jueves. 28.03.2024

Andanzas y desandanzas del Pacto de investidura

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Llegó vino el virus y mandó parar. El impacto inesperado y destructivo de un microorganismo, la Covid-19, apenas una pequeña cadena de ARN envuelto en proteínas, ha conseguido en solo unos meses paralizar la actividad productiva de gran parte de la humanidad, causando una de las mayores recesiones económicas de la historia, y trastocando los parámetros de la acción política. En nuestro caso, el Pacto de investidura y el acuerdo del gobierno de coalición, orientado a revertir los efectos de la terapia de choque aplicada por el anterior gobierno del PP ante la Gran Recesión de 2008 (desigualdad, precariedad, pobreza, exclusión, brechas, paro, etc.), y abordar una solución política al conflicto del procés, reflejado en el acuerdo de gobierno firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Una agenda política que concitó el apoyo de fuerzas progresistas, regionalistas y nacionalistas, con la abstención de los independentistas de ERC, posibilitando así la investidura de Pedro Sánchez. Investidura sustentada sobre una base parlamentaria muy frágil, de solo 2 votos, condicionados a los intereses de cada grupo político, y particularmente inestables en el caso de ERC, que exigía para mantener su apoyo la puesta en marcha una mesa de diálogo Gobierno-Generalitat donde abordar el problema político de Cataluña [1]. De ahí que a las ya de por si enormes dificultades de plasmar en unos Presupuestos generales las exigencias económicas de los socios de gobierno e investidura que fueran aceptados por Bruselas, se unía el tener que asumir el escenario de riesgo de la mesa de diálogo, en cuyo desarrollo cabía la posibilidad de llegar a una situación de zugzwang, donde cualquier movimiento del Gobierno resultaría siempre perdedor [2]. Porque el objetivo, nada oculto, del independentismo catalán siempre ha sido pactar un imposible fáctico y jurídico: el referéndum de autodeterminación.

Así las cosas, la Covid-19 irrumpe en escena y trastoca la función, obligando a reescribir el libreto. En primer lugar, somete a estrés el pacto del abrazo, que debe lidiar con los efectos de la pandemia y los sucesivos Estados de Alarma para doblegar la curva, comenzar la desescalada, y adentrarse en la nueva normalidad. Una imprevista dificultad añadida a la hora de implementar algunas de sus promesas más icónicas, lo que hace que afloren las primaras pugnas en el seno del gobierno, protagonizadas por Iglesias, al que la incontinencia verbal no le abandona del todo y cae en provocaciones de la derecha desmadrada. Un desliz del que se arrepiente públicamente. Sabe que es una importante baza argumental de las derechas para atacar al PSOE. Y no precisamente por haberse podemizado; ya lo hicieron con Zapatero el ilegítimo. También es consciente de que Felipe González participa en la operación de acoso y derribo de Sánchez, como antes lo hizo con los marxistas en el seno del partido. Hace tiempo que ya no se esfuerza por dar miedo a los sinvergüenzas, a los corruptos, a los responsables de la desigualdad, a los que se enriquecen a costa del sufrimiento de la gente. Es la izquierda de la izquierda socialista. Pero tampoco acepta convertirse en un convidado de piedra en el consejo de ministros. Por eso marca territorio a cuenta de la urgencia y alcance del Ingreso Mínimo Vital, reclama la total derogación de la reforma laboral, e insiste en el impuesto sobre la riqueza, que Calviño frena en seco. Y al final cede. Pero que son un aviso de lo que puede ocurrir cuando se encare la reconstrucción y sus condicionalidades. De momento, Echenique ya ha anunciado que habrá que modular el programa de investidura. En cualquier caso, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y Economía Social, ha logrado dinamizar el acuerdo social, acercando posiciones de la patronal hasta ahora alejadas, alcanzado un protagonismo que beneficia a la imagen de Unidas Podemos.

Pero la pandemia ha evidenciado las debilidades no solo del sistema sanitario, irresponsablemente recortado y privatizado por el PP, que cínicamente se rasga las vestiduras por sus fallos ante la Covid-19, sino del suelo parlamentario sobre el que se alza el gobierno de coalición. Su manifestación más clara es la pérdida de apoyo en las sucesivas votaciones del Estado de Alarma, que culmina en los reiterados NO de ERC y Compromís [3]. Debilidad que provoca errores innecesarios como el acuerdo con EH Bildu, fruto confesado del vértigo ante una posible derrota de la última prorroga del estado de alarma, donde se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular, posteriormente matizada luego por la guardiana de la ortodoxia, la vicepresidenta Nadia Calviño, para quedarse en recuperación de los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Lo que no duda en admitir la Ministra de Trabajo: Yo no puedo dictar una norma que diga "derogo toda la reforma laboral del PP", porque entre otras cosas hay muchos preceptos y muchísimas normas afectadas; sería una persona irresponsable si dijera esto; por tanto, técnicamente, no es posible [4]. Un daño autoinflingido, sobre todo de cara a Bruselas, que obliga a Pedro Sánchez a emplearse a fondo para recomponer las relaciones con el PNV y la CEOE. En política como en la ciencia muchas veces lo evidente es lo equivocado.

