En esta etapa veraniega y vacacional, con las fiestas de tantos pueblos a punto de empezar, algunas comisiones de festejos han empezado a recibir cartas con el membrete de la Agencia Tributaria, desde donde se les informa de sus obligaciones con la Hacienda Pública. Unas misivas que también se han encontrado en el buzón algunas pymes.
Pese a la alarma desatada y a la atención que le han prestado los medios de comunicación, se trata de cartas meramente informativas y rutinarias que no conllevan ninguna exigencia de responsabilidad y que se envían para incentivar que los pequeños y medianos contribuyentes cumplan de manera voluntaria con sus obligaciones fiscales y estén correctamente informados sobre las mismas.
En el caso de las asociaciones sin ánimo de lucro, como las peñas o comisiones festivas de algunos pueblos, reciben cartas en las que se les indica únicamente que deben presentar la declaración correspondiente al impuesto de Sociedades en las circunstancias que establece la Ley. Sin embargo, cabe recordar que, aunque en líneas generales estas asociaciones están exentas del pago de impuestos, en caso de que cuenten con una barra de bar o presten algún tipo de servicio previo pago, sí deberán declarar sus ganancias.
Estos requerimientos también se mandan a pequeñas sociedades, a las que se les informa de la facturación media del sector, contraponiéndola con la de la compañía en concreto, siempre con carácter puramente informativo.
Sin embargo, hay que distinguir estas cartas -que sólo tienen un fin informativo- de las que reciben, por ejemplo, algunos cónyuges después de contraer matrimonio; y que están relacionadas con las facturas pagadas a los suministradores de servicios para su boda. En estos casos, se les hace un requerimiento de información con el que se intenta controlar la economía sumergida que pueda estar dándose en este sector.
Y, finalmente, otro tipo de cartas son las que llevan implícito un acto de iniciación de un procedimiento de control o una inspección, directamente, como es el caso de algunos padres de hijos en colegios concertados a los que la Agencia Tributaria ha controlado las cuotas que, en su caso, pagan a los colegios para verificar si son realmente donaciones, y pueden por tanto deducirse en el IRPF, o contraprestaciones por algún tipo de servicio o mejora prestado por estos, sin que en dicho caso puedan ser consideradas deducibles. Unas deducciones que han supuesto más de 1.000 millones de euros en total, según recordaba la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, a principios de año.
Sea como fuere, con esta campaña de información se quiere conseguir que los recursos que se destinarían a hacer un control más intensivo de los pequeños contribuyentes puedan dedicarse al control de grandes bolsas de fraude, el principal problema del fraude fiscal en España.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)