Las últimas décadas, la Unión Europea ha configurado un marco legislativo y jurisprudencial que es favorable a la expansión de los procesos de colaboración público- privada en su territorio, incidiendo en que los servicios públicos y su protección no tienen porque suponer necesariamente una prestación directa desde las administraciones públicas
España comenzó la creación de un incipiente Estado de Bienestar al regreso a la democracia. Se pretendía que nuestro país se homologase al entorno europeo que los había creado tras la segunda guerra mundial. Este proceso se iba a realizar en un contexto histórico más adverso pues la contrarrevolución neoliberal se había puesto en marcha, la liberación de la economía iniciaba un periodo de gran expansión y se fomentaba la participación del sector privado en los servicios prestados por las administraciones públicas. Se perseguía reducir la actuación del Estado y sus Administraciones en la actividad económica, que debía reservarse mayoritariamente para el sector privado. A pesar de ello, durante la década de los ochenta y primera mitad de la siguiente se avanzó en la construcción de nuestro Estado de Bienestar.
Las últimas décadas, la Unión Europea ha configurado un marco legislativo y jurisprudencial que es favorable a la expansión de los procesos de colaboración público- privada en su territorio, incidiendo en que los servicios públicos y su protección no tienen porque suponer necesariamente una prestación directa desde las administraciones públicas. En este contexto, los agentes económicos reclamaban un marco jurídico estable y uniforme en el territorio de la Unión para poder actuar con seguridad jurídica en sus actividades económicas en el campo de la colaboración público-privada y ese marco es el que hoy las Instituciones de la Unión han establecido.
Veamos cómo ha sido el devenir de nuestro sistema sanitario. La promulgación de la Ley General de Sanidad (1986) estableciendo la creación del Sistema Nacional de Salud y el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a todos los españoles y personas residentes en España supuso un avance cualitativo importante; esa ley reconocía la libertad de empresa en el sector sanitario y admitía la posibilidad de establecer CONCIERTOS con empresas privadas para la prestación de servicios sanitarios, eso sí, previa utilización óptima de los recursos propios. Posteriormente, con el PP en el gobierno central , el decreto ley 10/1996 y la ley 15/ 1997 habilitaron nuevas formas de gestión en el sistema público que en mi opinión allanaron el camino hacia la provisión y gestión privada de servicios sanitarios con financiación pública; la promulgación de la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud(2003) recuperando el concepto de ASEGURADO inició el camino hacia la pérdida de la característica de UNIVERSALIDAD que éste tenía, y ello se materializó con la promulgación del Real Decreto ley 16/ 2012 que estableció la pérdida de ese derecho para los inmigrantes.
En los albores del siglo XXI consagrado en la Unión “el control del déficit público” como prioridad absoluta frente a las políticas sociales de los gobiernos y asimismo establecido, que las inversiones públicas realizadas con capital privado bajo las diferentes fórmulas de colaboración no aparecen en los presupuestos y dejan las deudas adquiridas fuera de los balances de las Administraciones ( una triquiñuela para obligar a los Estados a introducir al sector privado en las actividades públicas), en nuestro país se iniciaron con más profusión procesos de colaboración público- privada en el sistema sanitario, lógicamente con más entusiasmo en los territorios donde gobernaba el Partido Popular que comparte ese espíritu neoliberal que impera mayoritariamente hoy en la Unión Europea. Los gobiernos autonómicos del PP de Madrid y Valencia fueron los más activos y favorecieron la irrupción de capital privado en la sanidad pública mediante fórmulas de colaboración público-privada no utilizadas antes en el sector sanitario español: las CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y EL MODELO PFI. Por ser estas comunidades las que han utilizado con más profusión estas fórmulas me referiré sólo a ellas lo que no implica que en el resto del Estado no se hayan acometido procesos privatizadores, cosa que sí ha ocurrido.
Ahora, a punto de concluir el periodo de concesión a Ribera Salud para proveer y gestionar la atención sanitaria en el departamento de la Ribera en Valencia y con más de una década de funcionamiento en estas comunidades de todas las concesiones y contratos PFI que se adjudicaron, parece razonable analizar, si se han cumplido o no, las enormes bondades que los defensores de estas fórmulas (privatizadoras) les atribuyen. Veamos:
LA COMUNIDAD DE MADRID
Los hospitales públicos madrileños han sido sometidos a un continuo proceso de reducción de consignación presupuestaria
La Comunidad de Madrid licitó y adjudicó la construcción y el mantenimiento de seis nuevos hospitales bajo la fórmula de PFI (la entidad adjudicataria construye, mantiene y presta los servicios no sanitarios a cambio del pago por parte de la Administración de un canon anual durante todo el periodo establecido en el contrato) y asimismo mediante la fórmula de concesión administrativa ( la entidad adjudicataria construye provee y gestiona la prestación de todos los servicios que figuran en el contrato con personal propio a cambio de un pago capitativo anual de una población que se le adscribe, durante el periodo de concesión). La ubicación de esos nuevos hospitales se decidió con carácter previo a los estudios de planificación exigibles en aras de una buena ordenación de los servicios, ello supuso, una vez entraron en funcionamiento, una distorsión grave en el funcionamiento y desarrollo de hospitales públicos que tenían aún un alto potencial de mejora y crecimiento. Esa anomalía impropia de cualquier gestor público responsable obedeció en mi opinión a un objetivo electoralista ( puro populismo). Los sucesivos gobiernos del PP madrileño llevaron a cabo una desregulación del mapa sanitario, eliminaron las Áreas sanitarias existentes , establecieron el Área Única y con la instalación y puesta en marcha de un sistema de citas centralizado( CALL CENTER) y la falacia de la libre elección facilitaron la derivación de muchos pacientes hacia los hospitales concesionados facilitando así de forma intencionada, facturaciones extras importantes para las empresas concesionarias que minimizaban obviamente el RIESGO que las empresas tienen que asumir en estas fórmulas contractuales.
