De los casi dos millones de españoles con derecho a voto que se encuentran temporal o permanentemente en el extranjero, tan sólo un seis por ciento aparece en la lista final de quienes han “rogado” que les permitan ejercerlo. Rogado, sí, pues ese es el término legal que desde la reforma de 2011,define la carrera de obstáculos en la que se ha convertido la experiencia de depositar la papeleta en las urnas si te encuentras fuera del país.
Antes de esa fecha, el voto exterior era ejercido por más de un tercio de quienes no viven en España pero mantienen el derecho a participar en las elecciones autonómicas y generales. Ante al cita del 20D, tan sólo 115.000 personas han superado la fase de inscripción en el registro y, según muestran anteriores experiencias, esa cifra se reducirá finalmente aún más por problemas burocráticos de última hora y retrasos en las notificaciones o envío de papeletas.
Gymkana (con perdón de la RAE), pucherazo, estafa… Son algunos de los calificativos empleados por la Marea Granate, la plataforma que intenta aglutinar a los afectados por el sistema del voto rogado, al describir el kafkiano proceso burocrático necesario para votar. Un viacrucis que arranca con la inscripción en un censo que se cierra meses antes de la convocatoria electoral, pasa por la complejidad e incomodidad de reclamar la incorporación pasado ese plazo y llega hasta la solicitud formal para participar, recibir papeletas y enviar el voto o depositarlo físicamente en las urnas, eso siempre que el consulado quede a mano y habilite esa opción.
No está claro que la insistencia en mantener un sistema así responda a interés alguno. Ni resulta realmente más eficaz o seguro que otra opciones de validación de voto (a través de plataformas digitales, por ejemplo) ni castiga de forma especial a unas fuerzas políticas sobre otras. Podemos, Compromís o el PSOE obtuvieron buenos resultados en las pasadas autonómicas en el recuento del voto exterior pero, aunque existiera un plus de castigo al gobierno de turno, esos datos quizás respondan simplemente a un mayor interés de los votantes que desean un cambio, por lo que la diferencia podría diluirse en caso de una participación generalizada.
Lo cierto es que el problema afecta a un más que significativo porcentaje del censo global. Una decisión en bloque de esos casi dos millones de españoles sería definitiva para conformar mayorías, otorgar victorias o provocar derrotas. Quizás sea esa fuerza soterrada y dispersa la que empuja a los partidos a mantener la actual ley, eliminando una variable fuera de control y que podría provocar sorpresas. De momento, la respuesta a las demandas granates se resume, parafraseando a Neruda, en un “me gusta cuando emigras porque estás como ausente”.