La constitución de una Empresa Pública que recupere la gestión de las ITV debería ser una prioridad de esta administración. Supondría recuperar recursos que podrían ser utilizados en sectores como la educación, la sanidad o los servicios sociales
Parece no levantar polémica la afirmación de que la Región de Murcia sale muy perjudicada con el modelo de financiación autonómica en vigor desde 2009. Junto a la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía que menos recursos recibe por habitante. Es también lugar común que el Gobierno Regional achaca a esa infrafinanciación el galopante déficit público que supera ya los 9000 millones de euros. No lo es tanto preguntarse para que sirve un autogobierno incapaz de generar ingresos propios, de incentivar el desarrollo económico y de repartir equilibradamente el presupuesto anual incidiendo en las áreas prioritarias que garantizan una mínima calidad de vida a la ciudadanía de este país. No es una pregunta que se suela o interese hacerse porque las conclusiones podrían resultar demoledoras y afectarían a la razón misma de la descentralización política iniciada a partir de 1978.
Hace unos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), ese organismo cuya creación fue impuesta por la canciller alemana Merkel junto (dicen) a la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, supeditando derechos económicos y sociales al pago prioritario de la deuda pública, volvió a insistir que la Región de Murcia debe ajustar su escenario presupuestario y su ejecución para compensar riesgos detectados, es decir, debe bloquear los pagos y dejar sin efectos propuestas de gasto de los Presupuestos Generales de 2017. Seguimos siendo una comunidad autónoma intervenida que sobrevive merced a las transfusiones de dinero proveniente del FLA, con un Gobierno Regional incapaz de incidir positivamente en un entorno económico que debería ser dinámico, creativo y diverso. Es lo mínimo esperable de una comunidad autónoma que fue creada para acercar la administración a la ciudadanía pero también para gobernar en las materias que le son propias o delegadas. Por supuesto, gobernar en el sentido fuerte de la palabra, no ir en procesión mendicante exponiendo agravios y zafándose por lo mismo de sus responsabilidades políticas. No quiero entrar en la decisión del Gobierno Regional de eliminar de facto el Impuesto de Sucesiones, decisión al parecer de tipo moral pero que supone seguir enajenando ingresos necesarios para ir desacelerando el déficit público de la Comunidad Autónoma. Pero si quisiera dejar apuntando antes de entrar en materia que la imposición indirecta, tan del gusto de los gobernantes y del empresariado, no provoca ni protestas ni campañas políticas y va permeando una sociedad cada vez más desigual e insolidaria.
En la alocada carrera del Gobierno Regional de enajenarse fuentes de ingresos, tan al gusto neoliberal, defendido por el Consejero de Empleo, Universidades y Empresa, debemos incidir de nuevo en el conflicto laboral que mantienen desde junio de 2017 los trabajadores de las ITV gestionadas hasta septiembre de este año en régimen de concesión y sus homólogos de la ITV pública de Alcantarilla. Los primeros como reacción a la decisión del consejero del ramo de hundirlos en el régimen de autorización administrativa, y los segundos en su defensa del carácter público de la ITV. En general, sabemos que es y que supone la llamada desregulación de una actividad económica, en el caso del que hablamos un servicio público. La experiencia indica que la autorización administrativa supondrá, frente al anterior régimen de concesión, el reparto de un pastel económicamente muy rentable a los amigos del poder de turno. Un reparto por cierto a perpetuidad, a diferencia de la concesión que permite a los mismos, u otros, amigos del poder de turno participar en el mismo por un tiempo limitado. Lo que menos importa al Gobierno Regional son las consecuencias económicas y en el resto de derechos laborales que supondrá a los trabajadores de la ITV. Tales consecuencias no afectan a su talante ni suscitan valoraciones de tipo moral.
Desde mediados de febrero de 2017, el Consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, se ha esforzado en tomar las peores decisiones en los peores momentos a cuenta del conflicto con las ITV regionales. Ha llegado a acuerdos con las organizaciones sindicales sin tener suficiente apoyo parlamentario de respaldo y, sobre todo, ha sido opaco en todo lo relacionado con la documentación técnica y estudios económicos que se supone ha debido realizar la Consejería para defender su modelo de gestión de las ITV. Durante meses la única documentación se reducía a dos folios sin membrete oficial. El Consejo de Gobierno aprobó un decreto-ley para su publicación en agosto que la Asamblea Regional tumbó en septiembre. Los contactos posteriores con las organizaciones sindicales, en plena movilización de los trabajadores de las ITV regionales con paros diarios y con una huelga indefinida que se iniciará, si no hay acuerdo, el próximo 2 de noviembre no han tenido mejor talante negociador desde el momento que el Consejero parecer desconocer las reglas del juego de la negociación colectiva.
Hace poco más de una semana salió a la luz pública un informe encargado por la Dirección General de Energía y Actividad industrial y Minería a la Consultora Inforges, en concreto el Estudio de la Nueva estructura del Servicio de ITV en la Región de Murcia, de diciembre de 2016, que no fue facilitado ni al Consejo Económico y Social, ni a los partidos políticos que lo pidieron ni a las organizaciones sindicales tanto de las ITV privadas como de la pública de Alcantarilla. El Informe constata lo que todos sabemos: que la gestión de las ITV regionales, que prestan, no podemos olvidarlo, un servicio público es un negocio redondo, y que la ITV de Alcantarilla es la más rentable de todas a pesar del sistemático deterioro de sus instalaciones, medios técnicos y humanos planificado por la consejería del ramo durante al menos una década. No voy a entrar aquí en las razones por las que a una información que debería ser pública se la ha tapado con un pesado velo de opacidad. Las sospechas son muchas aunque de demostración compleja. Sabemos que los gustos neoliberales no son partícipes de los servicios públicos al considerar que prácticamente todas las relaciones que se entablan en una sociedad deben ser de carácter económico. No obstante, la venta del patrimonio inmobiliario regional todavía en curso y la transferencia de recursos públicos al sector privado no han hecho sino empobrecer a la comunidad autónoma, disparar la deuda pública regional y deteriorar los soportes de un incipiente Estado del Bienestar.
Volviendo al inicio de este artículo, es posible que la Región de Murcia necesite otro modelo de financiación más justo y equilibrado. Es posible que, como afirma el Consejero de Hacienda, ese nuevo modelo aporte a las arcas regionales 150 o 200 millones de euros adicionales. Pero también sería necesario preguntar que hacer mientras tanto. ¿Por qué el Gobierno Regional decide enajenar sus fuentes de ingresos con la cesión al sector privado de las ITV regionales? ¿Por qué no sigue la senda iniciada por otras comunidades autónomas y recupera servicios externalizados de gran rentabilidad?, ¿por qué justifica sus decisiones económicas sin datos que las avalen u ocultan los mismos? Las preguntas tienen respuestas, sin duda.
La constitución de una Empresa Pública que recupere la gestión de las ITV debería ser una prioridad de esta administración. Supondría recuperar recursos que podrían ser utilizados en sectores como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Es mentira que la gestión privada de las ITV rebajarían sustancialmente las tasas a abonar. No ha ocurrido en ninguna comunidad ni ocurrió en la nuestra a partir de 1997, cuando se implantó el régimen de concesión. Esperar soluciones foráneas no hace sino poner en tela de juicio la misma existencia de una descentralización política y administrativa. Mirar y culpar a los demás es una estrategia muy manida. Coger el toro por los cuernos (lamento el símil político aunque es muy adecuado a las preferencias del Gobierno Regional) es lo que toca.