sábado 31/7/21

Se hace camino al negociar

parlament catalunya

Las diferentes versiones de la derecha, desde la más cerril hasta la más desnortada, se han embarcado en una demencial pelea para ver quién es más patriota y defiende con más ardor la unidad de España, al parecer en peligro eminente de ser destruida por el maquiavélico Sánchez y sus indultos a los presos independentistas catalanes. Tal desvarío, que choca con la postura de empresarios, sindicatos, la mayoría de fuerzas políticas parlamentarias, incluso de obispos catalanes y de la Conferencia Episcopal, esconde la impotencia de una oposición ultra reaccionaria, ultra conservadora, y ultra desubicada, incapaz de aportar nada a la gobernabilidad de nuestro país. Y como colofón, la pugna entre Cs, Vox y el PP por encabezar los recursos judiciales, sin más recorrido que el que va de la pobreza argumental a la miseria jurídica. La traca final de unos lamentables y peligroso fuegos artificiales, llenos de ruido y furia. Paradójicamente, la perturbación del clima político en España propicia la calma en Cataluña, lo que el facilita el diálogo y negociación.

La insoportable utilidad del indulto

Curiosamente, esta exhibición de histerismo colectivo ha conseguido el efecto contrario al que se proponía. Por un lado, las dudas y contradicciones en el seno del socialismo se han atenuado ante la ofensiva de la derecha. Por otra parte, facilitan al Presidente del Gobierno su tarea de recuperar la iniciativa en el conflicto político latente en Cataluña, debilitando las posiciones de los independentistas ante una opinión pública catalana que ve con inquietud y temor el riesgo que conlleva facilitar, con actitudes fundamentalistas, el acceso al poder de el Trío (bis) de Colon. Y, para mayor abundamiento, los indultos incrementan las contradicciones internas en el Govern de la Generalitat, encabezado por Pere Aragonés. Una situación que se agudizará según avance el diálogo, y el principio de la realidad vaya acotando las posibilidades de las propuestas maximalistas. Contradicciones que ya afloraron con el indulto, visto por dirigentes independentistas como un placebo, o una gracia envenenada, que se puede volver en contra del independentismo. El pintoresco debate antes de salir de prisión sobre si poner cara de triunfo o compungida resulta esclarecedor. En fin, ya sabíamos de la falta de finura política de nuestra montaraz derecha, y los centristas a la busca de un lugar donde anidar, pero era difícil imaginar mayor torpeza.

Ahora bien, aunque es bastante probable que el proceso de diálogo con el Govern refuerce progresivamente el papel de Pedro Sánchez (librado de la presencia de incómodo Iglesias), y el PSOE termine recuperando su tirón electoral, potenciado por la paulatina recuperación de la normalidad y el inicio de la recuperación impulsada por los dineros de la UE, eso no significa que lo que queda por delante sea un camino de rosas. Ni que el diálogo pueda desembocar en un acuerdo satisfactorio. Aunque pequeños avances en el punto de partida puedan significar grandes cambios a medio y largo plazo (efecto mariposa), hoy muy difícil de calibrar, hay algunos aspectos del contencioso político catalán que no desaparecerán, ya que expresan su razón de ser. El sentimiento de identidad del independentismo, una poderosa fuerza de socialización basada en el sentido de pertenencia, no desaparece simplemente por dialogar y negociar, aunque se llegue a un acuerdo (1). Solo desaparece cuando el sentimiento se disuelve en otra identidad más amplia, o desaparezca por extinción (generalmente genocidio). En el caso de Cataluña, el sentimiento identitario se ha manifestando, de una u otra manera, a lo largo del tiempo, con momentos tan importantes como la proclamación de la República Catalana (dentro de Federación Ibérica) por Francesc Macià, en1931; el Estado Catalán (dentro de la República Federal Española) por Lluís Companys, en 1934; y la virtual y efímera República Independiente de Cataluña, por Carles Puigdemont, en 2017. En este largo periodo histórico, que algunos datan desde 1641, el sentimiento identitario ha sufrido oscilaciones cuantitativas y cualitativas, con distintos grados de extensión y apoyo a la independencia de Cataluña. Pretender que la generosidad, buena voluntad, y pragmatismo pueden disolver este poderoso sentimiento solo por poner en funcionamiento la mesa de diálogo, y estar dispuesto a discutirlo todo, es una peligrosa ingenuidad.

