En pleno debate sobre el derecho a decidir de Cataluña, nos acercamos a la primera institución administrativa catalana de la historia contemporánea, la Mancomunitat, creada en 1913.
En el año 1911, las diputaciones de las cuatro provincias catalanas presentaron al gobierno unas bases de proyecto para constituir una entidad de autogobierno catalán. Canalejas vio con buenos ojos el proyecto y fue debatido en el Congreso, generando un intenso debate y la oposición de los sectores más centralistas, a pesar de que había sido muy rebajado por el gobierno. Ante esta cerrada oposición, los diputados catalanes, aunque no partidarios de esta rebaja, decidieron defender el proyecto en la Cámara Baja. El asesinato de Canalejas paralizó el proyecto, que fue bloqueado en el Senado. Los conservadores regresaron al poder y la Lliga Regionalista aprovechó sus buenas relaciones con el partido para acercarse a Eduardo Dato. La circunstancia era propicia para los intereses de la Lliga porque el presidente del Consejo de Ministros intentaba apaciguar los caldeados ánimos de Cataluña y decidió publicar un Real Decreto el 18 de diciembre de 1913.
El Real Decreto de Mancomunidades permitía a las diputaciones provinciales que se mancomunaran pero con fines puramente administrativos y no presuponía delegación alguna de competencias por parte del Estado, que en todo caso, debían ser concedidas mediante una ley aprobada en Cortes. Cataluña aprovechó esta vía, estableciéndose la Mancomunitat el día 6 de abril de 1914. Su primer presidente fue Enric Prat de la Riba, destacado político de la Lliga Regionalista y presidente de la Diputación de Barcelona desde 1906. Progresivamente, se traspasaron los servicios de las diputaciones catalanas al nuevo organismo pero no se traspasó ninguna competencia del Estado, por lo que, en puridad, no se puede hablar de un proceso de descentralización como ocurriría en la República con el Estatut de 1932, o con la creación de comunidades autónomas en la democracia actual, y ni mucho menos de autogobierno, aunque sí de cierta asunción de responsabilidades por parte de Cataluña en las materias y asuntos en que se le permitió. A pesar de esta limitación, la Mancomunitat realizó una labor intensa dentro del marco legislativo existente, especialmente a partir de 1918, que es cuando pudo elaborar presupuestos propios.
Los dos grandes objetivos de la institución fueron, en primer lugar, crear una infraestructura de servicios públicos y administrativos para potenciar el desarrollo de Cataluña, incluyendo las infraestructuras (teléfonos y telégrafos) y, sobre todo, completar un ambicioso proyecto educativo y cultural catalán, unido a un plan de formación profesional y técnica.
Dentro del segundo objetivo se potenció la lengua y cultura catalanas, intentando catalanizar la gran masa de inmigrantes. Es de destacar la creación de la Biblioteca de Catalunya (1914), el Consell de l’Administració Local (1914) y se potenció el Institut d’Estudis Catalans. En relación con la extensión de la educación técnica y profesional, se creó la Escuela de Trabajo, la Universidad Industrial y la Escuela de Oficios, para favorecer la modernización industrial e intentar integrar a los obreros. En enseñanza primaria se apostó por la renovación pedagógica con escuelas de verano y aplicación del método Montessori. En el mundo rural se montaron escuelas de técnicos agrarios, granjas modelo, cursillos y servicios de asistencia técnica.
La llegada de la Dictadura de Primo de Rivera provocó la destitución de su segundo presidente de la Mancomunitat, Puig i Cadafalch, que fue sustituido por Alfons Sala, un hombre del nuevo régimen, que pertenecería a la Unión Patriótica, el partido creado por el dictador. En esta nueva etapa se paralizó casi todo lo puesto en marcha por Mancomunitat. En 1925 dejó de existir.