lunes 22.07.2019

La corrupción política

Los controles legislativos no son suficientes para frenar la corrupción si no existe una educación cívica que haga más exigentes los códigos sociales y personales de conducta.

La corrupción política supone un deterioro moral del sistema político como consecuencia de un mal ejercicio o por un ejercicio desviado de las funciones públicas por parte de los responsables de las mismas.

Lord Acton habló de que el poder, en principio otorgado para servir a los intereses colectivos o generales, puede tender a ser empleado de forma abusiva para conseguir fines privados, muchas veces de carácter material. Sería la colisión entre los intereses públicos y los privados. En función del grado de poder estaría el grado de corrupción. Cuanto más poder y, sobre todo cuantas menos cortapisas legales existan, mayor sería el grado de corrupción.

La corrupción política se puede manifestar de distintas maneras: uso indebido de información privilegiada, tráfico de influencias, sobornos, extorsiones, malversación de fondos públicos, prevaricación, caciquismo, nepotismo y fraude electoral.

Es evidente que la corrupción política degrada la credibilidad de los políticos y de las instituciones además de dar lugar a un mal funcionamiento de los servicios públicos y fomentar la proliferación de graves delitos como el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado.

La corrupción afecta a tres sectores: los legisladores y gobernantes, los partidos políticos y la Administración. En el primer caso, se verifica cuando se realizan votaciones o se toman decisiones que tienen que ver con grandes corporaciones o con grupos de presión que buscan un beneficio que solamente pueden alcanzar con una decisión política favorable para los mismos. Esos grupos compran los votos o a quienes toman las decisiones. En España este tipo de corrupción se ha dado con más frecuencia en los consistorios en relación con la construcción. En el caso de los partidos políticos se produce cuando se realizan acciones ilegales para conseguir el poder o perpetuarse en el mismo: financiación ilegal del partido y/o de sus campañas electorales, compra de votos a cambio de beneficios (clientelismo político), etc.. En nuestro país el caso más notorio y reciente sería el de la supuesta financiación ilegal del partido en el gobierno a través de unas cajas b. Esta corrupción tiene más o menos éxito también en función del grado de formación política, nivel crítico y grado de pasividad de la opinión pública. Por fin, en el caso de la Administración estaríamos hablando de la venalidad de los funcionarios y su capacidad para bloquear o acelerar una sanción, un proceso administrativo o la aplicación de una norma, además de dar tratos de favor o filtrar información. Se puede comprobar en algunos casos que se han producido en la administración de justicia, por ejemplo.

Para impedir este deterioro se crean o es necesaria la creación de controles institucionales y legales efectivos. La privatización de muchos servicios públicos no es precisamente una barrera para la corrupción sino todo lo contrario porque fomenta el apetito económico de algunos políticos que deben tomar las decisiones pertinentes sobre la adjudicación de la administración de un servicio a una u otra empresa privada. Los intentos de privatizar la Sanidad en España pueden ofrecernos algunas pistas, por ejemplo.

Pero los controles legislativos no son suficientes para frenar la corrupción si no existe una educación cívica que haga más exigentes los códigos sociales y personales de conducta. La formación de valores que fomenten el concepto de servicio a la comunidad frente a la idea de que hay que acceder a los distintos puestos y responsabilidades para obtener beneficios privados se convierte en un instrumento preventivo fundamental. En los países de sólidas y antiguas democracias con largos años de pedagogía política y cívica estos valores están más arraigados que en los países de democracias más recientes, que han padecido dictaduras, sistemas políticos más favorables a la extensión de la corrupción, como sería el caso español. La dictadura franquista se asentó en un sistema de corrupción que evolucionó en el tiempo en función del desarrollo económico del país: del estraperlo al desarrollismo. Por otro lado, la negativa de la derecha española a que se enseñen valores cívicos en la escuela no ayuda, precisamente al fomento de comportamientos éticos. En las democracias antiguas y sólidas, cualquier hecho asociado con un uso desviado del poder termina más fácilmente con la dimisión del culpable y/o con la asunción de responsabilidades, que en los países sin cultura cívica donde, a pesar del escándalo, es más difícil que se asuma la responsabilidad.

Hay autores que valoran ciertas funciones positivas en la corrupción, pero es evidente que en una democracia la idea predominante sobre este fenómeno es muy negativa porque socava el principio de legitimidad del sistema político. Por otro lado, la corrupción puede ser un pretexto para el avance de ideas populistas y discursos demagógicos que, en el fondo, lo que pretenden no es una regeneración política sino réditos electorales. La corrupción política puede terminar por favorecer discursos contra lo público, contra la política, cuando sin ella no pueden funcionar las sociedades.

La corrupción política