España es el único país de Europa, en el que nunca ha habido un gobierno de coalición a nivel estatal, siempre controlado por un único partido
Tal como señala Josep M. Colomer en su libro España: la historia de una frustración, en los 40 años de democracia España es el único país de Europa, en el que nunca ha habido un gobierno de coalición a nivel estatal, siempre controlado por un único partido. Otra cosa ha sido a nivel autonómico o municipal. Dos gobiernos de UCD; siete del PSOE; y cuatro del PP. Como promedio el apoyo electoral ha sido del 40%. Otra cosa muy distinta es el número de escaños. Por ejemplo, en las elecciones generales de 20-N de 2011 el PP obtuvo el 44,63% de los votos, y sin embargo, alcanzó 186 diputados, más de la mitad ya que el total de la Cámara es de 350. Han sido gobiernos excluyentes, ya que siempre una minoría de votantes son los ganadores, porque el partido al que votaron es el que forma el gobierno.
Estos gobiernos minoritarios son producto de unas reglas institucionales, fundamentalmente el sistema electoral y los requisitos a la hora de nombrar o destituir al presidente del gobierno.
En cuanto al sistema electoral fue diseñado por el gobierno de Suárez. Podemos entender el objetivo del diseño del sistema electoral español por las palabras de Oscar Alzaga: “El sistema electoral fue elaborado por expertos, entre los cuales tuve la fortuna de encontrarme, y el encargo político era el de formular una ley por la cual el Gobierno pudiese obtener mayoría absoluta”. El Real Decreto-Ley de marzo de 1977, que estableció las normas para las primeras elecciones libres- que en lo fundamental se ha mantenido en la legislación electoral posterior- no fue negociado entre la oposición democrática y el gobierno procedente del franquismo. La oposición tenía bastante con alcanzar su legalización, y el gobierno de Suárez pudo definir con total libertad las reglas de juego. Había incertidumbre sobre las preferencias electorales de los españoles, por lo que no se tenía claro cuál era el mejor mecanismo electoral. A pesar de su afirmación proporcional, el escaso número de escaños a cubrir en la mayoría de las provincias, le daba al sistema un carácter en la práctica mayoritario. Por otra parte, la asignación de diputados a las provincias primaba a las menos pobladas, previsiblemente más moderadas y progubernamentales. Lo que se pretendía en definitiva era evitar el multipartidismo excesivo y favorecer las candidaturas gubernamentales, y asegurar una representación limitada a las fuerzas de la oposición antifranquista. Prevaleció la gobernabilidad en detrimento de la representatividad. Mas la gobernabilidad no puede ser una camisa de fuerza, no se puede blindar de una manera ortopédica la opinión de la gente, por muchas razones. Una de ellas, el garantizar la gobernabilidad es un argumento antidemocrático. La igualdad no se puede rescindir para hacer más fácil su gobierno. Como dice Jorge Urdanoz, prueben, si no, a proponer en la próxima junta de vecinos que los del tercer y cuarto piso tengan menos poder de voto porque así se facilita el gobierno de la escalera. Y además la ley electoral actual va en contra del Art. 14 de nuestra Carta Magna “ Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y no ha habido cambios, porque el derecho electoral es siempre conservador, y aquellas fuerzas políticas que de él se han beneficiado y lo siguen haciendo, que les ha permitido ganar las elecciones o tener una representación política muy superior a su fuerza real como es entendible ni lo cambian ni lo cambiarán.
Nuestra democracia: paradigma de política de crispación, de confrontación, de posverdad, de electoralismo…
Hasta hoy este sistema electoral ha favorecido a los dos partidos más votados. En ninguna de las elecciones un partido ha alcanzado una mayoría de votos. Sin embargo, desde las elecciones de 1977 ha habido 4 mayorías absolutas en el Parlamento: dos del PSOE y dos del PP. En el resto de las elecciones, el partido más votado pudo imponer su candidato a presidente de gobierno, a pesar de no tener la mayoría de diputados, merced a la normativa de la investidura a la presidencia. Si no se alcanza por la mayoría absoluta en escaños, se puede por una relativa en segunda vuelta. De ahí, la posibilidad de gobiernos minoritarios, que se pueden mantener siempre que los partidos de la oposición no se pongan de acuerdo para acordar una moción de censura. Han fracasado tres mociones, del PSOE en 1980; del PP en 1987; de Podemos en 2017. Y ha prosperado la de Sánchez.
La consecuencia de gobiernos minoritarios tanto en votos como en escaños ha sido una política de confrontación, que se amortiguaría con gobiernos de coalición. Confrontación que no se ha producido en política macroeconómica, al haber sido coincidente entre los dos grandes partidos. Miguel Boyer anunció un programa de estabilización de 10 años, una estrategia continuada por Solchaga y Solbes. En los periodos de expansión, se privatizaron monopolios estatales, se liberalizaron los mercados de capitales y trabajo, se facilitó la inversión extranjera y el incremento del gasto social. En periodos de recesión dentro de la Unión Europea: equilibrio presupuestario, incremento de impuestos, rebaja de salarios, recorte del gasto, y otras medidas de austeridad. El PP con los Rodrigo Rato y Montoro se identificaron con estas políticas.
