viernes 13.12.2019

¡Quién debe activarse es Rajoy creando empleo!

El Programa de Activación para el Empleo acordado con los sindicatos es claramente una medida electoralista de Rajoy...

Acaba de ser publicado en el BOE el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo sobre el que había grandes expectativas, sobre todo entre  las 3.891.018 personas paradas que no perciben ninguna prestación. Este Real Decreto-ley está basado según dice su exposición de motivos en el Acuerdo sobre el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo firmado por el gobierno y los agentes sociales el pasado 15 de diciembre.

En primer lugar, afirmar que estoy convencido que este acuerdo no es el que han pretendido alcanzar los sindicatos, que desearían otra y mayor protección. Estamos ante el chantaje de “o firmas o no hay protección”. Considero que están obligados a firmar en la medida en que supone un alivio para un número muy limitado de personas durante un corto plazo de tiempo pero que, sin su firma, no hubiera sido posible.

Para el gobierno, dentro del calendario que está establecido, es claramente una medida electoralista de su Presidente, de Mariano Rajoy, quien dijo en el debate antes de las anteriores elecciones, que era una insidia decir que pretendía recortar las prestaciones. Algo más de tres años después y siete mil cuatrocientos millones de euros menos en prestaciones, no resulta una insidia sino la constatación de sus políticas. Para edulcorarlas pretende utilizar menos del diez por ciento de lo que ha recortado en prestaciones para un programa que alcance a unos pocos justo antes de las municipales de mayo.

Los empresarios firman porque han logrado uno de los anhelos que les llevo oyendo desde que participo en mesas de negociación: se quedan con las prestaciones de quienes contraten sin contrapartida alguna. Es la primera vez que acuerda esta medida y espero que sea la única.

En la actualidad hay 3.891.018 personas paradas que no perciben ninguna prestación, lo que supone 733.977 personas más que cuando el PP llegó al gobierno, un 23,2% más. Además de estas personas paradas, hay 1.436.519 personas trabajando a tiempo parcial que quieren trabajar más horas de las que tienen en la actualidad, 311.408 más que cuando el PP llegó al gobierno, un 28% de aumento. Se han destruido casi 58 millones de horas de trabajo, el equivalente a millón y medio de empleos. Además su reforma laboral ha provocado que el 40% de los contratos sean a tiempo parcial.

Pese a esta situación, el gobierno este año dejará sin gastar 5.126 millones de euros que tenía en el Presupuesto de 2014 para prestaciones, un 17,4%. Para 2015 presenta un presupuesto de prestaciones que consolida lo que ha dejado de gastar en este último año, disminuyendo para ello la aportación del Estado en 5.512 millones de euros menor, un 42% menor que la que se encontró de 2011. Además, provocado su reforma laboral, las cotizaciones por desempleo disminuyen en 1.875 millones de euros. Las políticas activas han visto como desaparecía el 36,1% de los fondos existentes en 2011. Se pasa de ocho mil millones de euros a solamente cinco mil, 2.892 millones menos. Las partidas de atención directa a los parados, en su conjunto, pasan de 814 a 401 millones de euros, desapareciendo 3.000 técnicos en oficinas de empleo. Los programas de formación de desempleados y de formación en alternancia los recortó este gobierno en dos de cada cinco euros: hay 577 millones menos, un 39%.

Cuando se habla de que lo prioritario son los parados, la creación de empleo, es preciso demostrarlo cuando se elaboran las partidas presupuestarias. Es claramente un problema de prioridades políticas que se traducen en prioridades de gasto. Y este gobierno ha reducido su prioridad de gasto en políticas de empleo, activas y pasivas, un 45%, lo que disminuye la aportación del Estado al empleo.

El gobierno elaboró un cuadro de posibles beneficiarios del Programa de activación para el empleo sin tener en cuenta los que provenían del PRODI. En ese cuadro se estima que habría 309.762 personas posibles beneficiarias de las que 236.948 provendrían del PREPARA y 72.814 de la RAI. Como del PRODI se puede estimar que se incorporarán entre 50.000 y 75.000 personas, se trata de un programa cuyo beneficiarios oscilan entre 360.000 y 385.000 personas, una de cada siete personas que no cobra prestaciones y lleva más de un año parada.

