socios y que tanto criticaban los partidarios de la salida de la UE.
Por su parte, la UE se enfrenta a un dilema. Si permite que el RU mantenga el libre acceso al mercado único, como antes de su abandono de la UE, sin ningún tipo de penalización o restricción, reforzaría la tendencia de las fuerzas euroescépticas a plantear nuevos referéndums y seguir, sin riesgos ni costes, el mismo camino que el RU.
En sentido contrario, si restringe en demasía el acceso del RU al mercado único (la UE supone la mitad de los intercambios comerciales británicos), la depreciación de la libra, con la mejora de la competitividad a corto plazo que supone, no podría compensar en otros mercados el golpe comercial que sufriría la economía británica en sus relaciones con los países comunitarios. Los daños se extenderían, con menor intensidad y de forma desigual, a todos los Estados miembros, especialmente a los países (Irlanda, Holanda, Bélgica, Dinamarca,…) que mantienen intercambios comerciales más intensos con el RU. Además, la posición de la City londinense, principal centro financiero de la actual UE, podría erosionarse, si los servicios que exporta sufrieran restricciones de entrada al mercado único o si algunas de las instituciones financieras de la UE y bancos privados de inversión que operan o tienen su sede en Londres se reubicaran en otras ciudades del continente. Por último, reaparecería la tensión en Escocia y, como consecuencia, la renovación de unas pulsiones independentistas que ningún gobierno de la UE desea.
Si las negociaciones transcurrieran por este lado oscuro, se levantaría un nuevo obstáculo, perfectamente evitable, a la reactivación económica europea y se afianzaría la fragmentación de la UE. La pésima idea de castigar al RU para dar ejemplo al resto de los socios acabaría dañando económicamente a las dos partes y limitaría la necesaria reflexión comunitaria sobre las debilidades institucionales de la UE y la eurozona, los errores de política económica cometidos y las medidas que permitirían corregirlos.
Los intereses comunes de RU y UE presionan a favor de no prolongar en demasía la incertidumbre, mantener el mayor grado de apertura entre el mercado único y el mercado británico y encontrar una posición de consenso en el seno de la UE-27 que minimice el impacto del Brexit sobre el conjunto de los Estados miembros. Objetivos que son de fácil formulación pero difícilmente alcanzables.
La negociación va a discurrir en paralelo a un saturado y prolongado calendario electoral que afectará a los pesos pesados de la UE y va a dificultar la compleja tarea de forjar una posición común sobre las negociaciones, retrasando la formulación de las imprescindibles concesiones que acabarán haciéndose al RU. Por ello, es altamente improbable que muchas de las incógnitas principales de la negociación entre el RU y la UE puedan despejarse y hacerse públicas antes de las elecciones legislativas alemanas de otoño de 2017.
En cuanto a la búsqueda de una vinculación aceptable para todas las partes podría lograrse con la incorporación del RU al Espacio Económico Europeo (EEE) del que ya son miembros Noruega, Islandia o Liechtenstein. El problema es que tal estatuto obligaría al RU a aceptar un principio (el de la libre circulación de trabajadores) que ha sido una de las razones fundamentales (exigencia de control de la inmigración interna y externa y de las fronteras nacionales) de rechazo a la UE. De igual modo, exigiría seguir contribuyendo al presupuesto común e incumplir de esta forma otro de los objetivos que esgrimieron los partidarios del Brexit (aportamos mucho y recibimos poco). Además, la salida de la UE, sea cual sea la alternativa de vinculación que finalmente se acuerde, significará inevitablemente una pérdida de influencia al elaborar las normas, reglas y decisiones comunitarias que, en gran parte, el Gobierno del RU deberá seguir cumpliendo. Esos resultados no podrían ser considerados como un buen negocio por los votantes británicos que eligieron mayoritaria y democráticamente el abandono de la UE y erosionarían la posición del Gobierno que dirigiera las negociaciones. Erosión y resultados que no aceptarán de buen grado.
Las negociaciones para establecer la futura vinculación del RU con la UE van a condicionar el futuro de Europa en la próxima década
En el amplio abanico de posibilidades de vinculación, habría que incluir, además del mencionado EEE, la Asociación Europea de Libre Cambio (como Suiza), la Unión Aduanera (como Turquía), un acuerdo particular de libre cambio y unión aduanera o, en último término, una poco probable tabla rasa que abocaría a unas relaciones comerciales sometidas a la normativa de la Organización Mundial de Comercio y, en consecuencia, a soportar las barreras reglamentarias y arancelarias establecidas por cada parte.
Aunque los escenarios resultantes posibles son muchos, lo más probable, por la importancia política del RU, los impactos económicos en juego, los necesarios equilibrios entre los intereses nacionales de cada uno de los 27 Estados miembros y la necesaria conjunción de las diferentes visiones sobre el futuro de la UE, sería un estatuto particular de asociación que añadiría complejidad y retrasaría la negociación. Un camino intermedio podría ser una rápida integración a la noruega o a la suiza, seguida de una larga negociación de un estatuto particular de vinculación. Pero eso es adelantarse mucho al momento prenegociador en el que aún nos encontramos.