Por ende, hasta hace poco al no haber grandes controversias macroeconómicas, ni tampoco en temas migratorios o territoriales, han movido al PSOE y PP a elegir otros temas de confrontación. El PSOE se inclinó por el aborto, el matrimonio homosexual, la religión y educación para la ciudadanía y la memoria histórica. El PP las contrarrestó con políticas muy agresivas según los mandatos de los obispos, incluyendo el terrorismo. Se han atacado ambos por la corrupción, con el tú más que yo, con el consiguiente y lógico hartazgo de la ciudadanía, lo que ha supuesto pérdida de apoyos electorales.
Los escándalos, las campañas de confrontación, las secuelas de la recesión finiquitaron el bipartidismo, con la irrupción de Podemos y Cs. Y en las elecciones andaluzas de 2 de diciembre de 2018 se ha producido la irrupción de VOX, que parece va a permanecer, por lo que ya podemos hablar de pentapartidismo a nivel estatal. Los partidos nacionalistas se han mantenido o crecido. En las elecciones PSOE y PP juntos alcanzaban siempre el 80% y en las de 20 de diciembre de 2015 apenas superaron el 50%. En estas, como ningún partido podía alcanzar el suficiente apoyo parlamentario, se extendió el mantra de un gobierno de coalición, como los había en muchos países europeos entre los populares, liberales y socialistas. Era la oportunidad para que España por fin siguiera la moda europea. Tampoco fue posible. El pacto de progreso PSOE-Cs no prosperó en un gobierno. Pacto que el PP dijo asumir en un 70%. Mucho postureo, muchas negociaciones cara la galería, al final las elecciones el 26-J, -que supuso un 55,60% de los votos entre PP y PSOE- propiciaron la formación del gobierno de Rajoy con apoyo parlamentario de Cs y la abstención del PSOE, tras el lamentable apartamiento de Pedro Sánchez, exigido por una campaña mediática descomunal. Otro gobierno minoritario, con solo el apoyo del 33% del electorado. El gobierno de Rajoy abusó del Decreto-Ley despreciando al Parlamento, además de incumplir el acuerdo con Cs. Y fue desalojado del poder sobre todo por la cuestión de Cataluña, más que por la corrupción, al estar ya amortizada suficientemente, tras la moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez, que fue apoyada por su grupo, Podemos-con sus Mareas y los nacionalistas o independentistas.
Y con la nueva situación política con 5 partidos estatales además de los nacionalistas, se abre una nueva dinámica política, por lo que serán inevitables gobiernos de coalición o gobiernos en minoría por lo que se deberá negociar con otras fuerzas políticas para persuadirles a que voten a favor de su candidato en la investidura, y posteriormente legislar buscando apoyos parlamentarios puntuales en cada votación. En este nuevo escenario político será cada vez más necesaria una práctica de pacto o negociación política, que no será fácil al no estar acostumbrados los partidos políticos a pactar, ni tampoco por la situación actual cada vez más tensa políticamente. Ya que nuestra democracia además de otros problemas, está aquejada del síndrome del «electoralismo». Según del Diccionario de la RAE: Consideración de razones puramente electorales en la política de un partido. Para el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Gil Calvo en su libro Comunicación Política. Caja de Herramientas, el electoralismo surge de la perversa inversión de los fines por los medios. Las campañas electorales, que eran un medio para seleccionar los gobiernos más competentes y eficaces, se han convertido en un fin en sí mismas y son eslabones de una cadena interminable: la de una campaña electoral permanente. Por el contrario, los gobiernos electos, que tendrían que gobernar de acuerdo con su programa político, son un medio puesto al servicio de la campaña electoral permanente. Cada acto de gobierno se presenta como un spot de propaganda electoral para potenciar la tensión, y así movilizar a sus electores y desactivar a los rivales.
Antes solo ocurría esto al final de la legislatura, cuando había que diseñar la próxima campaña electoral, ya que en los primeros años, la preocupación era la de gobernar. Ahora no. Se gobierna en clave electoral, pues se ejerce el poder para mejorar la ventaja contra los rivales. Competir con éxito electoral debería ser el medio para alcanzar el fin del gobierno; ahora, gobernar es el medio para alcanzar el fin de competir. Esto significa que se renuncia al ejercicio del poder a favor del interés general para perjudicar los intereses de los rivales, y tal daño causado a los otros se presenta como un botín de guerra, en esta cruenta campaña electoral.
