La economía europea sigue mostrando un crecimiento muy escaso y frágil. Y las instituciones europeas siguen desatendiendo los graves problemas que impiden la recuperación del empleo y el bienestar de la población
Al igual que en el trimestre anterior, el crecimiento del PIB en España (0,5%) ha vuelto a superar el de la mayoría de los países de la eurozona en el tercer trimestre de 2014. Solo Grecia (0,7%) y Eslovaquia (0,6%), en la eurozona, y Rumania (1,9%), Polonia (0,9%) y Reino Unido (0,7%), en el resto de la UE, han crecido más que la economía española. El crecimiento trimestral del PIB de la eurozona sigue siendo mínimo (0,2%), porque aunque Alemania y Francia han vuelto a crecer, lo hacen a tasas mínimas del 0,1% y el 0,3% respectivamente; por su parte, el PIB de Italia sigue decreciendo en tasa trimestral (-0,1%).
Los datos de Eurostat muestran también que en España la inflación continuaba instalada en el mes de octubre en tasas anuales negativas (-0,2%), mientras en la eurozona crecía de forma muy modesta, aunque positiva, del 0,4%; porcentaje todavía muy alejado del mandato encomendado al BCE (por debajo pero cerca del 2%), aunque no parece que intente alcanzar ese objetivo de inflación con demasiado celo.
Los escenarios catastróficos no se confirman ni están más cerca que hace tres meses, pero tampoco se afirma la recuperación del crecimiento y la inflación a corto plazo… ni en cualquier futuro previsible.
El BCE reduce las previsiones de crecimiento del producto que realizó el pasado mes de septiembre y en sus últimas proyecciones económicas, publicadas hace unos días, prevé que el PIB de la eurozona crecerá 0,8% en 2014, 1,2% en 2015 y 1,5% en 2016; de esta forma, en el total de los tres años, el producto crecería casi un punto porcentual menos que en la previsión anterior, realizada hace apenas dos meses.
Obsesionados con la consolidación fiscal y la reducción del déficit público, olvidan cualquier otro objetivo, siguen despreciando la destrucción económica y social que causan los recortes y no terminan de abordar las insuficiencias y debilidades institucionales y estructurales que sufre la eurozona
Por otra parte, según el BCE, la inflación de la eurozona (Índice de Precios de Consumo Armonizados) crecería 0,5% en 2014, 1,0% en 2015 y 1,2% en 2016; en total, cuatro décimas menos que en las proyecciones del pasado mes de septiembre. Ese movimiento al alza del nivel general de precios sigue siendo tan desmayado como exasperadamente lento, evidenciando que los riesgos de que la eurozona entre en una tercera recesión o, incluso, en una situación de deflación siguen siendo reales, aunque no muy probables. Hay que resaltar que esa baja inflación supone un obstáculo añadido en la tarea de reducir la enorme deuda pública y privada que soportan España y buena parte de los países de la eurozona.
La economía europea sigue mostrando un crecimiento muy escaso y frágil. Y las instituciones europeas siguen desatendiendo los graves problemas que impiden la recuperación del empleo y el bienestar de la población. Obsesionados con la consolidación fiscal y la reducción del déficit público, olvidan cualquier otro objetivo, siguen despreciando la destrucción económica y social que causan los recortes y no terminan de abordar las insuficiencias y debilidades institucionales y estructurales que sufre la eurozona y que perjudican especialmente a los socios que sufren mayores desequilibrios en sus cuentas públicas y exteriores.
La austeridad no funciona y, además, es imposible que funcione. O, mejor dicho, la austeridad solo está funcionando para aumentar la rentabilidad y competitividad de las grandes empresas, a costa de las rentas salariales, la reducción de los bienes y las inversiones públicos y la pérdida de bienestar de la mayoría de la población. El aumento de la competitividad que ha experimentado la economía española en los últimos años se ha basado en la reducción de los costes laborales y ha permitido incrementar la rentabilidad de las grandes empresas, aumentar la productividad del trabajo, ampliar mercados exteriores a costa de los socios comunitarios con los que compite en precios (Francia, principalmente; pero también Italia) y ampliar los flujos de entrada de inversión extranjera directa. Tales mejoras relativas en la competitividad y rentabilidad de las empresas exportadoras permiten sostener un bajo y frágil crecimiento del producto, pero no pueden generar un nuevo motor de crecimiento ni consolidar un nuevo modelo de crecimiento sostenible. Más bien, en sentido contrario, profundizan y refuerzan las especializaciones que basan su competitividad en la reducción de precios y aumentan la productividad mediante los recortes de plantillas y la sustitución de empleos fijos por empleos precarios de inferior cualificación y remuneración. Eso es lo que da de sí la austeridad. La austeridad supone una losa sobre el crecimiento y, lo que es aún peor, sobre el potencial de crecimiento, ya que destruye capacidades productivas y tejido empresarial viables.
