jueves. 28.03.2024

Toca auditoría

El ajuste de cuentas debe realizarse con el rigor y las garantías propias pero sin renunciar a la sanción o la asignación de responsabilidades.

El ajuste de cuentas debe realizarse con el rigor y las garantías propias pero sin renunciar a la sanción o la asignación de responsabilidades

La evaluación de la deuda que han puesto en marcha algunas de las nuevas gestoras de la administración de ayuntamientos y comunidades mediante la aplicación de una auditoria social da mucho miedo a algunos y es un pozo de esperanza y justicia para otros. Yo encarno a personas que comparten una y otra sensación.

Me da miedo por un lado, pero no por las razones que pueden estar rondando las cabezas de tantos responsables que, bajo el manto protector del silencio y la opacidad, han dedicado todos sus esfuerzos al saqueo inmisericorde de lo público amparándose en una impunidad que ahora desaparece. Me da miedo porque lo que comenzamos a conocer ya de algunos avances de resultados es aterrador y nos sitúa ante lo peor de la condición humana, la codicia y la avaricia ciega, centuplicada en el caso del administrador público por su inquina y su desprecio por los derechos de los ciudadanos expoliados. Me da miedo tener que aceptar que, a veces, el hombre es un lobo para el hombre y cuando ese hombre se parapeta tras la respetabilidad incondicional del representante democrático, no es un lobo, es depredator

Pero como no, la evaluación social mediante auditoría me llena por otro lado de esperanza y de ilusión, despierta al animoso que vive en mí, me devuelve una confianza en mis semejantes sin la cual se hace difícil tirar adelante. La evaluación social fue una idea promovida por la mayoría de las plataformas sociales que exigían no solo un relevo político, sino un cambio de tipo moral sin el que nada cambiaría por la realización de una mera consulta electoral. Y lo grande no es que estén cumpliendo esa promesa, sino que la realización de esa auditoría se está convirtiendo en una herramienta de avance social y no una cuestión de ajuste de cuentas. Aunque creo que el ajuste de cuentas debe realizarse en cualquier caso, con el rigor y las garantías propias pues se trata de una auditoría, pero sin renunciar a la sanción o la asignación de responsabilidades que de ella se deriven.

Pero insisto en que lo que me parece el logro más acertado de la realización de esta radiografía de lo que ha ocurrido en los últimos años en la mayor parte de las administraciones es que se convierte en un acto de profundo sentido político, porque implica sobreponer los derechos de los administrados, de los ciudadanos y del valor del producto social acumulado por encima del capricho de gestores, por más que puedan aducir respeto a la legalidad o acudir a la presentación fantasiosa de resultados futuros que difuminan las actuaciones del presente. La auditoría de las actividades ejecutadas contrastadas con los objetivos logrados y los efectos producidos, ofrece una herramienta de valoración que más allá de las justificaciones ideológicas, coloca a cada gestor y a cada decisor ante la responsabilidad de sus actos. Y esto, sin ánimo de revancha insisto, no me llena de alegría per se por el hecho de frenar una tendencia que se había instalado en la gestión de lo público, si no que me trasmite  un grado de confianza que había perdido respecto del sentido de la propia existencia de una administración que no parecía sino el ariete con el que derribar logros y conquistas históricas.

Así es que estoy encantado con el método y con sus resultados. Auditoría para aclarar qué se ha hecho, discriminar las acciones justificables de aquéllas que no eran sino tapadera de negocios inconfesables, identificar, contabilizar, medir, valorar, contrastar, argumentar y finalmente exponer. Reitero, estoy encantado con el método y las formas del modelo de auditoría. Tan sólo quisiera, y apuesto desde esta tribuna por ello, que la eficacia crítica de la auditoria no quede reservada a los auditores técnicos. Me explico, en las auditorias convencionales, el cuestionamiento, el argumentario narrativo de la auditoria va de la mano del auditor profesional que suele recoger la sensibilidad del ente que paga la realización de la misma. Por esta razón casi ningún desfalco bancario es detectado por la auditoria procedimentalmente establecida.

Lo que se propone desde aquí es que la auditoria social se haga pública y sean las organizaciones sociales, las plataformas cívicas, las asociaciones y las agrupaciones interesadas quienes hagan la lectura crítica de la auditoría, establezcan el cuestionario de requerimientos y contestaciones y establezcan el resumen ejecutivo o la lectura oficial de la propia auditoría. Solo así tendremos la seguridad de que se ha indagado todo aquello que merecía serlo y se han puesto sobre la  mesa los argumentos y contraargumentos de tantos años de desbarajuste. 

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