Las negociaciones tendrán que matizar, para el caso, la libertad de circulación de personas y, probablemente, abrirán un poco más la puerta a una Europa con diferentes velocidades y vías de integración de voluntaria participación. Todo un ejercicio de equilibrismo político que no debería impedir formalmente el imprescindible avance de una mínima Europa política ni obstaculizar las reformas encaminadas a mejorar en el funcionamiento de un mercado único (con normas, políticas e instituciones comunes que impidieran la desembocadura de la UE en un proceso caótico, con un menú a la carta para cada socio) que seguirá abarcando a más de 30 países que presentan una considerable heterogeneidad en múltiples terrenos.
La tensión entre la urgencia expresada por la UE para que el RU realice cuanto antes la comunicación de su decisión de abandonar la UE y el interés del Gobierno británico por conseguir antes algún tipo de garantía sobre el resultado del acuerdo podría retrasar esa comunicación hasta finales de este año. Puede que haya ya un preacuerdo discreto en este sentido, porque la UE-27 también necesita tiempo para construir una difícil posición común. A partir de la comunicación se abrirán las negociaciones para acordar la salida y las futuras relaciones entre ambas partes, de acuerdo al Artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El acuerdo debería estar concluido, como máximo, en 2 años desde la notificación y la apertura de las negociaciones; aunque el Consejo Europeo podría decidir por unanimidad prorrogar el plazo de la negociación. Y deberá ser aprobado, según la letra b del apartado 3 del Artículo 238 del TFUE por una mayoría cualificada (un mínimo del 72% de los votos del Consejo Europeo que, a la vez, representen como mínimo el 65% de la población de la UE), sin que el Estado miembro que desea salir pueda participar en las deliberaciones y votaciones. No va a ser una tarea sencilla.
Sólo después de la entrada en vigor del acuerdo de salida de la UE, los tratados europeos dejarían de ser aplicables en el Estado saliente. Una hipotética petición posterior de entrada en la UE se regiría por el Artículo 49 del TUE.
Las negociaciones para establecer la futura vinculación del RU con la UE van a condicionar el futuro de Europa en la próxima década y buena parte de las posibilidades de una salida de la crisis que no se sustente en el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social de los países periféricos de la eurozona. No puede ser que, como hasta ahora, acontecimientos de la relevancia del Brexit y las próximas negociaciones entre la UE y el RU ocupen un espacio marginal en la reflexión de la izquierda y no tengan ninguna repercusión en su acción política.
No creo que los cambios y reformas sustanciales, tanto en el área institucional como en el de la política económica, que requieren la UE y la eurozona puedan llevarse a cabo al margen o en contra de la UE (o el euro), sino propiciando su reforma. El apoyo a tales cambios es difícilmente compatible con la defensa de una ruptura unilateral con la UE y el euro, que generaría más problemas, especialmente para los países de la periferia, que los que pretende y puede arreglar.
La estrategia conservadora que lidera Merkel (tras haber mostrado su capacidad de incorporar a su defensa a buena parte de la socialdemocracia europea) no ofrece ningún tipo de solución para las economías y las mayorías sociales de los países del sur de la eurozona que no pase por la perpetuación de los recortes presupuestarios y salariales.
Por su parte, las propuestas de las minoritarias corrientes de izquierdas que plantean la salida del euro y la UE como forma de solución de los problemas económicos y, según algunas formulaciones, por vías excesivamente intrincadas que escapan a mi comprensión, como forma de superación del sistema capitalista, ofrecen un incipiente grado de elaboración que desconsidera los enormes costes que ocasionaría esa salida y, tanto o más importante, ofrece dosis tan altas de riesgo e incertidumbre que impiden la reconversión de sus actuales consignas de abandono del proyecto comunitario en alternativas capaces de lograr apoyos sociales y electorales significativos.
Ninguna de las dos estrategias, la vía mayoritaria con hegemonía conservadora que se esfuerza en consolidar lo que hay como una situación irremediable o la vía marginal que se empeña en una irrealizable salida de la UE por la izquierda (sin tener en cuenta sus menguadas fuerzas ni la opinión mayoritaria de los sectores sociales a los que reclama respaldo), puede parar los pies a las fuerzas derechistas, xenófobas y antieuropeístas en ascenso que exigen nuevos referéndums para salir de la UE. Ninguna de esas dos estrategias ofrece la posibilidad de hacer las reformas sustanciales que requiere el proceso de unidad europea si pretende sobrevivir al envite de una renovada derecha extrema y neoliberal contraria a la UE que, tras sus proclamas soberanistas, racistas y desreguladoras, esconde su intención de reducir el proyecto europeo a un mercado único que excluya la libre circulación de trabajadores y cualquier tipo de injerencia reguladora por parte de la sociedad y de un poder político democrático que represente y defienda los intereses de la mayoría.
Frente a los programas de dilución del proceso de unidad europea, hay un extenso campo de acción política para las fuerzas progresistas y de izquierdas dispuestas a cambiar las instituciones y políticas de la UE y compatibilizar un nuevo rumbo con propuestas aceptables para la mayoría social porque suponen soluciones a sus problemas.