Al unísono los mecanismos de CONTROL férreo que estas modalidades contractuales exigen por parte de la ADMINISTRACIÓN en aras del interés general, han brillado por su ausencia; la opacidad ha imperado en relación al funcionamiento y control de estos hospitales concesionados , incluso la oposición política ha tenido enormes dificultades para conseguir informaciones solicitadas en vía parlamentaria, comportamiento nada extraño si se tiene en cuenta que este cambio cualitativo se llevó a cabo sin ningún consenso político y social.
Mientras tanto los hospitales públicos madrileños han sido sometidos a un continuo proceso de reducción de consignación presupuestaria, se han ido desmantelando de manera paulatina, plantas enteras cerradas, ausencia clamorosa de mantenimiento, reducciones brutales de plantillas, servicios de urgencias colapsados y con enfermos sufriendo situaciones no asumibles, listas de espera elevadas, alarmante falta de reposición de aparataje ya obsoleto e imprescindible para garantizar una buena asistencia, casi nula adquisición de nuevas tecnologías necesarias para mejor diagnostico y tratamiento de procesos graves y de gran incidencia, que quizá los gobiernos del P.P entienden deben ser cubiertas por filántropos propietarios de emporios empresariales con sociedades ubicadas en paraísos fiscales. Una Atención Primaria con una alta presión asistencial que en ocasiones generan demoras en la visita al médico de familia y obliga a dedicar toda la jornada laboral casi en exclusiva a la atención de la consulta, no pudiendo realizar otras actividades encomendadas a la Atención Primaria. Los medios de comunicación reflejan con bastante frecuencia situaciones que ratifican lo expuesto aquí. De todo ello cabe preguntarse: ¿dónde podemos los madrileños ubicar las bondades que la privatización llevada a cabo iba a suponer?; ¿podemos decir que el proceso llevado a cabo ha satisfecho al interés general?; ¿tenemos hoy los madrileños un sistema sanitario público más eficaz y eficiente que hace una década?; ¿hay hoy más y mejores equipamientos y servicios que hace una década en el conjunto del sistema sanitario público madrileño?; ¿se ha demostrado la mayor eficiencia de esta gestión privada? En mi opinión la privatización llevada a cabo en la sanidad madrileña ha supuesto un expolio de los centros públicos, una redistribución del presupuesto sanitario con derivación cada vez mayor de dinero público hacia el sector privado, una falta de transparencia en lo referente al control del cumplimiento de los contratos, una falta de demostración de la pretendida mayor eficiencia de estas fórmulas como pudo comprobarse cuando la enorme presión de los ciudadanos y de los profesionales( marea blanca , ahora extendida a otros territorios) paralizaron el intento de privatizar totalmente seis hospitales y donde las autoridades sanitarias no pudieron aportar ningún dato serio y fiable sobre esa tan cacareada mayor eficiencia. En un libro de reciente aparición se hace referencia a un estudio reciente (2015) firmado por José M. Alonso (universidad de Cantabria) Judith Clifton y Daniel Díaz (universidad de Cornell en EEUU) referido al Servicio Madrileño de Salud; en él los autores concluyen que no encontraron evidencia de que con gestiones distintas a la gestión directa tradicional los hospitales fueran más eficientes. En mi opinión lo importante es gestionar bien y eso puede conseguirse desde la gestión pública si existe la voluntad política de conseguirlo. Lo cierto es que hemos asistido a un desarrollo espectacular del sector privado que ha obtenido y sigue obteniendo grandes beneficios gracias a las importantes facturaciones que año tras año le proporciona el presupuesto sanitario público que al unísono no cubre las necesidades de los centros públicos.
