Nuevatribuna

Presidente de las Víctimas Alvia 04155: “Tuvimos que ir a Europa para ser tratados como ciudadanos”

Una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas. No hará falta insistir que nuestros actuales gobernantes nos están humillando

Aquellos que sufrimos aquella larga y dramática dictadura, depositamos una gran esperanza en la democracia. Llegó, pero el desencanto hacia ella se va haciendo cada vez mayor.  Razones no faltan. Democracia es no solo ir a votar cada 4 años. Sobre todo, significa trasparencia y responsabilidad de nuestros gobernantes. Como también conciencia o virtud  cívica. Y como mostraré en las líneas siguientes tales características en nuestra democracia han estado prácticamente ausentes, de ahí su nivel de degradación, con el consiguiente desencanto y decepción de la ciudadanía.           

El accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles, ocurrido el 26 de mayo de 2003. ¿Algún gobernante ha asumido alguna responsabilidad política? Quien era ministro de Defensa en aquellos momentos, fue premiado con una suculenta embajada. Por supuesto, para la ciudadanía, salvo para los familiares de las víctimas, tal acontecimiento ha sido ya olvidado. A tal olvido contribuyeron también numerosos y poderosos medios de comunicación, que muchas veces están al servicio del poder. Ellos sabrán sus motivos.El periodismo, en general, ha perdido su esencia combativa, su capacidad crítica y de poner en calzas prietas al poder. Y se ha mudado a la otra posición, la de servir de mampara de los desafueros oficiales. No revela; tapa. No cuestiona; bate incienso.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo un recuerdo para las víctimas del Yak 42 en su discurso de toma de posesión: "Nuestro apoyo, nuestro reconocimiento a ellos y a sus familias y perdón si es necesario. Ya pidió perdón, María Dolores de Cospedal, siendo ministra de Defensa. Mari Paz Fernández, viuda del comandante José Manuel Ripollés, agradeció a la ministra Roblessus palabras, pero recordó que tienen un tema judicial pendiente por el "cerrojazo en falso" que dio el nuevo ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la no identificación de sus familiares. En nombre de 17 familias, Fernández aseguró que no les valen solo "disculpas y palmaditas" y reclaman una comisión de investigación: "Esperamos un acercamiento real del Ejecutivo para saldar cuentas y deudas de los sucesivos gobiernos desde el accidente". Reclamamos contrapartidas por el "maltrato continuado" que nos ha provocado un deterioro psicológico añadido. Lo que buscamos es un reconocimiento de la verdad. "Seguimos casi igual que en 2004, con una responsabilidad patrimonial sin responsables y la aparición de restos de nuestros familiares en Turquía sin saber de quién". El reconocimiento de los cuerpos fue algo truculento. ¿Por qué tantas prisas? Es la pregunta que se hicieron los familiares de las víctimas. Un equipo de las Fuerzas Armadas se trasladó hasta Turquía para identificar los restos de los 62 efectivos españoles. Lo hicieron en una noche en una vieja cámara frigorífica de pescado cedida por las autoridades turcas. El resultado: muchas de las familias de los fallecidos recibieron féretros que, o bien contenían restos mortales de otra persona, u otro cuerpo. Uno de esos casos es el del sargento primero José Manuel Sencianes, cuyos restos fueron entregados a una familia que no era la suya y posteriormente incinerado. La verdadera familia de Sencianes advirtió el error, pero nunca pudo enterrar al militar, como era su deseo. La exhumación es una prueba de la ignominia de los responsables de Defensa. Llegaron a meter restos de tres cuerpos diferentes en un solo féretro. Realmente estremece el relato de estos acontecimientos. ¡Qué catadura moral de estos responsables políticos, algunos miembros del Opus Dei! 

