El próximo día 24 los madrileños estamos llamados a las urnas para votar las candidaturas a la Comunidad de Madrid y en el caso de los residentes en la capital las candidaturas a su Ayuntamiento.
El Partido Popular lleva gobernando en la Comunidad madrileña desde hace veinte años y más tiempo aún en el Ayuntamiento de la capital; por tanto creo oportuno exponer ahora algunas de las señas de identidad de las políticas que el PP ha mantenido tanto en el gobierno de la región como en el municipio de Madrid y que en mi opinión han supuesto un deterioro muy grave de las Instituciones Públicas madrileñas así como de la calidad de la democracia. Enumeremos algunas de esas señas de identidad:
-Implantación de prácticas ilegales y presuntamente corruptas en el seno de las instituciones públicas madrileñas.
Un informe de la Intervención General del Estado remitido al Juez Ruz en la Audiencia Nacional indica que la Comunidad de Madrid abonó 6´5 millones de euros a empresas de la trama Gürtel en el periodo 2004-2008. La práctica totalidad de las Consejerías del Gobierno Regional realizaron un total de 686 operaciones que vulneraban la ley de contratos públicos, fraccionando sus cuantías, para poder realizar así adjudicaciones directas a las empresas de la trama mafiosa. La Presidenta del Gobierno Regional era en aquellas fechas Esperanza Aguirre que hasta hoy no ha asumido ninguna responsabilidad política por ello.
-Implantación en la Comunidad de Madrid de tramas de corrupción
Es bajo los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid cuando se producen los escandalosos casos de corrupción ligados a la trama Gürtel; esta trama se introdujo en municipios e instituciones públicas donde se realizaron actuaciones muy graves presuntamente delictivas en las que aparecieron implicados numerosos cargos públicos del Partido Popular muchos de ellos hoy imputados y a la espera de juicio oral. Tuvieron que dimitir alcaldes de localidades tan importantes como Boadilla, Arganda, Pozuelo o Majadahonda; dimitieron también diputados regionales como Martín Vasco y Alberto Bosch y como colofón tuvo que marcharse de la política el Sr. López Viejo, Consejero en un gobierno presidido por Esperanza Aguirre; la entonces Presidenta parecía desconocer incluso que era esta trama quién organizaba todos los actos institucionales a los que ella asistía.
El Sr. Francisco Granados, Consejero de Presidencia, Justicia, Interior y Transporte en un gobierno presidido por Esperanza Aguirre, está actualmente en prisión por la presunta comisión de gravísimos delitos en el marco de una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones y pagos ilegales. Al parecer estas mordidas eran posteriormente blanqueadas a través de un entramado societario. Todos los indicios apuntan al Sr. Granados como el máximo responsable de la trama , que fue descubierta en el marco de la Operación Púnica llevada a cabo por la Guardia Civil a instancias del juez Velasco de la Audiencia Nacional. Conviene recordar que el Sr. Granados fue Secretario General del PP madrileño en el periodo 2004-2011.
Esperanza Aguirre, ha mantenido que los cargos públicos del PP implicados en ambas tramas no eran personas de su confianza a pesar de estar entre ellos dos Consejeros de sus gobiernos. ¿Sra. Aguirre, recuerda quienes se sentaban junto a usted en los Consejos de Gobierno? Por favor Sra. Aguirre no ofenda reiteradamente a la inteligencia de los madrileños.
-Privatización y desmantelamiento de la sanidad y educación pública madrileña.
La marea blanca en defensa de la sanidad pública ha supuesto el rechazo de los madrileños a la política sanitaria de los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid que ha permitido la irrupción en tromba del capital privado en el sistema sanitario público; el salvaje proceso privatizador llevado a cabo, lleno de opacidad y despilfarro, no ha conseguido aportar ningún dato fiable sobre las pretendidas bondades que los gobiernos de Aguirre y González le atribuían. El continuo proceso de externalizaciones que el P.P lleva a cabo en la Comunidad de Madrid supone un escandaloso trasvase de dinero público al sector privado; al unísono se desmantelan los centros públicos a los que se les recortan sustancialmente los recursos humanos y materiales necesarios para poder prestar una asistencia rápida y de calidad. El fracaso estrepitoso de su programa estrella de reducción de listas de espera que supuso una desviación de cuantiosos fondos públicos a centros privados es ejemplo paradigmático del rotundo fracaso de la política sanitaria de los gobiernos del PP en relación a una mejor asistencia a los ciudadanos; por el contrario su política sanitaria ha supuesto un éxito redondo para el sector privado que ha tenido una expansión previamente inimaginable en la Comunidad de Madrid. La fundación BBVA indica en un informe reciente que la Comunidad de Madrid en el periodo 2009-2013 redujo el gasto per capita en sanidad un 18´5%.
