Los ciudadanos hemos asistido perplejos al discurso, casi chantajista, planteado por el gobierno en funciones argumentando que, si no hay investidura de un nuevo presidente, no es posible la revalorización de las pensiones para el año 2017. Una afirmación que, sencillamente y una vez más, no es cierta
Parece que (otra vez) todo vale. Ahora en el debate de las reiterados y fallidos intentos de investidura para conformar un nuevo gobierno. Las pensiones han vuelto a ser un arma arrojadiza. El Pacto de Toledo, entendido como un espacio compartido por lo político y lo social para hacer un seguimiento permanente del sistema de seguridad social, se configuró también para evitar la antigua costumbre de utilizar las pensiones en el debate más chusco y cortoplacista que suele acompañar una parte de los procesos electorales. Ha bastado que este Pacto haya sido intencionadamente obviado por el gobierno una única legislatura, para que la situación del sistema de seguridad social se haya visto gravemente degradada y, (otra vez), las pensiones sean un rehén político del debate electoralista.
Los ciudadanos hemos asistido perplejos al discurso, casi chantajista, planteado por el gobierno en funciones argumentando que, si no hay investidura de un nuevo presidente, no es posible la revalorización de las pensiones para el año 2017 (igual que, de paso, se ha utilizado ese mismo argumento para la subida salarial de los empleados públicos). Una afirmación que, sencillamente y una vez más, no es cierta.
Ciertamente, no compartimos la idea de que es igual tener o no gobierno. Es más que conveniente tenerlo. Pero aún en una situación política tan excepcional como la que vivimos, las instituciones cuentan con resortes legales suficientes como para no verse bloqueadas. La revalorización de las pensiones puede producirse con un gobierno en funciones, por razones de urgencia o interés general (art. 21 de la Ley del Gobierno) mediante varias vías: sin duda la más rápida es mediante un Real Decreto-Ley convalidado posteriormente por el Parlamento. Una solución que requiere extraordinaria y urgente necesidad, es cierto, pero que ha sido profusamente utilizada, muy especialmente en los últimos años de gobierno del Partido Popular, para aprobar cuestiones de menor importancia y urgencia que esta. Una solución, por ejemplo, que ya fue utilizada para la renovación del Programa de Activación para el Empleo en abril pasado en un contexto similar, entre otros variados antecedentes. Pero incluso con el Parlamento disuelto por una tercera cita electoral, la misma Diputación Permanente podría realizar la convalidación (vía artículo 57 del Reglamento de la Cámara, en relación con el 86 de la Constitución). Sin duda, puede discutirse si la utilización de estas previsiones legales es de aplicación a este u otros casos, pero no parece que el Gobierno del Partido Popular sea el más indicado para defender una interpretación restrictiva de los mismos.
Que las pensiones públicas deben revalorizarse es una cuestión clara y no deberíamos perder demasiado tiempo en discutirlo. Sin embargo ese debate es recurrente y no es raro que puestos a centrar el debate en las pensiones, se señale la revalorización. Pero si además de mero electoralismo se quiere hacer política útil de verdad, deberíamos también mirar un poco más allá.
Junto con el necesario mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas, el problema real más grave que aborda hoy la Seguridad Social es su situación de desequilibrio financiero anual en más de un 1% del PIB (en 2016 puede superar el 1,5% más de 16.000 millones de €). Pese a la pasividad que esta situación ha encontrado en una parte relevante del espectro político, no hemos sido pocos (aunque claramente aún no suficientes) quienes desde hace tiempo venimos señalando la urgencia de tomar decisiones.
La reforma de pensiones pactada en 2011, en línea con las anteriores suscritas en el marco del Pacto de Toledo desde 1995, ya preveía la necesidad de buscar fuentes adicionales de financiación a partir del año 2027, para hacer frente al reto demográfico de la llegada del baby-boom a la edad de jubilación. Pero la duración de la crisis y las consecuencias de las políticas impuestas por el Gobierno (austeridad, reforma laboral, tarifas planas, etc.) han agravado la situación de desempleo y precariedad laboral, provocado el déficit que actualmente registra el sistema y abocado al consumo anticipado del Fondo de Reserva. Esta situación nos obliga a tener que anticipar medidas que en la reforma de 2011 se previeron para más adelante.
La alternativa a adoptar estas medidas también es conocida: acudir al Fondo de Reserva hasta agotarlo suspendiendo los límites máximos de utilización previstos en la Ley, y actuar para reducir la cobertura futura de las pensiones. Lo primero está próximo a suceder. La reducción del nivel de protección en pensiones se producirá, si no lo corregimos, como consecuencia de la última reforma impuesta, por primera vez sin acuerdo desde 1995, por el gobierno en 2013. Tanto por una reducción en la cuantía inicial de la pensión en función de la evolución de la esperanza de vida (factor de sostenibilidad), como por la utilización de una nueva fórmula de revalorización anual de pensiones que no garantiza por sí sola el mantenimiento del poder adquisitivo (nuevo Índice de Revalorización de Pensiones). La Comisión Europea reconoce que el efecto de la Reforma de pensiones de 2013 supondrá que la Tasa de reemplazo de las pensiones (equivalencia entre pensión/último salario) puede perder cerca de 30 puntos porcentuales entre 2013 y 2060 (pasando del 79% al 48,6%). Si demoramos la rectificación de esas medidas, la probabilidad de tender a esa situación es elevada.
Aún a pesar de los intentos fallidos de investidura, la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo debe constituirse inmediatamente y deben convocarse los espacios de Diálogo Social con sindicatos y organizaciones empresariales, para articular medidas rápidas en materia de cotizaciones, de un lado, de incremento de las fuentes de financiación adicionales vía impuestos, de otro. Con ello, en primera instancia, debemos reequilibrar la situación financiera de la Seguridad Social; posteriormente, debemos abordar la revisión del Sistema y volver a colocar las pensiones en el marco de una política estratégica que se sostiene con la participación y el consenso político y social más amplio. Esa es la urgencia, no la de utilizar las pensiones como elemento de regate corto en el juego de presiones negativas para intentar alcanzar una investidura. La discusión de estas medidas debería ser uno de los ejes centrales del debate político.