Carlos Lesmes junto al rey en el acto de apertura  del Año Judicial en la sede del Tribunal Supremo.
Carlos Lesmes junto al rey en el acto de apertura del Año Judicial en la sede del Tribunal Supremo.

La banca ha demostrado una vez más el inmenso poder político del que goza en España, no de ahora, sino desde hace siglos, un poder del que no goza en muchos estados del mundo

La reciente sentencia del tribunal supremo que afirmaba claramente la obligación de la banca de pagar los impuestos de inscripción y registro de las viviendas, gestorías y actos jurídicos por parte de los bancos, que son los interesados en dichas inscripciones y el parón dado a dicha ejecución por parte del propio tribunal supremo ha provocado afortunadamente ríos de tinta e indignación, pues la presidencia del Tribunal Supremo ha vuelto a dejar clara ante la ciudadanía la sumisión de los poderes judiciales a los poderes económicos y los intereses de los poderosos, así como la total desprotección de las clases populares y las fuerzas de cambio en el Reino de España.

No es la primera vez que desde esta pluma se critica al poder judicial. Pero es necesario volverlo a hacer y hacerlo desde la crítica democrática, la libertad de expresión y la ausencia de miedo.

Es necesario pues que las ciudadanas y los ciudadanos nos movilicemos de una vez y exijamos una judicatura justa, imparcial, democrática y eficaz.

La banca ha demostrado una vez más el inmenso poder político del que goza en España, no de ahora, sino desde hace siglos, un poder del que no goza en muchos estados del mundo. Se incrementa este poder, gracias a los créditos electorales y su capacidad de amenaza sobre partidos y otras instancias de decisión y conformación de opinión y poder, pues por ejemplo su control sobre los medios de comunicación es inmenso. La banca ha frenado al Tribunal Supremos cuando tras la sentencia los bancos bajaron su cotización en bolsa.

Pero es que la propia sentencia tiene una interpretación que tampoco es tan favorable a los propios hipotecados e hipotecadas, pues permite que el desembolso de lo fraudulentamente cobrado, lo restituyan las haciendas autonómicas, que dicho sea de paso es dinero público y por tanto de la ciudadanía también. Si las haciendas autonómicas deben pagar lo que los bancos han hecho mal, ¿cuántas escuelas o maestros menos habrá? ¿Cuánto personal sanitario menos será contratado para urgencias médicas? Porqué la inversión social sale de las cajas públicas y los que han obrado mal son los bancos. Luego la banca debe pagar. La banca es culpable.

El Poder Judicial no nos protege. La legislación de fondo española está toda ella articulada con un único objetivo, proteger la propiedad privada que está en manos fundamentalmente de los poderosos, los ricos, los bancos, la oligarquía. El poder judicial es en su mayoría profundamente conservador y el origen de ello es su carácter endogámico y sagas familiares muy antiguas que conectan profundamente con el franquismo e incluso en la monarquía caciquil borbónica anterior y actual. Jueces y juezas no pueden pertenecer a partidos políticos, pero si a sectas religiosas que condicionan más todavía a sus miembros por medio de control de conciencias y principios así como con sus amplias redes de contactos y poder. Es decir la supuesta independencia hace aguas por todas partes.

La desconfianza popular hacia la justicia, se hace cada vez más profunda. La desprotección de las mujeres ante el terrorismo físico y psicológico machista es aterradora. La facilidad con que delincuentes y narcotraficantes burlan condenas y obtienen permisos es indecente. El hecho de que las victimas de atropellos por borrachos sean casi los culpables es desolador. El que “la manada” este en libertad y Oriol Junqueras encarcelado es una muestra más de la politización de la judicatura. Que por cierto en el caso catalán del procés y otros relacionados con la libertad de expresión está obteniendo severos reveses en Europa. Hasta la propia y dura judicatura alemana le ha dado un revolcón de órdago al juez Llarena, al que por cierto no le correspondía la causa.

Por eso no entendemos la falta de crítica democrática a un sistema judicial con grandes lagunas técnicas y poco respeto por la libertad de expresión, la libertad sindical o los derechos de las víctimas. No entendemos el miedo a lo que no funciona, tampoco la falta de agilidad en cambiar leyes ambiguas que no aclaran bien los supuestos. Hacen falta medios e inversión en la justicia, claro, pero ojo, hacen falta nuevas leyes muy muy claritas y por supuesto que defiendan a las clases populares, que somos la mayoría, y no solo a la propiedad privada.

Estamos pues ante una justicia de estado. Ante los jueces del rey. Pero no ante una justicia con control democrático. Exigimos justicia y pensamos, pienso que las/los ciudadanos debemos exigir cambios profundos en una judicatura ante la que la “modélica” transición pasó sin rozarle ni un pelo, ni exigirle responsabilidades por su colaboración con el franquismo.