El pasado día 9 de enero el Pleno de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la suspensión cautelar de la privatización de la gestión de seis hospitales públicos madrileños, acordando que los recursos presentados contra la decisión del Gobierno Regional, se devolviesen a las secciones que los recibieron para que éstas resuelvan según proceda en Derecho entrando en el fondo de los asuntos a decidir.
Esta decisión adoptada por el Pleno puede suponer en mi opinión, el PRINCIPIO DEL FIN, no sólo de la privatización hospitalaria sino también del largo periodo en que los Gobiernos del P.P en la Comunidad de Madrid han dirigido las Administraciones Públicas como si fuesen un cortijo de su propiedad.
Conviene recordar que la llegada al poder del P.P de la Sra. Aguirre en 2003 (tras el Tamayazo) supuso la puesta en marcha de un programa político que tenía como objetivo prioritario la venta al sector privado del mejor patrimonio que teníamos los madrileños: nuestros servicios públicos; para conseguir este objetivo han utilizado todos los medios y por desgracia lo han logrado en una buena proporción, los daños causados a los servicios esenciales y en particular a la Sanidad serán difíciles de restañar, llevará tiempo hacerlo y exigirá una decidida voluntad política de restaurarlos.
Hoy tras la Resolución del Pleno, quienes hemos defendido el Sistema Sanitario Público y nos hemos opuesto desde hace años a su privatización podemos sentirnos satisfechos, y aparcando triunfalismos pueriles debemos seguir movilizándonos para lograr la retirada del proceso privatizador teniendo en cuenta que el Gobierno Regional va a seguir maniobrando para conseguir sus objetivos.
La denuncia permanente desde todos los sectores sociales (partidos de oposición, organizaciones sindicales y profesionales) y el amplísimo rechazo ciudadano (manifestado en numerosas mareas y más de un millón de firmas), han sido los factores claves que han posibilitado hayan ido emergiendo al conocimiento público todas las irregularidades, abusos y presuntas prácticas corruptas que el Gobierno del P.P ha cometido en la gestión de las Administraciones Públicas madrileñas así como que éstas estén llegando a los Tribunales de Justicia; así hoy están imputados dos exconsejeros de Sanidad (Lamela y Güemes), la máxima responsable del Servicio Madrileño de Salud (Sra. Patricia Flores), el Director General de Atención Hospitalaria (Sr. Antonio Burgueño) y varios directivos de empresas concesionarias; estos hechos de enorme gravedad no han producido la asunción de responsabilidad política alguna y tampoco ningún cese o dimisión. Tampoco se ha asumido ninguna responsabilidad tras conocerse el informe del Tribunal de Cuentas que pone de manifiesto irregularidades en varios hospitales públicos e incumplimiento contractual por parte de los hospitales de Valdemoro y Torrejón (concesiones administrativas a Capio y Ribera Salud); la inacción de la Consejería es sorprendente y mueve a la desconfianza y la sospecha.
Retornando a la Resolución del Pleno hemos conocido que la misma ha sido tildada de sorprendente e incluso considerada como una irresponsabilidad desde el máximo responsable del Gobierno Regional( véase El País 12 de enero) y desde la Consejería su máximo responsable ha pedido rapidez en la resolución de los recursos pendientes. Coincido en el criterio de celeridad y eficacia que deben tener las actuaciones de los Tribunales, indicando que ello no puede implicar en ningún caso improvisación y premura que pudiera pretender alguna de las partes en conflicto; asumiendo por tanto la bondad de la rapidez en los procedimientos judiciales es por lo que junto a muchos madrileños deseo que los Tribunales actúen con rapidez y rigor en los siguientes asuntos en litigio:
- Los ya citados recursos sobre la privatización de los seis hospitales públicos
- Los recursos presentados contra el Seudoplan de Ordenación de Recursos Humanos que sin contener ningún objetivo explicitado y cuantificado, ha sido utilizado para expulsar de sus Centros de trabajo, de forma arbitraria, irregular y presuntamente ilegal, a cerca de mil cualificados profesionales en perfectas condiciones para desarrollar su labor que han sido tratados con un desprecio y un mal estilo intolerable.
- La investigación que determine quienes fueron los responsables políticos que ordenaron fraccionar de manera irregular contratos públicos por más de seis millones de euros burlando la ley, desde la mayoría de Consejerías del Gobierno Regional, para adjudicarlos a empresas de la trama mafiosa Gürtel según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado remitido al juez Ruz (Cadena Ser 8 mayo 2013); de esos contratos (686 operaciones) la Consejería de Sanidad en 29 operaciones realizadas adjudicó 182.522 euros.
- La querella presentada por presuntos hechos delictivos producidos en el primer proceso de privatización hospitalaria madrileña y que como ya se ha dicho tiene imputados a dos exconsejeros y a la cúpula del Servicio Madrileño de Salud.
Concluyendo, todo lo expuesto muestra una realidad sanitaria madrileña en la que el sistema público está siendo desmantelado en un marco de opacidad, irregularidades y presuntas acciones ilegales; ello se ha hecho ya insoportable para una amplísima mayoría social que con su movilización, está haciendo posible que la pesadilla que para una mayoría supone la permanencia del P.P en el Gobierno Regional esté llegando a su fin