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domingo. 25.09.2022

Los partidos políticos deberían ser una escuela de democracia

El papel de los partidos políticos en una democracia es fundamental, así lo establece nuestra Constitución en su artículo 6º “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Un reconocimiento tan explícito de los partidos y de su protagonismo en nuestra Constitución es explicable por el contexto internacional. Tras la II Guerra Mundial se constitucionalizarán, como en la Constitución italiana de 1947, la Ley Fundamental de Bonn de 1949 o la francesa de 1948. Los constitucionalistas españoles le dieron un papel relevante, tras el desprestigio que venía de la dictadura. Tras haber sido prohibidos y perseguidos ahora llegaba el momento de hacerles justicia.

Gran parte de la responsabilidad  del deterioro de nuestra democracia recae en los partidos políticos. Los mismos partidos políticos lo reconocen., ya que por ello se ha constituido  en el Congreso de los Diputados la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas legales e institucionales.  En ella, el catedrático de Ciencia Política y la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Manuel Villoria Mendieta ha señalado que se ha de garantizar que los partidos respondan a los ideales para los que surgen y a los intereses de sus afiliados, además del interés general; e indicó que desde Más Democracia, organización que preside, se  llevó a cabo un estudio para establecer  un ranking de calidad democrática en los partidos, con 41 indicadores en torno a 5 grandes apartados con sus respectivos porcentajes.

El primero, las instituciones de control, que pueden ser diferentes, pero han considerado dos. La periodicidad de los congresos de los partidos. Un congreso, como mínimo cada dos años posibilita que las alternativas tengan más posibilidades de defender sus intereses y de controlar al gobierno del partido.  Y otro elemento es el legislativo de cada partido. Los partidos tienen un ejecutivo, pero tienen también un legislativo, llámese comisión federal o  junta directiva. Ese legislativo ha de reunirse periódicamente y controlar al ejecutivo, tener información suficiente, tener capacidad de deliberación y de demandar a ese ejecutivo información sobre el cumplimiento de sus objetivos. Este apartado supone el 50%.

El segundo, la selección de sus representantes ante el pueblo.  Las primarias, pero bien hechas, son un elemento clave para seleccionar a sus representantes: candidato a la Presidencia del Gobierno, a las comunidades autónomas, ayuntamientos. Supone el 30%.

El tercero, la transparencia en los partidos, para que  los afiliados tengan la información suficiente sobre los planes del partido, el dinero que entra, cómo se gasta, estrategia política, etc. Es el 5%.

El cuarto, está relacionado con los derechos de los afiliados. No puede ser expulsado arbitrariamente un miembro del partido porque no esté de acuerdo con lo que dice la dirección. Supone el 10%.

El quinto vendría vinculado al control del comportamiento ético de los representantes y de los afiliados. ¿Existe un código ético? ¿Hay un comité de ética con independencia para exigir el cumplimiento del código ético? Es el 5%.

De acuerdo con estos baremos elaboraron un ranking para 2016 de calidad democrática de los partidos. El primero fue el 2015. Resulta interesante comparar los datos del 2016 y del 2015. De mayor (10) a menor calificación (0) han sido los siguientes. Equo-6,8 en el 2015 sin datos; Anova-6,2  en el 2015 sin datos; BNG-sin datos del 2016, en el 2015 fue de 5,7; Podemos-5 y en el 2015 fue de 5,5; Bloc Nacionalista Valenciá-5 en el 2015 sin datos; Iniciativa del Poble Valenciá-4,9 en el 2015 sin datos; Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)-4,9 en el 2015 fue de 4,8; PSC-4,2 en el 2015 fue de 4,3; IU-4,2 en el 2015 fue de 3,8; PSOE-4,1 en el 2015 fue de 4,3; ERC-4,1 en los dos años: UPyD-4 en el 2015; Coalición Canaria-3,8 en ambos años; Ciudadanos-3,7 en el 2015 fue de 4; PNV-3,7 en el 2015 fue de 3,5; Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC)-3,5 en el 2015 fue de 2,8; y el Partido Popular-2,6 y en el 2015 fue de 2,3.

Por segunda vez, ningún partido español cumpliría con las normas de funcionamiento requeridas por la Ley de Partidos Alemana o con los usos de Gran Bretaña: congresos bienales o anuales, congresos a fecha fija, elección de candidatos a cargos públicos por votación de los afiliados, reuniones periódicas de los parlamentos internos (comités, consejos,), elección de los cargos internos con voto directo, etc.

