jueves. 28.03.2024

Defensa de los usos residenciales de Madrid. La responsabilidad social y la pública

residenciales

El problema es que ya hay una población expulsada hace años y no solo otra en tránsito de expulsión cuya composición es más compleja, inestable y diferente

Un buen amigo me cuenta que su padre siempre ponía el ejemplo de las diferencias entre actividades económicas reguladas o no, en que él tenía un colmado donde llegaban cientos de inspectores de naturaleza diversa incluida la fiscal, sin embargo enfrente de la tienda se situaba una camioneta de venta ambulante que vendía lo mismo y su único requisito administrativo era un permiso que expedía el ayuntamiento. Pues eso es lo que pretenden algunos sectores que sea la regulación de la “economía colaborativa” de rentistas varios para la transformación de sus viviendas en hoteles unipersonales;  y es que a veces las cosas son más simples de explicar de lo que parece.

Ya es un clamor la denuncia del peligro de destrucción del tejido residencial de nuestra ciudad que implica la transformación del uso de viviendas a apartamentos turísticos y la dinámica dañina que un mercado de barra libre en este terreno implica para el equilibrio social. La expectativa de obtener rentas de más del doble o triple de las habituales superando rentabilidades de más del 20% sobre el capital invertido por obra y arte de la “economía colaborativa”, nos dirige inevitablemente a una de nuestras peores lacras: la consolidación de un país de rentistas en las que la economía productiva queda en un segundo o tercer lugar. Esto no es una invención política o ideológica. Abran las páginas del operador telemático Booking ahora mismo y verán que ofrece rentabilidades superiores a 3.000 euros mensuales a quien les permita comercializar su vivienda en esa aplicación… Entonces… ¿Para qué trabajar?

En los últimos años hemos asistido a una confusa proyección mediática del problema. Mezclando terminologías de procesos estadounidenses (gentrificación con turistificación por ejemplo) al reflejar fenómenos que o nos son ajenos o no se corresponden con nuestra realidad. El turismo es una de nuestras principales fuentes de recursos para la estabilidad presupuestaria y garantía de inversiones públicas. Mezclar churras con merinas y criminalizar finalmente a la afluencia turística haciéndole responsable de nuestras deficiencias legales, políticas o administrativas y de nuestra generalizada codicia social es ya el colmo.

Porque si alguien se rasga las vestiduras por denunciar la codicia social como parte fundamental del problema es que no han aprendido la lección de la naturaleza profunda de algunos comportamientos electorales en municipios del litoral mediterráneo español, donde no pocas candidaturas “independientes” alcanzaron mayorías absolutas por la promesa de garantizar la recalificación de terrenos rústicos a urbanizables a sus propietarios catastrales que no por casualidad eran sus potenciales electores. ¿El argumento? El de siempre: “El incremento de la actividad económica; el beneficio para el pueblo; y los puestos de trabajo” como colofón. Sin embargo en el caso que nos ocupa el proceso es inverso. Porque los puestos de trabajo del sector legal hostelero desaparecen; la fiscalidad se arruina como benéfico público; y solo queda el incremento de las rentas de la propiedad de los inmuebles y los beneficios de las aplicaciones telemáticas de la barra libre fiscal. Por cierto… ¿Cuáles son sus sedes fiscales? De ahí el peligro social de su regulación en el mercado de esclavos en que quedaría la ciudad.

La otra parte del problema es la ausencia de análisis en el sencillo manejo de datos que son públicos. Se habla con ligereza de la expulsión actual de una población residente como si históricamente no haya venido siendo expulsada del centro de Madrid. Al igual que hay gente que piensa que el tráfico mejoró en la capital por los efectos de su varita mágica gestora sin tener en cuenta los diez años de profunda crisis que afectaron y mucho al consumo de gasolina, hay otros que hablan de los vecinos del centro urbano como si fuesen aborígenes a los que proteger en sus reservas. Basta con reparar en la desaparición progresiva del comercio de proximidad, artesanal y la restauración clásica desde bares de vecindario a casa de comidas, para detectar que el problema es una creciente evolución de las viviendas vacías en el centro de Madrid y la reducción progresiva de sus habitantes. Y ese fenómeno no es reciente ni asignable en exclusiva a la afluencia turística en la ciudad. Porque el problema es mucho más estructural y complejo.

