miércoles 27.05.2020

¿Ayudarían en algo a superar la crisis un gobierno de concentración nacional o unos nuevos Pactos de la Moncloa?

Aquí y allá se escuchan cada día más voces que apuntan a la necesidad de formar un gobierno fuerte de concentración nacional para derrotar al coronavirus o a la conveniencia de acordar unos nuevos Pactos de la Moncloa que permitan sumar energías en la difícil tarea de superar lo antes posible la recesión económica que apenas se ha iniciado y ya ha mostrado su terrible poder destructivo. El miedo y la incertidumbre se han convertido en los más estrechos aliados de esas dos propuestas políticas y van a engordarlas en los próximos días y semanas. Más aún si, como cabe esperar, la lucha contra el coronavirus se prolonga y sus dañinos impactos sobre la actividad económica y el empleo se intensifican.  

En realidad, ¿qué buscan las fuerzas que airean esas propuestas? ¿Se trata de inocentes alternativas que traducen al intrincado idioma de la política la reclamación espontánea de unidad y solidaridad que observamos todas las tardes desde nuestros balcones o son intencionados torpedos que tienen por objetivo socavar la legitimidad democrática del Gobierno Sánchez y preparar una alternativa política más permeable a considerar las reivindicaciones de las elites económicas?

Más allá de las etiquetas y de sus intenciones, conviene analizar los contenidos de esas propuestas, los intereses que pueden llegar a movilizar en su apoyo y sus potenciales efectos, en caso de que tengan cierto éxito y se conviertan en los próximos días en banderas políticas contra el Gobierno de coalición progresista y contra las medidas de rescate social que lleva a cabo.

De eso se trata por parte de la derecha, de cuestionar, sin ahorrar en descalificaciones, insultos y mentiras, las políticas progresistas y al Gobierno que las aprueba y gestiona.

Afortunadamente, afrontamos esta pandemia sanitaria con una coalición gubernamental progresista respaldada por las urnas y una mayoría parlamentaria intachablemente democrática que defiende la compatibilidad de una lucha eficaz contra el coronavirus con medidas de rescate social y protección de actividades económicas y empresas que permiten salvar empleos, derechos laborales, rentas y condiciones de vida de la mayoría social. Porque de eso se trata por parte de la izquierda, de hacer lo que no se hizo en la anterior crisis global de 2008 a favor de la ciudadanía, lo común y, especialmente, los sectores sociales más vulnerables. Y de eso se trata por parte de la derecha, de cuestionar, sin ahorrar en descalificaciones, insultos y mentiras, las políticas progresistas y al Gobierno que las aprueba y gestiona.

Sobre la propuesta de un gobierno de concentración nacional

Aclaremos, de entrada, que la opción de un gobierno de concentración nacional es tan democrática y puede ser tan eficiente o poco eficiente como la de un gobierno en solitario de cualquier partido que cuente con una mayoría suficiente o cualquier fórmula de coalición entre partidos de ámbitos ideológicos o políticos parecidos. No está ahí el problema. Tampoco en que sea algo raro o extravagante. No lo es. En otros países de nuestro entorno, gobiernan grandes coaliciones que incluyen a partidos de muy diferentes perfiles políticos. Y pueden funcionar bien o relativamente bien. No así en España, donde nunca se ha dado una experiencia de ese tipo en la más reciente etapa democrática, tras la desaparición de la dictadura franquista.

Paradójicamente, algunas de las ramificaciones golpistas sí barajaron propuestas concretas que ofrecían como alternativa un gobierno de concentración o salvación nacional

Ni tras la victoria electoral de UCD en junio de 1977, en una situación tan excepcional como la transición política, se planteó como una alternativa real la idea de un gobierno formado por el conjunto de fuerzas más o menos comprometidas con el desmantelamiento de la dictadura franquista. Y eso que en aquella coyuntura confluían las amenazas golpistas, una descomunal crisis económica internacional y la descomposición del modelo capitalista que se había consolidado en todo el mundo desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial. Tampoco, ante la amenaza real que suponía la pervivencia de un aparato militar y policial en el que abundaban los generales y jefes defensores del régimen franquista y menudeaban las conspiraciones antidemocráticas. Ni siquiera ante un acontecimiento tan grave como el fallido golpe de Estado protagonizado por un grotesco guardia vestido de torero en febrero de 1981se planteó la opción de un gobierno de concentración nacional. Aunque, paradójicamente, algunas de las ramificaciones golpistas sí barajaron propuestas concretas que ofrecían como alternativa un gobierno de concentración o salvación nacional.

