Jueves 27.06.2019

Al recibo de la luz no hay Dios que le meta mano

Lo lamentable y vergonzoso es, conviene recordar, que cuando las Eléctricas fueron privatizadas, medios, políticos y egregios economistas, nos dijeron por tierra, mar y aíre que esta nueva situación gracias a la mayor competencia repercutiría en un mejor servicio a los ciudadanos, incluida la reducción del precio del suministro

Cada vez que te llega el recibo de la luz es para ponerte a temblar. Lo imprevisible es su cuantía, lo previsible es la subida. Y esta evolución se ha convertido en una constante, ante la que ningún gobierno, sea de derechas o izquierdas, no hace nunca nada para corregir este auténtico saqueo a los bolsillos de los españoles. Desde el sector eléctrico tienen siempre preparada una explicación. La reciente gran subida se debe al descenso producido en la oferta de la energía eólica y a su sustitución por el carbón, cuyo precio está al máximo por el encarecimiento de los derechos de emisión del CO2, así como por la subida del coste del gas natural unida al incremento de los precios del petróleo. Da igual. Unas veces, es porque ha hecho mucho frío, con el consiguiente aumento del consumo en calefacción, y otra, porque hace mucho calor, de ahí el aumento del consumo en refrigeración. O porque se han paralizado las nucleares, no ha hecho viento, o no ha llovido. La llegada del invierno es como para ponerse a temblar.  Esto es alucinante. Y aquí no hay Dios que le meta mano. Cuando entra el nuevo gobierno de turno, no sin antes que algún miembro del partido aterrice en los Consejos de Administración del sector, como Jordi Sevilla en Red Eléctrica Española para cobrar 500.000 euros, nos dicen que van a tomar medidas.  ¿Les suena? Lo lamentable y vergonzoso es, conviene recordar, que cuando las Eléctricas fueron privatizadas, medios, políticos y egregios economistas, como Daniel Lacalle, nos dijeron por tierra, mar y aíre que esta nueva situación gracias a la mayor competencia repercutiría en un mejor servicio a los ciudadanos, incluida la reducción del precio del suministro. ¡Qué desvergüenza y desfachatez! Según informó en marzo de 2015, Facua-Consumidores en Acción, la privatización de las empresas estatales de electricidad provocó el encarecimiento del precio de la electricidad en un 78 por ciento durante la última década. Y todavía salen los Lacalle y otros conspicuos economistas en los medios de comunicación dando lecciones a diestro y siniestro. Más a diestro. Pero podemos entenderlos, porque como dijo Upton Sinclair “Es difícil conseguir que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”.

Merece la pena detenerse en el tema de las privatizaciones, auténtico expolio del patrimonio colectivo para enriquecimiento de unos pocos, además de una gran fuente de corrupción. Al respecto parece muy oportuna la reflexión de Ugo Mattei en su artículo Límite a las privatizaciones. Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes, aparecido  en Le Monde Diplomatique de diciembre de 2011, en el que plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político. Por ello, hoy queda en España poco patrimonio público por vender que sea atractivo para el capital privado. A no ser que quieran vender para hacer caja: el Congreso de los Diputados, el Museo del Prado, el Palacio Real, el de la Moncloa o La Zarzuela…  Tampoco tendríamos que sorprendernos.  

Con esa capacidad descriptiva además de su altura ética, viene muy bien recordar estas palabras de Saramago: “De regreso de un viaje a Bolivia y Argentina mis cuñados traen el periódico Clarín con la noticia de que va a ser presentada al parlamento peruano una nueva Ley de Turismo, que contempla la posibilidad de entregar la explotación de zonas arqueológicas importantes como Machu Picchu y la ciudadela preincaica de Chan Chan a empresas privadas mediante concurso internacional. A mí me parece bien. Que se privatice Machu Picchu, que se privatice Chan Chan, que se privatice la Capilla Sixtina, que se privatice el Partenón, que se privatice el Pórtico de la Gloria, que se privatice la cordillera de los Andes, que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aíre, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos. Y, finalmente, para remate de tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese de una vez por todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí está la salvación del mundo. Y, metidos en esto, que se privatice también la puta que los parió a todos.

