En las dos últimas semanas la Consejera Empresa, Industria y Portavocía y Coordinadora Regional de Ciudadanos (Cs), Ana Martínez Vidal, ha decidido significarse políticamente como nueva líder de la formación naranja acumulando una torpeza política tras otra a cuenta de la subida salarial de los empleados públicos para 2021. La bisoñez política suele ejercitarse en solitario, pero cuando se dirige una organización política cuenta con el jadeo de los acólitos. Léase, por ejemplo, el artículo de opinión del responsable de programas de CS región de Murcia en el digital Murcia Economía (“Permítanme que insista”, 15 de noviembre de 2020).
Ser torpe es un atributo del que raramente escapa cualquier persona. En algún momento de la vida todos hemos actuado torpemente, aunque la experiencia y la comprensión, en este caso, de la realidad social suele ser un buen antídoto para contenerla en sus justos términos. Aunque tal vez ocurra que en la res publica exista también una torpeza política innata que explique que unos partidos políticos gobiernen y otros sean proyectos inacabados que terminan en el basurero del mercado electoral. Adelanto que este no es mi deseo para Ciudadanos.
Todo el preámbulo es necesario si queremos desenredar la madeja en la que anda envuelta la consejera Martínez Vidal ante un debate, tan pertinente como legítimo, sobre las retribuciones de los empleados públicos en tiempos de pandemia. Es conocido que siempre que ha habido crisis económica se le ha congelado o bajado el salario a los funcionarios. Lo hizo Felipe González después de los fastos de 1992, lo hizo Aznar nada más comenzar su mandato, repitió Rodríguez Zapatero en junio de 2010 y no desmintió tal premisa, todo lo contrario, Mariano Rajoy en 2012. Añadir que es una medida que no suele provocar respuestas airadas de la sociedad y que suele ser utilizado para airear supuestos privilegios laborales que anticipa privatizaciones de lo público.
Pero, ¿en qué tela de araña se ha enredado Martínez Vidal con el silencio más absoluto de los más experimentados cargos políticos del Partido Popular de la Región de Murcia y de algunos otros de su propia formación? Porque es sabido que no es responsabilidad de CS la gestión de los más de 50.000 empleados públicos de la comunidad autónoma.
Veamos :
Martínez Vidal decidió que la ley de presupuestos regionales permite enmendar la normativa básica del Estado. Por ejemplo, quitarles a los docentes y a los funcionarios de la Administración General de la CARM y sus organismos autónomos, las hipotéticas subidas salariales contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. De ese caballo ya se cayó aunque no viera la luz. Argumentó que alguien se lo había dicho en Madrid aunque nunca sabremos quién fue. La Opinión de Murcia informó el pasado 12 de noviembre que “Madrid corrige a Martínez Vidal y obliga a subir el 0,9% a la plantilla” añadiendo que “la Comunidad ha consultado al Ministerio si es posible congelar el sueldo a los funcionarios”. Resulta difícil de creer que la Consejería de Presidencia y Hacienda, competente en todo lo relacionado con las retribuciones de los empleados públicos, haya realizado tal consulta porque sus asesores jurídicos conocen perfectamente desde los inicios de esta comunidad autónoma, allá por los primeros ochenta del Siglo XX, la respuesta, y para perder el tiempo seguro que no están.
Hemos dicho que la consejera Martínez Vidal cayó del caballo sin ver la luz, a diferencia de lo que le ocurrió a San Pablo allá por los albores del cristianismo. No obstante, enmendada por “Madrid” guardó silencio con algún “permítanme que insista” de David Sánchez que, ya lo hemos dicho, es responsable de programas de CS Región de Murcia. El silencio podía indicar la asunción de que era mejor no insistir en el error o todo lo contrario, alfombrar el camino con adoquines utilizables para la siguiente torpeza. Y esta se materializó el pasado miércoles con una reunión de Martínez Vidal con los sindicatos corporativos del Servicio Murciano de Salud (SMS), CEM, SATSE, SAE y SPS al margen de los denominados, por no se sabe quién, generalistas, CCOO, UGT y CSIF. Habrá que recordar que los dos primeros son sindicatos de clase y los dos más representativos tanto en España como en la Región de Murcia, cosa que tiene su importancia como veremos más adelante, aunque Martínez Vidal y su think tank particular parezcan desconocerlo.