El caso es que nunca las opciones de un gobierno de gran coalición, concentración nacional o amplio espectro fueron fórmulas con posibilidades de hacerse realidad. Hasta hoy. ¿Y por qué se ha convertido ahora en una opción viable? Porque el PP, espoleado por la ultraderecha y ante la mirada atenta de Cs, que no quiere dejar escapar ninguna oportunidad, está jugando a desgastar y dividir a la coalición gubernamental y al propio PSOE. Y si la situación de emergencia se prolonga o empeora, lo que no es improbable, a desbancar al Gobierno Sánchez. Ese es el contenido real de la fórmula que, con diferentes matices, contenidos y nombres se está proponiendo.

¿Significa lo anterior que los que rechazamos un gobierno de concentración nacional y defendemos la continuidad y el reforzamiento del Gobierno de coalición progresista nos oponemos a cualquier tipo de acuerdo con la derecha? No, más bien todo lo contrario. Al menos, en el caso del que esto escribe. Por mucho que me parezca repugnante el juego de descalificaciones, insultos y provocaciones que, por ejemplo, tratan de implicar al poder judicial en el intento de procesar al presidente Sánchez, la mayoría de sus ministros y algunas de las principales autoridades sanitarias. Provocaciones y crispación que sólo interesan a la ultraderecha y, por lo que se ve, a parte de la derecha conservadora y sus terminales mediáticas y judiciales. A pesar de ello, el Gobierno Sánchez debería prestar más esfuerzos a dialogar también con el electorado de la derecha y el entramado organizativo de carácter sindical, gremial, religioso o social que lo representa, tanto en el sentido de aumentar las explicaciones, los motivos y los límites de las decisiones que toma como, previamente, antes de decidir, proponiendo acuerdos concretos a las fuerzas políticas de la derecha. Esa es la mejor forma de impedir que se instalen en la crispación o se sigan escudando en la falta de diálogo o en la sordera del Gobierno para hacer más estridente su oposición y encontrar más eco social para sus críticas.

Ese cambio en la actitud del Gobierno, que supondría más y mejor comunicación, escucha y diálogo con la ciudadanía y con la oposición, vale tanto para los graves problemas internos a resolver como para tener una voz y una presencia más potentes en Europa. En el ámbito interno es necesario debilitar el rechazo de los partidos de derechas a las medidas relacionadas con el rescate social, el fortalecimiento de la sanidad pública y el reconocimiento y la protección de sus trabajadores o la acción orientada a minimizar la destrucción de tejido productivo y empresarial y la desaparición de los salarios y empleos correspondientes. Y en el ámbito europeo es imprescindible lograr avances que supongan unas políticas e instituciones comunitarias más fuertes e implicadas en la superación de los graves problemas que hay que superar conjuntamente, con todos los recursos disponibles y con una mayor coordinación y desarrollo de las políticas y las instituciones comunes. De esa implicación europea en la lucha contra la pandemia y la recesión depende en buena parte la posibilidad de una salida popular a la crisis que permita proteger a la mayoría social, salvar el proyecto de unidad europea y reforzar el papel de Europa en el mundo.

Los Pactos de la Moncloa y un tiempo, un contexto y una sociedad que ya no existen

La propuesta de reedición de los Pactos de la Moncloa ofrece aspectos muy diferentes a la de un gobierno de concentración nacional, ya que no parece tener ninguna relación, de entrada, con los intentos de dividir y descabalgar al Gobierno de coalición progresista y responde a la poco precisa, pero muy difundida demanda social para que las fuerzas políticas remen juntas y aparquen sus trifulcas en aras de un bien común superior.

Tengo la impresión de que la propuesta de unos nuevos Pactos de la Moncloa, lejos de tener un contenido preciso, se utiliza como esos famosos significantes vacíos que sirven para un roto y un descosido, porque una parte de sus avalistas muestran un desconocimiento profundo sobre lo que fueron sus contenidos, objetivos y parcos resultados en el terreno puramente económico durante el corto periodo de tiempo en el que estuvieron vigentes. Lo que menos parece importar a los que reivindican su reedición es conocerlos en profundidad o darlos a conocer. Simplemente, se utilizan como un arma arrojadiza más que permite a los partidarios del Gobierno progresista reclamar cierta responsabilidad de la oposición y a ésta, denunciar que el Gobierno no tiene en cuenta en la misma medida las reivindicaciones de las fuerzas sindicales y las de grandes empresarios y empresas; lo que le permite a la derecha reforzar su papel de representación de las elites económicas y financieras y la gran patronal en su presión por obtener más ayudas gubernamentales y en la tarea de levantar trincheras preventivas frente a toda amenaza que suponga un incremento de sus costes fiscales o mayores restricciones normativas que les impidan trasladar a las plantillas los costes y riesgos que generan las crisis.