Retorno al robo en le recibo de la luz que en un país normal y con una ciudadanía menos sumisa sería insostenible. Aquí el nivel de desvergüenza de gran parte de nuestras élites políticas, económicas y mediáticas, perfectamente ensambladas es ilimitado. La Comisión Nacional de la Energía en el 2015 señaló que las grandes compañías eléctricas, cobraron de más a los consumidores 3.588 millones de euros por los Costes de Transición a la Competencia. Y que los gobiernos del PSOE y PP no han hecho nada para recuperarlos. ¿Para qué? ¡Qué nivel de podredumbre! Pero es que nunca están satisfechos. Quieren cada vez más. Son insaciables. Y así seguirá mientras lo permita la ciudadanía. De los gobiernos no espero nada.

Pero ahora quiero dirigirme a nuestros gobernantes, fijándome en nuestra Carta Magna, esa que dicen defender con tanto frenesí.

Además de las reformas constitucionales necesarias que tienen que ver con el ejército, la iglesia o la monarquía, en otros aspectos nuestra Carta Magna no habría que cambiarla, sino aplicarla y cumplirla. 

De acuerdo con Elías Díaz, invocando a Dworkein, tomarla por entero, toda ella y de verdad, en serio. Y a partir de ahí producir la consecuente legislación y también jurisdicción. Desde el Derecho se puede cambiar la realidad social. Nuestra Constitución está situada a la izquierda de la realidad; de esa realidad impuesta desde los poderes financieros transnacionales. Se redactó antes de la revolución conservadora de Thatcher y Reagan, por ello está todavía impregnada ideológicamente del pacto suscrito después de la II Guerra Mundial entre socialdemócratas y democristianos, que originó el Estado de bienestar. En el ámbito socio-económico es una Constitución socialdemócrata. Sólo desde este contexto puede entenderse su artículo 1.1. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho…“ Palabras que no son huecas. Aquellos Estados que constitucionalmente se proclaman “sociales”  tienen una cláusula social transformadora, reconocen una serie de derechos económicos y sociales, y regulan el proceso productivo.

La cláusula transformadora está reflejada en el art. 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas

En cuanto a los derechos socio-económicos están los derechos de huelga y libertad sindical, al trabajo, a la protección de la salud, a la cultura, a una vivienda digna, a un medio ambiente adecuado.

En cuanto a la regulación del proceso productivo aparece recogido en los Principios Rectores de la Política Social y Económica del Capítulo III del Título I; y en la Economía y Hacienda del Título VII.

Existen en nuestra Constitución todo un conjunto de artículos que establecen derechos fundamentales, que si se aplicasen, se producirían cambios profundos, que servirían para “establecer una sociedad democrática avanzada”, tal como aparece en el Preámbulo. Además,  en el art. 9.2  “Corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Esta participación es la mejor definición de la democracia, entendida, tal como señala Elías Díaz, en una vía doble: participación en la toma de decisiones políticas y jurídicas, y participación en los resultados, derechos, libertades y satisfacción de legítimas necesidades. La primera vía cegada, al negarnos  a los ciudadanos el referéndum en cuestiones que afectan al Estado social y democrático de Derecho, como, por ejemplo, la reforma de las pensiones. Y también por el sistema electoral vigente, que supone una negación clara y manifiesta de la igualdad en el ámbito del ejercicio del voto, ya que un voto no vale igual en la provincia de Teruel que en Madrid. Circunstancia que evidentemente no propicia la participación ciudadana tal como aparece reflejado en el artículo 9.2 de nuestra Constitución. En cuanto a la segunda, participación en los resultados, en libertades y en efectivo reconocimiento de derechos y, de manera especial, en derechos sociales, económicos y culturales recogidos en nuestro texto constitucional, se nos está negando también, al ser incumplida. La existencia de tales carencias socioeconómicas, vienen generadas por la negación, el incumplimiento o el falseamiento de nuestra Constitución, es decir, por la negación y violación de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