Si la política sanitaria seguida por el PP ha tenido consecuencias muy negativas para el sistema sanitario público madrileño, la política educativa de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid no ha sido menos dañina para el mundo de la educación. La apuesta descarada del PP por la educación privada y concertada en detrimento de la educación pública ha producido daños irreversibles en ésta. La reducción significativa de profesores y la escasez de los medios aportados a los centros educativos públicos han supuesto un progresivo empeoramiento de las prestaciones en los mismos a pesar de los esfuerzos de los profesionales. La fundación BBVA en el informe anteriormente citado indica que el Gobierno del P.P de la Comunidad de Madrid en el periodo 2009-2013 redujo el gasto educativo per cápita un 24´3%, muy superior a la media nacional del 21´1%. Esta importante reducción en el gasto educativo es porcentualmente mucho mayor que el realizado en Comunidades Autónomas más pobres (Andalucía un 16´4%, Extremadura un 15´8% o Asturias que no ha reducido el gasto educativo per cápita sino que lo ha elevado un 3´2%). Estos datos muestran la aversión del P.P madrileño por la educación pública.
La política seguida por numerosos ayuntamientos madrileños gobernados por el Partido Popular regalando suelo público, propiedad de sus ciudadanos, a empresas privadas para la construcción de centros educativos privados y concertados es una muestra más del expolio que el Gobierno Regional ha cometido con el patrimonio público; más aún si como hemos conocido, Francisco Granados cabecilla de la trama Púnica cobraba presuntamente una comisión de 900.000 euros por cada centro concertado adjudicado. Esperanza Aguirre, ahora candidata a la alcaldía de Madrid, al parecer tampoco conocía nada sobre esta trama y por supuesto no ha asumido ninguna responsabilidad. Ciertamente muy preocupante ese total desconocimiento de lo que ocurría a su alrededor manifestado por Esperanza Aguirre; cabría preguntarse: ¿a qué se dedicaba entonces la Presidenta del gobierno y del P.P regional? ¿Es tan alto su nivel de incompetencia? ¿Cómo es posible pretenda con ese currículum regir los destinos de la capital de España?
Respecto al mundo universitario la política del gobierno del Partido Popular en Madrid se ha caracterizado por asfixiar desde el punto de vista presupuestario a las universidades públicas potenciando al unísono la expansión desordenada de numerosas universidades privadas; su concepción elitista de la formación universitaria ha conllevado un incremento brutal de las tasas universitarias con el objetivo de expulsar de la universidad a los jóvenes con escasez de recursos e impidiendo el acceso a estudiantes de las familias más desfavorecidas.
Podríamos convenir que la acción política de los gobiernos del Partido Popular en Madrid, particularmente en los mandatos con Esperanza Aguirre en la Presidencia Regional , en relación a estos dos servicios públicos esenciales ha consistido en un intento reiterado de adelgazar su peso especifico beneficiando así al sector privado y actuando contra el interés general.
Todos los casos de corrupción enumerados así como los tremendos recortes en las prestaciones de los servicios públicos del estado de bienestar se han llevado a cabo junto a una política impositiva, en las disposiciones de competencia autonómica, tremendamente generosa con el pequeño número de contribuyentes que detentan los mayores ingresos y los grandes patrimonios. En 2011 el gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre aprobó la bonificación del 100% del Impuesto sobre Patrimonio y cabe preguntarse:¿ a quien o quienes beneficiaba esta eliminación en la práctica del citado impuesto?. No a la inmensa mayoría de madrileños, sino a una parte muy pequeña de ellos, los detentadores de grandes patrimonios, entre ellos se encuentra según lo publicado el esposo de la Sra. Aguirre que se habría ahorrado de pagar más de 60.000 euros en 2013, habiendo declarado un patrimonio de 5´5 millones de euros.
