La autoridad es un atributo que el derecho otorga a una persona o varias para que mantengan una relación de superioridad sobre otras personas subordinadas. Por otro lado, existe la autoridad moral, es decir, la habilidad para ejercer un ascendiente sobre un grupo.
La autoridad se manifiesta en muchos ámbitos: en la familia, grupos de todo tipo, sindicatos y organizaciones políticas. Pero la más destacada es la autoridad relacionada con el Estado. En este caso, la autoridad es un recurso del poder institucionalizado muy vinculado a otro concepto, el del orden, así como, a la obligación de obedecer que permite no realizar esfuerzos para persuadir y, sobre todo, para no tener que recurrir a la fuerza. En ese sentido, la autoridad se relaciona con la legitimidad que, en ciencia política, puede ser de varios tipos, aunque aquí nos interesaría la relacionada con nuestro sistema político. En nuestro tiempo, la legitimidad está vinculada, lógicamente, a la democracia, al Estado de Derecho, a la pluralidad política, y al reconocimiento y garantía de derechos fundamentales.
El problema aparece cuando se entra en una crisis de legitimidad y, por consiguiente, la autoridad se desliza hacia el autoritarismo. En esa deriva, el poder político puede ejercerse sin tener que basarse en la aprobación de los ciudadanos. Por eso, el autoritarismo puede ser un sinónimo de dictadura o de sistema político en el que prime lo arbitrario y lo represivo.
No es este el momento para relatar la apasionante polémica acerca de la comparación entre autoritarismo y totalitarismo. El objeto de este artículo es preguntarnos si la ley de seguridad ciudadana que pretende aprobar el gobierno del Partido Popular no supone, realmente, un golpe muy duro a la legitimidad de nuestro sistema político al conculcar, posiblemente, derechos fundamentales reconocidos y garantizados en la Constitución y, por consiguiente, la autoridad en España termine derivando hacia una especie de autoritarismo, con el apoyo de una parte del electorado, pero primando lo represivo y la arbitrariedad. Después de haber dinamitado económicamente los derechos sociales, es decir, impidiendo su garantía, le llega el turno a derechos más clásicos, aunque aquí el método seguido es distinto porque no se trata de recursos económicos. Ahora se legisla directamente para limitar derechos en aras de una pretendida seguridad.