El criterio determinante que resulta para la inclusión de un beneficiario y reduce drásticamente su número no es la situación económica, ni el número de miembros del hogar, ni la existencia de hijos menores, ni el tiempo que lleva en paro, ni el tiempo que lleva sin ingresos, lo que es realmente determinante y, por ello, lo que establece la selección es haber estado incluido en otro programa ya sea en el PRODI,  en los PREPARA iniciales o en el PREPARA regulado desde agosto de 2012 o en la Renta Activa de Inserción.

Esta razón es radicalmente injusta porque las razones y perfiles de quienes participaron en unos u otros son diferentes. (La consideración de cargas familiares a efectos de ingresos era distinta en uno y otro programa o el requisito de periodo inscripción también, etc.). Menos justo es condicionar la situación actual por una situación pasada. Tenemos una misma situación actual, dos familias de cuatro miembros sin ingresos, que una podrá beneficiarse del programa y la otra no. No es justo que por la situación que hubiera hace uno, dos o cuatro años, se decida si en la actualidad se tiene derecho a percibir una ayuda o no. Es seguro que habrá hogares que en la actualidad atraviesan una situación de necesidad mayor, medida en ingresos por miembro, que quedarán excluidos porque hace uno, dos, tres o cuatro años, no la tenían o era menor. Parece que a veces se olvida que comer es un vicio que las personas paradas y sus familias tienen todos los días.

Si contamos que la RAI tiene una duración de 33 meses percibiendo prestación y 24 meses sin percibir y que para poder empezar hay que llevar otros doce meses inscrito, hablamos de 69 meses a los que hay que añadir, por si fueran pocos, los seis que deben pasar desde haber percibido la última prestación para inscribirse en el programa. Como el programa empezará el día 15 de enero, desde la RAI solamente dará acceso a los parados que estuvieran inscritos antes de octubre de 2008. Además, como los requisitos de este programa coinciden con los de la RAI, ningún parado entre 45 y 50 años podrá participar en él. Es decir, quedan fuera 378.014 personas, el 58% de quienes no tienen empleo de esa edad. En la actualidad hay 982.644 personas de más de 45 años paradas sin ninguna protección. De ellas solamente 220.529 podrán pensar en inscribirse en el programa siempre y cuando carezcan de rentas propias (menos de 484 euros), tengan cargas familiares (cónyuge y/o hijos con ingresos también inferiores a 484 euros por miembro) y no estén cobrando una renta social de alguna comunidad autónoma desde hace seis meses.

Los empresarios vampirizan las prestaciones de quienes contraten

Cuando se dice eufemísticamente que “los beneficiarios podrán “compatibilizar” la percepción de la ayuda por su participación en el programa con un trabajo por cuenta ajena”, lo que realmente ocurre es que el empresario descontará la cuantía de la ayuda económica del importe del salario que corresponda percibir al trabajador legal o convencionalmente. El empresario que contrate a un parado de este programa se queda con su “prestación”. Esto solo podrá ocurrir en el sector privado porque el sector público está excluido de ”vampirizar” una prestación. Ya no sólo es la plusvalía, los nuevos empresarios se quedan con la prestación y andan por ahí diciendo que ya no hay lucha de clases...

Según la Agencia Tributaria, hay 4,2 millones de personas que tienen unos ingresos entre 1 y 2 veces el SMI. Vampirizar la prestación supone un ahorro salarial del 39%. ¿Cómo afectará esta medida a la subida salarial que se reclama para salir de la crisis? Frente a unas empresas que bajan sus costes salariales un 39%, ¿qué pueden hacer las demás que compiten con ellas? Si pensamos que esta medida estará en vigor durante este verano, ¿cuántos camareros, camareros de pisos, ayudantes de cocina, peones y ayudantes de oficios de construcción y obras públicas se contratarán por ello?  Se regula que esta reducción de costes salariales no puede sobrepasar el 80% del coste salarial total, incluido la Seguridad Social, conjuntamente con otras ayudas con las que el decreto declara explícitamente compatibles.