Alcanzar un acuerdo entre diferentes posiciones políticas, incluso con el común denominador progresista, exige capacidad de diálogo y estrategia de futuro. Porque todo pacto es el resultado de un juego de cesiones

La levedad del apoyo independentista

El veredero problema, el punto ciego de una legislatura que debe enfrentarse a desafíos no previstos, y una operación de acoso y derribo por parte de la oposición de una ferocidad sin precedentes, son los independentistas catalanes, cuyos 23 votos pueden hacer naufragar la legislatura, como ya tumbaron el gobierno de la moción de censura al votar en contra de los presupuestos. La razón es que todos sus acuerdos y apoyos los supeditan a un objetivo fundacional: lograr un referéndum de autodeterminación. Las formas de alcanzarlo son distintas: Puigdemont busca generar una grave crisis de gobernabilidad en España, cuya magnitud obligue a intervenir a Bruselas, e imponer la negociación para evitar que la crisis afecte al conjunto de la Unión Europea. Más realista, ERC pretende conseguir lo mismo, pero mediante la mesa de negociación acordada para facilitar el gobierno de coalición. Y no lo ocultan: en una entrevista a Telecinco, su líder Junqueras afirmaba rotundamente que sin mesa no hay legislatura. Podría añadir que, si en la mesa no se avanza en el objetivo del referéndum, tampoco.

Pero conviene no engañarse. El No de ERC ahora, como lo fue a los presupuestos de 2019, no es coyuntural, aunque se module de acuerdo a las circunstancias. Es la baza negociadora de los republicanos independentistas. En ese sentido, ni siquiera la tregua provocada por la Covid-19 ha evitado que lo utilicen, a modo de aviso. Y que ahora pongan el acento en las negociaciones del gobierno con el Cs de Arrimadas, a la busca de un lugar en el centro. Añádase la presión electoral en Cataluña, donde ERC se juega el liderazgo del bloque independentista, y es fácil suponer que su apoyo a los nuevos presupuestos, cuyo envío a Bruselas debe realizarse en Septiembre como muy tarde, no está garantizado. Y, por tanto, la estabilidad del gobierno de coalición. Una impagable baza negociadora a Cs de quienes insisten en o ellos o nosotros. Así las cosas, resulta de una sorprendente ingenuidad política pensar que, al ser de izquierdas, ERC amagará, pero no golpeará, aceptando que finalmente pesará más la preocupación social de la que alardean que los objetivos supremos independentistas. Nada más lejos de la realidad. Para que eso ocurra les queda todavía una larga travesía: la que ha recorrido el PNV, hoy el socio más fiable pese a ser de derechas, donde el horizonte de la independencia pasa por reforzar la autonomía vasca y reconfigurar sus capacidades de autogobierno. Un buen ejemplo de gradualismo estratégico. Así, la cogobernanza en la última fase del combate contra la pandemia sería un peldaño más en su fortalecimiento institucional; como lo será la negociación de la próximos presupuestos. La cura de realidad del Plan Ibarretxe, pese a su levedad,  ha sido más efectivo que el doloroso batacazo del procés.

Sería conveniente que la prórroga de la Covid-19 sirviera para asimilar que la reanudación de la mesa de diálogo con el independentismo catalán se asienta sobre un imposible fáctico, por que un referéndum de autodeterminación (y la amnistía a los políticos presos del procés) exige la reforma de la Constitución, inviable en la actual correlación de fuerzas parlamentarias. De ahí que ERC mantendrá viva la mesa de diálogo mientras le resulte rentable electoralmente. La única posibilidad de avanzar en la mesa de negociación es poner sobre el tapete una consulta acordada sobre las preferencias de los catalanes que tenga encaje en la Constitución. Esa posibilidad existe, bastaría una interpretación creativa del Título III, artículo 92, como ya señaló en su día el expresidente del Consejo de Estado y exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente [5]. Pero dudo mucho que se den hoy por hoy, y menos en tiempos de reconstrucción, las condiciones políticas para que pueda plantearla el Gobierno y aceptarla por los independentistas. En otras palabras, la estabilidad y futuro del gobierno de coalición tiene que sustentarse en premisas más sólidas y fiables. Veamos