Por fin el silencio enmudeció y se hizo la palabra. Un titular del diario La Verdad de Murcia nos lo ilustra: “Cs lleva al Gobierno (léase Regional) la lucha sindical para conceder una gratificación a los funcionarios”. En realidad Martínez Vidal ha llevado la lucha, sin calificativos, al Gobierno Regional y ha puesto en aprietos a su conductor y a una fructífera concertación social con las organizaciones sociales que “contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios” de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución Española, esta última frontispicio de toda sede de CS que se precie en nuestro país. Porque la Coordinadora Regional de Cs ha despreciado a dos de las tres organizaciones sociales que están pactando tanto nacional como regionalmente la protección económica y social de las empresas y trabajadores frente a la terrible pandemia que estamos padeciendo. No es necesario recordar que tanto la CEOE como la CEPYME, CCOO y UGT están demostrando su profundo conocimiento de las necesidades de nuestro país mediante acuerdos que han impedido hasta el momento que la pobreza se enseñoree de España llevando la desesperación y la frustración social a cotas inasumibles política y socialmente. Tal es el motivo de que, en nuestra opinión, es la lucha partidista la que se ha llevado al seno del Gobierno Regional y no la sindical como se indica en algún medio de comunicación.
Las torpezas que se reiteran siguen siendo torpezas. Aquí no vale la adaptación de la máxima de Joseph Goebbels. EL Gobierno Regional de coalición lleva el camino de convertirse en un remedo del nacional, con sus miembros contradiciéndose y buscando desesperadamente el titular de prensa para significarse y diferenciarse políticamente. Y en ese escenario está la consejera Martínez Vidal. Habrá que recordar que López Miras firmó el 16 de mayo con CROEM, CCOO y UGT el Pacto Regional del Diálogo Social para la reactivación ante la pandemia del Covid-19, algunas de cuyas medidas, como el pago de la diferencia entre lo que se abona por estar en ERTE y el salario mínimo interprofesional (SMI), o las ayudas al alquiler de la vivienda para aquellas personas que lo necesitan, se están desarrollando en la actualidad.
Pero es que además Martínez Vidal no solo pone en aprietos al Presidente López Miras, también entra como un elefante en una cacharrería en esferas de gestión política que le son impropias, como la de los recursos humanos, que recaen en exclusividad en el Consejero de Presidencia y Hacienda, interviene inopinadamente en la autonomía de las partes en una negociación y desprecia a la mayoría sindical en la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo de la Administración Pública Regional. Y sobre todo, se atreve a decidir quién merece ser recompensado y quién no por desarrollar eficaz y eficientemente su profesión durante la pandemia. Porque, seamos sinceros, hace falta un cirujano de recursos humanos con una experiencia extraordinaria y un instrumental muy preciso, para diseccionar los merecimientos sin provocar una oleada de malestar e indignación entre parte de los sujetos sometidos a tan arriesgada operación.
Tendremos que recordar que Cs dirige consejerías de una gran trascendencia durante la lucha contra la pandemia. Por ejemplo, la de Empleo, Investigación y Universidades, y la de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de las que dependen, y esto es significativo, los organismos autónomos Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Servicio de Formación y Empleo (SEFCARM), centradas durante la pandemia en la gestión de los centros ocupacionales y residencias de personas mayores propios y en la gestión de los ERTE. ¿Cómo va a diseccionar el cirujano este tejido tan sensible e indiferenciado?, ¿o cómo va a decidir lo que es o no merecedor de reconocimiento a través de los presupuestos regionales?, ¿les va a decir Martínez Vidal a los empleados públicos de su consejería, la de Empresa, Industria y Portavocía que desmerecen por hacer su trabajo o por elegir libremente una u otra profesión?, ¿o se va a reunir con los sindicatos del ámbito docente para comunicarles que su exposición a la COVID-19 y su compromiso con la educación y el progreso del país está en un escalón inferior a la nueva jerarquía de las profesiones dignas?.
¿Hemos vuelto a la Edad media, señora consejera?
Vamos terminando. Desde 2012 hasta la actualidad, el bisturí de los recortes consiguió erosionar significativamente la calidad de la sanidad pública. Recortó sueldos, redujo los ratios de personal por número de pacientes, privatizó servicios, expulsó del empleo público a magníficos profesionales. También el bisturí sajó indiscriminadamente masa crítica de unos servicios públicos que satisfacían necesidades básicas de una sociedad plural y compleja como la española. Todas aquellas actuaciones que perseguían hacer inviable la satisfacción en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos por parte de las administraciones públicas perseguían sencillamente privatizar lo común. A finales de 2020 estamos pagándolo a un precio cada vez más inasumible socialmente. Es tiempo de buscar soluciones globales de futuro, no navegar en el cortoplacismo electoral y todo tipo de populismos estériles, señora consejera Martínez Vidal.