La actual sociedad española, al igual que el contexto económico y político o el grado de integración de la economía española en el mercado único europeo y los mercados globales nada tienen que ver con la España de 1977. El papel del PCE y de CCOO y la idea de la importancia de la unidad de todas las fuerzas favorables a construir un nuevo régimen democrático, lo más distante posible de la dictadura franquista, fueron cruciales para la firma de los Pactos de la Moncloa, mientras que ahora las derechas centran sus declaraciones en la descalificación de un Gobierno al que demonizan como social-comunista. La amenaza golpista fue un notable aliciente para alcanzar un acuerdo que pretendía evitar la complicación añadida que habría supuesto el mantenimiento de una alta conflictividad laboral que agravara aún más los grandes desequilibrios macroeconómicos y la delicada situación de buena parte de un tejido productivo y empresarial cargado de ineficiencias, por haber crecido al calor de la protección que le proporcionó el régimen franquista frente a la competencia exterior y en sus sectores más dinámicos y abiertos, por una inversión extrajera que no quería perder los favores recibidos del régimen franquista. La firma de los Pactos de la Moncloa el 25 de octubre de 1977 permitió al Gobierno de UCD, no a un gobierno de coalición o concentración, aplacar las luchas obreras, gobernar la espiral inflacionista, presionando a la baja los salarios reales, garantizar el apoyo del capital nacional y extranjero y permitir que Suárez liderara la compleja operación política, consensuada meses antes con la mayor parte de la oposición democrática, de desmantelar la estructura jurídica que había sostenido la dictadura franquista y levantar un nuevo entramado jurídico compatible con un nuevo orden democrático.

Nada de todo aquello existe hoy. Las circunstancias, el contexto, la sociedad, la escena política o la crisis del modelo capitalista y el orden mundial vigentes tienen nada que ver con los de aquellos tiempos.

Hoy, la mayoría social cuenta con un Gobierno de coalición progresista que, con todas las críticas razonables que pueden hacérsele, está volcado en la defensa de los intereses de la mayoría social

Hoy, la mayoría social cuenta con un Gobierno de coalición progresista que, con todas las críticas razonables que pueden hacérsele, está volcado en la defensa de los intereses de la mayoría social y en alejarse tanto como puede de los años de ignominia de recortes y presión sobre los bienes públicos, los salarios y los derechos laborales que caracterizaron las políticas gubernamentales a partir de la aceptación de las medidas de austeridad en mayo de 2010 y hasta la moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy en junio de 2018. 

Ahora, para proteger a la mayoría social y para que los costes de la recesión y la futura recuperación económica no se vuelvan a cargar sobre las clases trabajadoras es necesario que el Gobierno de coalición progresista persevere en su labor de servicio a la mayoría social, consolide la cooperación entre las dos patas que forman el Gobierno (para lo que es crucial que ambas partes renuncien a obtener ventajas partidistas o protagonismos a costa de sus socios) y amplíe las medidas que tienen por misión proteger a los sectores sociales más vulnerables. Pero para conseguirlo no puede contentarse con llevar su acción en solitario. Muy al contrario, circunstancias tan excepcionales requieren multiplicar el diálogo con el conjunto de la ciudadanía, intensificar las explicaciones sobre las medidas que toma y proponer acuerdos explícitos y públicos al conjunto de las fuerzas políticas, sindicales y sociales, sin exclusiones y por muy escasas que sean las posibilidades de que a corto plazo puedan lograr el apoyo de las derechas.

Para favorecer esa apertura al diálogo y al acuerdo del Gobierno Sánchez, la ciudadanía de izquierdas debe entender que las discrepancias y las críticas, aún las menos razonables, son parte consustancial de la democracia, sirven para espolear a los gobernantes a que expliquen sus decisiones, expliciten las razones que les llevan a tomarlas y precisen sus previsibles efectos y límites. La labor crítica de la oposición es también un elemento esencial de la democracia y la hacen efectiva, porque propician el debate público y favorecen el control y el juicio fundado de la ciudadanía sobre la acción política de las autoridades. Y sobre la labor del Parlamento y las diferentes fuerzas de oposición.

En esta lucha de la ciudadanía y las instituciones democráticas contra el desastre que representan el coronavirus y la recesión, hay que conseguir que el diálogo, el debate, las discrepancias, los acuerdos y las cesiones sean entendidos como componentes necesarios de la política democrática. Solo así conseguiremos salir de esta terrible crisis mejor preparados para la convivencia y para afrontar los retos de la recuperación económica con una sociedad y un régimen político más democráticos, que aprecien en lo mucho que valen los bienes públicos, los derechos humanos, la existencia de empleos decentes y salarios dignos, la preservación de los equilibrios ecológicos básicos y la atención y la solidaridad con los sectores sociales más vulnerables.

¿Ayudarían en algo a superar la crisis un gobierno de concentración nacional o unos...