Legislatura de transición

Lo preocupante de la debilidad parlamentaria del gobierno, y de sus efectos disruptivos, paliados en parte gracias a la exitosa puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital; la gestión pactada de los ERTE, que ha fortalecido la relación con los agentes sociales; las ayudas económicas al turismo y la automoción; el fondo (no reembolsable) de 16.000 € para las autonomías; la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, etc. es que no se vislumbra una estrategia para el complicado periodo largo de reconstrucción de una economía en caída libre [6]. Tanto más si, finalmente, el Eurogrupo acentúa la condicionalidad de las ayudas de la UE (con la patriótica ayuda de los populares), habrá que abordar el espinoso tema de los futuros recortes dado el fuerte endeudamiento, el elevado déficit, y la alta destrucción del empleo. De ahí que el debate no sea tanto recortes si o recortes no, porque salvo una poco probable radical reconsideración del neoliberalismo dominante en la UE, con los frugales y Alemania a la cabeza, tarde o temprano se exigirán los ajustes fiscales, sino sobre recortes dónde y recortes a cambio de qué. Esa es la cuestión, ser o no ser de la reconstrucción [7].

En estas condiciones, el juego de mayorías parlamentarias necesario para aprobar los presupuestos de la reconstrucción, y llevarlos a cabo a lo largo de la legislatura, no podrá resolverse de manera satisfactoria, y con cierto grado de estabilidad, sin ampliar la coalición de gobierno, consolidando el bloque progresista, hoy formado por los 161 escaños del PSOE (120), Unidas Podemos (35), Más País (3), Compromís (1), Nueva Canarias (1), Teruel Existe (1) y BNG (1), a los que se podrán añadir coyunturalmente PNV (7), EH-Bildu (1), PCR (1), Coalición Canaria (1). Lejos de la mayoría absoluta (176), pero capaz de conseguir las abstenciones, o incluso el voto favorable puntual de ERC. En el frente del NO, los 163 escaños del PP (88), VOX (52), JxCAT (8), Cs (10), CUP (2), NA+ (2) y Foro Asturias (1) son capaces de bloquear la acción del gobierno de coalición. Es decir, Pedro Sánchez solo puede sacar adelante los presupuestos repitiendo los apoyos de la investidura, lo que supone depender de ERC... salvo que consiga llegar a acuerdos con Cs, tarea a la que está dedicando grandes esfuerzos, esta vez sin la oposición social de Unidas Podemos. Estar en el gobierno es lo que tiene. ¡Cuánto nos habríamos ahorrado si se hubieran entendido! Entre otras cosas, que Vox no fuera la tercera fuerza parlamentaria. Pero agua pasada no mueve molino... aunque debería agitar las neuronas de nuestros políticos [8].

Estos son los mimbres de la gobernanza en España de cara la gigantesca tarea de la reconstrucción. No caben errores, ni hacerse muchas ilusiones sobre inciertos acuerdos con Cs y ERC, mutuamente excluyentes. Entramos en el campo de la geometría variable donde no existe la suficiente experiencia ni disposición. El ejemplo más evidente es la andadura tortuosa de la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica, cuyos trabajos han pivotado sobre cuatro pilares: fortalecimiento de la sanidad pública, reactivación económica, protección social y papel europeo. No se espera mucho más que buenos propósitos generales y, tal vez, el apoyo a la sanidad pública... siempre que no cuestione las privatizaciones liberales de nuestra derecha. Tal vez por eso, Pedro Sánchez se ha sacado de la manga un macroconsejo de los 100 sabios, expertos en distintas disciplinas –al modo italiano y francés– donde tengan voz distintas sensibilidades ideológicas. No sé que puede salir de tal paraninfo de sabios, aparte de la calidad académica de sus recomendaciones. Pero de lo que estoy seguro es que esta transversalidad busca un aval para la modulación del programa de gobierno que la Unión Europea, (¿con Calviño al frente del Eurogrupo?), desea... y exige. En todo caso, su creación en la oficina de prospectiva que dirige Iván Redondo, supone el reconocimiento de que no cabe esperar mucho de la flamante comisión parlamentaria presidida por Patxi López, pese a la presión de la CEOE para que impere consenso, cordura y concordia en el seno de la oposición. Cosas veredes. Y para equilibrar la apertura de Moncloa a un espectro social e ideológico mayoritariamente liberal, las Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la de Trabajo y Economía Socia Yolanda Díaz, junto con José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Manuel de la Rocha-Vázquez, Director del Departamento de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, se han reunido con una delegación de Economistas Frente a la Crisis (EFC), que han alertado sobre determinados grupos que quieren poner freno o evitar las grandes reformas que requiere el país, y que se fundamentan sobre los ejes de la sostenibilidad económica, laboral, social y medioambiental [9].

