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lunes. 27.06.2022

Sindicalismo en tiempos de crisis

La experiencia sindical española ha dado sobradas lecciones para entender que sus esfuerzos no pueden ser exitosos...

En 1984 publiqué un artículo en la Revista Claridad bajo el título de “Apuntes para la acción sindical en tiempos de crisis”.  Allí expuse mis opiniones sobre algunas de las cuestiones que más preocupaban al sindicalismo español.

En prieta síntesis: Los problemas de la incipiente consolidación de las organizaciones sindicales democráticas; escasa afiliación, insuficiente financiación, representatividad cuestionada. Diferencias sobre el modelo de negociación colectiva e insuficiente articulación del mismo a los procesos de cambio de la estructura económica en marcha. La reorientación de las estrategias sindicales en materias como el empleo: qué empleo, en qué tipo de empresas, con qué modelo de relaciones laborales y gestión empresarial y no sólo cuánto empleo. El papel sindical en el acompañamiento de la democratización política con el impostergable avance en la democratización económica; gestión empresarial participativa y fomento de las iniciativas empresariales cooperativas o asociativas de los trabajadores. Y, no podía faltar, el insoslayable problema de la economía sumergida.

La Revista Claridad – Cuarta Etapa (soporte digital) en su número 19, Invierno-Primavera de 2010, exhumó aquel artículo. De su lectura, la primera sensación que me produjo fue que los temas primordiales siguen vigentes, las preguntas se mantienen en pie e insisten en demandar respuestas.

Consciente de las semejanzas y diferencias existentes entre 1984 y 2014, aconsejo leer aquel artículo antes de seguir con el presente texto, en el que me limitaré a desarrollar dos o tres temas que me parecen cruciales para la acción sindical del presente y futuro inmediato.

La semejanza:  en ambas fechas, España se encontraba (encuentra) en la tarea de salir de una gravísima crisis. La diferencia:  en 1984 había un gobierno con mayoría absoluta empeñado en salir de la crisis poniendo en marcha políticas de redistribución progresivas de la renta y crear las bases y el armazón de nuestro Estado del Bienestar, mientras en 2014 hay un gobierno con mayoría absoluta empeñado en aprovechar la crisis para desmantelar ese Estado del Bienestar y consolidar políticas de redistribución regresivas de la renta.

A modo de anticipación quiero advertir al lector que conozco las dificultades por las que atraviesa la acción sindical y el ataque brutal del gobierno del PP a las organizaciones sindicales y, por lo tanto, el difícil terreno sobre el que –hoy en día– deberían inscribirse determinadas estrategias y acciones sindicales. Mi intención es poner a discusión algunas propuestas con la esperanza de que en 2044 no volvamos a sorprendernos con la pervivencia de los mismos problemas.

Democratización de la economía y negociación colectiva

La experiencia sindical española ha dado sobradas lecciones para entender que sus esfuerzos no pueden ser exitosos si no se inscriben en una clara relación con los ámbitos de representación y decisión políticas. Buena parte de los avances en el campo de las relaciones laborales, fruto fundamentalmente de la negociación colectiva, deben encontrar concreción en las normas legales para darles estabilidad. Ello exige, por lo tanto, mayorías sociales y políticas de carácter progresista con las que el movimiento sindical debe encardinar su práctica.

Hoy más que nunca, en mi modesta opinión, es imprescindible revitalizar el reclamo sindical de dar prioridad a una Política de Rentas consensuada en ámbito tripartito, tanto en la bonanza como en la crisis. Política de rentas que contemple el conjunto de la renta nacional, su distribución entre los diferentes actores, inversión y consumo, peso del Estado, grado de progresividad fiscal, equidad social, etc.

En ese escenario adquiere eficacia un modelo de negociación colectiva articulada, desde los acuerdos interconfederales hasta la negociación de empresa.