Basta la simple lectura y cruce del Padrón Municipal de 2014,  el Censo de Edificios de 2011 y un reciente estudio encargado en 2017 por la Junta Municipal del Distrito  Centro (todos ellos de uso público en internet), para obtener datos más que suficientes para analizar otras realidades. Tomando como referencia ese distrito (donde por otro lado hoy se encuentra la mayor oferta de viviendas para alojamiento temporal, malamente llamadas “turísticas”) el número de unidades residenciales alcanzaba en 2011 las 86.795. Esta cifra no ha podido sufrir evoluciones significativas por los efectos de la crisis. Y sin embargo desde los años 2006 a 2016 el distrito ha visto reducida su población en 18.000 habitantes manteniendo ya desde 2011 un parque de 11.200 viviendas vacías. Distrito Centro pasa por tanto del puesto 10 al 14 de 21 distritos en densidad habitacional  en años anteriores al reciente boom turístico y en plena crisis. Luego este no puede ser el problema principal para su despoblación. Pero si abre un melón espectacular para ese mercado de rentas. Si por ejemplo la aplicación Airbnb ofrece más de 19.000 alojamientos de este tipo en ese distrito, Booking mas de 800 y Tripdvisor se suma recientemente a la fiesta,  ya me dirán de donde sale el material de combate para ello, porque es verde y con asas. Y decir que el turismo expulsa a la población es un mito simplista sin preguntar el porqué estructural del proceso previo señalado. Leer y pensar es gratis. Más difícil, parece que sí.

El problema es que ya hay una población expulsada hace años y no solo otra en tránsito de expulsión cuya composición es más compleja, inestable y diferente. Si a esto le sumamos el que el total de viviendas vacías en el Censo de 2011 en los cinco distritos de la almendra central (Arganzuela, Centro, Retiro, Chamberí y Salamanca) alcanza la enorme cifra de 43.360 unidades y que el proceso de despoblación residencial (aunque en menor medida que en el distrito centro) continúa su evolución, el panorama de partida es desolador para la acción especulativa del mercado de rentas. Y no hay que confundir al personal con procesos de otro tipo para afrontar el problema en su raíz. Que nos es otro que la ausencia más absoluta de políticas intensivas de fomento y proactivas de reposición residencial permanente en la almendra central de la ciudad durante los últimos treinta años.

Durante ellos el ayuntamiento de Madrid se ha parapetado en una mera lectura restrictiva y normativista de los procesos abiertos en una década anterior ya comentada. El Planeamiento General de 1997 (y antes también) estableció una lectura rígida de la protección residencial basada en superficies mínimas y usos a veces imposibles con niveles de protección patrimonial más que desajustados.  Porque no se puede proteger igual una edificación vecinal que al Palacio Real.  En paralelo no ha habido inversiones públicas significativas en la rehabilitación de edificios residenciales, ni medidas bien estructuradas de fomento de obras subvencionables (ya sé que hay legislación, por favor) y mucho menos acciones o Planes Directores que definan las actuaciones en ámbitos urbanos. ¿Por qué? Pues porque según no pocos el mercado lo resolvía todo y el ciclo inmobiliario alcista de 1988-2007 le dio ya el remate con las consecuencias de todos conocidas.

Pero es fácil acusar a los conservadores en el poder de todas las maldades terrenales. La cuestión en saber qué hacer cuando a la izquierda le toca gobernar. Y la peor manera de resolver un problema de esta magnitud es situarse dentro del círculo cerrado que opera en función de la acción-reacción de los agentes intervinientes en el proceso (Medios de comunicación. vecindario y la nueva grey de “empresarios colaborativos” de la barra libre en insolidaridad fiscal), lanzados a la batallas clásicas del “todos a la prensa” y venga debates hasta la lucha final. Porque desde 2015 algunos estamos esperando que el árbol se mueva y de manzanas en forma de alternativas estructurales por quien puede tomarlas, que no es otro que el poder local. Se decidió no revisar el Plan General de Ordenación Urbana que era la madre del cordero para abordarlas. Que alguien lo explique. Entre tanto, no parece lógico que se pretenda resolver este asunto clave para el Centro Histórico de Madrid con soluciones de emergencia. Esperamos y esperemos.

Carlos Sotos | Coordinador Fundación Madrid Centro Histórico.


Hacia una mayor destrucción de los usos residenciales de Madrid

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