viernes 24/9/21

Política y principio de reciprocidad

Las reglas democráticas básicas nos indican que vivimos en una sociedad con derechos y deberes, donde la reciprocidad es la “herramienta de gestión”. El espacio en el que nos encontramos es el que consensuamos en una constitución -puesto que así lo hemos decidido-. Para generar este consenso es necesario cumplir una serie de requisitos – que conforman el concepto de ciudadanía- de tal forma que, si cumples con ellos, puedes votar, ser elegido -derechos políticos-, que como decía al principio, conforman estas reglas básicas de la democracia. Si no cumples los requisitos, estarás “suspendido del sistema” hasta que los cumplas; y si los incumples, habrá una sanción específica -sin entrar en los principios del derecho penal- que te devuelve, una vez cumplida la sanción, el derecho a participar en esto que -todos y todas- hemos consensuado en llamar democracia liberal.

Este artículo, está destinado a intentar explicar hasta donde se pueden llegar a retorcer los conceptos para intentar justificar una actuación que rompe, de manera muy evidente, varios principios básicos de las reglas democráticas, tal como he explicado en el párrafo anterior.

Sin entrar a la institución en la que se deba (ámbito de los deberes), el PP indica -en sus argumentos o justificaciones- que no negocia la renovación del CGPJ porque no puede haber relación de éstos (jueces) con Podemos. Desconozco si su argumento es el mismo respecto al Defensor del Pueblo y otras instituciones. El hecho de posicionarse por encima del consenso constitucional, donde se establecen nuestros derechos y el cumplimiento de nuestros deberes, que conforman el concepto de ciudadanía, como es el caso que nos ocupa, no sólo es preocupante, sino que dibuja una peligrosa deriva, situarse fuera del sistema.

No está llamado ningún partido político a obstaculizar el consenso que nos hemos dado; es más, la resistencia se ha de hacer desde dentro del sistema, no desde fuera (hablamos de una democracia liberal, no de una dictadura, donde el concepto de legitimación no tiene el mismo significado). Si el PP quiere llevar una Ley al Parlamento, en la que establezca que un partido político elegido libremente por los españoles no puede tener incidencia en ningún órgano de gobierno, no sólo de los jueces, sólo podría hacerlo vía decreto y seguramente, en un ambiente preconstitucional o directamente autoritario. En la España actual, no es posible. En Myanmar, los militares acaban de dar un golpe de estado, y la primera medida que han establecido, es declarar la invalidez de las elecciones (o sea, deslegitimar a los partidos elegidos libremente por la ciudadanía). Esto no se puede utilizar como herramienta de gestión en una democracia liberal, como la nuestra.

Voy a poner un ejemplo más cercano a la realidad de Madrid. En Madrid, el ganador de las elecciones es el PSOE, con Ángel Gabilondo a la cabeza. El PP, conforme a las reglas de consenso que nos hemos dado y utilizando su legítima capacidad de negociación, ha llegado a acuerdos con Ciudadanos y el grupo de la ultraderecha VOX. Yo soy ciudadano de Madrid. No concibo que un grupo de ultraderecha pueda tener la más mínima incidencia en las decisiones de mi ciudad, que intervenga en materia de género, igualdad, migración, educación, sanidad, la realidad es que me da auténtico pavor. Pero esto no puede ser una justificación para que yo deje de pagar mis impuestos porque creo (me sitúo por encima del consenso democrático que nos hemos dado todos) que el que lo gestione esta gente, es perjudicial para mi ciudad. La verdad es que lo creo profundamente, pero no puedo hacer las cosas sólo cuando a mí me favorecen y no hacerlas cuando no me vienen bien, pues me estaría cargando las bases de la vida en convivencia. De hecho, me estaré llevando por delante, el principio de reciprocidad, que se ha “positivado” desde el Antiguo Testamento (Tobías 4, 15) “lo que no quieras para ti no lo hagas a nadie”.

Cuando el PP en el Congreso de los Diputados, faltando a su deber constitucional (ámbito de los deberes, pues no sólo se tienen derechos), bloquea los nombramientos de órganos de gobierno (con independencia del momento) porque -desde su moralidad o ideología política- no reconoce la legitimidad de Podemos (o de otro grupo político en similares circunstancias) nos está diciendo a los demás que, en aplicación del principio de reciprocidad, podríamos no reconocer a VOX, ya que no representa mi moralidad o ideología política; en este sentido, podríamos determinar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es ilegítimo (y no estoy haciendo un esfuerzo argumental, estoy aplicando el principio o la regla de oro como dice Höffe, la reciprocidad). En aplicación a esa determinada ilegitimidad, todo lo demás, sería un auténtico desastre, que pagaríamos -como siempre- la ciudadanía.

La falta de experiencia política (o personal/profesional) de quienes dirigen el PP en estos momentos demuestra que no están preparados para ello. No sé si al leer este artículo -siquiera- comprenderán la mitad de los términos que aquí utilizo (desde un punto de vista político). Pero tengo claro que muchos y muchas militantes del Partido Popular sí lo entienden, lo tienen claro y se sonrojan.

Hay que recuperar la cordura de manera urgente, por el bien de España, de las instituciones y de la convivencia.

Política y principio de reciprocidad