Las elecciones generales están a tiro de piedra. El 20 de diciembre se podrá elegir continuidad o cambio. El resultado electoral será, probablemente, una combinación particular de continuidad y cambio; una mezcla, entre las muchas posibles, de prolongación de elementos viejos y emergencia de nuevos actores y nuevas prácticas políticas.
Hay, es cierto, muchos factores al acecho y aún pueden pasar muchas cosas en el próximo mes y medio. El embrollo catalán puede permitir que el PP recupere parte de los votos perdidos o que Ciudadanos extienda y refuerce sus apoyos. En Cataluña, puede contribuir a asentar el espacio electoral independentista. Por otra parte, la corrupción asociada al PP, PSOE, Convergència y otros partidos que han ocupado posiciones institucionales puede mostrar en cualquier momento una nueva cima de inmoralidad y saqueo de lo público que refuerce la abstención o arrastre votos hacia caladeros más o menos próximos.
Pero, a falta de que se materialice alguno de los posibles imprevistos capaces de dar un vuelco a la situación, todos los sondeos indican que las próximas elecciones generales no van a provocar una catarsis. Tampoco una ruptura política que permita sanear en profundidad las instituciones y hacer efectivos derechos y libertades que aún no han salido a las calles y siguen sesteando en algún nebuloso artículo de la Constitución de 1978. Lo más probable es que el resultado electoral ni siquiera permita llevar a cabo un corte limpio con la estrategia de austeridad impuesta a partir de mayo de 2010, tras la aceptación por parte de Zapatero de los dictados de instituciones europeas y mercados.
Las elecciones generales del 20 de diciembre tendrán efectos políticos y económicos limitados, pero no por ello intrascendentes. Hay mucho en juego. Se confirmará el desinfle del bipartidismo, pero tanto el PP como el PSOE seguirán conservando suficiente respaldo electoral como para mantener una posición de actores políticos de primera fila. En todo caso, van a ser unas elecciones decisivas para alentar o agostar las posibilidades del cambio en el nuevo escenario político que alumbren las urnas. El cuerpo electoral parece decidido a ampliar el abanico de sus opciones y apoyar a nuevas fuerzas políticas con voluntad de ser decisivas y argumentos suficientemente potentes como para disputar al bipartidismo español y a fuerzas nacionalistas hegemónicas en sus respectivas comunidades autónomas una parte significativa del electorado. El respaldo que consigan las fuerzas favorables al cambio va a decidir sus posibilidades de crecimiento y consolidación. La densidad del electorado que finalmente se incline por la continuidad marcará los límites del cambio posible.
Lo sucedido en los últimos meses en el terreno político-institucional abunda en la misma hipótesis de un nuevo escenario que combinará elementos nuevos con parte del viejo entramado institucional y las viejas políticas. La ruptura con la corrupción y con los partidos que la ampararon al mismo tiempo que defendían la aplicación de recortes y medidas de austeridad que han golpeado con dureza a millones de personas no va a ser tan nítida como desearía la ciudadanía más activa o como exigiría una salida de la crisis favorable a la mayoría social. Tres acontecimientos mayores apuntan en esa dirección de cambio limitado.
Primero, las imposiciones asociadas al tercer rescate a Grecia que, además de seguir asfixiando a la economía griega, han puesto encima de la mesa que en la eurozona nadie parece responsabilizarse de las consecuencias de las irresponsables decisiones que se toman y no existen controles democráticos sobre los órganos que aprueban medidas antisociales que comprometen el destino de un Estado miembro por generaciones.
Segundo, la enésima constatación, a propósito de la crisis de los refugiados, de una UE desunida que, lejos de mostrar una mínima capacidad para resolver los disensos entre sus componentes, promueve el sálvese quien pueda. Y mientras tanto, miles de personas que huyen de la violencia y de las miserias de todo tipo que provoca la guerra son abandonadas a su suerte y, en muchos casos, hostigadas y maltratadas por las autoridades a las que demandan refugio y ayuda.
Y tercero, las elecciones autonómicas y plebiscitarias del 27-S en Cataluña y su resultado están siendo aprovechados para intentar desplazar y velar buena parte de los graves problemas que sufre la economía española y las diferentes alternativas que se proponen para mejorar las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social. La ciudadanía es invitada a mirar hacia otro lado, el de las banderas, los agravios y las identidades nacionales. Fuera de foco quedarán el agobio que sufre la mayoría de la gente y las responsabilidades de las elites políticas y económicas que han aprovechado la crisis para enriquecerse y reforzar su poder.
La coyuntura económica también va a tener un impacto electoral, aunque un peso menor y desigual en la orientación del voto. La coyuntura económica real y, con tanta o más importancia, la imagen y la narrativa explicativa que logren imponerse a propósito de en qué fase de la salida de la crisis se sitúa la economía española, qué factores están detrás de la actual recuperación del crecimiento y qué alternativas se proponen frente a las políticas de austeridad que pretende prolongar la derecha.
