Los medios de comunicación han informado del texto oficial que el Ministerio del Sr. Montoro ha remitido a las Comunidades Autónomas para que sea debatido en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera; en el citado texto se recogen una serie de medidas (255) que de alguna manera resumen las propuestas planteadas por las distintas Autonomías, aunque sin relacionar medidas concretas con quienes las proponen; dada la extrema dureza que algunas de ellas tienen en relación a servicios públicos esenciales, no es de recibo se omita la paternidad de las mismas, toda vez que en democracia los ciudadanos tienen derecho a saber que medidas pretender adoptar sus gobernantes en temas de interés general, más aún si como ocurre ahora está próximo un proceso electoral que determinará la composición de los futuros gobiernos autonómicos.
Reiterar que el documento no es un borrador sino un texto oficial, asimismo recordar que el titular del departamento ministerial ha manifestado que ya no procede realizar ajustes duros en nuestro país; pues bien esas afirmaciones del Sr. Montoro no se corresponden con muchas medidas recogidas en el citado documento y que suponen un paso más en el camino de desmantelamiento de los servicios públicos, con instauración de nuevos copagos para recibir las prestaciones de esos servicios y nuevo ataque a los derechos y retribuciones salariales de los empleados públicos.
Enumeremos sucintamente algunas medidas que el citado texto recoge y que los medios han dado a conocer:
-Instauración de un copago por no acudir a una consulta médica programada o recogida de una prueba realizada
-Instauración de un copago por acudir a una consulta médica o urgencias
-Instauración de un copago por receta médica dispensada, el conocido euro por receta aplicado en Cataluña y Comunidad de Madrid y suspendido por el Tribunal Constitucional.
-Instauración de tasas hosteleras en los hospitales.
-Alquiler de instalaciones sanitarias públicas al sector privado.
-Desgravación fiscal para los seguros sanitarios privados.
-Instauración de un copago por interrupción del embarazo. Esta propuesta constituye un sarcasmo ya que de aprobarse el proyecto de ley Gallardón las mujeres españolas tendrán que abortar clandestinamente o en el extranjero.
-Ajuste en el sistema de becas para comedor y libros. Es decir incrementar aún más la reducción que ya se ha realizado.
-Disminución de las ayudas para el mantenimiento de escuelas infantiles públicas.
En relación a la ley de Dependencia, derogada en la práctica por el Gobierno Rajoy al reducir al máximo su asignación presupuestaria, se propone avanzar en la aplicación efectiva de la contribución económica del usuario; es decir no sólo se reducen e incluso eliminan ayudas como ya ocurre, sino que los dependientes o sus familias asumirán el coste de las prestaciones.
Respecto a los empleados públicos que son quienes prestan esos servicios y que ya han sufrido un empeoramiento importante en sus condiciones de trabajo y retribuciones, se propone una nueva vuelta de tuerca para endurecerlas aún más; así se plantea incrementar la jornada laboral a 40 horas, eliminar todos los días de libre disposición ( moscosos) y reducción de su retribución anual en la cuantía de una paga extraordinaria.
Ciertamente la música que estas propuestas emite no sonará mal en territorios que ya intentaron implantarlas o incluso las aplicaron, no están alejadas de la política llevada a cabo por algunos gobiernos autonómicos que se han caracterizado por sus agresivas políticas de recortes, centrados en los servicios públicos esenciales, desmantelando los mismos, facilitando el camino hacia su privatización, recortando sus efectivos y maltratando duramente a sus empleados públicos. Las Comunidades madrileña y valenciana junto con Cataluña pueden ser buenos ejemplos de ello.
Conocida por la sociedad española la tendencia del Presidente Rajoy a apoyar con firmeza las políticas de austeridad y recortes de Merkel y la troika, conocida también su nula sensibilidad hacia las políticas sociales, es razonable que la sociedad española tenga la percepción que medidas como las planteadas en el documento de Hacienda puedan ser aplicadas en el futuro, en el caso de que el Partido Popular se mantenga en el poder. Las afirmaciones de Montoro indicando que no habrá más recortes tienen escasa credibilidad, ya que incumplió todas las promesas electorales en materia impositiva y forma parte de un gobierno que ha incumplido casi en su totalidad el programa electoral que le llevó al poder. No obstante lo dicho y hasta que se celebren las elecciones autonómicas y municipales, los miembros del gobierno y dirigentes del P.P negarán la aplicación de medidas como las recogidas en el documento referenciado.
En mi opinión muchas de las duras medidas de recortes que el texto recoge pertenecen al ideario del P.P, forman parte de su verdadero programa de actuación política. En democracia es exigible se explique a la ciudadanía desde las fuerzas políticas, sus proyectos y programas, con claridad y sin ocultamientos. El PP no lo hizo así en las elecciones generales de 2011, engañó a los ciudadanos y ocultó su verdadero programa.