Por todo ello, es bastante probable que estemos ante una legislatura de transición, lejos de las expectativas plasmadas en el Pacto del abrazo, pero al menos se habrán alcanzado algunos hitos nada desdeñables: romper el tabú de un gobierno de coalición de izquierdas (creado, no lo olvidemos, por Felipe González, y al que sigue aferrado) [10]; lograr un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente; aumentar significativamente el salario mínimo; recuperar el poder adquisitivo de las pensiones; proteger a la infancia de los abusos... El resto deberá esperar. Con la reconstrucción se juega a crear las condiciones para ganar las próximas elecciones haciendo pedagogía de los hechos frente a la demagogia de los hechos alternativos de la derecha rabiosa. El desafío es conseguir que el sistema socioeconómico capitalista se haga más social, verde y digital, lo que va en el interés de todos. Queda pendiente la gran tarea de su gradual transformación para que desaparezcan las desigualdades, se reduzca la precariedad laboral, se elimine la pobreza y la exclusión, se cierren de una vez por todas las brechas (sociales, económicas, digitales, de género, de raza), se detenga realmente el gravísimo deterioro medioambiental. Y que las futuras crisis y pandemias no nos pongan de nuevo al borde del precipicio.

Del Pacto de investidura al Pacto de legislatura

Visto lo visto durante las votaciones del Estado de Alarma, y el voto negativo de ERC al decreto de nueva normalidad, el gobierno de coalición necesita para salir airoso de los enormes desafíos de la reconstrucción en un entorno de fuerte polarización y crispación, garantizarse la necesaria estabilidad para afrontar el paisaje desolado dejado por la pandemia. Y eso supone la transformación del Pacto de Investidura en un Pacto de Legislatura, consolidando los acuerdos mínimos necesarios con los socios fiables mediante un acuerdo programático, que debería tener su reflejo en la próximos y vitales Presupuestos Generales, donde el gobierno de coalición se juega su futuro. Porque bien está que se busque incorporar al acuerdo de reconstrucción, total o parcialmente, a la derecha, particularmente a Cs, cuyo retorno al centro puede facilitarlo, pero sin olvidar que el espacio de concurrencia no puede ampliarse hasta desvirtuar el sentido de un gobierno progresista. Resultaría paradójico que la perspectiva neoliberal se impusiera a, y fuera ejecutada por, el esperanzador gobierno de izquierdas. La protervia política (perversidad obstinada) de Casado y Abascal habrían logrado sus objetivos... una vez fracasado el intento de derribar el gobierno.

Pero lo más grave sería que el sacrificio no serviría de mucho (como tampoco el de Zapatero en 2008) porque la reconstrucción no puede ser solo una reanimación, como pretenden los empresarios y defienden los conservadores. So olvida que la pandemia, con su pausa productiva, lo que ha provocado en una aceleración de procesos evolutivos profundos en el sistema socioeconómico generados por la Revolución Digital y la emergencia climática. Por eso, los sindicatos deben jugar un destacado papel en todo el proceso, particularmente CC.OO, en cuyo ADN fundacional está el ser un movimiento sociopolítico. Esto no va solo de acuerdos entre políticos. Porque no cabe reconstrucción exitosa, que sitúe el sistema productivo en condiciones de afrontar las exigencias de la Revolución Digital, sin plantearse la reconfiguración de las relaciones laborales, plasmada en un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recoja, como piedra fundamental de su edificio normativo, la cogobernanza (cogestión y autogestión) y nuevas relaciones distribuidas de poder, que no pueden basarse exclusivamente en la propiedad del capital. Hay que elevar a norma de ley la realidad negada por el liberalismo económico: las empresas son un sistema colaborativo que necesita ser democratizado, terminando con el dominio absoluto de los empresarios (sometidos, a su vez, al dominio financiero). Para ello hay que introducir en el sistema la propiedad social como forma de participación en el accionariado de los trabajadores. Y no solo para hacer más eficiente la creación de riqueza, y más justa su distribución, sino para acomodar el sistema productivo a la exigencias de una economía sostenible de la Era Digital [11].

