Los escoceses han acudido libremente a las urnas y han votado mayoritariamente por seguir unidos al Reino Unido de la Gran Bretaña. Lo que para algunos era una locura antes de la celebración del referéndum, gracias al resultado se ha convertido en un ejercicio inteligente de sabiduría política y democracia. Y lo comparan con el desafío soberanista de Cataluña, animando a los catalanes ¡a no votar! Algunos, en su paroxismo habitual, llegan a decir que “en Escocia se ha cumplido la ley, que es tanto como respetar la democracia” (Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España). ¿Se ha enterado esta mujer que la ley que han cumplido los escoceses es, precisamente, la que el premier británico, David Cameron, ha autorizado y aquí, para Cataluña, nuestro presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, niega una y otra vez?
El referéndum escocés es, ahora, para los nacionalistas españoles más acérrimos, un ejercicio sano de democracia y responsabilidad, pero esos nacionalistas niegan que ese mismo ejercicio puedan llevarlo a cabo aquí los catalanes. Cierto es que hay diferencias. La más importante, sin duda, es que Escocia ya fue un territorio soberano, y Cataluña, no. Sin embargo, hay otra diferencia que los nacionalistas españoles no ven, no quieren ver, o no se creen, y es que el Parlamento catalán no quiere (porque no puede) convocar un referéndum para decidir sobre la independencia de Cataluña, sino que quiere convocar una consulta al pueblo catalán para saber su opinión sobre cuál sería el mejor de los tres escenarios jurídico-políticos para su territorio en relación con España, tal y como reflejan claramente las preguntas aprobadas para la consulta:
“¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Sí o no. En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente? Sí o no”. Habrá tres tipos de respuesta: uno que prefiera que Cataluña siga siendo comunidad autónoma, otro que prefiera que Cataluña sea un Estado federado o confederado a España, y otro que prefiera que Cataluña sea un Estado independiente.
La consulta al pueblo catalán sobre esta cuestión tiene cobertura legal en la Ley de Consultas populares no referendarias recién aprobada por el Parlamento de Cataluña, con el visto bueno del Consejo de Garantías Estatutarias, órgano consultivo del Gobierno catalán. Y no hay que ser un erudito en Derecho para entender que las consultas amparadas por esta nueva ley solo afectan al ámbito competencial de la Generalitat y de los entes locales, como así mismo dice la propia ley:
“Las consultas son instrumentos dirigidos a conocer la posición u opiniones de la ciudadanía en relación a ‘cualquier aspecto de la vida pública en el ámbito de Cataluña y el ámbito competencial de la Generalitat y los entes locales’, y su resultado no tiene efectos vinculantes”.
Más claro, agua. La Generalitat no tiene competencias para segregar el territorio catalán de España y, además, el resultado de la consulta no es vinculante, luego no obliga al Govern a materializar jurídicamente dicho resultado. Creo, por tanto, que esta ley tiene difícil su declaración de inconstitucionalidad, aunque ya se sabe que el Tribunal Constitucional (como todos) es un tribunal jurídico-político y, por tanto, un órgano al que se recurre para buscar el mínimo recoveco o retorcimiento constitucional que permita la expulsión del ordenamiento jurídico de una ley o precepto, de acuerdo a los intereses del recurrente, que pueden coincidir o no con los intereses de la mayoría de magistrados del alto tribunal. De ahí que el Gobierno central se apresurara a cubrir con magistrados conservadores las vacantes que habían sobrepasado el plazo de renovación, puesto que se avecinaba el desafío del Gobierno catalán sobre la mal llamada consulta soberanista.
El Gobierno de España entiende que las preguntas de la consulta exceden las competencias de la Generalitat puesto que –argumenta- la soberanía de Cataluña, como la soberanía de cualquier comunidad autónoma, no está en manos de la población de dicha comunidad, sino en manos de todo el pueblo español. Sin embargo, solo una de las dos preguntas de la consulta y solo una de las tres respuestas posibles afectan a la soberanía, porque ¿no es competencia de la Generalitat preguntar a los catalanes si se sienten cómodos constituidos como comunidad autónoma o como Estado federado o confederado? Otra cosa distinta es preguntarles si preferirían constituirse en Estado independiente, aunque solo es una pregunta, no una ley o decreto sometidos a votación popular, lo que sí vulneraría claramente las competencias del Parlamento de Cataluña o de la Generalitat. Pero ni aquél va a someter a referéndum una ley de secesión ni ésta va a someter a plebiscito una decisión política soberanista. En este intríngulis se avecina el lío constitucional.
De ser España una democracia avanzada y de ser Rajoy un gobernante inteligente, como parece serlo su correligionario ideológico británico, David Cameron, creo que nuestro presidente de Gobierno no debería recurrir al Tribunal Constitucional la Ley de Consultas catalana, y lo creo por los siguientes motivos:
- primero, para demostrar a los catalanes que son tenidos en cuenta en España y que sus inquietudes políticas merecen el respeto del resto de los españoles;
- segundo, porque la propia Ley de Consultas catalana deja meridianamente claro que las consultas amparadas en dicha ley no son referendarias, es decir, no son referendos y, además, no son vinculantes para el Govern;
- tercero, porque creo que la consulta persigue un objetivo distinto a la independencia, cual es la reforma constitucional para hacer de España un Estado federal o, en todo caso, de no haber voluntad política para esto, negociar con Cataluña un convenio económico como el navarro o un concierto económico como el vasco;
- cuarto, porque sabríamos para unas cuantas generaciones cuál es el sentir de los catalanes sobre su adherencia a España;
- y quinto, porque facilitar la consulta popular aumentaría la participación en la misma y creo que, en ese caso, la respuesta mayoritaria de los catalanes sería la preferencia por un Estado no independiente; la persistente negativa del Gobierno central a facilitar la consulta solo hace que aumenten los partidarios de la independencia.
La única razón para entender la negación del Gobierno central a facilitar la consulta es la gestión de una hipotética respuesta mayoritaria al Estado catalán independiente. Pero, en este caso, pienso que habríamos avanzado mucho porque sabríamos definitivamente que ese resultado sería la respuesta del pueblo catalán a un encaje constitucional insatisfecho en el Estado español, lo cual debería motivar inmediatamente una negociación con Cataluña (para optimizar su financiación y, quizá, su Estatut) o, mejor aún, provocar una reforma constitucional para hacer de España un Estado federal que, creo, es la mejor opción de todas, tal y como proponen la mayoría de las formaciones políticas de izquierda.