La sanidad madrileña es hoy una sanidad mixta, donde una parte significativa de madrileños recibe su atención sanitaria en centros privados que proveen y gestionan los servicios, eso sí con financiación pública
Hemos conocido estos días que las investigaciones que el juez Eloy Velasco está llevando a cabo en una de las piezas separadas de la trama Púnica, han facilitado la aparición de documentos e informes que por primera vez apuntan a que dinero relacionado con la sanidad pública madrileña( construcción de hospitales con financiación privada) pudiera haberse utilizado para la presunta financiación ilegal del Partido Popular; cerca de 23 millones de euros pudieron haber sido destinados a esa presunta financiación ilegal. Estando la citada pieza judicial aún en fase de secreto sumarial, parece factible pensar que en los próximos días o meses podamos conocer más datos de relevancia y por ello no cabe duda alguna se trata de hechos muy graves toda vez que parece se ha evidenciado la existencia de una caja b en el P.P madrileño y que la fundación creada por la formación conservadora en el año 2000( FUNDESCAM) se utilizaba para recoger las donaciones ilegales que determinados empresarios realizaban presumiblemente a cambio de obtención de contratos públicos.
Dicho lo anterior tengo que manifestar que lo conocido estos días no me ha producido extrañeza alguna; desde la llegada a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid de la Sra. Aguirre, tras el nunca suficientemente explicado e investigado Tamayazo, tuve y sigo teniendo la convicción de que la opacidad, las irregularidades, los negocios y las puertas giratorias que han sido señas de identidad de la política sanitaria de los gobiernos del P.P en la Comunidad de Madrid durante más de una década, podían ocultar cuestiones más graves y por ello denuncié esa política de forma reiterada a lo largo de los años( la hemeroteca puede dar sobrada fé de ello).
En mayo de 2013 conocimos que la Intervención General de la Administración del Estado había remitido un informe al juez Ruz donde sostenía que la Comunidad de Madrid había abonado más de seis millones de euros a empresas de la trama Gürtel en el periodo 2004-2008, esa cantidad salía de fraccionar contratos vulnerando la ley e incluso se llegó a pagar por servicios que nunca se realizaron. Un total de 686 operaciones que vulneraban la ley de contratos públicos fueron realizadas desde la práctica totalidad de las Consejerías( también la de Sanidad) y Radiotelevisión Madrid , esas operaciones supusieron 6.484.080 millones de euros adjudicados a empresas de la Gürtel. Por tanto lo conocido estos días, reitero no me ha producido extrañeza alguna sino que era sólo una cuestión de tiempo saliese a la luz; desde la confianza en el funcionamiento del Estado de Derecho espero que las futuras actuaciones de la justicia y de las unidades especializadas de la Guardia Civil nos acerquen a conocer la verdad sobre la trama de corrupción que se ha extendido por las Administraciones Públicas madrileñas durante más de una década de gobiernos del P.P y que también anidó en la Administración sanitaria .
Expuesto lo anterior creo interesante efectuar un ejercicio de memoria retornando al periodo 2004- 2008, para quizá así entender mejor la situación actual de la sanidad pública madrileña. En ese periodo se cimentó el proceso de privatización y expolio del sistema sanitario público que ha continuado hasta la actualidad; elegida Presidenta la Sra. Aguirre puso en marcha un orquestado plan privatizador que se plasmó en la presentación del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007, que contemplaba la construcción de seis hospitales con financiación privada, lo que suponía la entrada en tromba de capital privado en la sanidad pública, hospitales que se determinaban sin ningún estudio previo y riguroso de planificación, plan que suponiendo un cambio radical en la concepción de un sistema sanitario público se llevó a cabo sin ningún consenso político (imprescindible en democracia en temas de trascendencia ), sin ningún debate y discusión con los profesionales y trabajadores del sector y por descontado sin contar en ningún caso con el sentir de la ciudadanía, plan que suponía una gran oportunidad de negocio a las grandes empresas constructoras que se garantizaban posteriormente cuando resultaban adjudicatarias de los concursos unos ingresos escandalosamente elevados durante los treinta años de duración de la concesión. Varias empresas adjudicatarias hemos sabido después aparecían vinculadas a la trama Gürtel ,cuyo cabecilla Sr. Correa ha declarado en sede judicial que varias de estas importantes empresas le solicitaban sus servicios como mediador ante diversos Ministerios del Gobierno de España. Esa política depredadora de un pilar básico del Estado de Bienestar, el sistema sanitario público, llevada a cabo por el Gobierno Aguirre en ese periodo se realizó en un escenario donde la oposición política estaba noqueada como consecuencia del tamayazo, los profesionales sanitarios no alcanzaban a vislumbrar el enorme peligro que suponía para el futuro del sistema y la ciudadanía sólo recibía la información sesgada e interesada que la maquinaria propagandística que el gobierno regional puso en marcha; pocas voces se alzaron entonces para denunciar públicamente la política sanitaria del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Durante esos años la Consejería de Sanidad era un continuo ir y venir de empresas de consultoría y asistencia que obtenían sustanciosos contratos, la presencia de asesores, en general sin conocimientos específicos en materia sanitaria, era frecuente; los cualificados funcionarios eran utilizados para realizar estudios y trabajos que acababan en manos de empresas privadas que de esa forma no sólo tenían perfecto conocimiento de las directrices de la política sanitaria gubernamental sino también de la situación sanitaria real en la Comunidad de Madrid. Fueron años donde la necesaria línea de separación entre lo público y lo privado se difuminó, donde con la excusa de una pretendida libertad de elección se comenzó la desregularización de la ordenación de los servicios que culminó después con la eliminación de las Áreas Sanitarias, años donde las puertas giratorias funcionaron muy bien y a ellas se acogieron Lamela, Güemes y Elena de Mingo .