Como se trata de un programa de “activación para el empleo” es necesario que los parados de larga duración aprendan cómo funciona el nuevo mercado de trabajo del PP. Para ello, se fija la obligatoriedad de ser vampirizado si el contrato es superior a 90 días. Un parado al que el empresario no le descuente de su nómina el importe de la ayuda, según el artículo 5.1.g, causará baja definitiva en el programa. Si un empresario quiere no vampirizar, deberá incluir en la nómina una gratificación por el importe de la ayuda y luego descontarla, con lo que aumenta la base de cotización. Báñez lo deja claro: “si tu no vampirizas, yo te chupo la sangre y cotizas más”

Pero, además, hay más cuestiones claramente lacerantes. Según el decreto, cabe cualquier modalidad de contratación y no hay limitación a la sucesión de un trabajador por otro. La única limitación existente es que no se percibe por más de cinco meses. Da igual la jornada de que se trate.

Un programa que, desde que se solicita, se desarrolla en siete meses de los que en seis se percibe la ayuda, limita a cinco los meses contratados vampirizando la prestación. Puede resultar raro, pero basta con contemplar la tabla de la duración de los subsidios por cotización inferior a 360 días para salir de dudas. Con tres meses cotizados hay derecho a un subsidio de tres meses, con cuatro a uno de cuatro y con cinco a uno de cinco. Con seis meses, que es lo que desincentiva el decreto, a veintiún meses. Tampoco se trata de que crezca el gasto en prestaciones, dicen gobierno y empresarios.

El no exigir una jornada completa dará lugar a situaciones paradójicas. Un parado beneficiario tiene un contrato a tiempo parcial  por media jornada durante tres meses al inicio del programa. Percibe su salario y 213 euros por compatibilizar la ayuda. Cuando termina el contrato, es dado de baja del programa porque ya tiene derecho a un subsidio (Artículo 5.1.i). Se le reconoce un subsidio de tres meses de duración percibiendo el 50% de la cuantía, por ser ese el porcentaje de parcialidad dado que el PP ha parcializado el subsidio en 2012. Es decir, que los tres meses restantes que debería cobrar del programa 426 euros, pasa a cobrar 213 euros de subsidio y es dado de baja.

Las dos salvedades que podrían hacer menos difícil de digerir este sapo, no se han producido. Si existiera la obligación de contratar a jornada completa y con una duración mínima de seis meses, se podrían plantear, en vez de la compatibilización de la ayuda con el trabajo, unos incentivos específicos de 426 euros por la contratación de un parado incluido en el programa de activación. Este incentivo, manteniendo el abono de la ayuda, se podría descontar de la nómina como sucede con los subsidios para mayores de 52 años.

Los parados están activos: debe activarse la ministra creando empleo

La EPA exige para considerar a una persona como parada, igual que la OIT, “que haya tomado medidas concretas para buscar un trabajo por cuenta ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por su cuenta durante el mes precedente”. Es decir, que realicen una búsqueda activa de empleo. Aquellas personas que creen que no van a encontrar trabajo y por ello no realizan una búsqueda activa, la EPA en vez de considerarlas paradas, las considera inactivas desanimadas. En los últimos cuatro trimestres de media hay 472.025, un 21% más que en 2011.

La “Búsqueda Activa de Empleo” es una pantomima más que obliga a hacer el PP a los parados recogiendo diez firmas constatando la carencia de empleos adecuados: sin darse cuenta de que el problema del empleo no se resuelve con firmas o cuños de empresarios.

La descripción del programa hace hincapié en lo que denomina “activación para el empleo” que, partiendo de la definición anteriormente citada, quedará destinada fundamentalmente a la participación en políticas activas de empleo. Para esa activación propone mecanismos ya establecidos, el itinerario individual y personalizado de empleo, la orientación y la formación, principalmente. Resulta de una desvergüenza muy grosera que quien ha reducido a casi la mitad el presupuesto destinado a esas políticas activas diseñe un programa para que los parados se activen con ellas. Elimina los fondos para que se puedan realizar políticas activas y recrimina a los parados por no estar “suficientemente” activos participando en esas políticas. Que cumpla con su función y creen empleo de calidad, en vez de destruirlo como han hecho hasta ahora.

¡Quién debe activarse es Rajoy creando empleo!