jueves. 28.03.2024

El arte de negociar las leyes en secreto

murcia
Alfonso Galdón, presidente del Foro de la Familia y Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia

Hay debates que se nos escapan de las manos, son como los terrones de azúcar que se disuelven en el café. Observamos su profundidad, su consistencia y segundos después comprendemos el absurdo de los mismos y su intranscendencia social. La política de la clase gobernante parece girar alrededor de esa paradoja: la nada engalanada en grandes artificios propagandísticos. Es lo que ha ocurrido con el Acuerdo, de 12 de noviembre, para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo en la Administración Pública de la Región de Murcia: pólvora gastada que no soluciona nada. Pero ese es otro tema que no vamos a tratar ahora, y que está relacionado con los débiles andamiajes que sostienen un edificio casi en ruinas: el de la Administración Regional y el de los derechos que debe garantizar a la ciudadanía de esta Región. Ni una ni otros mantendrán el equilibrio que los mantiene en pie si no se crea empleo público neto. Los firmantes del acuerdo lo saben, pero todos miran para otra parte.

Vivimos en una Región que ha descubierto que las leyes hay que negociarlas en secreto antes de presentarlas en la Asamblea Regional. No sea que la transparencia sea la muerte de la política si hacemos caso al filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que añade que “solo se pide transparencia insistentemente en una sociedad en la que la confianza ya no existe como valor” (El Pais, 22 de marzo de 2014). ¿Queda algún resquicio de confianza en el mundo político de la Región de Murcia?, ¿y entre la ciudadanía?, ¿nos miramos con desconfianza, actuamos con desconfianza, nos reunimos con nuestros afines y hemos rechazado definitivamente el pacto como resolución de conflictos?. Parece que las respuestas pueden resultar sombrías. Vivimos en la oscuridad y buscamos la oscuridad, y en ella solo podemos convivir con nuestros iguales ideológicos. Lo contrario sería trágico para la supervivencia política.

El secreto, decimos, se ha convertido en el eje que mueve la política murciana. Alfonso Galdón, presidente del Foro de la Familia de la Región de Murcia, es, no obstante, transparente en sus declaraciones. En una entrevista declara que “llevamos ocho meses trabajando en secreto esta ley (se refiere a la Ley de Protección Integral de la Familia de la Región de Murcia), y estamos completamente de acuerdo con ella” (La Verdad, 24 de noviembre). El Gobierno Regional también, si no lo la hubiera presentado como proyecto de ley en la Asamblea Regional. En puridad es un proyecto de ley que responde a criterios de otra época, en los que no se reconocían numerosos derechos individuales, o estaban muy limitados, y el Estado trasladaba a las leyes su visión doctrinal del mundo y de las relaciones (personales, colectivas, económicas, culturales…) de todo tipo que se desarrollaban en su ámbito de poder. Es un proyecto de ley que decide lo que es bueno y lo que es malo en un contexto social en el que puede que la opinión social no sea coincidente, de lo contrario no se entiende que una ley se negocie en secreto durante muchos meses. Mientras el debate gira en torno a si el aborto es un derecho o un fracaso, los servicios sociales de nuestra región viven una situación crítica. Servicios sobre los que hay que actuar (derechos de las familias numerosas, desarrollo de los derechos de la infancia,  conciliación de la vida laboral y familiar,  Plan Regional de Familia 2016-2020, que no sabemos en qué cajón de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades duerme) languidecen por falta de presupuesto y de personal.

Por desgracia el secreto se ha convertido en la herramienta de negociación por antonomasia del Gobierno Regional. Tal vez algo tenga que ver “el crepúsculo de los dioses” de lo que parecen ser los últimos meses del gobierno, al menos en solitario, del Partido Popular. Hay otras leyes que se han negociado a espaldas de la sociedad o de sus representantes de la sociedad civil. Sin luz y taquígrafos, alrededor de una mesa, sin que el viento de las calles y las voces que arrastra se escuchen en lugares cerrados que huelen, a veces, a sacristía, otras a metales pesados o a decadencia del Medio Ambiente. Por ejemplo, la llamada Ley de Aceleración Empresarial, o la de creación de la Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA), o la ópera bufa que supuso los inicios, y la conclusión, de ley que debía regular la prestación de servicio público por parte de las ITV. Tanto secretismo se puede entender de muchas maneras: como la transmisión de sabiduría de la casta de los sacerdotes, como el desprecio a la razón de cualquier gobierno (el bienestar de la ciudadanía), como el predominio del lobby o cabildo en la esfera de la gobernanza, como la pérdida de la confianza en la negociación como valor deseable en democracias avanzadas. Todas estas posibilidades se resumen en la sospecha de que el Gobierno Regional ya no legisla para la mayoría social. Busca dejar asuntos, seguramente no todos, atados y bien atados antes de su desalojo, total o parcial, del Palacio de san Esteban, y mantener apoyos en la sociedad antes de que esto ocurra.

Podríamos estar de acuerdo con Byung-Chul Han cuando afirma que “la demanda de transparencia política es uno de los males contemporáneos”, al quitar espontaneidad y originalidad a las transacciones entre partidos políticos y entre estos y la pluralidad de intereses de la sociedad. Pero por otro lado, no creemos que el secreto como forma de legislar hunda sus raíces en  la lectura del filósofo surcoreano. Tampoco vivimos en la época de Metternich. Un gobierno que no escucha o solo escucha a su gente es un gobierno autista con escaso recorrido.

El arte de negociar las leyes en secreto