El Ayuntamiento de la capital está gobernado por el Partido Popular desde hace más de un cuarto de siglo y por tanto parece obvio indicar que la situación actual de la ciudad, será responsabilidad en exclusiva del partido que ha gobernado ininterrumpidamente la capital este larguísimo periodo de tiempo. Veamos:
Madrid hoy es una ciudad con una deuda municipal tan elevada (más de 6000 millones de euros) que hipoteca su solvencia financiera durante muchos años; esta monumental deuda no se ha generado en base a actuaciones y proyectos para conseguir una ciudad más saludable, una ciudad para incrementar el confort de sus vecinos, una ciudad que priorice los servicios sociales y las mejoras en todos los barrios para ir eliminando las desigualdades existentes entre ellos. No han sido esas las causas de esa deuda tan escandalosa, las razones de esa deuda se encuentran en las políticas municipales erráticas seguidas por los alcaldes, aprobando proyectos especulativos, obras faraónicas al gusto del alcalde Gallardón y el empeño absurdo en conseguir unos Juegos olímpicos que sólo hubieran servido para el beneficio de los grandes empresarios y constructores y que al no conseguirse ha supuesto enterrar muchos millones de euros que hubieran resultado imprescindibles para mejorar la calidad de vida de muchos vecinos de la capital. Es hoy Madrid una ciudad sucia con socavones en numerosas calles y aceras lo que transmite una mala imagen a quienes la visitan, que malvende su patrimonio, el de los madrileños, una ciudad con menos cines, una ciudad regida por un Partido (PP) que no duda en vender a fondos buitres las viviendas sociales de su propiedad , es decir de los madrileños, en momentos donde los desahucios siguen siendo un drama social de primera magnitud. Una ciudad donde el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ( IBI) se ha incrementado significativamente y las multas tienen un objetivo recaudatorio que ya nadie discute; una ciudad donde un hecho tan grave como la tragedia del Madrid Arena no conllevó la inmediata dimisión de su alcaldesa como hubiera ocurrido en cualquier otra ciudad de nuestro entorno europeo.
Lo expuesto hasta ahora, en mi opinión retrata la política de los gobiernos del PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento de la capital; una política depredadora del Estado de Bienestar, repleta de opacidad y casos de corrupción, una política ineficiente y despilfarradora, una política regresiva propia de la derecha neocon, una política autoritaria con la oposición política y los movimientos sociales, una política que ha debilitado la calidad de la convivencia democrática.
El próximo 24-M los madrileños tenemos una cita con las urnas para decidir quién gobernará nuestra Comunidad y también el Ayuntamiento de la capital. El Partido Popular, como muestra de la veracidad de su compromiso con la regeneración democrática, presenta como candidata al Ayuntamiento de Madrid a Esperanza Aguirre, máxima dirigente política del PP en Madrid y Presidenta del Gobierno Regional casi una década y por tanto con responsabilidad política innegable en todas las prácticas ilegales y corruptas que se han producido en la Comunidad los últimos años, una dirigente política incapaz de asumir ninguna responsabilidad, una candidata que trata de desprestigiar a sus oponentes con acusaciones que nunca puede probar por ser falsas y que sin embargo muestra una laxitud sorprendente con el incumplimiento de las normas por su parte o sus allegados. Ciertamente una candidata que no puede aportar nada para caminar hacia la regeneración democrática y recuperación del prestigio de las Instituciones Públicas que Madrid necesita. Tampoco es una cara nueva la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, la Sra. Cristina Cifuentes, que al margen de su labor como Delegada del Gobierno en Madrid, es asimismo miembro del Comité de Dirección, del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva del PP madrileño; es por tanto una alta dirigente del Partido y por tanto corresponsable de las políticas del PP en Madrid.
El 24-M la sociedad madrileña acudirá a las urnas y deberá optar entre la continuidad en el Gobierno de un Partido Popular enfangado en la corrupción y con nula credibilidad para propiciar una regeneración democrática, o posibilitar la alternancia tanto en el gobierno regional como en el ayuntamiento, permitiendo que otras fuerzas políticas que propugnan un modelo social distinto, un fortalecimiento de los servicios públicos y una mayor cohesión social disminuyendo las graves desigualdades existentes, puedan acceder al gobierno.
La imprescindible regeneración democrática que Madrid necesita pasar inexorablemente por la salida del Partido Popular del Gobierno de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid; la inmensa mayoría de madrileños, personas de bien, que trabajan y pagan sus impuestos, cumplen sus obligaciones como ciudadanos, piensen como piensen, no pueden mirar para otro lado y deben hacerlo posible. Nos jugamos mucho, nos jugamos recuperar la frescura de los valores democráticos, nos jugamos recuperar la credibilidad y decencia de nuestras Instituciones, nos jugamos recuperar nuestros derechos como ciudadanos, nos jugamos poder avanzar hacia una sociedad donde los dirigentes políticos asuman que los ciudadanos somos quienes tenemos la capacidad de mandarlos a casa cuando nos engañen o conculquen la obligatoria transparencia en la gestión de los recursos públicos
El 24-M los madrileños tenemos que solventar una urgencia democrática: SALVAR MADRID. Nuestro voto tiene que hacerlo posible.