Un comité de Naciones Unidas aprobó un proyecto argentino sobre los derechos soberanos de las naciones para evitar ser avasallados por los fondos especulativos que tienen títulos de deuda externa. El comité que trató esa iniciativa está presidido por el embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, y esta iniciativa será tratada ante la presencia de mandatarios de más de un centenar de naciones entre el 25 y el 27 de septiembre. Será la última intervención de Cristina Fernández de Kirchner y sin dudas a un mes de las elecciones generales en la Argentina, tendrá un reconocimiento internacional por la pelea contra los fondos buitre que por entonces llevará tres años y medio desde el primer fallo del juez Thomas Griesa. La curiosidad: el encuentro de la ONU será en Nueva York, a pocas cuadras del juzgado de Griesa. La importancia soberana: no se cumplió ninguno de los pronósticos catastróficos hechos tras el incumplimiento de la sentencia de Griesa.
El proyecto de Argentina y Bolivia tendrá sin duda un amplio respaldo internacional. La cuota de realismo consistirá en que ninguna declaración internacional modifica la solidez jurídica que tiene en el capitalismo una sentencia judicial tomada en el centro financiero más importante del planeta. De cara al electorado argentino, será un impulso a reconocer la audacia y la determinación de no ceder siquiera ante sectores con un poder sideral. La pregunta incómoda: ¿Se podrá conseguir el financiamiento externo que ansían los principales candidatos sin una solución a ese 7% de tenedores de títulos externos, muchos de los cuales están sentados sobre la sentencia del juez Thomas Griesa?
Pragmatismo
El FPV puede exhibir no sólo ante su público fiel –que podría estimarse en un tercio del electorado– sino también ante un sector fluctuante, no peronista ni antiperonista, su capacidad de tomar decisiones y de defenderlas ante las presiones de sectores poderosos de muy distinto signo. El pragmatismo fue una de las características –no la única, desde ya– de los gobiernos de Néstor y Cristina. En 2007 les extendieron las licencias a los medios más poderosos, aprobaron nada menos que la fusión entre Cablevisión y Multicanal, pero al tiempo empezó una pelea que no terminó y que tiene una imagen congelada en que todavía no se dio un paso serio para que el Grupo Clarín pierda su condición de empresa con posiciones dominantes en el mercado audiovisual. Pregunta incómoda: ¿El próximo gobierno y la Justicia cumplirán a rajatabla con la decisión de la Corte Suprema?
Pragmatismo fue también, en noviembre de 2011, apenas reelecta Cristina, dejar de lado a Hugo Moyano y establecer un acercamiento con José Ignacio de Mendiguren, a quien Cristina llamaba “Vasco”, el mismo día que empezaba la pelea con el líder camionero y secretario general de la CGT. El Vasco está con Sergio Massa y la cúpula de la UIA está decidida a pelear por una devaluación, siguiendo los pasos de Brasil, principal socio comercial y principal inversionista en la Argentina. Es más, la industria automotriz, que pintaba como la columna vertebral de los intereses industriales de las dos naciones, está de capa caída y en la Argentina en vez de avanzar la sustitución de autopartes, se incrementó el coeficiente importado.
Además, la central industrial está liderada por Techint y Arcor, las dos empresas asociadas con Clarín en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que es un sello de goma, pero manejado por la elite de los ejecutivos. AEA saca pocos comunicados, uno de los últimos fue por el reemplazo del juez Luis Cabral en la Cámara Federal porteña que debía tratar el Memorándum con Irán. Pregunta incómoda: ¿Cómo se hace para hacer funcionar un Consejo Económico Social capaz de amortiguar conflictos, promover acuerdos y consensuar planes económicos si la UIA y buena parte de las conducciones sindicales que tienen cinco centrales en vez de una única CGT son opositoras?
Pragmatismo fue sin duda no ceder ante los fondos buitre. Y se debió a que el Gobierno confió en el respaldo que tenía en buena parte de la sociedad. Es más, lo amplió a medida que el conflicto avanzaba. Pero antes hubo un error de cálculo: se pagaron juicios en el CIADI, se hizo un acuerdo nada ventajoso con el Club de París, se negoció con Repsol, todo a la espera de un respaldo del gobierno de Barack Obama ante la Corte Suprema de Estados Unidos en la pelea con los holdouts.
En los 13 meses que pasaron desde que el máximo tribunal norteamericano le dio la espalda al legítimo reclamo argentino, el Gobierno contuvo el dólar y los buitres no pudieron concretar ningún embargo. Pero la Argentina ya tenía estancado el crecimiento industrial y ya lleva 22 meses de caídas consecutivas. La emisión monetaria avanza, el déficit fiscal pasó los cinco puntos en relación al PBI y, pese a ello, hay importantes sectores que consumen, una gran cantidad de empresas y cadenas de comercialización adhieren a pagos en 12 cuotas a precios fijos y, lo más importante, no se registra un avance del desempleo. Pregunta: ¿Para recurrir al crédito y la inversión externa a bajas tasas algún candidato cree que se puede seguir con las restricciones externas y con una brecha entre el oficial y el blue de más del 50%?
