viernes. 29.03.2024

El PP busca refugio: acerca de la Ley de Protección Integral de la Familia de la Región de Murcia

Lopez-Miras

La prensa regional y nacional se ha hecho eco del contenido del Anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Familia de la Región de Murcia que, al parecer, el Gobierno Regional quiere registrar lo antes posible en la Asamblea Regional para su debate y aprobación si procede. No sabemos hasta qué punto no deja de ser una ley de carácter propagandístico, de esas que afirman en su exposición de motivos que vamos a ayudar a la familia de la Región pero no sabemos cómo, porque cada vez hay que profundizar más en el tesoro público regional para encontrar un triste billete de cincuenta euros. Hay poca gente que confíe ya en que una ley de servicios sociales venga acompañada de una mínima dotación presupuestaria para que no sea considerada un fraude a los anhelos sociales. Añadiríamos que quedará poca gente pesimista, u optimista bien informado, que conozca los servicios sociales de la CARM y no valore, por un lado, la profesionalidad de todo su personal y el dejarse llevar a ningún lado y sin ningún objetivo de los gestores políticos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Tal es nuestro tiempo y las costumbres que arrastramos desde hace demasiados años.

No obstante, un anteproyecto de ley que pretende, según la propaganda oficial, “otorgar una atención prioritaria a las familias más necesitadas, las que requieren una especial protección. Familias numerosas, monoparentales, con personas mayores o dependientes a cargo, con personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad” (La Verdad Digital, 21 de octubre) llega a la conclusión, no sabemos cómo, de que “las Administraciones Públicas, consciente (sic) de que el aborto no es un derecho sino que constituye un fracaso del proceso natural de la maternidad, desarrollarán en la Región de Murcia actuaciones de apoyo a las mujeres embarazadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley 11/2009, de 1 de diciembre, por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada” (artículo 74, Anteproyecto de ley), armándose “la del talibán que custodiaba las adormideras de la meseta afgana kalashnikov en mano” sin que el autor o autores, se supone que del staff político de la consejería, desvelen cuales son las administraciones públicas que son conscientes del fracaso del proceso natural de maternidad o como han llegado a esa omnisciencia.

Sin embargo, no nos interesa tanto (para este artículo) la preocupación de las organizaciones feministas, de los partidos políticos contemporáneos (de los que hunden sus raíces en el Medievo mejor no hablar) o de la sociedad en general, que contemplan atónitos como se camufla ideología ultramontana en un borrador de ley. En realidad es lógica la reacción airada de mucha gente que rechaza el intento de limitar derechos individuales o que exista la osadía de catequizar sobre un asunto ya muy superado en la agenda política. El aborto es un derecho con independencia de los acercamientos personales, emocionales, ideológicos, culturales, religiosos o de cualquier otro tipo al mismo. Añadiríamos que es un derecho del ámbito privado y más íntimo de las mujeres y no del de la batalla política o el escarnio público como algunos grupos de presión pretenden. Como decíamos, no nos preocupa tanto la reacción al borrador de ley como que hay o quién hay detrás de la gestación de la misma. Sabemos, por ejemplo, que detrás de las leyes de Aceleración Empresarial y de creación de la ARCA está la confederación empresarial CROEM. Fueron proposiciones de ley que se elaboraron con la oscuridad propia de cuando se quieren burlar los dictámenes del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y del Consejo Jurídico Regional y así se hizo. Debajo de un limonero, con una vela y sin wifi a treinta kilómetros a la redonda. Sorprende, no obstante, que la necesidad de una Ley de Protección Integral de la Familia de la Región de Murcia fue sometida a información pública en el Portal de la Transparencia de acuerdo con el artículo 133 de La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y que tuviera un resultado absolutamente descorazonador de participación de la sociedad civil. Solo 20 personas participaron en la encuesta, no participó ninguna entidad (¡Y mira que hay oenegés dedicadas a la protección de la familia!), 11 fueron hombres (¡Sí!)) y 9 mujeres. En cuanto a las localidades de las personas participantes, 14 fueron de la ciudad de Murcia, 3 de Cartagena y 1 de San Pedro del Pinatar y Alcantarilla respectivamente. Hubo 20 días de consulta (entre el 6 y el 26 de abril de 2018) en línea y participó una persona por día (1). Habría que preguntar, habría que preguntarse, que difusión se le dio a la consulta, en qué medios de comunicación se publicó, que oenegés del sector fueron consultadas, o a qué oenegés se informó, para que alentaran a sus asociados a participar. En realidad, la participación nos puede dar una idea del interés de la clase gobernante por hacer coparticipe a la sociedad de su gobierno y de convertir la transparencia en una herramienta transversal de hacer política, porque si la ciudadanía no participa la culpa no es suya, es de quién tiene la obligación de estimularla.

Posiblemente una de las respuestas a la información pública del Anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Familia de la Región de Murcia nos acerque a solucionar el enigma de qué administraciones públicas consideran son conscientes de que el aborto no es un derecho sino que constituye un fracaso del proceso natural de la maternidad; administraciones públicas u organizaciones que defienden planteamientos contrarios al aborto o al matrimonio entre personas del mismo sexo. Un participante propone “seguir las propuestas del Foro de la Familia de la Región de Murcia” (sobre su ideario http://www.forofamiliamurcia.org/). Alrededor de los casi 23 años de gobierno del PP en la Región de Murcia gira una constelación de asociaciones que comparten ideología, reciben subvenciones generosas, tienen una visión de la familia y de la sociedad extremadamente conservadora y consideran el aborto un crimen. Precisamente ahora, cuando el PP asemeja a un barco a la deriva que amenaza con encallar las próximas elecciones autonómicas, vuelve a acordarse de la familia, de su concepto de familia, menospreciando los cambios sociales que se han producido y que nos hablan de una pléyade de nuevas formas de convivencia personal y colectiva. Y además sin prácticamente un euro para poner sobre la mesa burlándose de una sociedad que clama por la recuperación de los pilares mínimos de un estado del bienestar.

(1)- Para más información: https://transparencia.carm.es/-/ley-proteccion-integral-familia

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