Este es el lamento lacrimoso de los partidos tradicionales en España. Deberían sin embargo enjugar y apaciguar este llanto y aceptar que no los entendemos, no los queremos y no los votamos porque no los creemos, asumiendo de una vez que “la clave fundamental para recuperar la credibilidad es explicar claramente lo que estás haciendo (o lo que pretendes hacer) y por qué”, como escribe Soledad Gallego-Díaz en El País (29/06/2014), quien afirma también que “el primer problema del PSOE es su falta de credibilidad, la incapacidad de sus dirigentes para ser creídos”. Juicio que se torna más severo aún si contemplamos las repetidas y descaradas mentiras del PP para encubrir sus miserias y la traición a sus promesas electorales.
Recordando a Frantz Fanon (“Los condenados de la tierra”, 1961, leído hace muchos años) me atrevo a afirmar que la legitimidad, la credibilidad de la acción política en general, y de un gobierno democrático con mayor exigencia aún, es la de explicar cada día la razón última de sus decisiones y no sólo anunciarlas en los programas electorales o justificarlas a posteriori en los manidos debates sobre el estado de la nación. Fanon decía, no literalmente, que hacer política es explicar públicamente cuándo se hace un puente, quién lo paga, porqué se hace en este lugar y no en otro, porqué ahora frente a otras necesidades urgentes y a quién beneficia, ¿a quien lo cruza cada día o a quien lo construye?
Tenemos próximos hechos políticos de gran importancia, opacos frente a la ciudadanía y que, dada su falta de transparencia y explicación pública, han creado malestar, rechazo y desconfianza que se traducen en pérdida de votos para los partidos mayoritarios y especialmente para el PSOE. ¿Qué razones o qué presiones justificaron la reforma del artículo 135 de la Constitución? ¿Qué razones o qué presiones justificaron el apoyo de los socialistas a Durao Barroso (anfitrión del trío de las Azores) y han justificado el voto a favor de Juncker? ¿Cuáles son las razones para votar favorablemente el aforamiento del ex rey Juan Carlos I y silenciar el escándalo de más de diez mil aforados en España? Si hay razones políticas de peso, si hay circunstancias que aconsejan u obligan a tomar estas decisiones, aunque solo sea por una prudencia coyuntural, un partido que debiera perfilarse como una alternativa progresista al PP tiene la obligación de hacer públicas estas razones, prudencias o presiones ante la ciudadanía y no solo ante sus militantes, cosa que tampoco se ha hecho.
Esta exigencia de claridad, de explicación, es aun más necesaria en tiempos de autoimpuesta escasez de recursos públicos y de dramáticos recortes en las prestaciones sociales. Tiempos en que la responsabilidad política debe concretarse de forma más exigente en la selección de sacrificios que no en la promesa de paraísos.
A los lamentos de los partidos, que encabezaban estas líneas, responden airados miles de ciudadanos con un ¡no nos representan! Un grito que no es tanto la expresión de una revuelta antisistema como el cada vez más extendido clamor contra un sistema que se titula democrático únicamente porque se puede votar cada cuatro años (cosa necesaria pero no suficiente), pero que tolera, cuando no provoca, con su política económica la desigualdad, la marginación, la exclusión de los empobrecidos por el propio sistema, dominado por los mercados, que imponen sus reglas por encima de la política a unos sumisos partidos. Un grito que reclama más y mejor democracia, representativa y participativa a la vez. Un grito que no pretende destruir la democracia nacida de la transición y la Constitución de 1978, aunque sí cuestionarla radicalmente y que aspira y exige construir un nuevo sistema en el que la libertad no se venda a cambio de una mayor seguridad represiva, la igualdad sea un objetivo y un compromiso irrenunciable de los gobiernos y la solidaridad, la vieja fraternidad revolucionaria, no se degrade en subsidios asistenciales para los “pobres”.
Con más rigor que el bla, bla, bla de los discursos al uso en boca de los candidatos a gobernar la nación, las nacionalidades, los municipios y los propios partidos, se necesita, se exige, una mayor concreción, un mayor énfasis en cómo afrontar los graves problemas que acosan cotidianamente a los ciudadanos, nacidos todos ellos de la desigualdad, que diferencia ricos y pobres, fractura la sociedad y expulsa a los menos favorecidos, cada día más empobrecidos. Más allá del tópico, de la invocación cínica y oportunista, necesitamos una mejor democracia en la que la voz de los ciudadanos sea oída o, mejor dicho, entendida y atendida, en la que los mecanismos de participación en los asuntos públicos se amplíen más allá de los partidos o sindicatos, en la que los gobernantes expongan las razones que justifiquen para quien, cuando y donde se toman las decisiones que afectan al conjunto de los ciudadanos, sean leyes, decretos o presupuestos. Si así lo hiciesen, volveríamos a entender, querer y votar a los partidos políticos tradicionales o nuevos, y en ese caso reconoceríamos que sí nos representan.