Pragmatismo es también adecuar la participación del Estado a los tiempos que corren. Tal es el éxito en esta materia que la oposición más enconada salió a reconocer el valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de los otros planes universales de ampliación de derechos. Y también YPF y Aerolíneas. Pero, más allá de los lobbies privatistas, el Estado argentino gestiona con muchas zonas oscuras.
Los subsidios a la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires que tiene a dos operadoras privadas como beneficiarias representan no menos de cuatro veces más erogaciones presupuestarias que la AUH y están muy lejos de estar orientadas a generar inclusión social. El sector de empresarios de colectivos –por mencionar un ejemplo al rojo vivo por el conflicto de los trabajadores de la Línea 60– recibe cada vez más subsidios a través del llamado Sistema Integrado de Transporte Automotor y el sector está concentrado en cada vez menos manos. La Auditoría General de la Nación (AGN) –un organismo de control dependiente del Congreso pero cuyos informes son sistemáticamente rechazados por el Gobierno– es lapidaria respecto de la poca transparencia del sistema. En sucesivos informes desde diciembre de 2012, los auditores dicen que no recibieron suficientes datos de la AFIP ni de la Inspección General de Justicia ni de la propia Secretaría de Transportes.
Subsidios en línea
El grupo DOTA –controlante de la línea 60– es el de mayor poderío en el Área Metropolitana de Buenos Aires, explota tres líneas de colectivos, controla otras 12, tiene injerencia directa en 11 adicionales y mediante su participación accionaria ejerce el control sobre tres líneas más y se vincula a otras dos. Su facturación representa el 25% del sistema. El segundo grupo en facturación es el Plaza, de los hermanos Mario y Claudio Cirigliano, denunciados por negociados con Ricardo Jaime y por la tragedia de Once. Los subsidios al gasoil son uno de los puntos del informe de la AGN. El mismo Juan Pablo Schiavi, antes de la tragedia de Once, le dijo a este cronista en una entrevista radial que el sistema del SUBE era la solución para transparentar los subsidios, porque con la tarjeta personalizada quedaría en blanco sobre negro dónde y quién realiza cada viaje en vez de pagar a las empresas los subsidios por declaración jurada.
El conflicto de la línea 60 tiene, sin duda, motivos políticos. Pero algún connotado dirigente kirchnerista proveniente de la combativa CTA ahora sale a respaldar a la conducción de la UTA, que está enfrentada con los delegados del 60, de filiación de izquierda. Lo opuesto a lo realizado por Carlos Tomada en relación con los metrodelegados que sufrieron históricamente el apriete de la UTA. Es raro escuchar a un diputado nacional santacruceño, de origen combativo, calificar a los que cortaban la Panamericana como inadaptados y referir sus conversaciones con el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, uno de los promotores de los paros de transporte que dejan sin posibilidad a los ciudadanos de concurrir a sus lugares de trabajo. El mismo Fernández que dijo que si el pueblo vota a Macri, lo van a respetar.
La UTA es parte sustantiva del lugar oscuro de los subsidios y, sin embargo, frente al conflicto con los choferes de la línea 60, puede ser un buen amigo. Puede resultar desmedido el corte de la Panamericana, pero la orden de reprimir con balas de goma y gases, dejando a dos trabajadores en terapia intensiva, debería ser analizada no en clave electoral, sino del país que viene. No de la Argentina pasada sino de las tensiones y conflictos que pueden generarse con las inconsistencias económicas que se viven y que están aletargadas por la gran capacidad política de Cristina y la inhabilidad de la oposición. Escuchar a un referente kirchnerista combativo decir que quieren un muerto –en referencia a los grupos de izquierda que fomentan o sostienen el conflicto de la línea 60– es quizá sacar a la superficie dos graves problemas. Uno es generar miedo, el gran disciplinador social, porque las imágenes de la Panamericana mostraban a 400 gendarmes bien equipados frente a obreros que, a lo sumo, tiraban piedras. El segundo es generar confusión y evitar hablar de cuáles son los cambios que la Argentina necesita para romper con el problema más grave que es la desigualdad: las rentas extraordinarias de los agronegocios, las finanzas, el petróleo y el gas en manos de grupos empresariales diversificados.
En el único sector estratégico de la economía que se avanzó en estos años fue en la estatización del 50% de YPF. Eso sirvió para cambiar radicalmente el coeficiente de inversión en Vaca Muerta. La gran paradoja es que todos los socios en este desafío son empresas multinacionales. Hay quienes pretenden un mundo idílico, donde se proteja el medio ambiente por encima de ciertos procedimientos de empresas lucrativas. Es un mundo de fantasía, quizá. Uno de los que estará en septiembre en la asamblea de la ONU en Nueva York es el jefe del Estado Vaticano, que irá para sostener la encíclica Laudato si (Alabado sea), que describe el actual sistema como estructuralmente perverso en el que los ricos explotan a los pobres y que convierten la Tierra en un montón de porquería.
Se vienen las PASO, muchos votarán con el corazón y sentirán la felicidad de 33 años de democracia. Algunos también podrán desafiar a la razón y prepararse, además, para ser protagonistas de los tiempos de cambio.