Ejemplos hoy abundan. Pedro Sánchez lo tiene muy difícil para gobernar al no tener una mayoría para hacerlo. No importa. Su objetivo es ejercer el poder para obtener ventaja en las próximas elecciones generales, que las convocará cuando las encuestas le sean más propicias. A Trump no le gusta nada gobernar y no lo disimula. Y por eso no gobierna, por desinterés o por incompetencia. Lo que hace día tras día, a golpe de tuits insolentes y chabacanos, es campaña electoral permanente. Torra no gobierna en Cataluña, sino que ejerce el poder para realimentar el procés, que es una campaña electoral permanente. Se podrá aducir que no gobierna porque se limita a custodiar el puesto del president exiliado, Puigdemont. Este sólo utiliza su cargo simbólico para reforzar la ventaja diferencial del secesionismo catalán en otra interminable y agotadora campaña electoral permanente y así elevar la tensión con desafíos al Estado español. Y lo hace a base de tuits, Facebook e Instagram. De Casado y Rivera su renuncia al diálogo con los líderes del Procés y apelación al 155 se entienden también en clave electoral.
En definitiva, el electoralismo se ha independizado del proceso político y se ha hecho con su control absoluto. Los políticos solo piensan en las elecciones próximas y se olvidan de las generaciones futuras. El electoralismo siempre acompañó a la democracia como un vicio menor relativamente controlado, pero hoy, desde que las campañas electorales cayeron en manos de expertos en mercadotecnia, es una lacra insaciable que pervierte toda la actividad política. Ahora las campañas electorales son cada vez menos democráticas y más destructivas, ya que de lo que se trata es vencer al rival, cual si fuera una guerra en la que todo vale, incluso pasar por encima de los derechos humanos, como los de los inmigrantes. Acabamos de observarlo en la reciente campaña electoral de Andalucía, con el agravante de que tal atentado a los derechos de los inmigrantes proporciona votos.
Este síndrome del «electoralismo» presenta una serie de daños muy graves. La primera víctima es la verdad, que queda relegada al olvido al ser un arma inservible para dañar o intimidar. En su lugar, se muestran relatos ficticios para potenciar la agresividad, como en la campaña presidencial de Trump de 2016, en la que de sus declaraciones se descubrió que el 76% eran falsas, una proporción tan elevada que da que pensar que las afirmaciones verdaderas fueran producto de descuidos. Si nada es verdad, todo es espectáculo. Igualmente golpes de efecto para romper las expectativas y elevar la tensión; discursos infamantes a los rivales para destruir su reputación; ejes de campaña para fracturar al electorado, destruir el diálogo y el consenso e incentivar la conflictividad (Casado y Rivera); bulos volcados en la red, lo que se conoce en inglés shitstorm, en español, tormenta de mierda. Toda vale. Todo ello, con el beneplácito del público de seguidores, hooligans fanáticos y machistas. Tales acciones son auténticas armas de destrucción masiva en un doble sentido, pues provoca la ruina o la derrota del rival más débil, y también la lenta e irreversible autodestrucción del conjunto de la clase política. Y, por supuesto, la autodestrucción de la democracia misma.
Esta democracia, que algunos llaman de «audiencia» o también de «mercado» , al referirse al predominio político de los medios de comunicación para alcanzar mayores audiencias - a los políticos les interesa mucho más una entrevista en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras que un discurso parlamentario,- atraviesa una profunda crisis existencial, que no sabemos si será corregida o acabará mal. Culpables: nuestra clase política y algunos medios de comunicación. Tanto a aquella como a estos este deterioro de nuestra democracia les resulta intrascendente.
Los políticos siguen jugando a la gesticulación, emiten siempre los mismos discursos, y potencian la crispación propia de la política de confrontación. Los medios de comunicación incrementan la presión. En las tertulias con los Inda, Marhuenda, predominan los insultos, la incapacidad de escuchar, la interrupción con los mismos clichés (déjame terminar, Paracuellos…). ¡Qué ejemplaridad el programa de La Clave de Balbín! Las redes son mitad urinario público mitad patíbulo privado, donde muchos dan rienda suelta a sus prejuicios y frustraciones.
Los políticos se pueden permitir el lujo de mantener discursos enconados, porque en el fondo saben que no pasa mucho. Incluso si el gobierno no hace nada o solo una política de gestos, o si no se forma gobierno en meses, o no se aprueban los presupuestos, las consecuencias son mínimas. La Unión Europea, el gobierno central, la Seguridad Social, las autonomías, los ayuntamientos siguen funcionando. Las más importantes decisiones se toman en Bruselas, Berlín o Washington sobre políticas fiscales, monetarias, financieras, terroristas, migratorias o medioambientales; además los gobiernos autonómicos y municipales administran los servicios públicos básicos, como educación, sanidad o asistencia social.
Lo más grave es que esta política de crispación, de confrontación, de posverdad, de electoralismo, que tiene mucho de teatralidad, se traslada al resto de la ciudadanía, que la asume de buen grado.