El 3 de julio de 2006 perdían la vida 43 personas y 47 resultaban heridas en un accidente de metro en Valencia, que trató de ser silenciado por las autoridades. La presidenta de la Asociación de Víctimas, Rosa Garrote, ha explicado que buena parte de sus reivindicaciones están ya cumplidas: el reconocimiento político, la creación de herramientas legales para intentar evitar accidentes como aquel. Pero aún queda una espina clavada, que doce años después no se haya resuelto el caso en lo judicial. Han ocurrido tantos  hechos  vergonzosos: el tratamiento del accidente en la televisión autonómica, el entorpecimiento de la labor de la justicia por la Generalitat de Camps. Tal como señaló LEVANTE-EMV. COM de 30-6-2013,  un nuevo vídeo de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio desveló  las supuestas presiones que la Generalitat realizó sobre los familiares de los afectadospor el accidente. Paco Manzanaro, cuya mujer falleció en el siniestro, explicó en la tercera entrega del documental '0 responsables' - que Juan Cotino, entonces conseller de Agricultura, les ofreció trabajo o "cualquier tipo de ayuda que necesitaran" a cambio de que no acudieran a la justiciapara exigir responsabilidades a Ferrocarrils de la Generalitat. Cuenta Manzanaro que Cotino acudió a darle el pésame y después le visitó en su casa. "Te dabas cuenta de para qué habían venido realmente. Por un lado le ofrecieron un puesto de trabajo a mi hijo. Venían preparados, sabían quiénes éramos, sabían que mi hijo tenía la carrera de ADE, lo sabían todo. Te ofrecen un puesto de trabajo, pero luego por otro lado te preguntan si te vas a personar en el proceso judicial... No sé cómo catalogar esa manera de apoyar a la gente", explica. Días más tarde el conseller le telefoneó para preguntarle si había "recapacitado". "Le dije que no volviera a llamar más", zanjó.

Otro de los testimonios corresponde a Enric Chulio, que también perdió a su esposa y fue el primer presidente de la asociación de víctimas. Relató que mantuvo varias reuniones con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el expresidente Víctor Campos."Yo me acojoné. Yo les tenía mucho miedo. ¿De qué son capaces estos? ¿Van a chantajearme?Yo me había quedado en el paro en septiembre... Fue una reunión encerrona con Francisco Camps", asevera. Chulió le preguntó al presidente si iba a recibir a las víctimas. "Lo iremos viendo", le respondió. Al final, nunca se reunió con ellas.

El vídeo es el tercero de una serie de seis. En el anterior, el editor de Canal 9 Frederic Ferri denunció que RTVV restó protagonismo a la tragedia en los informativos, para dárselo a la visita del Papa a Valencia. Los políticos del PP responsables de todo lo descrito son auténticos miserables.

Por último me referiré al accidente ferroviario del Alvia en Santiago de Compostela de 23 de julio de 2013. El señor Jesús Domínguez La Rosacomo presidente de la Plataforma VíctimasAlvia04155) en la Comisión de Investigación del Accidente en el Congreso de los Diputados, celebrada el pasado 10 de julio de 2018, dijo las siguientes palabras que a todo español, si se siente patriota de verdad, le deberían avergonzar al comprobar la degradación moral alcanzada por algunos representantes de nuestra clase política, que luego alardean de patriotismo.  

De verdad estremecen y hay que leerlas con tranquilidad. Ahí van: “Durante estos cinco años hemos ido conociendo hechos y conductas muy graves; algunas jamás se juzgarán en los tribunales, pero tienen una clara responsabilidad política, entre otras las siguientes. 

En primer lugar, durante la inauguración veíamos en los medios cómo el señor Blanco del Partido Socialistael presidente de la Xunta, el popular Núñez Feijóo, presentaban la primera línea de alta velocidad en Galicia, asegurando que se incrementaba la seguridad y que tanto la línea como el tren contaban con los sistemas de seguridad que hubieran evitado el accidente. Señorías, una mentira que también se trasladó a Europa diciendo que la línea contaba con el sistema de seguridad ERTMS en sus 90 kilómetros. Falso: solo cubría 80 kilómetros de recta, dejando el trazado más peligroso sin cobertura.