Y quedarían en evidencia políticas gubernamentales que enunciadas como no relacionadas y orientadas a resolver supuestos problemas “estructurales” -contra-reforma laboral- o “naturales” -el envejecimiento de la población-, son componentes axiales de una Política de Rentas del Gobierno de la derecha que persigue  privilegiar las rentas empresariales, del capital financiero y de sectores de rentas más altas, en desmedro de las rentas de la mayoría de los asalariados, los pensionistas, los desempleados y los autónomos de menos ingresos. Política de Rentas regresiva que el PP tiene clara vocación de mantenerla a futuro. Política que no soporta ser sometida a ningún tipo de negociación o consenso.

Para lograr sus objetivos, la derecha ha dado un golpe de muerte a la principal arma de la acción sindical. Con el espantajo de la “ultra-actividad de los convenios colectivos” y la concesión de facultades a los empleadores para la modificación unilateral de las condiciones salariales y laborales en las pymes, la protección de los trabajadores que significan los convenios colectivos de trabajo está sufriendo un descalabro histórico. Según los datos de registro de Convenios Colectivos, con datos provisionales para el año 2012, se ha operado por primera vez en los últimos cincuenta años una caída, respecto del año anterior, del 22% en el número de Convenios, de un 16,5% de empresas y del 20% de trabajadores afectados. Es decir, 996 convenios, 193.771 empresas y 2.137.600 trabajadores menos. Situación que me temo se agravará, con todo su significado de indefensión, pérdida de derechos laborales y baja de niveles retributivos. Así como reducción dramática del espacio natural de la acción sindical.

Es innecesario repetir la necesidad de derogar íntegramente las normas regresivas, en esta materia, acuñadas en la contrarreforma laboral del actual Gobierno. Pero, a la luz de la experiencia, habrá que dar algún paso más allá que exigirá su traslado a la normativa legal y a un profundo cambio en las posiciones sostenidas por las organizaciones empresariales y los empresarios a nivel individual.

Me refiero a terminar, en el ámbito de la negociación de convenios colectivos de empresa, con el embrollo entre representación sindical y de comités y delegados de empresa. En un modelo eficaz de negociación colectiva articulada los sindicatos son quienes deben ostentar la legítima representación de los trabajadores, cualquiera sea el ámbito de la negociación.

Pero donde más se hace sentir la ausencia de los sindicatos es en las pymes, en que los comités y delegados de personal no tienen la más mínima posibilidad de contrarrestar el poder del empleador  y garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos de aplicación o la mera legislación laboral. Habrá que estudiar fórmulas contractuales e, incluso legales, para convertir a las Comisiones de Seguimiento de los Convenios Colectivos en instrumentos reales de control y sacarlas del estado vegetativo tradicional, convirtiéndolas en entes colaboradores de la Inspección de Trabajo. Y, por qué no, otorgar a los sindicatos representativos facultades para establecer mecanismos de información directa con los trabajadores y los empleadores en las empresas afectadas por los convenios de ámbito superior.

Gestión participativa

La última revolución tecnológica –aún en curso– ha provocado cambios radicales en todas las esferas de la acción humana y particularmente en el campo de la economía. El fenómeno de globalización más allá del impacto en el comercio mundial y la relocalización de actividades productivas de bienes y servicios, ha modificado radicalmente la composición y formas de operación del capital financiero.

A nivel microeconómico esto a supuesto someter, por un lado, a las empresas a una permanente exposición a la competencia y la consiguiente adaptación a los nuevos requerimientos tecnológicos y organizativos para incrementar la productividad y mejorar su posición competitiva, mientras observan cambios en la naturaleza de la composición del capital.

Estos dos fenómenos, complementarios, introducen factores objetivos que debieran ir acompañados de cambios en el papel y posición de los diferentes actores. La repetida, hasta el cansancio, exaltación del papel crucial del Capital Humano en la economía del conocimiento, otorga una nueva posición a los trabajadores y los empuja a asumir una responsabilidad personal y colectiva en el presente y futuro de la empresa. La sustitución del empresario-capitalista decimonónico por accionistas inidentificables, representados por brokers o intermediarios sin ninguna preocupación por la existencia empresarial, más allá de su interés financiero, ha reemplazado al tradicional propietario-empresario por gestores asalariados.

