viernes 27/11/20

La hacienda de Montoro

Montoro reitera la próxima publicación (por tres veces postergada) de la lista de los mayores defraudadores del reino...

La sensación de que el móvil que inspira la cruzada de Hacienda no es la defensa de la ley si no golpear al enemigo se acrecienta cuando la ciudadanía ve que no se pone el mismo celo en aclarar comportamientos similares o de mayor gravedad

El aumento de la recaudación sobre la bolsa de fraude fiscal durante el pasado ejercicio llena de orgullo al ministro del ramo, a pesar de ser un pálido reflejo de otro incremento mayor, el de la economía sumergida, que alcanza el 24,6% del PIB.

Montoro reitera la próxima publicación (por tres veces postergada) de la lista de los mayores defraudadores del reino, pero sus esfuerzos parecen apuntar - de momento - más a escarbar en las obligaciones fiscales de sus críticos o adversarios políticos que en recuperar para el erario público los 250.000 millones de euros que se le escapan cada año.

Contra esa lacra es legítimo y necesario que se investiguen prácticas en el borde de la legalidad, como las encaminadas a reducir la tributación disfrazando actividades particulares como propias de empresas o facturando desde asociaciones operaciones mercantiles, al estilo de las que se imputan a Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias. Nada que objetar al escrutinio salvo que el rasero se aplique a todos por igual, se cumpla con el deber de sigilo que obliga a los responsables y se vele por los derechos que asisten contra la filtración de datos privados.

Ocurre en cambio que el titular de la cartera difunde, desvela, comenta y avanza aquellas situaciones y expedientes que considera convenientes, llegando a pedir a Podemos que “haga públicas las liquidaciones de todos los miembros de su partido”. El estilo recuerda a advertencias anteriores sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de profesionales del deporte o la cultura (“alguno de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España”) y que extendió a aquellos medios de comunicación no afines a sus tesis por dar “lecciones de ética cuando tienen importantísimas deudas con Hacienda”.

La utilización continuada de información y recursos públicos para analizar con celeridad y detalle la inmaculada pureza de sus adversarios ha sido denunciada por técnicos e inspectores. “Hacienda somos todos”, rezaba el slogan publicitario, y no debería confundirse ese interés general con su administración partidista como si se tratara de otro tipo de hacienda, la finca particular de quien debería gestionar en beneficio común.

La sensación de que el móvil que inspira la cruzada de Hacienda no es la defensa de la ley si no golpear al enemigo se acrecienta cuando la ciudadanía ve que no se pone el mismo celo en aclarar comportamientos similares o de mayor gravedad. Eso cuando no se entorpece, frustra o demora la investigación o se arbitran “doctrinas” y magnánimas medidas de excepción para determinados casos.

Multinacionales desviando beneficios al exterior por sus actividades en España, evasión de capitales y cuentas opacas en países reticentes a esclarecer su origen, abultadas herencias y fortunas familiares exentas de obligaciones, regularizaciones y amnistías fiscales, donativos y financiación desde empresas adjudicatarias de concursos a fundaciones y partidos, gastos en negro de consejeros de entidades de crédito, uso de falsos autónomos para enmascarar contrataciones… Podrá valorarse que actuación es más o menos necesaria para la regeneración moral de la sociedad, pero en cuanto al volumen y daño que causan a las arcas públicas, no hay muchas dudas sobre cuáles sería prioritario atender. Trabajo no falta.

La hacienda de Montoro