En segundo lugar, días después del accidente, mientras unos nos debatíamos entre la vida y la muerte y otros enterraban a sus familiares, el entonces secretario de Estado Rafael Cataláy los presidentes de Renfe y ADIFnegaban que la línea fuera de alta velocidad. Es más, el señor Feijóo y el señor Catalá sugirieron que había intereses económicos para desacreditar la Alta Velocidad Española. Un inciso: parece que estaban pendientes contratos del Tren de Alta Velocidad con otros países. Los tribunales, la Unión Europea y el propio «Boletín Oficial del Estado» corroboran que era un tren y una línea de alta velocidad. Parece que los negocios eran más importantes que buscar la verdad y depurar responsabilidades. ¿Ustedes creen que la política puede estar en manos de personas con estos valores y que tienen estas prioridades?Las mentiras y ocultaciones continuaban. La exministra de Fomento, Ana Pastorprometió, tanto en privado como en sede parlamentaria, una investigación técnica independiente y plena colaboración con la justicia. No cumplió nada de lo que dijo. Por un lado, diferentes autos de los jueces han señalado la falta de colaboración con la justicia por parte de Renfe y ADIF. Tuvieron que pasar tres años, e incluso cuatro, para que se entregara documentación clave, y altos cargos se han negado a declarar. Por otro lado, tuvimos que ir a Europa para que nos trataran como verdaderos ciudadanos. Y finalmente la Unión Europea, pese a las presiones del Gobierno, desmontó en un demoledor informe la verdad oficial que, con Ana Pastor al frente, quisieron imponer. Es decir, que se hizo una investigación independiente, que el maquinista era el único responsable y que el accidente no era de alta velocidad. Es más, la Unión Europea ha solicitado que se haga una nueva investigación, ya que la llevada a cabo por el Gobierno no era independiente, solo se centraba en el fallo humano y no determinaba las causas estructurales del accidente, que son precisamente las que implican a Renfe y a ADIF (diseño de la línea, diseño del tren, y evaluación y control de riesgos). Con esta investigación ad hocFomento pretendía ocultar cuatro decisiones que involucran a diferentes gobiernos y  que dejaron sin seguridad a los viajeros.

Primera decisión: el cambio del proyecto original realizado por el exministro socialista José Blanco, que suprimió el sistema de seguridad en el tramo más peligroso, donde aparece la primera curva después de una larga recta, un proyecto que llevaba años aprobado y en ejecución. Señorías, ¿a qué se debió este cambio?

Segunda decisión: la desconexión, con Ana Pastor al frente, del sistema de seguridad ERTMS antes de la curva de Angrois, porque generaba retrasos. Se invirtieron más de 150 millones de euros en un sistema que no estaba operativo y que hubiera evitado el accidente. Quién recepcionó esto en la Administración, es lo que nos tendríamos que preguntar aquí.

Tercera decisión: hacer caso omiso al aviso por escrito que hizo el jefe de maquinistas en diciembre de 2011 a altos cargos advirtiendo del riesgo en la curva de Angrois.

Cuarta decisión: la no realización por parte de ADIF del análisis y evaluación de riesgos que exigía la normativa en la curva de Angrois.

Señorías, la Agencia Ferroviaria Europea ha dejado claro que la normativa obligaba a realizar una evaluación de riesgos y a aplicar medidas de control siempre que hubiera un cambio en las condiciones de funcionamiento. Si Fomento, Renfe y ADIF lo hubieran realizado en cualquiera de estas cuatro ocasiones se habrían evitado 80 muertes y más de 140 heridos. Repito esto último: si se hubiera realizado esa evaluación y control de riesgos, en cuatro ocasiones tuvieron la oportunidad, se hubiera evitado esta tragedia evitable.

