Coaliciones de “frikis”

De entrada, es difícil admitir buena intención en el Gobierno cuando habla de regeneración y transparencia, si se tiene en cuenta la resistencia que el Partido Popular ofrece a la inspección de sus cuentas y a colaborar con la justicia en los casos de corrupción que le afectan, que, aún así, es el partido que tiene más cargos públicos imputados y condenados por este asunto y que cuatro parlamentos donde gobierna con mayoría absoluta -Baleares, Madrid, Murcia y Valencia- son, junto al de Canarias, los menos transparentes de España. Pero la sospecha se confirma, cuando del aparente buen propósito de luchar contra la corrupción sólo queda clara la intención de reformar la ley electoral para que los alcaldes sean elegidos directamente por los ciudadanos a través de la lista más votada.

Tras el susto de las elecciones europeas, el Gobierno extrae la consecuencia de que conviene volver a hablar, sólo hablar, de transparencia para justificar una reforma que sirva para mejorar sus expectativas de cara a las cercanas elecciones municipales, antes que para paliar el deterioro de las instituciones del país. Simple oportunismo y tratar, como siempre, de actuar con ventaja.

En el Gobierno entienden la regeneración como una precipitada maniobra para mantenerse en el poder a toda costa, impidiendo que gobiernos municipales de coalición puedan desplazar a los concejos del PP en muchos ayuntamientos.

El miedo a que coaliciones de emergentes partidos de izquierda puedan  desalojar del poder local a la derecha en feudos que se creían conquistados para siempre es lo que lleva a Esperanza Aguirre, con su chulesca manera de traducir las filias y las fobias de la derecha al lenguaje de la calle, a rechazar que los alcaldes puedan ser designados por una “coalición de perdedores”. Peyorativa calificación que alude no sólo a fuerzas políticas alternativas, no mayoritarias o tradicionales, sino a quienes representan a los perdedores sociales, a gente subalterna; es decir, a coaliciones de pobres.

Estas coaliciones de “frikis” suponen un gran peligro para el Partido Popular, en primer lugar porque estarían formadas por partidos ajenos a la corrupción o poco salpicados por ella, por lo cual es muy posible que una parte importante de su programa tuviera una intención claramente regeneradora, tendente a sanear las administraciones locales y a denunciar los casos de corrupción existentes, con lo cual, el Partido Popular quedaría más expuesto a la acción de la justicia, pues hasta ahora ha utilizado el poder para evitarla.

Y en segundo lugar, porque los programas de tales gobiernos, dotados de fuerte contenido social, del propósito de mejorar la gestión de lo público y de redistribuir rentas en favor de los más débiles, irían en sentido diametralmente opuesto a los programas aplicados “urbi et orbi” por el Partido Popular, que, movidos por la consigna de las “oportunidades de negocio”, han llevado a recalificar el suelo para inflar la burbuja inmobiliaria, privatizar bienes y servicios públicos y hacer de las administraciones locales un favorable marco de entendimiento entre cargos públicos poco escrupulosos en la aplicación de la ley y emprendedores privados poco afectados por la honradez.

Así, con el ocaso del poder municipal se acabarían también los buenos negocios, aunque fuesen limpios, y la impunidad en los que no lo fueren.

Si el Gobierno pretendiera, en serio y no de boquilla, mejorar la transparencia y luchar, de veras, contra la corrupción, debería reformar la ley de régimen local pero en sentido opuesto al citado, para quitar poder a los alcaldes, cuyas excesivas competencias han facilitado el despilfarro, las habituales alcaldadas y abusos de poder, el caciquismo y, en definitiva, la corrupción.