jueves 09.04.2020

El fiasco del Decreto-Ley de las ITV de la Región de Murcia

La utilización abusiva de los decretos-ley cuando no se tienen suficientes apoyos en sede legislativa es una constante de los últimos años

La publicación de la derogación del Decreto-Ley 2/2017. de 2 de agosto, de prestación del servicio público de inspección técnica de vehículos de la Región de Murcia acordada por el pleno de la Asamblea Regional de 4 de septiembre (BORM, 6 de septiembre de 2017) pone de manifiesto algo que todos sabemos sobre la gobernanza de la Región pero que no expresamos con la suficiente contundencia: el Gobierno Regional como colegio y cada uno de sus miembros anda enredado en la maraña de un apoyo parlamentario minoritario y es incapaz de desenvolverse en la cultura de la negociación y del pacto de las democracias avanzadas. A cambio, juega en muchos casos a juegos de azar que en algunos casos reporta beneficios y en otros ridículos espantosos. Y estos últimos, en el contexto político y social en el que nos desenvolvemos, parecen anunciar el fin de un ciclo político que inició su andadura allá por 1995.

El extraño e irresponsable manejo del Consejero de Empleo, Universidades y Empresa para que las rentas de la gestión privada de las ITV regionales manaran en las fuentes de manos amigas se ha convertido en uno de los mayores fiascos políticos del partido gobernante, y hasta hace dos años hegemónico, en la Región de Murcia. Y lo ha sido de la mano de un político activo y altivo, posiblemente capaz en algo que no sea la gestión de la res publica y con un perfil ideológico, al menos en sus manifestaciones públicas y en sede parlamentaria, neoliberal, y que ha conseguido el mérito de enfrentarse políticamente a todos los grupos políticos de la Asamblea Regional y a todas y cada una de las organizaciones sindicales presentes en la Administración General de la Comunidad Autónoma. En un entorno público de transparencia, por mucho que el Gobierno Regional haya institucionalizado la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz para convertir en papel mojado todos y cada uno de los artículos de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Juan Hernández ha utilizado la táctica del calamar que con su tinta intenta ocultarse y ocultar sus intenciones. Desde febrero de 2017 el Consejero no ha repartido cartas, ha guardado la baraja en su cartera y no ha permitido el juego de la negociación si no lo era al servicio de la manipulación y de la constante emisión de tinta para ocultar la información económica que partidos políticos y sindicatos le exigían. En un juego político en el que participan cuatro partidos políticos no ha cerrado acuerdo alguno con ninguno de ellos y ha conseguido que Ciudadanos le lance el órdago de la liberalización total de las ITV regionales a cambio de su apoyo en los Presupuestos Generales de 2018.

La utilización abusiva de los decretos-ley cuando no se tienen suficientes apoyos en sede legislativa es una constante de los últimos años. En algunos casos supone lanzar el anzuelo en aguas procelosas a la espera de que un partido minoritario pique, o haga como que pica, mientras bajo mano se negocia un acuerdo. Eso cuando el político de turno es hábil y no juega al despiste y a las medias verdades que se desvelan inmediatamente a cualquier inteligencia mediana. Desde febrero de 2016, Juan Hernández ha sido anfitrión de reuniones de negociación sin contenido alguno al menos en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma, ha desdeñada las innumerables peticiones de información económica y administrativa sobre las ITV, ha despreciado la conciliación laboral no participando en los intentos de acuerdo previos a la huelga y ha desarrollado una, al parecer, ineficaz actividad ante la prensa para llegar a dónde ha llegado: a que la Asamblea Regional le rechazara un decreto-ley votado el mismo día de la finalización de las concesiones de las ITV regionales. Juan Hernández ha querido, en definitiva, negociar quedándose con la integridad del pastel de las ITV en lo que acertadamente se ha llamado capitalismo de amiguetes o de boletín oficial.

Nunca sabremos la cerrazón del consejero para negar el punto de encuentro que podría haber evitado el ridículo parlamentario que ha sufrido él y el Gobierno Regional: el mantenimiento de la ITV de Alcantarilla como pública y la dotación de los medios técnicos y humanos para que siguiera ingresando dividendos en las maltrechas arcas públicas regionales. Una posibilidad real de febrero a agosto que ya no satisface a las organizaciones sindicales de la Administración General de la Comunidad Autónoma. FSC-CCOO Región de Murcia defendió desde el principio la gestión directa de las ITV regionales mediante la creación de una empresa pública, posibilidad que supondría ingresos adicionales en las arcas públicas y aflojaría un poco la soga de los 8.000 millones de deuda pública regional. El ridículo mayúsculo del Consejero de Empleo, Universidades y Empresa debería suponer su dimisión o cese inmediato. Posiblemente Juan Hernández, neoliberal declarado en sede parlamentaria, ante la empresa y en mesas de negociación, haya dado por muerta con demasiada ligereza la lucha colectiva de los trabajadores de la ITV de Alcantarilla y el objeto de las organizaciones sindicales en el mundo actual. Sin duda un craso error.

El fiasco del Decreto-Ley de las ITV de la Región de Murcia