Este domingo, a las 12:00 horas, se ha concentrado un grupo importante de madrileños, importante por su condición de ciudadanos, en la Puerta del Sol frente a la sede de la Presidencia de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para reclamar que el Canal de Isabel II (CYII) se mantenga como una empresa pública y no se privatice, al grito de protesta, llena de razón democrática: ¡el agua es un derecho, no una mercancía!
Una protesta de madrileños indignados con un gobierno dispuesto a privatizar todos los bienes públicos, vendiendo incluso los derechos de los ciudadanos. Venta justificada por unas opacas razones financieras y la necesidad de nutrir las esquilmadas arcas de las administraciones públicas, pero cuya razón última se basa en el fundamentalismo neoliberal del gobierno regional, un Tea Party a la madrileña, que apuesta por los mercados y sus mecanismos como forma de gestionar los servicios sociales, conquistados en duras y largas luchas, anulando, borrando, a las instituciones y organismos públicos como garantes no solo de la eficacia sino, sobre todo, de la equidad en la gestión de bienes y servicios que afectan a todos los ciudadanos.
Ya en 2008 Esperanza Aguirre anunció la privatización de CYII y la creación de una sociedad anónima que controlaría el 49% de las acciones. En 2011 ese anuncio se concretó en una oferta de venta que fracasó al no encontrar la empresa privada que pagase el precio fijado por el gobierno regional. En 2012 se crea la sociedad Canal de Isabel II Gestión S.A., primer paso para su definitiva privatización. Hoy, en 2014, la Junta General Extraordinaria, convocada para el próximo 3 de diciembre, va aprobar la emisión de valores negociables de renta fija por valor de 600 millones de euros. Una definitiva forma de privatización.
Las voces airadas de los madrileños en la Puerta del Sol no solo eran una protesta sino, sobre todo, una convocatoria a la movilización ciudadana contra la privatización de nuestros derechos, transformados en mercancía.
Hace ya tres años publiqué un artículo con el título ¡Se vende agua! (El País, 02-10-11) en el que planteaba que la pretendida privatización no se sustentaba ni en razones técnicas ni económicas ni, menos aún, sociales que justificasen este asalto descarado a un organismo público. En 2010 los beneficios netos del Canal fueron de 115 millones de euros. En 2013 han sido de casi 200 millones de euros, de los que un 80% se destina a repartir dividendos en lugar de a mejorar la calidad del servicio o rebajar el precio del agua.
Leído hoy ese artículo, repetiría íntegramente su contenido, ajustándolo a las circunstancias y cifras actuales, pero manteniendo que “la gestión de un bien público como es el agua no puede quedar sujete a los vaivenes del mercado, con crisis o sin crisis”. Podría poner en peligro el suministro de agua potable en la cantidad, precio y calidad actuales. Siendo evidente el carácter de monopolio del CYII, “el gran negocio del futuro sería el agua embotellada”.
Arranquemos ese siniestro cartel colgado a la entrada de la Comunidad de Madrid en el que se anuncia, como en los grandes almacenes, una venta de todo el patrimonio público a la voz de: ¡Rebajas por liquidación!
Frente a esta política practicada día a día tanto por el ayuntamiento como por el gobierno de la CAM, se trate de viviendas sociales, cocheras de metros, equipamientos públicos, suelo y subsuelo de nuestra ciudad, no podemos permanecer silenciosos ni quietos. El miércoles día 3 de diciembre, a las 12:30 horas, frente a las instalaciones del Canal de Isabel II, la Plataforma contra la Privatización del CYII ha convocado una concentración contra este nuevo atropello y en defensa de la dignidad y la razón.
Digamos NO hoy y comprometamos un nuevo y más rotundo NO en las próximas elecciones de mayo de 2015.