Como bien dice el premio nobel de economía Stiglitz “los impuestos son el precio que pagamos por tener una sociedad civilizada”. Los ciudadanos, en consecuencia, deberían ser solidarios y con su colaboración contribuir al beneficio de todos. Pero he aquí que sorprendentemente, aunque claramente avalado por la evidencia, se constata que los que más tienen son los que suelen aportar menos impuestos para procurar el beneficio de todos los integrantes de las distintas sociedades desarrolladas. Así podemos leer: “Históricamente, los ricos, incluidos rentistas y especuladores, consideran un expolio tener que pagar al Estado en función de su patrimonio y de sus ingresos. Para ellos, si los gobiernos quieren financiar programas sociales, que busquen otros medios, y no admiten, incluso hoy en día, aunque utilicen argumentos más sofisticados, que se les imponga una fiscalidad específica o progresiva (1)”.
Un caso paradigmático entre los ricos es el de Mitt Romney, candidato republicano a las presidenciales de Estados Unidos de 2012, convertido en símbolo y ejemplo de la escasa contribución de los ricos, cuando reconoció que no había pagado más que un 14 por ciento de impuestos sobre la renta de 2011, y al mismo tiempo se quejaba de que el 47 por ciento de los estadounidenses eran unos aprovechados (2). Pero ¿quién son verdaderamente los parásitos, los que se aprovechan de los demás en la sociedad? ¿Aquellos que para poder vivir él y su familia son capaces de cometer la vileza ilegal de cobrar en negro o aquellos que sacando jugosos beneficios de la sociedad, sin embargo, no aportan a la misma de acuerdo a sus ganancias, escamoteando todos los impuestos que pueden, buscando todos los recovecos legales, en aras a un interés exclusivamente personal? Se ha olvidado lo que atinadamente decía George Orwell “lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humanos”.
Unas cuentas sencillas nos pueden hacer pensar en las posibilidades que existen con un sistema fiscal a favor de la mayoría que, además, respetando las necesidades básicas de los habitantes pueda recabar financiación suficiente para lograr una sociedad igualitaria y libre, con unos servicios públicos de un alto nivel de calidad y que no se olviden de ningún ciudadano.
Tomaremos datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística (INE). En España tenemos una población de 46.600.000 habitantes. De ellos 7.007.970 están comprendidos entre 0 y 14 años y el resto 39.592.979 tienen edades superiores a 14 años. Si tenemos en cuenta que uno de los graves problemas de nuestra sociedad es la desigualdad y especialmente la pobreza sobre todo infantil, vamos a calcular, con el objetivo de erradicarla, la propuesta de la Renta Básica Universal (RBU) en la que todas los ciudadanos con edades superiores a 14 años cobrarían 650 €, lo que supondría un gasto de 25.735.436.350 € y en la que cobrarían 250 € aquellos con edad inferior, lo que nos daría un gasto de 1.751.992.500 €, y, por tanto, un gasto total de 27.487.428.850 €. Es una cantidad muy importante, pero hay que recordar lo que nos quitamos para dárselo a los bancos. Además, es un gasto social que se convierte en aceite activador de la economía al incrementar la demanda interna, dar salida a la producción empresarial y crear un círculo virtuoso que consigue engrosar los ingresos públicos, facilitando la financiación de los servicios públicos y los bienes públicos que nos ayudarán a todos.
Ahora pondremos sobre la mesa el Producto Nacional Bruto (PNB) de nuestro País. Nos decía el afamado premio nobel de economía y autor del manual de economía en el que más han bebido los universitarios españoles que el PNB o Renta Nacional (RN) es uno de los conceptos más importantes de toda la economía y mide el rendimiento económico del conjunto de la misma. Mide en términos monetarios el flujo anual total de bienes y servicios, o lo que es lo mismo la suma de las retribuciones de todos los factores de producción nacionales. Por tanto el Producto Nacional se puede medir como flujo de bienes y servicios y como flujo de ingresos. Para simplificar, sin embargo, tomaremos el Producto Interior Bruto (PIB), por ser ampliamente conocido. Se diferencia del PNB en que es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país, en el interior, sin descontar los producidos por los extranjeros. Pues bien el PIB en el año 2014 ascendió a 1.041.160.000.000 €. Por tanto, siguiendo nuestro cálculo, deduciremos de esta cantidad el importe de los 27.487.428.850 € que nos costaría la RBU y nos quedarían 1.013.672.571.150 € sobre esta cantidad aplicaríamos, según la propuesta analizada, un impuesto del 49 %. Hay que tener en cuenta que todo lo que sobrepase el importe de la RBU debe considerarse como un ingreso extra por encima de la renta mínima de ciudadanía acordada, que se ha extraído de la propia sociedad y por ello tiene que redundar especialmente en su beneficio y no ir en su detrimento. Pues bien tendríamos que ese 49 % asciende a una cantidad de 496.699.559.863,50 € lo que supone un 47,71% del PIB. Una cantidad muy importante.
En España (según datos del 2013) la Administración pública recaudó aproximadamente un 38% del PIB. ¿Es mucho o es poco? Pues si tenemos en cuenta lo que recaudan nuestros vecinos, parece poco. Los ingresos públicos representan en promedio un 47% del PIB, es decir bastante más que aquí: un 45 % en Alemania (¡sí Alemania!), un 53% en Francia, un 48% en Italia y un 41% en Gran Bretaña.
La globalización al servicio de los más poderosos, de los que más tienen, las artimañas que llevan a cabo las grandes corporaciones transnacionales, el uso y abuso permitido de los paraísos fiscales, considerar el egoísmo como el motor más importante del avance de nuestras sociedades. Todo ello fomenta un uso inadecuado del sistema democrático. La democracia, no obstante, debe ser un proceso que nos haga tender a la igualdad de derechos y oportunidades, que defienda la dignidad de todos los ciudadanos. Para ello, se deben respetar las normas de una persona un voto y aquellas que permitan una democracia con una verdadera participación ciudadana. Se debe evitar, por contra, que el poder económico no las desvirtúe en su beneficio. Y, en consecuencia, se debe conseguir que el poder político busque verdaderamente el fin que tiene asignado y para el que fue elegido. Fin que no es otro que buscar el máximo bienestar y autonomía de los ciudadanos.
(1) Borja, Jordi. Democracia: insurrección ciudadana y Estado de derecho. En La Maleta de Portbou núm. 12 (julio-agosto 2015).
(2) Stiglitz, Joseph E. (2015:226). La gran brecha; qué hacer con las sociedades desiguales. Taurus.