Era lógico pensar que una política sanitaria tan lesiva para el servicio público terminaría generando daños en el normal funcionamiento de las instituciones y establecimientos sanitarios madrileños, así el despilfarro y la gravosa hipoteca que suponía el pago del canon anual a las empresas concesionarias de los hospitales, hizo que las partidas presupuestarias para la Atención Primaria y los hospitales públicos fueran menguando sistemáticamente año tras año, al unísono se incrementaba el flujo de dinero público al sector privado, ello llevó inevitablemente a una peor atención a las necesidades de la ciudadanía, a un descontento y desmotivación cada vez mayor entre los profesionales y trabajadores del sector y por fin a una importante respuesta social contra la política neoliberal y autoritaria de los sucesivos gobiernos del P.P; la Marea Blanca fue la contundente expresión del enorme rechazo social que generaba la política sanitaria del Partido Popular. Se consiguió así atenuar la virulencia del proceso privatizador paralizando el intento de comenzar éste en la Atención Primaria e impedir la privatización total de seis hospitales ; sin duda alguna ello fue muy positivo, más debe admitirse también que el objetivo de privatizar la Sanidad Pública que en mi opinión está en el ADN del Partido Popular, se había conseguido en buena medida en la Comunidad de Madrid.
La sanidad madrileña es hoy una sanidad mixta, donde una parte significativa de madrileños recibe su atención sanitaria en centros privados que proveen y gestionan los servicios, eso sí con financiación pública. Los muchos años de gobierno del P.P en la Comunidad de Madrid han conseguido que el concepto de lo público quede restringido sólo a la financiación, es decir al pago de los servicios con dinero público, y al unísono que el flujo de dinero público sea cada vez mayor hacia los centros privados que año tras año ven incrementadas las partidas presupuestarias a ellos destinadas al mismo tiempo que los centros públicos reciben incrementos mucho menores. Esta situación no ha cambiado en absoluto desde la llegada a la Presidencia de la Sra. Cifuentes gracias al apoyo del partido de Albert Rivera.
Como prueba de que la política sanitaria del Gobierno Cifuentes sigue siendo la misma que la practicada por los anteriores gobiernos, veamos el proyecto de Presupuesto de Sanidad para 2017, que tras el acuerdo conseguido con C`s, presenta el gobierno para ser aprobado en la Asamblea de Madrid. Dicho presupuesto es inferior en casi 500 millones de euros a lo realmente gastado en 2016 y supone sólo un incremento del 2.4% sobre el presupuesto inicial de 2016; en el la Atención Primaria sólo recibe un incremento de 2,2% sobre el presupuesto inicial de 2016, los hospitales públicos un incremento del 2.5% y la cantidad asignada a los hospitales de gestión privada reciben un incremento del 6.1%. Ahora cuando los hospitales públicos madrileños aparecen con mucha frecuencia en la prensa, no tanto por logros conseguidos que ciertamente los hay, sino por techos que se caen, instalaciones que se inundan , urgencias colapsadas , listas de espera kilométricas junto a la existencia de camas cerradas y escasez de personal, es evidente que el Presupuesto de Sanidad para 2017 muestra de manera diáfana la política sanitaria del Gobierno de la Sra. Cifuentes, es decir la misma de sus antecesores en el cargo, cuestión por otra parte lógica; a pesar de sus intentos por desmarcarse de las políticas seguidas por los gobiernos anteriores de su partido, la actual Presidenta Regional ha sido dirigente cualificada del P.P durante todos los años en que se llevó a cabo el expolio de la sanidad pública madrileña, fue miembro de su Comité Ejecutivo que la eligió vocal en Fundescam y nunca se la escuchó mostrar desacuerdo alguno.
Para concluir, en mi opinión sólo la salida del Partido Popular del Gobierno de la Comunidad de Madrid podría permitir solventar de manera importante la situación delicada que las instituciones y establecimientos sanitarios públicos madrileños sufren hoy, por el contrario su permanencia agravará aún más los problemas existentes y caminaremos hacia una sanidad dual que redundará en contra de los intereses de la mayoría social.
En Madrid puede existir una alternativa al gobierno de un partido que sigue sin asumir responsabilidad política alguna por las tramas de corrupción en las que está inmerso y que sigue deteriorando un servicio público esencial como es el sistema sanitario público. Sería razonable preguntarse: ¿Qué lo impide?