En el capitalismo clásico la legitimación del monopolio de la “Dirección” en la toma de decisiones devenía de la propiedad del capital, identificación empresario-capitalista. Esa fuente de legitimación se ha desdibujado a tal punto que los  gestores, “Fat Cats” (Gatos Gordos), se han independizado totalmente de la supuesta dependencia del accionariado subordinando los intereses de la empresa a los especulativo-financieros de la maraña de fondos de inversión, fondos de pensiones y otros engendros como a sus propios intereses personales.

Si el Capital Humano se define como el principal capital de las empresas, no es difícil descubrir al propietario: los trabajadores. Se ha operado, pues, un cambio substancial en la mercancía Fuerza de Trabajo de la primera revolución industrial y el taylorismo, en que cada trabajador ocupaba un puesto definido y sólo se le exigía mayor o menor intensidad en su actividad, a la exigencia actual de estar alerta a los cambios tecnológicos y organizativos y hacer un esfuerzo permanente de actualización competencial que va más allá de su aplicación a su puesto de trabajo circunstancial, pidiéndosele - además– que aporte sus ideas a la mejora integral de la empresa. Existe, así, una nueva fuente de legitimación, en este caso de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.

Como vemos, se ha operado un proceso de requilibrio de legitimidades.

Se puede objetar que lo aquí expuesto no es aplicable a la PYME donde el empresario es además el “dueño” de la empresa. Ante esa objeción conviene analizar dos aspectos. Es verdad que los recursos propios de esas empresas, generalmente,  son propiedad del empresario y/o de un puñado de accionistas reconocibles, pero si leyéramos con atención sus balances veríamos que el pasivo exigible (acreedores financieros y proveedores) se llevan la parte del león. Por otra parte, la segunda legitimación, la del Capital Humano, dada la limitación de ese tipo de empresas para contratar consultorías o mini-Gatos Gordos, adquiere mayor importancia.

Se trata ahora de que el sindicalismo oriente su estrategia pasando de una posición defensiva frente a las exigencias empresariales de introducción de “flexibilidad” interna, a una posición activa en pro de dotar a las empresas de capacidad de adaptación y anticipación a los cambios, mejora de la productividad y de su posición competitiva y aseguramiento de la sostenibilidad empresarial.

La contrapartida no puede ser otra que el avance en la creación de ámbitos de acceso a la información y participación en la toma de decisiones a todos los niveles, para ir haciendo realidad el principio de Codecisión.

Esta nueva legitimidad exige, para su ejercicio, que los trabajadores asuman de forma efectiva su nuevo papel. A los sindicatos les compete, a través de la propia pedagogía de la acción y la formación sindical, crear la conciencia de la responsabilidad personal en la vida laboral y profesional, identificar el interés de cada trabajador con la suerte de la empresa y de cada uno de sus componentes. Sólo asumiendo responsabilidades compartidas se legitimarán las pretensiones de participación en la toma de decisiones.

En la perspectiva de la evolución de la actual revolución tecnológica y el nuevo tipo de sociedad al que vamos, la democracia política y social no será plena sin el complemento de la democracia económica. Y las economías avanzadas de hoy no tendrán asegurado un papel claro en la economía mundial de mañana.

Sindicatos y financiación

Es común hacer referencia a la crisis de los sindicatos, la pérdida de legitimidad o confianza por la opinión pública (especialmente por la opinión publicada), la baja afiliación, cuestionar  las actividades en el campo de la formación profesional y los problemas de financiación.

Es conveniente admitir que el sindicalismo español acarrea problemas crónicos como una baja afiliación, entre 10 y un 15% de los asalariados en activo, equiparable a países como Francia o EEUU pero muy distante del 30% promedio de los países de la OCDE, lo que genera un déficit crónico de financiación, agravado en la actualidad por el incremento exponencial de trabajadores sin empleo.