LA COMUNIDAD VALENCIANA
La comunidad valenciana gobernada durante décadas por el PP fue la pionera en la introducción de las concesiones administrativas en el sistema sanitario
La comunidad valenciana gobernada durante décadas por el PP fue la pionera en la introducción de las concesiones administrativas en el sistema sanitario. La empresa Ribera Salud, creada en 1997, fue adjudicataria de la provisión y gestión privada de la asistencia hospitalaria del departamento de La Ribera, el contrato se firmó en 1999, se construyó un hospital en Alzira. que comenzó su funcionamiento en 2000. En sus primeros cuatro años de funcionamiento el centro parece sufrió pérdidas importantes y el Gobierno del PP valenciano acudió solicito al RESCATE y de mutuo acuerdo se pagó una indemnización a Ribera Salud de 69 millones de euros, convocándose una nueva licitación que ampliaba la provisión y gestión de los servicios a todos los centros de salud del departamento sanitario incrementando cerca del 70% el canon anual que se contemplaba en el primer contrato. El concurso fue ganado por la misma empresa, la única que se presentó a la licitación. Posteriormente esta misma empresa (propiedad hoy del Banco de Sabadell y del grupo norteamericano Centene) obtuvo también las concesiones de los departamentos de Torrevieja, Denia y Elche; es decir una empresa creada en 1997 sin experiencia previa en el sector sanitario cuando se le adjudicó el departamento Alzira-La Ribera, es hoy 20 años después un emporio empresarial gracias a la generosidad de todos los valencianos que asumieron su rescate en 2003 por decisión del gobierno del PP que luego le otorgó sucesivas concesiones en otros departamentos en un escenario de monopolio casi absoluto.
Otro departamento sanitario, Manises, está adjudicado por concesión en este caso a Sanitas; asimismo el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) entidad privada de prestigio que atiende los procesos oncológicos disfruta de un sustancioso contrato de colaboración con la Consejería de Sanidad.
El año 2015 tras las elecciones autonómicas se produjo cambio de gobierno en la comunidad formándose un gobierno de coalición PSOE-COMPROMIS con Carmen Montón como consejera de sanidad; este nuevo gobierno en cumplimiento de sus promesas electorales ha iniciado el proceso de recuperar para la sanidad pública el hospital de Alzira y la gestión del departamento de la Ribera toda vez que la concesión concluye en marzo de 2018, esta legítima pretensión ha desencadenado por parte de Ribera Salud una cadena de demandas ante los tribunales tratando de impedir la no renovación de la concesión. Es muy llamativo este comportamiento toda vez que si ciertamente la legislación europea sobre CONCESIONES otorga una enorme seguridad jurídica a los concesionarios haciendo casi imposible la reversión anticipada de éstas, obligando a ir para intentarlo, a un procedimiento de expropiación forzosa justificando causa expropiandi, no lo es menos que concluida una relación contractual no puede exigirse su prolongación si no hay mutuo acuerdo , ese comportamiento tan insistente y errático de la empresa permite sospechar que no quiere dejar de explotar un negocio de jugosos beneficios . Muy recientemente el TSJ de Valencia ha rechazado las pretensiones de la empresa concesionaria cuyo director general está muy vinculado al P.P al igual por cierto que el máximo responsable del IVO. Cabe preguntarse: ¿ha habido estos últimos 20 años más y mejores recursos sanitarios para los valencianos? No parece deducirse esto cuando hemos ido viendo como Valencia ha sido una de las comunidades autónomas que durante años ha destinado menos euros per cápita para sanidad, cuyos recortados presupuestos han ido destinando una proporción cada vez mayor hacia el sector privado.
Manifiestan los defensores de estas modalidades de colaboración público-privada que tienen como efectos beneficiosos su mayor eficiencia, el aumento de la cantidad y calidad de los servicios y la capacidad de soslayar las restricciones presupuestarias que el sacrosanto “control del déficit” impone. No parece que las dos primeras cuestiones se hayan producido; hasta la fecha no se conoce estudio serio y riguroso que proporcione datos concluyentes de una mayor eficiencia y no se ha producido una mayor cantidad y calidad de los servicios sanitarios en el conjunto del sistema allí donde estas medidas privatizadoras se han implementado. Cierto que las inversiones no aparecieron en presupuestos ni la deuda adquirida aparece en los balances pero ello no evita la enorme carga financiera que la Administración Sanitaria adquiere que hipoteca gravemente durante décadas cubrir las necesidades que se generen.
Frente a quienes acusan de populismo y de actuar por cuestiones ideológicas a los gobiernos que quieran retornar a la gestión pública hospitales concesionados cuando sea posible, como ahora va a llevar a cabo la Comunidad Valenciana, se hace necesario recordarles que esa decisión es absolutamente legítima pues proviene de responsables políticos elegidos democráticamente que tienen una concepción de los servicios sanitarios públicos muy distinto a los gobiernos neoliberales que han privatizado nuestro sistema sanitario público generando un desmantelamiento de los centros públicos y propiciando la creación de gigantes empresariales sanitarios que operan en la práctica en régimen de oligopolio cuando no de monopolio.
Conocida sobradamente mi posición contraria a la provisión y gestión privada de los servicios sanitarios públicos (espero no se me etiquete por ello de populista) creo que, la experiencia en nuestro país de las diferentes fórmulas de colaboración enumeradas no permiten avalar los beneficios que en teoría se atribuyen a las mismas. Hoy, transcurrida más de una década desde su instauración y viendo el estado actual de nuestra sanidad pública, me pregunto: ¿podríamos hablar de depredadores de lo público?