El aumento de las exportaciones conseguido mediante la presión sobre los salarios y los derechos de las clases trabajadoras no permite compensar la debilidad de la demanda interna ni equilibrar de forma sostenible las cuentas exteriores. El equilibrio de la balanza por cuenta corriente conseguido en los últimos tiempos descansa en dos pilares: una mayor competitividad asociada al recorte continuo de costes laborales y fiscales; y un crecimiento mínimo de la actividad económica para lograr que la debilidad de la demanda interna contenga las importaciones.
La estrategia conservadora de salida de la crisis basada en la austeridad y la devaluación salarial solo autoriza a caminar en una dirección: un largo túnel de bajo y precario crecimiento, no exento de potenciales nuevos episodios críticos, que no permite vislumbrar cuándo se recuperarán los empleos, los salarios, los bienes públicos y los derechos perdidos. Ese escenario central de bajo crecimiento es el único compatible con las políticas económicas que están en vigor y su consecuencia lógica.
La agitación de los medios de comunicación afectos al Gobierno del PP pueden coyunturalmente camuflar esa realidad, pero no hay solución cabal a los problemas de la economía española y del resto de los países del sur de la eurozona sin romper con las políticas de austeridad impuestas por la derecha conservadora, los mercados y las instituciones europeas. España no va bien ni puede ir bien mientras prevalezcan las políticas de austeridad, por mucho que las rentas del capital y de la propiedad crezcan a costa de las rentas salariales y que el crecimiento estadístico de la productividad del trabajo y la reducción real de los costes laborales y fiscales hagan más competitivas a las empresas exportadoras y aumenten la capacidad de atracción de la economía española para la inversión extranjera. España no va bien porque el muy alto nivel de desempleo se perpetúa con las políticas de austeridad y devaluación salarial, la mayoría de la población pierde capacidad adquisitiva, los empleos son cada vez más precarios y los bienes públicos se privatizan y deterioran.
La derecha española cree que ha descubierto, al calor de las políticas de austeridad impuestas por las instituciones europeas, un nuevo modelo de crecimiento compatible con cifras insoportables de desempleo y el estancamiento de los salarios. Más aún, sabe fehacientemente que el mantenimiento del desempleo masivo, la precarización del empleo y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios son condiciones necesarias para recuperar la rentabilidad de las empresas, facilitar el trasvase masivo de las rentas del trabajo a favor de las rentas del capital y favorecer un recorte y deterioro de los bienes públicos que permita ampliar el negocio privado. La debilidad de la demanda de los hogares, la reducción del gasto y la inversión del sector público y las altas tasas de desempleo resultan funcionales para aumentar las ganancias de las rentas del capital, equilibrar a la baja la balanza por cuenta corriente y mantener vivo el objetivo de la consolidación fiscal.
Las nefastas políticas estructurales que desregulan los mercados laborales para complementar las políticas de austeridad y promover la devaluación salarial no pueden arreglar nada. Es hora de la política y de hacer comprender a la derecha y a los poderes económicos que la mayoría social no acepta más recortes, que la ciudadanía no traga más austeridad. No solo es que sea difícil creer, por lo que se ve a nuestro alrededor, que la precaria reactivación que se está produciendo suponga una mejora. Es que la ciudadanía ya sabe que el aumento de las rentas del capital y de la rentabilidad de las empresas, lejos de suponer una mejora significativa del empleo o la recuperación de los salarios, los bienes públicos perdidos o los derechos laborales eliminados, está significando y presupone la perpetuación del desempleo, la extensión del empleo indecente y los salarios que no permiten alcanzar unas condiciones de vida dignas y el reino de la desigualdad y la exclusión social.
La ciudadanía debe afrontar un dilema esencial en los próximos meses: sostener las políticas de austeridad y devaluación salarial que consolidan y profundizan las estructuras y especializaciones productivas que presenta en la actualidad la economía española o promover un cambio que permita acometer inversiones modernizadoras de estructuras y especializaciones productivas que impulsen la productividad global de los factores, mejoren la gama de los bienes producidos y exportados y permitan conseguir empleos y salarios decentes y un Estado de bienestar digno de tal nombre.
Y en términos políticos, el dilema se traduce a corto plazo en una opción primaria: escuchar lo que plantea y reivindica la mayoría de la sociedad o escuchar lo que exige la patronal, el capital financiero y las grandes empresas. Lograr una mayoría progresista para alcanzar el poder político y utilizar esa herramienta para incrementar la protección de los sectores sociales más desprotegidos y más golpeados por la crisis y dar prioridad a la creación del empleo decente y a la reversión de los derechos y bienes públicos perdidos o dar por bueno que los partidos políticos y elites económicas responsables del austericidio sigan en el poder otros cuatro años y mantengan, con algunos retoques imprescindibles, los mismos objetivos, prioridades y políticas que han provocado tanta desolación.