Tras los resultados de las elecciones del 26-J muchos se preguntan: ¿Cómo es posible que un partido salpicado con tantos casos de corrupción haya ganado las elecciones? La pregunta está más que justificada.
No viene mal mirar por el retrovisor al pasado. En las elecciones generales de 1996 ganó Áznar a González. Conocidos los casos de corrupción en el debe socialista en la legislatura anterior, en su campaña el PP hizo especial hincapié en la lucha contra ella. Por ello, en su programa en el apartado III. Fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas, lleva un capítulo 7. Impedir la corrupción, que merece la pena ser leído. Entre otras cosas, señala que la corrupción es el peor de los males de una democracia. Si en España se ha producido es porque los socialistas han suprimido los instrumentos de control que preservan a las sociedades democráticas del abuso de poder. El problema de la corrupción tiene soluciones. El Gobierno del PP reformará la Ley General Presupuestaria, la Ley de Régimen Local y el Tribunal de Cuentas. Regulará la publicidad en los procedimientos de contratación del sector público, para dar más transparencia. Reforzará la Intervención General del Estado. Y erradicará todas las prácticas de financiación irregular de los partidos políticos. En una sociedad democrática no debe haber ninguna zona sin responsabilidad.
La financiación ilegal del PP que explotó con Bárcenas, se forjó en la década de los 90. Por eso, Martínez Noval, del Grupo Socialista del Congreso, le espetó a Áznar en la sesión del 10 de marzo de 1999: “Estando en la oposición usted recordará que utilizaba muy a menudo el discurso de la regeneración democrática. La frase que mejor recuerdo, la más resonante era aquella de que usted iba a barrer de España a los corruptos”. Respondió Áznar: “Por muchos errores que se cometiesen ahora o en el futuro en la vida política española jamás se podría igualar o superar lo que ustedes llegaron a hacer en la vida política española jamás, ni acercarse… Tal respuesta le sirvió de pretexto a Javier Pradera, para escribir “Queda así expedita la vía para que los militantes desvergonzados del PP interpreten las palabras de Áznar como un guiño cómplice que les invita a usar sus cargos en la Administración en beneficio propio o para la financiación irregular del partido siempre que no hagan ruido y no superen - las marcas de corrupción dejadas por los socialistas tras sus 14 años de gobierno: ¡Todavía hay margen para enriquecerse, compañeros! Sus correligionarios del PP siguieron las recomendaciones de su líder a rajatabla.
No es fácil votar a un partido libre de culpa. La corrupción es común a los partidos, ya que es directamente proporcional a su participación en la política de gobierno. Ya viene de lejos, tampoco es una novedad de la democracia. Según cuenta Borja de Riquer, el año 1934 el director británico de la Barcelona Traction pidió, desde Londres, a los responsables de la empresa en Barcelona si aquel Alejandro Lerroux que había sido elegido presidente del Gobierno era el mismo político que en el año 1919 habían sobornado para que los ayudara a parar la huelga de la Canadiense. Cuando le dijeron que sí, y que seguía cobrando, el británico aconsejó que en la próxima emisión de acciones de la compañía reservaran un paquete para Lerroux. Las cosas funcionaban así. Y en tiempos de la dictadura la corrupción estaba totalmente institucionalizada.
Para conocer la corrupción actual es muy interesante el libro del ya citado Pradera Corrupción y política. Los costes de la democracia, publicado en el 2014, sobre un manuscrito de 1994, que se mantuvo sin publicar. Según señala Fernando Vallespín en su introducción, es plenamente actual. Su objetivo es sacar a la luz la conexión entre corrupción y sistema democrático que se produjo a lo largo de la entonces todavía joven democracia española. Y allí las cosas no parecían hacerse de manera distinta. Veinte años después, vista la sucesión de casos de venalidad política en nuestro escenario público, su contenido nos estalla en la cara como una mina de efecto retardado.
Pradera no se anda con remilgos: “La financiación ilegal de los partidos se configura como una forma mafiosa de apropiación colectiva y distribución individualizada de la riqueza. Porque la recaudación ilegal de fondos en nombre de una organización política permite a sus dirigentes perpetuarse en el poder y disfrutar de un nivel de consumo y servicios equivalente al proporcionado por las rentas de un elevado capital»
Con la llegada de la democracia: “Cambiamos de régimen, pero no de hábitos. El continuismo en el disfrute de los privilegios («comodidades de la púrpura») o el abuso de los bienes posicionales («patrimonialización de los valores de uso del Estado») son ejemplos bien expresivos de la no ruptura de ciertos hábitos en el ejercicio del poder entre la dictadura y la democracia. Lo que escandaliza es que los gobernantes exigen a los demás una austeridad que no se aplican a sí mismos”.
En cuanto a sus causas «”El funcionamiento del sistema democrático requiere que su administración operativa esté a cargo de maquinarias no democráticas» Desde esta perspectiva, la ausencia de democracia en los partidos es el precio que hay que pagar para que exista la competencia democrática entre partidos”.
Sobre sus consecuencias: “La corrupción en los partidos vulnera el Estado de Derecho y pervierte la representación democrática. Una endeble cultura democrática ha alimentado el espejismo de que tan singular transgresión tiene altos rendimientos y limitados costes”.
El texto concluye con distintas medidas para la reforma de los partidos, muy parecidas a las pregonadas ahora. No tiene mucha confianza en su éxito, porque la tarea de prevenir los abusos de los partidos corresponde a los propios partidos. Y muestra su escepticismo con una metáfora: “Es como si las perdices y los conejos se encargasen de redactar la ley de caza”.
Desde la instauración de nuestra democracia surgieron unos partidos monolíticos, jerárquicos y burocratizados consecuencia de los híperliderazgos, como los de Felipe González, José María Áznar o Jordi Pujol, a los que llegaron "donativos" del mundo empresarial, que nadie los cuestionó, con la subsiguiente lacra de la corrupción. Por ello, además de redactar una ley de caza, hay que romper la perversa relación entre política y poderes económicos. Hay que cortar de raíz los nexos entre los partidos políticos y los grandes lobbies económicos, para garantizar que los elegidos respondan solo ante los ciudadanos y no ante financiadores ocultos. Habría que prohibir las financiaciones privadas y las provenientes de entidades, como grupos industriales, bancos, constructoras, eléctricas. Es de cajón que las donaciones de las grandes empresas se hacen por un futuro e indebido beneficio. Por ello, la financiación debería ser exclusivamente del Estado y de las cuotas de los afiliados. Así se evitarían muchas de las lacras de nuestra democracia: corrupción, puertas giratorias, nepotismo, etc. Y además serían las fuerzas políticas las que ganaran las elecciones y no sus financiadores. La reforma laboral vigente obedeció a los intereses de la gran patronal, no a los de la mayoría de la sociedad. Lo mismo puede decirse del rescate de los bancos o de los privilegios de las eléctricas.
En la existencia de la corrupción existen tres elementos: el corruptor, el corrupto, y la sociedad, que la tolera o no es suficientemente contundente ante ella. ¿Cómo es posible que casi 8 millones de españoles voten a un individuo que manda un email “Luis sé fuerte"? Pues es posible. Probablemente porque está muy extendida en nuestra sociedad la idea de que “prefiero que roben los míos”.