El síndrome del hámster

El President Pere Aragonés lo ha proclamado sin tapujos en su discurso de investidura: vamos a culminar la independencia de Cataluña y trabajar por hacer inevitable el ejercicio del derecho a decidir y la amnistía de los condenados por el proceso independentista. Una proclamación inevitable, pero retórica. Al menos, en esta ocasión, se incluyen ambiciosas medidas sociales, pactadas con la CUP, como la universalización de la educación, el incremento de las guarderías, y un plan de choque de 700 millones de euros contra el desempleo juvenil. Medidas que reflejan los deseos de una parte amplia de la ciudadanía catalana. Pero la cuestión es cómo conjugar independencia y gobernabilidad. La experiencia del anterior Govern, presidido por el supremacista Quim Torra, no invita precisamente al optimismo. Y tras las elecciones, el panorama no es mucho mejor. La realidad cruda y dura es que el escenario político y social apenas ha cambiado. Es cierto que la mayoría parlamentaria independentista es hoy algo mayor (4 escaños), pero la base social, entendida como la proporción de votantes independentistas sobre el conjunto del censo, es ligeramente menor. Se puede jugar con el trampantojo del 52%, sumando los votos del PDeCat, y olvidando los 2.494.382 (46,5%) abstencionistas, pero eso no cambia la tozuda realidad que nos muestra una sociedad dividida en dos bloques muy similares (2).

Por eso no se entiende en qué base social se puede apoyar el nuevo Gobern para culminar la independencia de Cataluña. La experiencia muestra que cuando se da un equilibrio de fuerzas en pugna, el sistema se paraliza, y corre riesgo de colapso. El peligro es que Pere Aragonés y su Govern se vean atrapados en el síndrome de la marmota, condenados a repetir una y otra vez los mismos errores. Es cierto que ERC tiene un potente instrumento de presión, ejercido en alguna ocasión con efectos desastrosos: su apoyo al gobierno de coalición. Pero muy menguado a estas alturas de la legislatura, con los Presupuestos Generales aprobados. En todo caso, es una capacidad de doble filo, ya que lo que debilita al Gobierno de Pedro Sánchez se vuelve en contra del Gobern y su estrategia de diálogo. Por eso, Pere Aragonés se verá, en el mejor de los casos, en la tesitura de amagar pero no dar si no quiere sucumbir a la estrategia de Puigdemont, y su apuesta de: ¡por el caos de España hacia la independencia de Cataluña!

Sin negar el piadoso deseo dialogante de Junqueras, y la moderación formal de Aragonés, su apuesta estratégica por ensanchar el campo independentista, y articular políticamente el presumible 80% de catalanes favorables al derecho a decidir, se la juegan a una sola carta: la mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político. Un nombre largo para un recorrido corto si el objetivo de los independentistas se centra exclusivamente en conseguir la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Ambos objetivos delimitan la frontera de lo asumible por el Pedro Sánchez, además de tener serias dificultades de encaje jurídico y fácil recurso al Constitucional. Solo desde la opción del caos tiene sentido. Pero, en ese caso, la primera victima serán los independentistas, que arrastrarían con ellos el gobierno de coalición, junto a la posibilidad de que la izquierda acceda al poder en nuestro país por bastante tiempo. De manera que si impera la razón práctica, y se impone la inteligencia política, Pere Aragonés debe plantear otras cuestiones candentes, como financiación e inversiones, gestión de los fondos europeos, competencias, etc. Incluso el desarrollo de un nuevo Estatut de carácter federalista (lo que le vendría bien al Estado de las Autonomías), en sintonía con la Declaración de Granada de los socialistas (3). No sería poca cosecha. Y le permitiría desarrollar el objetivo de ampliar la base social independentista hasta generar suficiente masa crítica. Pero tal camino lo tendría que recorrer en solitario, soportando la presión de sus socios de investidura, y la reacción pacífica de las incendiarias huestes de los CDR. ¿Está ERC dispuesto a ello? Difícil, muy difícil, porque solo sería factible con un cambio de alianzas, en línea con lo propuesto por En Comú Podem. Un escenario, en todo caso, todavía muy verde. Por lo tanto, lo más probable es que veamos en los próximos meses un ejercicio de equilibrios imposibles. Que, en la práctica, es tanto como correr sin parar en la rueda de hámster.