Sin embargo es incorrecto identificar la supuesta “crisis del sindicalismo español” con una falta de representatividad e incapacitado para ofrecer las propuestas que exige la realidad presente.

Conviene analizar con cierto detenimiento las causas de la escasa afiliación y la consiguiente deficitaria financiación de las organizaciones sindicales en nuestro país, para no cometer errores de apreciación.

Coherentemente con la calificación constitucional del Estado Español como un Estado Social de Derecho y su economía como Economía Social de Mercado, los sindicatos tienen en nuestro ordenamiento jurídico una consideración constitucional (no muy común entre las constituciones democráticas actuales) que además de reconocerles la representación de los trabajadores en el marco de las relaciones laborales, les otorga una amplia participación en instancias institucionales y concede a los convenios colectivos fuerza normativa y eficacia general (aplicación a todas las empresas y trabajadores comprendidos en su ámbito).

Las funciones de representación institucional agregadas a las obligaciones indelegables del sindicalismo, entra las que destaca de forma prioritaria la negociación colectiva, obliga a contar con organizaciones complejas y necesitadas de medios humanos y materiales importantes. En el caso español se da una situación paradójica;  la eficacia general de los convenios otorga una gran fortaleza a los sindicatos en los procesos de negociación y supone una garantía insustituible en la protección de los trabajadores, en la medida que impide que puedan quedar colectivos al margen de la cobertura que proporcionan los convenios colectivos. Sin embargo, la propia aplicación de los convenios a todos los trabajadores y no sólo a los afiliados a los sindicatos firmantes, hace innecesaria la filiación –y la consiguiente aportación económica– para beneficiarse de la actuación de los sindicatos (una especie de gratis total).

Esa paradoja está en el origen de la baja afiliación sindical y el déficit de financiación que, desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores hasta hoy, no ha sido resuelta. A nadie debiera extrañar que las organizaciones sindicales, unas en mayor y otras en menor medida, hayan recurrido a los programas de formación continua y otros programas subvencionados como una vía de lograr recursos financieros complementarios.

La postergación de soluciones al problema irá, cada vez más, en contra de los intereses de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

No veo más que tres alternativas

Primera: ir hacia el sistema de eficacia limitada y aceptar que aquellos trabajadores que paguen un canon de negociación queden cubiertos por el convenio u otros acuerdos (ERE, etc.). Solución indeseable porque provocaría una competencia sindical negativa para los derechos de los trabajadores y fuente de tentaciones perversas para los cuadros sindicales.

Segunda: Mantenimiento de la eficacia general y pago de un canon de negociación por parte de los trabajadores no afiliados a ningún sindicato. Ese canon se repartiría entre las organizaciones negociadoras en función de su grado de representatividad. Esta medida incentivaría, también, la afiliación sindical. Cuando a primeros de los 80 en unas Jornadas Confederales de Negociación Colectiva de UGT se aprobó dicha medida, se objetó el principio de obligatoriedad. Convengo en que puede presentar problemas de tipo constitucional, aunque nadie podrá negar que la situación actual implica una seria desviación ética que no casa con la tan proclamada solidaridad de los trabajadores. Pero esa objeción puede salvarse poniendo a cada trabajador ante su conciencia y el resto de sus compañeros, exigiéndole que exprese fehacientemente su negativa a pagar el canon de negociación pactado.

Amigos con quienes he discutido a lo largo de los años este tema, dudan de su eficacia, quizá yo me resista a dejar de creer en la consciencia solidaria de los trabajadores.

Tercera: Sin modificar el principio de eficacia general y como reconocimiento explícito del papel de primer orden que nuestro sistema jurídico institucional reconoce a las organizaciones sindicales, en el campo de la economía, la cohesión social y el fortalecimiento de la democracia, establecer vías de financiación pública que, en relación a la negociación colectiva, disponga recursos asignados en función del número de trabajadores afectados y el grado de representatividad de los sindicatos implicados.

Las crisis pueden servir, también, para superar la hipocresía.

Se aceptan sugerencias.


Por Francisco S. López Romito | Economista | Exasesor de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT

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