El 24 de julio de 2013 el viaje terminó para siempre para 80 personas y se destrozaron otras muchas vidas, las de gente que perdió a sus seres queridos. Para otros comenzó una dura batalla entre la vida y la muerte y dejó heridas que cambiaron nuestras vidas. Pese a ello nos levantamos y con nuestros propios recursos nos pusimos a trabajar sin descanso para lograr algo de verdad y de justicia. Tuvimos que ir a Europa para buscar esa objetividad que aquí no teníamos y ser tratados como verdaderos ciudadanos, obteniendo un informe que supuso reabrir la causa, y también que hoy estemos aquí”. 

Haciendo un inciso. También han tenido que recurrir a la justicia argentina las víctimas del franquismo. Además insistiendo en la degradación de nuestra democracia, hago una pregunta: ¿Una democracia puede publicar en el BOE el ducado de Franco?  ¿O mantenerse títulos de Mola, Yagüe, Queipo de Llano, Moscardó, Saliquet, Varela, Dávila y Kindelán, Carrero Blanco, conde de Alcázar..? La vigencia de estos títulos la denunció en 2009 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Su presidente, Emilio Silva, criticó: «Es incomprensible que tras 30 años de democracia todavía tengan honores los que se levantaron contra un Gobierno legítimo. Es como si a Tejero le nombraran conde del 23-F».

Continúa, el Sr. Domínguez: “Quiero finalizar mi intervención trasladándoles una pregunta y una petición de las víctimas y familiares a las que represento: ¿les parece lógico que la maquinaria del Estado trabaje para eximir la responsabilidad de quienes fueron negligentes, mientras que nosotros hemos tenido que dejarnos todo lo que tenemos para obtener algo de verdad y que se haga justicia?” Un inciso, en esta España nuestra sí. Determinadas instituciones como gobiernos, ejército, monarquía, iglesia y otras son intocables. Ya se pone a su servicio todo el aparato burocrático administrativo del Estado para defenderlas. Y quien tiene la osadía de denunciarlas, ya sabe a qué atenerse. Al respecto les recomiendo mi artículo publicado en este mismo periódico de 11 de noviembre de 2017, titulado El Calvario por el  que está pasando el teniente Castillo es una vergüenza para este país.

Prosigue en su disertación Domínguez La Rosa: “Les pedimos que esta Comisión cumpla realmente con sus objetivos y se depuren las responsabilidades políticas que correspondan. Está en sus manos que las víctimas y la ciudadanía recuperemos la confianza en las instituciones. No nos generen más dolor y tomen medidas para que nadie más tenga que pasar por esto. Señorías, no se puede escapar a la responsabilidad de mañana evadiéndola el día de hoy”.

Termino con una breve reflexión, producto de los hechos descritos. Nuestra democracia está profundamente enferma. Por la catadura moral de algunos de sus gobernantes, tal como acabamos de describir. Y también por la falta de conciencia o virtud cívica en la sociedad española. Si la hubiera, muchos de los personajes citados hubieran sido expulsados fulminantemente y a perpetuidad de la vida política, y sus partidos hubieran sido fuertemente castigados electoralmente. Y sin embargo, Pepe Blanco, eurodiputado; Rafael Catalá, ministro de Justicia; y,Ana Pastor, presidenta del Congreso de Diputados.  Pero así es la sociedad española. Luego nos quejamos de nuestros gobernantes. No es descabellado afirmar que tenemos los gobernantes que nos merecemos. Nosotros los votamos, aunque no sé si muchas veces acudimos a las urnas con la nariz tapada. Me sorprende  nuestra poca capacidad de respuesta ante tantos  y brutales atropellos y desmanes por parte de nuestra clase política. Clase política que a través de su poder institucional humilla a la sociedad. De ahí el término de sociedad indecente. Avisahai Margalit en su libro La sociedad decentese pregunta: ¿Qué es una sociedad decente? Una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas. No hará falta insistir que nuestros actuales gobernantes, como acabo de describir, nos están humillando. Y nos humillan, porque se aprovechan de ser una sociedad sin pulso, sin coraje, y, en definitiva, sin conciencia o virtud cívica. En definitiva, una sociedad indecente.