Entre el impasse y el conflicto

Pero el que la situación no haya cambiado en los aspectos fundamentales no significa que el dilema sea entre impasse y conflicto. Aún siendo consciente de la enorme dificultad que supone conciliar las aspiraciones históricas del independentismo, hoy encarnadas en casi la mitad de la población, con las exigencias de nuestro marco constitucional, y el respeto debido a la otra mitad de los catalanes, es posible instaurar un espacio de confluencia que sustente la continuidad del diálogo y negociación. Ello supone asumir renuncias por ambas partes: a demandas que exigen la reforma de la Constitución por el independentismo, y a una interpretación restrictiva de nuestra norma suprema por parte del gobierno central. La cuestión es qué propuesta, aceptable por ambas partes, puede desatar el nudo gordiano del conflicto catalán. Sin olvidar que, de una u otra forma, será necearía una actitud del PP cuanto menos receptiva. Y que, en el mejor de los casos, el proceso de negociación va para largo. Pero, a partir de ahí se hace camino negociando.

El primer paso seria acordar una consulta prospectiva sobre el acomodo de Cataluña en España, que podría realizarse sin necesidad de reformar la Constitución. Bastaría una interpretación creativa del Título III, artículo 92 (4). Una especie de modelo español de la vía canadiense que, partiendo de la legalidad del Estado Social y democrático de Derecho, permitiera negociar las condiciones, formas y maneras de realizarse (mecanismos de puesta en marcha, límites temporales, modelo de pregunta, porcentajes de participación y votos para ser válida, etc.) de dicha consulta prospectiva (5). El proceso de negociación, de llegar a buen puerto, debería aprobarse en el Parlament catalán y en la Cortes española. De acuerdo al resultado, se iniciarían las negociaciones para la reforma de la Constitución que recoja la posibilidad pactada de separación, y sus mecanismos refrendatarios.

Soy consciente de que, en la situación actual, plantear la mera posibilidad de dicha consulta prospectiva, no es oportuno ni, posiblemente, conveniente. Pero debe estar en el horizonte del diálogo que se inicia si queremos que tenga alguna posibilidad de éxito, y no sirva solo para ganar tiempo. En todo caso, debemos apostar para una integración europea cada vez más política e institucional, con la creación de una ciudadanía común que ampare las identidades nacionales en una pertenencia común superior. es simplemente, el futuro.


(1) Ver: Carlos Tuya. Conjeturas. Amazon 2021, pág. 46-47. (https://www.amazon.es/dp/B097WZXSG2)
(2)

cuadro

Fuente: Generalitat de Catalunya y elaboración de El País.

(3) Ver: Un nuevo pacto territorial para una sociedad plural (https://www.psoe.es/propuestas/reforma-constitucional/nuevo-pacto-territorial/)
(4) El Título III, artículo 92, señala que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. En este sentido van las reflexiones del ex-presidente del Consejo de Estado y el ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, expresadas con claridad en su articulo Un referéndum para Cataluña, publicado el 8 de octubre de 2012 en El País.
(5) El fallo del Tribunal Supremo de Canadá, de 1998, tenía dos partes. En primer lugar, afirmaba que "una declaración unilateral de independencia violaría tanto la Constitución de Canadá como las leyes internacionales". Y en segundo lugar, sostenía que "una mayoría inequívoca en favor de la secesión, a partir de una pregunta clara, daría legitimidad democrática a la iniciativa de secesión, lo que exigiría que el Gobierno federal y las demás provincias entablasen negociaciones con Quebec", en las que “sería necesario conciliar los distintos derechos y obligaciones de dos mayorías legítimas, la de la población de Quebec y la de Canadá en su conjunto”. Finalmente, habría que reformar la Constitución, disolver las Cortes, y someter la reforma a referéndum nacional. Ver el artículo de Adrian Shubert, Los límites de la vía canadiense, publicado el 20 de septiembre de 2017 en El País. 

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