En cuanto a la regulación del proceso productivo aparece recogida en los Principios Rectores de la Política Social y Económica del Capítulo III del Título I y en la Economía y Hacienda del Título VII. En este último Título VII aparecen una serie de artículos que abren una serie de posibilidades inmensas para tratar de cambiar la realidad social y económica. Son tal como señala Elías Díaz “artículos en rojo”, frente a “artículos en azul”. Por ejemplo, el artículo 128. 1. “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. De acuerdo con este artículo podrían reservarse al sector público servicios esenciales como el financiero o el energético, así como la intervención de empresas por el interés general. ¿No es de interés general ahora mismo el solucionar la pobreza energética? La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un foro del diario económico Cinco Días, acaba de decir que las "más vulnerables" ante la subida de precios son las 4,6 millones de personas que están en situación de pobreza energética. ¿No es de interés general el que muchos ciudadanos tengan que pagar a las Eléctricas unos  precios desorbitantes e imprevisibles por un servicio básico fundamental? Por ello, si un gobierno interviene las Eléctricas, no por ello se le debería acusar de populista, bolivariano o ultrarrevolucionario. Podría hacerlo de acuerdo con el artículo 128. Y estaría defendiendo el interés general de la ciudadanía, que entiendo es prioritario, y no los de lobby eléctrico.

De los artículos comentados del Título VII nuestros gobernantes hacen caso omiso, cuando sus contenidos comprometen muy seriamente a los poderes públicos y a la misma Constitución como norma primera de nuestro ordenamiento jurídico y, desde ahí, al propio Tribunal Constitucional. Sin embargo del mismo Título VII, el artículo 135, que está en el frontispicio de todo gobierno, lo cumplen  a rajatabla, y, que, por ello, está generando tanto sufrimiento a la población española.

Como conclusión, reformas constitucionales, como mínimo las comentadas, pero no de carácter restrictivo como la del artículo 135. Pero, sobre todo, cumplimiento de la Constitución. Que no se me diga que no se puede hacer nada. Naturalmente que se puede. Lo que hace falta es coraje político para enfrentarse al lobby de las Eléctricas. En otros lugares se ha hecho. Veámoslo.

Recuerdo un artículo que escribí en el año en enero de 2013 titulado “El expolio del Evo Morales”, del que extraigo un fragmento.

“Evo Morales nacionalizó cuatro filiales de Iberdrola, en concreto dos de las principales distribuidoras de electricidad en La Paz, 'Electropaz', y en Oruro, 'Elfeo', además de una empresa de servicios y una gestora de inversiones. Como no podía ser de otra manera ha sido fuertemente criticado por el gobierno de Rajoy y por la gran mayoría de los medios de comunicación españoles. Lo que callan, y no por desconocimiento, es que en La Paz, la tarifa eléctrica urbana en promedio era de 0,63 bolivianos (0,09 dólares) por kilovatios/hora, mientras que en el área rural era de 1,59 bolivianos (0,23 dólares). Según el mismo Evo "Habían hablado con la empresa para que igualase la factura a todos, que asumiera su responsabilidad social llevando el tendido eléctrico a todos los lugares. “Cuatro meses de negociación sin resultado", "Y como no han querido buscar esta equidad, igualdad en el consumo de energía eléctrica, obligados hemos tenido que nacionalizar”. Señaló que se decidió expropiar porque la constitución promulgada en 2009 señala que los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones "son un derecho humano“ y su provisión debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social, y un derecho humano no puede ser negocio privado". "Esta nacionalización está orientada justamente para buscar la igualdad y acabar con la extrema pobreza". Por ende, tal decisión es además de ética, impecable desde el punto de vista jurídico. No hace otra cosa que exigir el cumplimiento constitucional.

Es evidente que existe una gran diferencia entre un gobernante que nacionaliza un servicio básico para rebajar la factura de la luz y beneficiar a la ciudadanía, y otros que permiten este expolio a todos los españoles. Y si este robo  se mantiene es por culpa de la ciudadanía. Si los gobiernos tuvieran más fuerza  que la ciudadanía, las mujeres no podrían votar, ningún pueblo se habría emancipado, los obreros no tendrían el derecho de huelga, la jornada de 8 horas, las vacaciones pagadas y una pensión en su vejez. Deberíamos saber que la voz de la ciudadanía siempre es más poderosa que la de los gobiernos.

Al recibo de la luz no hay Dios que le meta mano