Un planteamiento realista, capaz de consolidar un Pacto de Legislatura, y posibilitar acuerdos puntuales con fuerzas moderadas y con sensibilidad social de la derecha, debería incluir aspectos básicos para un salida progresista a la crisis: política de redistribución de rentas, ampliación de la propiedad social [12]; consolidación de la dimensión social del Estado, fortalecimiento del Estado de bienestar, y blindaje constitucional de los servicios sociales igualitarios (salud, educación, vivienda, renta básica, pensiones); papel de lo público en la esfera económica, desarrollo de la digitalización, reindustrialización de sectores estratégicos, y potenciación de la economía verde, entre otras cuestiones que interesan al diseño y desarrollo de nuestro Estado Social y democrático de Derecho. Estas son las bases sobre las que es posible lograr un amplio consenso. Opinión que comparten los defensores más lúcidos del capitalismo, como Lynn Forester de Rothschild, fundadora de Coalition for Inclusive Capitalism. En declaraciones al Financial Times afirma: Puede y debe encontrarse espacios comunes con los que quieren una reforma completa del capitalismo para hacerlo más sostenible e inclusivo [13].

Articular el proceso será, en todo caso, arduo, complejo y difícil, aunque la dramática experiencia de la Covid-19 pueda facilitarlo. Alcanzar un acuerdo entre diferentes posiciones políticas, incluso con el común denominador progresista, exige capacidad de diálogo y estrategia de futuro. Porque todo pacto es el resultado de un juego de cesiones. Sólo puede ser exitoso si, finalmente, el resultado es una suma positiva (todos ganan). La cuestión, por tanto, es dónde y hasta dónde ceder, lo que exige una ajustada comprensión de la correlación fuerzas, tanto nacionales como internacionales. En última instancia, se trata de desarrollar la necesaria pedagogía de los hechos que consolide la hegemonía cultural del bloque progresista. Porque toda realización de futuro debe basarse en las posibilidades creadas en el presente. La gravedad del triple shock -sanitario, económico, medioambiental- y la actual correlación de fuerzas tanto en España como en la UE, aconseja dar la vuelta a la receta lampedusiana: cambiar poco hoy para que todo cambie mañana.


[1] La investidura de Pedro Sánchez contó con 167 votos a favor: PSOE (120), Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), Teruel Existe (1) y BNG (1); y 18 abstenciones de ERC (13) y EH Bildu (5), frente a los 165 votos en contra de PP (89), Vox (52), Cs (10), JxCAT (8), la CUP (2), Navarra Suma (2), el PRC (1) y Coalición Canaria (1).
[2] En ajedrez, una situación de zugzwang es aquella en la que cualquier movimiento permitido que haga un jugador empeora su situación.
[3] Votaciones de la prórroga del Estado de alarma 

2

[4]  Ver
[5] Ver: Francisco Rubio Llorente. Un referéndum para Cataluña. Ver: Carlos Tuya, La irresoluble conjetura independentista.
[6] Las previsiones económicas de la Comisión Europea para España en 2020 describen un panorama desolador:  el PIB caerá un 9,2%, el déficit ascenderá al 10,34% del PIB, la deuda subirá al 115,5%, y el paro alcanzará el 19%. Peores son las del Banco de España... 
[7] Véase la contundente respuesta de Juan Torres López al fatalismo realista de José Carlos Díez 
[8] Ver: Carlos Tuya, Kafka en el Congreso
[9] La delegación estaba integrada por Jorge Fabra Utray, Antonio González, Lina Gálvez y Juan Antonio Fernández Cordón, todos ellos miembros de su Junta Directiva. Ver
[10] El problema con los dirigentes históricos es que envejecen mal. Felipe González (como Aznar, Dios los cría) es una triste muestra: conspiró contra Borrell porque no era su candidato, conspiró contra Sánchez porque no le obedecía, y conspira contra el gobierno de coalición (el camarote de los hermanos Marx) porque no es su modelo de gobierno. Ocurre como en biología: cuando una célula benigna muta y se vuelve cancerosa pone en peligro todo el organismo. Y esa estamos.
[11] Ver: Carlos Tuya, Paisaje después de la pandemia. También el trabajo conjunto con Pepe Gálvez, dirigente de CC.OO., Consideraciones estratégicas sobre la transformación socioeconómica en la era digital, para la revista Perspectiva: https://perspectiva.ccoo.cat/consideraciones-estrategicas-sobre-la-transformacion-socioeconomica-en-la-era-digital/
[12] En España puede parecer una ensoñación izquierdista, pero es algo que en países como Alemania y Suecia existe desde 1945
[13] Ver articulo en El País de Miguel Ángel García Vega, Las grietas del capitalismo obligan a su reinvención

Andanzas y desandanzas del Pacto de investidura