Hace ya algunos años que Pedro Pacheco, entonces Alcalde andalucista de Jerez (Cádiz), se refirió a la justicia como un “cachondeo”, una célebre frase que le acarreó serios problemas judiciales. No hace falta insistir aquí en el adjetivo utilizado por el Sr. Pacheco para referirse a la justicia, pues el incidente trajo el suficiente eco mediático como para que lo recordemos, pero si pensamos en él un instante es fácil ver cómo el devenir de los acontecimientos han ido superando aquél episodio y no precisamente para bien.
España alguna vez será el gran país democrático, honesto y con valores que sus ciudadanos y ciudadanas merecen, y para ello tenemos que seguir luchando, movilizándonos tanto en la calle como en las urnas
En los últimos meses se vienen sucediendo episodios mediáticos relacionados con el ejercicio de la justicia en nuestro país que están haciendo cierto aquel runrún transmitido boca a boca (y no con ruido mediático -que fue la osadía del ex-alcalde de Jerez-) de que el poder judicial no había hecho la transición a la democracia, al contrario que el ejército español, ejemplo de institución reconvertida a los modos, principios y valores del estado democrático.
Comienza todo a parecer un disparate: casos de corrupción con un gran número de imputados por estafas multimillonarias donde tras años y años de instrucción el único condenado es un juez al que se ha apartado de la carrera judicial. Extrañas coincidencias donde a la hora de juzgar a un banquero, nuevamente por estafa, resulta juzgado el juez. En todos los casos es coincidente la larguísima y complicada instrucción, el calculado impacto en los medios de comunicación, haciendo aparecer (más casualidades) hechos en prensa al mismo tiempo que otros que sirven de contrapeso y hasta de cortina de humo para reducir el impacto entre la ciudadanía, abusando de aquello tan manido del “y tú más” (pobre excusa que en realidad no debería servirnos de nada pero sirve), etc.
Hasta ahora mis labios y mi pluma han estado sellados por el tremendo respeto que profeso a las instituciones, y entre todas a la justicia -pilar básico en la arquitectura social de un país-. El abanico de efectos que la configuración de este poder independiente del Estado tiene sobre la sociedad es incalculable: desde el mantenimiento y eficacia de derechos y valores imprescindibles como la igualdad, la ética y la moral, al mismo sistema democrático de un país, que se tambalea seriamente cuando el sistema judicial es puesto en entredicho.
Algo así puede ocurrir cuando una instancia judicial se decide a investigar a todo un parlamento democrático. El tambaleo se percibe aún más cuando algo tan grave es utilizado políticamente, como si en esto no hubiera ciudadanos damnificados, ofendidos, en un intento de intimidación evidente (y de redireccionamiento político forzado). Alzo la voz ahora para reclamar que alguien debería parar esto, alguien debería decirle a la jueza que los únicos precedentes de investigación judicial de parlamentos se sitúan en investigaciones de actividades de gobiernos no democráticos (como el caso de algún régimen dictatorial de Sudamérica). Definitivamente en nuestro ordenamiento jurídico no está prevista la figura del juez para investigar a parlamentos democráticos.
Alguien, por tanto, debería parar esto, pero si por el contrario existiera alguna instancia política que pudiera animar, instar o cobijar actuaciones de este tipo, debería saber que tras la quiebra del sistema judicial sólo queda el caos y en el caos no reina la democracia. Podrían recibir como tempestades, multiplicados los vientos sembrados.
Algo así está ocurriendo a la ciudadanía andaluza. Los honestos ciudadanos y ciudadanas de Andalucía aparecen intimidados por una jueza que cuestiona una institución construida por la voluntad de todos y todas. Todo bajo sospecha, todo vale. Pero nadie puede engañar en cuestión de justicia a un honesto ciudadano, deberían saberlo. Lo que quizá sí puedan con sus actuaciones es provocar la indignación y la ira, porque ante estas situaciones no es posible permanecer impasible.
España alguna vez será el gran país democrático, honesto y con valores que sus ciudadanos y ciudadanas merecen, y para ello tenemos que seguir luchando, movilizándonos -tanto en la calle como en las urnas-. Tenemos que dar lecciones de honestidad, de principios y de valores a quienes al parecer los han perdido por completo y como en el estertor de un lagarto, dan coletazos sin rumbo. La vara de medir está rota y como en todo en este país, nos toca a la ciudadanía volver a recomponerla.