Las puntuaciones medias de los partidos están por debajo de 5 sobre 10 en los indicadores de democracia interna (3,7), derechos de los afiliados y su protección (4,4) y procedimientos de elección de sus candidatos a cargos públicos (4,9). Puntúan de media 6,0 en cuanto a disponer de códigos éticos; y de media 6,9 en la información que facilitan en sus webs sobre documentos internos, resoluciones de congresos, etc. No obstante hay partidos muy opacos. Los datos son demoledores. Un juez podría disolver a los partidos políticos por incumplimiento claro del artículo 6º de nuestra Constitución, que señala, repito otra vez “Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Además de por la corrupción.

Por ello es imperiosa la necesidad de que los partidos políticos lleven a cabo profundas reformas para cumplir las funciones claramente expuestas en nuestra Carta Magna. Se necesitan partidos más abiertos, más democráticos, más transparentes, más responsables ante los ciudadanos, más atentos a sus demandas, y el tema de la  financiación es una pieza clave para favorecer estas reformas. Luigi Ferrajoli señala algunas totalmente imprescindibles.  

En los partidos políticos debería existir una separación entre los elegidos y los partidos que los han propuesto, los primeros como representantes, los segundos como representados. Los cargos del partido deberían ser incompatibles con los cargos políticos, incluso con los electivos. El secretario del partido y los dirigentes que se presenten a las elecciones deberían dejar sus cargos en el partido a otros, los cuales controlarían a los elegidos, incluyendo a sus antiguos dirigentes. Los partidos no deberían gobernar, sino formular los programas de gobierno, seleccionar democráticamente a los candidatos a las elecciones, criticar la actuación de los elegidos, y exigirles a que respondieran sobre sus actuaciones. ¿Quién de la Ejecutiva del PP cuestionó a Aznar la entrada en la guerra de Irak? ¿O de la del PSOE cuando Rodríguez Zapatero reformó el artículo 135 de la Constitución? Por ello, eliminando la confusión entre controladores y controlados, con los consiguientes conflictos de intereses, los partidos recuperarían credibilidad, autoridad moral y sobre todo capacidad para atraer y sumar, como lugares donde se forma la voluntad democrática y como instrumentos de mediación representativa. 

Otra separación, no menos importante, es la dirigida a romper la perversa relación entre política y poderes económicos. Hay que cortar de raíz los nexos entre los partidos políticos y los grandes lobbies económicos, para garantizar que los elegidos respondan solo ante los ciudadanos y no ante financiadores ocultos. Habría que prohibir las financiaciones privadas y las provenientes de entidades, como grupos industriales, bancos, constructoras, eléctricas. Es de cajón que las donaciones de las grandes empresas se hacen por un futuro e indebido beneficio. Por ello, la financiación debería ser exclusivamente del Estado y de las cuotas de los afiliados.  Así se evitarían muchas de las lacras de nuestra democracia: corrupción, puertas giratorias, nepotismo, etc. Y además serían las fuerzas políticas las que ganaran las elecciones y no sus financiadores. La reforma laboral vigente obedeció a los intereses de la gran patronal, no a los de la mayoría  de la sociedad. Lo mismo puede decirse del rescate de los bancos o de los privilegios de las eléctricas.

A su vez los partidos políticos deberían ser  un auténtico instrumento de  participación por parte de la sociedad civil. En otras épocas fueron una efectiva vía de participación de sus afiliados en la vida política como actores no simple espectadores. Con arraigo social los afiliados se reunían en asambleas de sección, en activos comités de ciudadanos, dialogando, discutiendo, confrontando y votando por mayoría. Con todas sus limitaciones, eran las únicas formas de democracia directa o de base, de la que emergían  indicaciones que contribuían a la formulación de las líneas políticas de los partidos, que después se confrontaban en las campañas electorales.

Igualmente su funcionamiento interno debería ser democrático.  Órganos dirigentes elegidos en los congresos con plenas garantías de voto libre y secreto; respeto del pluralismo de las opiniones y de la formación de las minorías, prohibición de marginar o discriminar a los disidentes; establecimiento de unas primarias perfectamente reguladas para la elección de los candidatos a la representación política; limitación del número de mandatos; transparencia de los ingresos  y gastos; así como publicación de las cuentas auditadas por organismos independientes.

Cabe esperar que los trabajos de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas legales e institucionales sirvan para que los representantes de los diferentes partidos políticos tomen buena nota y lleven a cabo las reformas necesarias e imprescindibles para regenerar nuestra democracia, tan profundamente deteriorada.

Los partidos políticos deberían ser una escuela de democracia