Dicho de otra forma, el debate electoral puede quedar secuestrado por la disputa entre Rajoy y el bloque independentista catalán que en estos momentos sigue liderando Mas. Si las derechas españolas y catalanas consiguen imponer sus particulares e interesados puntos de vista, muchos temas e interrogantes decisivos desaparecerán del debate público o pasarán a ocupar un segundo o tercer plano. Por ejemplo, ¿permitirán salir de la pobreza los nuevos empleos que se están generando y los correspondientes salarios? ¿Van a continuar los recortes de prestaciones y bienes públicos? ¿Cómo garantizar niveles socialmente aceptables de protección pública a los hogares en riesgo de exclusión? ¿Hay que sacrificar la sanidad, la educación o las pensiones públicas en aras del pago de la deuda pública o del equilibrio presupuestario? ¿Qué modelo productivo y qué especializaciones está reforzando la estrategia de salida de la crisis que promueve la derecha?
Los contenidos de la campaña electoral del PP en materia económica están claros y han construido una muralla de datos y argumentos para defenderlos. Rajoy da por acabada la crisis gracias a las políticas de austeridad, devaluación salarial y recortes. El PP ofrece continuidad en el camino de recuperación económica gradual que se inició en 2014 y menos sacrificios sociales. Mantenimiento de políticas, gestión y liderazgo frente a sobresaltos, aventuras y experimentos.
Las alternativas económicas que propone el bloque independentista catalán son, dada su heterogénea composición y la propia naturaleza del desafío político que plantea, casi evanescentes. La crisis de la economía catalana parece identificarse como un subproducto de las ataduras con España y se hace desaparecer por arte de birlibirloque las responsabilidades concretas y palpables de las autoridades y elites catalanas que han mantenido las mismas políticas y la misma gestión que las autoridades españolas. Y aún más importante, el independentismo vincula de forma automática la recuperación de la economía catalana y del bienestar de su ciudadanía con la desconexión con España. Supuestas causalidades y alegaciones económicas un tanto simplistas y extraviadas que no pueden sostener ningún tipo de programa económico alternativo.
Aunque los argumentos económicos esgrimidos por el PP y por el bloque independentista catalán no pueden hacer gala de excesiva consistencia, sus respectivos mensajes políticos son fuertes y responden a temores y deseos ampliamente extendidos en la sociedad española y catalana. Ese es el campo de juego en el que se va a desarrollar lo fundamental de la confrontación entre estrategias y programas económicos con el objetivo de ganarse el favor de la ciudadanía. Y es ahí, en ese terreno marcado por las derechas españolas y catalanas, donde las izquierdas van a tener que desbordar la cerrada defensa que realiza el PP de su gestión en los últimos cuatro años, desmontar la repetida falacia de los nuevos brotes verdes y recolocar el debate político en torno a la independencia de Cataluña (o su encaje político en el Estado español y en la UE) sobre los raíles de la democracia y el derecho a decidir para que afloren las diferencias entre los modelos sociales y económicos que están en liza y la ciudadanía pueda evaluarlos y elegir.
Si las izquierdas entienden la naturaleza y el alcance de la disputa que proponen las derechas españolas y catalanas y hacen bien esa faena de desbordamiento y desmontaje del discurso conservador aún es posible ganar la partida y llevar con urgencia al BOE el rescate ciudadano que necesitan millones de personas golpeadas por el paro y afectadas por la crisis, las políticas de austeridad y el saqueo de los bienes públicos.
Las derechas dan la máxima prioridad a la protección de los beneficios empresariales, el equilibrio presupuestario y, en el caso de Cataluña, la independencia como factores claves de la recuperación económica. Las izquierdas ponen en primer plano el rescate de las personas y la búsqueda de soluciones para las necesidades de empleos decentes, salarios dignos y bienes públicos que expresa la mayoría social. Pero la disputa no se agota en esas diferentes prioridades. La confrontación izquierda-derecha en el ámbito económico adquiere toda su dimensión y alcance al comparar sus respectivas estrategias de cambio estructural.
Las reformas estructurales desreguladoras y privatizadoras que promueven las instituciones europeas, los mercados y las derechas son bien conocidas, llevan tiempo aplicándose y son palpables sus impactos en términos de pobreza, desigualdad, recortes, precariedad laboral y pérdida de derechos laborales y sociales. En cambio, las izquierdas y fuerzas progresistas tienen aún que demostrar que son capaces de elaborar y aplicar alternativas de política económica concretas y viables que engarcen con un programa estratégico de cambio de estructuras y especializaciones productivas que permita una mejor y más segura inserción de las economías española y catalana en la eurozona y los mercados globales. Un programa de cambio económico estructural a largo plazo que necesariamente deberá ir acompañado de una transformación institucional de la eurozona y la UE que favorezca la convergencia entre las economías europeas y suponga la recuperación efectiva de los arrumbados principios comunitarios de solidaridad y cohesión económica, social y territorial.